Individual Case (CAS) - Discussion: 2010, Publication: 99th ILC session (2010)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guatemala (Ratification: 1952)

Un representante gubernamental declaró que en razón de los dos desastres naturales ocurridos recientemente en su país, el Ministro de Trabajo y Previsión Social no había podido asistir a la Conferencia, pero que la presencia de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República testimoniaban del compromiso de los tres poderes del Estado respecto de este tema.

Indicó que, en seguimiento de las conclusiones de la Comisión de 2009, el Gobierno convocó reiteradamente a la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo para elaborar la hoja de ruta, pero que, dado que lamentablemente no se alcanzó ningún acuerdo con los interlocutores sociales, el Gobierno tomó la decisión de redactarla por sí mismo, con el apoyo técnico solicitado a la OIT. Respecto a los comentarios de la Comisión de Expertos que califican de insuficiente la voluntad política del Gobierno por el hecho de que la hoja de ruta fue elaborada solo días antes de la reunión de la Comisión de Expertos en 2009, consideró necesario efectuar las siguientes aclaraciones. El Gobierno solicitó la asistencia técnica de la OIT el 2 de julio de 2009; el Ministerio de Trabajo hizo cinco convocatorias a los interlocutores sociales sin llegar a un consenso; una Misión de asistencia técnica tuvo lugar del 16 al 20 de noviembre de 2009, oportunidad en que el Gobierno redactó la hoja de ruta por sí mismo pero con la asistencia de los técnicos de la OIT. La Comisión de Expertos dejó de considerar estos hechos, el papel y las necesidades de la Oficina, para la prestación de la asistencia que se solicita. Informó de las acciones realizadas respecto de los siguientes temas: casos ante el Comité de Libertad Sindical, recomendaciones de la Comisión de Expertos y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Respecto de los casos ante el Comité de Libertad Sindical indicó que se había reforzado la Unidad de Asuntos Internacionales con dos personas más y realizado un seminario para concientizar a las instituciones de Gobierno vinculadas con las respuestas del Estado a casos y memorias y sobre la importancia y compromiso del Estado respecto a las normas; en cuanto a las recomendaciones de la Comisión de Expertos de reformas legales, una propuesta se sometió al técnico de la OIT que da seguimiento a la asistencia técnica; en cuanto al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, indicó que se ha reactivado la Comisión multi-institucional para las relaciones laborales en Guatemala para facilitar el apoyo en la investigación de casos de delitos contra sindicalistas y mantener el flujo de información institucional.

Respecto de las deficiencias de la Inspección General del Trabajo, indicó que, con la asistencia y auspicio de la OIT, se puso en marcha el programa de modernización de esa dependencia; se han reincorporado cerca de 30 inspectores, y se han adoptado medidas para incrementar los recursos y poder contratar más inspectores. Por el momento funcionan tres dependencias que han recuperado salarios impagos y multas por más de un millón y medio de dólares.

Respecto de la maquila, indicó que se llevó a cabo un operativo de la inspección del trabajo en 21 empresas. En algunas se constataron irregularidades y se formularon prevenciones, en otras se presentaron denuncias por no dejar ingresar a los inspectores. Se consiguió reinstalar a 28 trabajadores.

Respecto de la libertad sindical, indicó que hay 356 organizaciones sindicales inscritas y que en 2009 se inscribieron 70 sindicatos y 45 pactos colectivos de trabajo siendo los números de 2009 los más altos de los últimos cinco años. Para promover el derecho de sindicación, el Gobierno ha suscrito acuerdos con instituciones educativas para capacitar a líderes sindicales; se decidió fundar una escuela de formación laboral en la ciudad de Guatemala y otra en Quetzaltenango. Indicó que en lo que se refiere a la constitución e inscripción de sindicatos, una vez que los solicitantes han cumplido con los requisitos legales se procede a reconocerlos, aprobar el estatuto, registrarlos y hacer público el acto constitutivo.

Entre noviembre de 2009 y marzo de 2010 el Gobierno ha creado cuatro mesas de diálogo social de carácter tripartito, tres de las cuales en el interior del país. Se realizó en mayo de 2010 un «encuentro tripartito de diálogo social por el trabajo decente» con la presencia del Director de la Oficina Subregional de la OIT. Guatemala también es beneficiaria de un proyecto regional y uno subregional de la OIT en materia de diálogo social.

En cuanto a la cuestión de la impunidad, indicó que la impunidad y la violencia generalizada son problemas que preocupan a las autoridades y que en el año 2009 hubo 6.000 personas asesinadas. En cuanto al esclarecimiento de casos por actos de violencia contra sindicalistas, el Ministerio del Trabajo trata de determinar con precisión si las personas cuyos nombres aparecen en quejas contra el Gobierno pertenecieron o no a un sindicato; el estado de los procesos y la organización a la que pertenecían. Afirmó que en la mayoría de los informes se lee que el fallecimiento se debió a causas no relacionadas con actividades sindicales. Uno de los mayores problemas que enfrenta el Gobierno es que en muchos casos, las quejas son promovidas por entidades que actúan de hecho, por lo tanto los afiliados no están empadronados en el Registro Laboral del Ministerio de Trabajo y éste carece de la información indispensable para determinar si las víctimas pertenecían a un sindicato.

Indicó que en octubre de 2009 asumió la nueva Corte Suprema de Justicia, a la cual se le informó tomando en cuenta el respeto a la independencia de los poderes del Estado sobre la necesidad de mejorar el sistema de justicia para hacer frente a la impunidad y a los ilícitos penales contra trabajadores sindicalizados. La Corte Suprema está actuando para lograr mayor celeridad. En el caso del asesinato del Sr. Pedro Zamora, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado declarando inocente al imputado y se espera la sentencia de segunda instancia. También se solicitaron al nuevo Fiscal General determinadas medidas para combatir la impunidad.

En cuanto a las cuestiones legislativas, recordó que se instauró una mesa de diálogo intersectorial para revisar el proyecto de Ley de Servicio Civil, que ya está en el órgano legislativo, pero aún no se han logrado los consensos necesarios.

Concluyó señalando que: en su país está en marcha la hoja de ruta, el fortalecimiento institucional y el diálogo social; las acciones emprendidas están acompañadas permanentemente por la OIT; la libertad sindical y el derecho de sindicación se reconocen y protegen en la legislación y en la práctica; la formación de sindicatos está sujeta al cumplimiento de los requisitos que establece la ley y se está fomentando la formación sindical y laboral. Agregó que entregaba a la OIT información que sustentaba su declaración.

Los miembros trabajadores recordaron el número de comentarios de la Comisión de Expertos a propósito de Guatemala en relación con el Convenio núm. 87 y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el número de casos examinados por el Comité de Libertad Sindical, diez de los cuales están siendo actualmente examinados, y las cinco misiones de alto nivel y de contactos directos tenidos en el país desde 2005. A pesar de un acuerdo tripartito firmado luego de una misión de alto nivel en 2008, la ausencia de mejora en el funcionamiento de la justicia es patente. La dimisión del Director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Sr. Castresana) es una señal preocupante que tendería a indicar que no se ha sentido en condiciones de llevar a buen puerto su misión debido a que el Gobierno habría roto su compromiso de combatir la impunidad al nombrar a un procurador general vinculado con el narcotráfico. Esta dimisión constituye un duro golpe para los trabajadores y el pueblo en general, que aspiran a un Estado de derecho. La Comisión de Expertos denuncia que la justicia es demasiado lenta e ineficaz.

Una misión de asistencia técnica de la OIT que tuvo lugar en noviembre de 2009 para aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Conferencia no dio resultados al no haber consenso entre los interlocutores sociales. La hoja de ruta es poco coherente y todos están de acuerdo en afirmar que el diálogo social atraviesa por grandes dificultades en el país.

La violencia que se ejerce contra el movimiento sindical lo reduce, tan eficaces resultan los ataques del Gobierno. La violencia, los asesinatos, las discriminaciones, los ataques y las intimidaciones a los sindicalistas y sus familias son cosa cotidiana en el movimiento sindical de Guatemala. Tanto, que tras 20 años de democracia el porcentaje de afiliación sindical ha caído a un 0,5 por ciento.

A pesar de las promesas hechas al más alto nivel, la impunidad sigue siendo la norma y se ejerce de manera sutil. El Gobierno retira su reconocimiento a organizaciones sindicales que sin embargo, en el caso de algunas, han participado en los trabajos de esta Comisión, lo que tiene por efecto que los actos de violencia cometidos contra sindicalistas se traten como simples delitos de derecho común. Además, cuando por fin se adopta una decisión judicial sobre las intimidaciones y los asesinatos de sindicalistas, su calificación penal banaliza el contexto. De modo que la acción del poder judicial planteará interrogantes en tanto que el Gobierno no muestre la voluntad de respetar las diversas conclusiones y recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos, las diferentes misiones y esta Comisión. El informe de la Comisión de Expertos puede parecer comedido ante una situación tan desesperada, pero los problemas constatados muestran con claridad los atentados contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de los sindicalistas, ante los cuales se solicita al Gobierno que reaccione. El único consuelo para los trabajadores sigue siendo la constante atención que presta la OIT a esta situación.

Los miembros empleadores observaron que la Comisión lleva discutiendo este caso desde los años 90. Aunque al comienzo la lista de comentarios de la Comisión de Expertos acerca de cuestiones legislativas abarcaba una página entera de su informe, hoy esa lista es mucho más breve. Por tanto, el Gobierno con los años ha demostrado su disposición a ocuparse de los asuntos y ha recibido muchos tipos de asistencia técnica de la OIT, incluida la misión bipartita de alto nivel que visitó el país el año pasado con la participación de los Vicepresidentes trabajador y empleador de esta Comisión.

La observación de la Comisión de Expertos puede reducirse a dos grupos de cuestiones: la impunidad y las cuestiones legislativas relacionadas con el libre establecimiento y funcionamiento de sindicatos. La cuestión de la impunidad es muy compleja. Afecta a la sociedad en su conjunto y no se dirige únicamente contra los sindicalistas en cuanto tales. Durante la misión bipartita de alto nivel, los miembros empleadores observaron que un problema básico que afronta el Gobierno es la falta de recursos para combatir la impunidad, dado que los impuestos constituyen una pequeña proporción del PIB. No existen suficientes policías, fiscales, investigadores, jueces, etc., y hace falta más para reforzar el sistema judicial en particular.

Tras la Conferencia Internacional del Trabajo en 2009, el Gobierno trazó una hoja de ruta para ocuparse de las cuestiones legislativas sobre la base del consenso tripartito. No obstante, en la etapa actual no es posible llegar a conclusiones respecto a lo apropiado o efectivo de esa hoja de ruta. Persisten ciertos obstáculos al establecimiento y las actividades de los sindicatos. Las estadísticas proporcionadas sobre el número de afiliados sindicales, de confirmarse, remiten a un porcentaje sorprendentemente pequeño de representación sindical en el país.

En conclusión, en la presente etapa la cuestión más importante es el problema de la impunidad. Los miembros empleadores consideraron que la declaración inicial del Gobierno dedicó muy poca atención a este problema y que el Gobierno debe proporcionar más información sobre sus planes para ocuparse de esta cuestión.

Un miembro trabajador de Guatemala declaró que Guatemala recibe de la Comisión de la Conferencia, de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical observaciones parecidas y hasta más graves que las que se recibían entre 1980 y 1995, época de la guerra. Afirmó que Guatemala incumple casi en su totalidad los compromisos contraídos ante los diferentes órganos de control y misiones de alto nivel. Los acuerdos tripartitos asumidos ante las misiones de alto nivel de 2008 y 2009 han resultado ser ineficaces ya que no se les ha dado el debido seguimiento a través de la hoja de ruta.

Indicó como principales problemas que el Ministerio Público no fortalece la capacidad institucional para atender los graves hechos de violencia cotidiana contra sindicalistas; la Fiscalía Especial de delitos contra sindicalistas nacida de esta Comisión fue debilitada y reducida a una unidad especial carente de recursos, con métodos que desconocen los criterios de análisis relativos a la discriminación antisindical. Hay reticencia a utilizar la figura de discriminación antisindical. Con esa débil estructura el Estado es incapaz de determinar las circunstancias de evidentes hechos violentos contra sindicalistas, identificar a los autores y castigarlos.

Debido a la debilidad de la Inspección del Trabajo que tiene menos de 15 inspectores en el área metropolitana, los empleadores con toda impunidad destruyen sindicatos e imposibilitan a los nuevos.

No hay coordinación institucional, los sindicatos han solicitado la integración del órgano de solución de conflictos de la Comisión Interinstitucional sin obtener respuesta; hay corrupción y falta de independencia en los tribunales del trabajo y otras instituciones, se actúa aislada y despreocupadamente. La elección de nuevas cortes de justicia no cambia este panorama puesto que muchos candidatos fueron vetados por los sindicatos por actitudes antisindicales y hoy son magistrados. En cuanto a la maquila, es un sector particularmente vulnerable y dijo que en este mismo momento una empresa ha realizado despidos masivos y actos de intimidación contra sindicalistas y sus asesores. También es necesario realizar reformas legislativas adicionales, en consonancia con las indicaciones de la Comisión de Expertos.

Para concluir, dijo que aunque el Gobierno de Guatemala diga que no tiene política antisindical tampoco ha podido demostrar que tenga una política de respeto por la libertad sindical y que la Comisión de Aplicación ha sido testigo de esto por más de diez años, por lo cual solicitó a la Comisión que incluya un párrafo especial en donde se señale la gravedad del caso y la falta de avances en el cumplimiento de los compromisos y el clima de alta violencia que ha provocado asesinato de sindicalistas, intimidaciones y degradación de las garantías individuales que son la base para el ejercicio de la libertad sindical.

Un observador representante de la Confederación Sindical Internacional (CSI) declaró que por 15 años esta Comisión ha venido señalando al Gobierno por graves problemas relacionados con el Convenio núm. 87. Guatemala es el segundo país del mundo con más quejas activas en el Comité de Libertad Sindical. De 2005 a 2010 ha habido cinco Misiones de Alto Nivel e innumerables misiones técnicas. Subrayó que tanto la Comisión de Expertos como otros órganos de control han señalado que la situación ha empeorado.

Dentro de los señalamientos más graves y actualmente más frecuentes que nunca, están los siguientes: los obstáculos a la creación e inscripción de organizaciones sindicales, procedimientos que llevan más de un año; graves actos de violencia antisindical que permanecen impunes; criminalización y estigmatización de la actividad sindical; falta de independencia y de eficacia de la justicia laboral que se refleja en retrasos excesivos en juicios laborales y de reintegro de sindicalistas que tardan más de ocho años; falta de negociación colectiva y de un efectivo diálogo social.

Subrayó que la situación es tan grave que hace pocos días renunció el Dr. Castresana, Comisionado de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, aduciendo que no hay más que hacer por Guatemala ante la falta de voluntad del Gobierno por erradicar la impunidad y ante el nombramiento de un fiscal que Castresana señala como partícipe en grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

Desde 2007 hay 47 sindicalistas del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) que han sido asesinados, sin que la justicia haya avanzado al respecto; hay casos de activistas fuertemente amenazados como el de Lesbia Amezquita cuyo caso se examinó en la Comisión en 2009; las intimidaciones han continuado y hasta el Procurador de Derechos Humanos solicitó para ello medidas de seguridad personal que no le han sido otorgadas. En marzo de 2010 fue torturado y asesinado Luis Felipe Cho quien había sido amenazado por sus actividades sindicales; luego el Ministerio de Trabajo informó que Luis Felipe Cho no era sindicalista y el orador solicitó que se incorporen al acta los documentos donde consta la inscripción sindical de Luis Felipe Cho. Indicó que el mecanismo de protección a sindicalistas se encuentra en la misma situación que la Fiscalía de delitos contra sindicalistas, que se suprimió en 2005 pero en cada Conferencia el Gobierno hizo alusión a la misma.

Para terminar, solicitó que en las conclusiones figure un párrafo especial con propuestas concretas para resolver de inmediato la grave situación antisindical.

El miembro empleador de Guatemala lamentó la falta de balance regional en la integración de la lista de casos a ser examinados por la Comisión, lo cual afecta la credibilidad del sistema de control, en particular cuando ello responde a razones que no pertenecen al mundo laboral. En su observación, la Comisión de Expertos se refiere a tres cuestiones fundamentales: la violencia contra sindicalistas, los problemas de carácter legislativo y los problemas que afectan al sector de las maquilas, que en realidad es la industria del vestuario y textil.

En lo que respecta a la violencia contra sindicalistas, reafirmó el compromiso de los empleadores para que se investiguen y deslinden responsabilidades, para lo cual se han impulsado gestiones ante la Fiscalía General de la República. También se ha apoyado el fortalecimiento y la profesionalización de la inspección del trabajo. Sin embargo, debe tenerse presente que el clima de violencia indiscriminada en el país afecta a todos los sectores de la población y que muchos de los actos de violencia contra sindicalistas podrían tener otros motivos distintos de sus actividades sindicales. Esto debe ser tenido en cuenta, ya que no se puede afirmar que en Guatemala exista un clima de violencia antisindical. Tampoco debe atribuirse a estos motivos la baja tasa de sindicalización existente, sino más bien a la informalidad de la economía y a la crisis en el liderazgo sindical.

En lo que respecta a las cuestiones de orden legislativo, señaló que algunas no conciernen al Convenio, como el derecho de huelga. Observó sin embargo que en el marco de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de Trabajo los empleadores propusieron modificar el sistema de la huelga a fin de que la misma pueda ser declarada más fácilmente siempre que se respete el derecho de los trabajadores que no la apoyan a seguir trabajando, pero dicha iniciativa no contó con el apoyo de los trabajadores. En lo que respecta al requisito de la nacionalidad guatemalteca para poder ser dirigente sindical, el mismo es difícil de modificar debido a que es necesaria una reforma de la Constitución.

Deben resaltarse los resultados positivos del diálogo social en virtud del cual se ha logrado el consenso en cuanto a la necesidad de que las reformas del sistema de sanciones sean elaboradas con la cooperación técnica de la Oficina siguiendo los lineamientos acordados en la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo. Es de esperar que las demás cuestiones legislativas pendientes se puedan solucionar a través del diálogo social. En lo que respecta al sector del vestuario y textiles, subrayó que el mismo representa el 23 por ciento de las exportaciones del país, genera el 8 por ciento del empleo formal y es uno de los sectores que brinda mejores garantías laborales. Añadió que en dicho sector la negociación colectiva se desarrolla en forma directa, no conflictiva, entre los trabajadores o sus delegados y los empleadores, resultando en mayores beneficios para los trabajadores y mayor productividad para las empresas. Sin embargo, cuando surgen los conflictos, los mismos son tratados en dos niveles. Primero, en una instancia voluntaria de mediación ante el Centro de Resolución Alterna de Conflictos de Vestex, y segundo, ante la Inspección General del Trabajo.

El miembro gubernamental de la República Bolivariana de Venezuela habló en nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión, miembros gubernamentales del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC). Señaló que la Comisión de Expertos tomó nota de que el Gobierno realizó consultas con miras a la elaboración de la hoja de ruta pero que la misma no obtuvo el consenso de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Valoró sin embargo la elaboración de dicha herramienta en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, en junio de 2009. El GRULAC pone de relieve también la asistencia técnica de la Oficina en la modernización de la legislación y solicita que se tenga en cuenta la petición del Gobierno y se brinde toda la asistencia requerida de manera pronta y con una visión integral. El Gobierno ha demostrado su voluntad de colaboración al aceptar la Misión de Alto Nivel en 2008 y otras misiones de asistencia técnica.

El miembro gubernamental de Bélgica, expresándose en nombre de Alemania, de Austria, de Bélgica y de los Países Bajos, declaró que el Gobierno de Guatemala ha sido objeto, desde 1991 hasta 2010, de varias observaciones por parte de la Comisión de Expertos por la inobservancia de la libertad sindical. Desde 2005, la OIT ha realizado en Guatemala cinco misiones de alto nivel, así como programas de asistencia técnica, sin llegar a resultados legislativos concretos. Se estableció una comisión nacional tripartita para la aplicación efectiva del Convenio, así como una hoja de ruta. Debe preservarse la naturaleza tripartita de esta comisión para garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en este proceso. Es urgente que se adopten las medidas adecuadas para perseguir a los responsables de los actos de violencia cometidos contra sindicalistas y que los resultados de las investigaciones realizadas se hagan públicos. Mediante tales acciones, el Gobierno demostrará su voluntad política de combatir de manera creíble los actos de violencia cometidos contra sindicalistas, de luchar contra la impunidad y de ponerse en conformidad con las recomendaciones aceptadas por Guatemala, en el marco del examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En consecuencia, la creación por el Gobierno de una Comisión de expertos para nombrar a los candidatos al Tribunal Supremo, debe acogerse favorablemente, sobre todo si la misma permite la participación de la sociedad civil.

El miembro trabajador de Colombia recordó que en los últimos 20 años este caso ha sido examinado en 14 ocasiones por las mismas cuestiones. Diversas recomendaciones han sido adoptadas por la Comisión las cuales han sido ignoradas por el Gobierno. Debe analizarse qué medidas puede adoptar la OIT en situaciones permanentes de violencia y hostigamiento contra los sindicalistas, de impunidad, de obstáculos legales e institucionales para crear o afiliarse a organizaciones sindicales y de falta de diálogo social. Las medidas adoptadas hasta ahora por la OIT no logran que la situación mejore. ¿Qué se puede hacer ante un Gobierno que si bien manifiesta su buena voluntad, no adopta medidas contra dichas situaciones? Los empleadores y los trabajadores miembros de esta Comisión deberían acordar medidas más efectivas. No se puede ignorar esta situación y sólo expresar la esperanza de que la situación mejore el año entrante. Es necesario que exista una profunda y sincera voluntad política basada en la democracia y el diálogo social efectivo para remover los obstáculos para el ejercicio de las libertades sindicales. Esta voluntad no existe en Guatemala.

La miembro gubernamental de los Estados Unidos indicó que en 2008, su Gobierno recibió una presentación pública de la AFL-CIO y de seis sindicatos de Guatemala, con arreglo al Capítulo Laboral del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Desde entonces, en el contexto de esa presentación, el Gobierno ha venido revisando muchos de los mismos asuntos que la Comisión de Expertos examina respecto de la aplicación del Convenio. La aplicación efectiva de las leyes laborales y de los derechos humanos y sindicales de los trabajadores son de gran prioridad para los Estados Unidos. Su Gobierno está decepcionado por la falta de progresos realizados hasta la fecha. Señaló que el Gobierno de Guatemala ha reconocido los serios desafíos que afronta en la protección efectiva del derecho de libertad sindical de los trabajadores y se ha acogido a la asistencia técnica en diversas ocasiones, incluidas algunas misiones de alto nivel, la última de las cuales condujo a la elaboración de una hoja de ruta, preparada por el Gobierno, que contiene las medidas necesarias que deben adoptarse para abordar las observaciones de la Comisión de Expertos. Teniendo en cuenta los esfuerzos de la OIT para prestar la asistencia necesaria, es especialmente perturbador observar que no se haya podido contener la grave violencia contra los sindicalistas, que persistan muchas deficiencias en el funcionamiento del sistema judicial penal, y que la situación de impunidad siga siendo tan grave como siempre. Existe una necesidad clara y continua de mejorar la aplicación de la legislación laboral, a efectos de garantizar que los trabajadores puedan constituir organizaciones con plena libertad — incluso en las zonas francas de exportación — y que esas organizaciones pueden planificar y llevar a cabo sus actividades libremente. Instó al Gobierno a que redoble sus esfuerzos — en estrecha colaboración con la OIT y con la plena implicación de los interlocutores sociales — para introducir lo antes posible, mejoras concretas y sostenibles respecto de todos los aspectos de la libertad sindical y del derecho de sindicación.

El miembro trabajador de Brasil se refirió a los problemas legislativos pendientes desde hace años que consisten en: la restricción a la constitución de organizaciones, ya que se necesita la mitad más uno de los trabajadores de la empresa; la restricción al derecho de libre elección de los dirigentes sindicales, ya que se debe ser guatemalteco, trabajador de la empresa o en la actividad económica para poder ser elegido; la restricción al libre ejercicio de actividades, ya que la huelga debe ser declarada por la mayoría de los trabajadores; la posibilidad de imponer el arbitraje obligatorio en los conflictos en el sector del transporte público y en los servicios relacionados con el combustible; la prohibición de la huelga de solidaridad; y el proyecto de ley que exige porcentajes elevados para la constitución de sindicatos. Además, el registro sindical se demora hasta un año y medio. También se obstruye el derecho de los sindicatos de afiliarse a federaciones y confederaciones. Subrayó en particular la situación de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) que, si bien fue constituida en 1985, no ha sido inscripta todavía en el registro; el Gobierno ha recientemente aceptado con sorprendente rapidez la inscripción de una nueva federación que porta el mismo nombre integrada por cuatro organizaciones de vida activa dudosa. Teniendo en cuenta este cuadro de violación del Convenio en diversos aspectos, en 2008, una Misión de Alto Nivel aprobó un acuerdo tripartito para modernizar la legislación y ponerla en conformidad con el Convenio. Asimismo, la Comisión de Expertos ha tomado nota de la asistencia técnica que se desarrolla en el país. Ese tipo de medidas, así como las promesas del Gobierno se repiten desde el año 2000. La Comisión no debería sin embargo mostrar la misma actitud que hace diez años.

El miembro empleador de España señaló en primer lugar que el clima de creciente violencia en Guatemala se constata con la muerte de más de 6.000 personas, según declaraciones del Gobierno. El aumento del narcotráfico también es preocupante. La prioridad estriba entonces en garantizar un clima de estabilidad y normalidad en todas las actividades, reforzando la lucha contra la impunidad. En segundo lugar, es importante identificar e indagar si los actos de violencia y crimen contra sindicalistas son consecuencia de sus actividades sindicales. Si bien se constata algún progreso en relación con los recursos de amparo, es necesario agilizar los procesos vinculados a la actividad sindical y garantizar la efectividad de las sanciones. En tercer lugar, la hoja de ruta establecida por el Gobierno es un paso positivo; el desarrollo de la misma debe ser prioritario y suficientemente incisivo, siguiendo las conclusiones de la dos Misiones de Alto Nivel. En cuarto lugar, se debe tener en cuenta que esta cuestión incumbe a toda la sociedad de Guatemala: no sólo es necesaria una voluntad política firme de los poderes públicos sino también es necesario que las organizaciones empresariales y sindicales asuman responsabilidad al respecto. Una actitud constructiva, abierta a la búsqueda de soluciones en la regulación y dispuesta a luchar de manera efectiva contra los supuestos actos de intimidación y violencia serán clave.

El miembro trabajador de Francia declaró que la gravedad y el número de las violaciones de los derechos sindicales en Guatemala siguen siendo demoledores, haciendo del país uno de los más peligrosos del mundo para los sindicalistas. Los tipos de delitos cometidos tanto contra sindicalistas como contra dirigentes campesinos destacan por su crueldad y porque se permite que sucedan, debido a que quedan impunes y a que los sindicalistas son considerados como objetivos. Luis Felipe Cho fue torturado y brutalmente asesinado después de recibir amenazas por realizar actividades sindicales. Su cuerpo, gravemente mutilado, fue encontrado el 6 de marzo de 2010. Fue uno de los seis sindicalistas del verdadero movimiento sindical unido en el MSICG que han sido asesinados desde el comienzo de 2010. El orador exhortó al Gobierno a que lleve ante la justicia a los autores y los instigadores de este asesinato.

Refiriéndose a las conclusiones formuladas por esta Comisión en 2009, lamentó que desde entonces la situación no haya hecho más que agravarse. Los comentarios más recientes de la Comisión de Expertos son particularmente graves al concluir que el Gobierno no ha demostrado la suficiente voluntad política para combatir la violencia contra dirigentes y miembros de sindicatos y para luchar contra la impunidad. La Comisión indicó que la conclusión de esta Comisión concerniente a la falta de avances significativos a pesar de las repetidas misiones de la OIT y de la clarísima y firme recomendación de los órganos de control de la OIT siguen siendo globalmente válidas. Durante los últimos 17 años ha habido misiones técnicas, numerosos informes de la Comisión de Expertos, numerosas recomendaciones de esta Comisión y numerosas conclusiones del Comité de Libertad Sindical. Este último ha condenado al Gobierno por permitir que prosiga la violencia y la impunidad y por negarse a cooperar con él. Se estableció una comisión internacional para combatir la impunidad en Guatemala. En el último momento se redactó una hoja de ruta que no fue aplicada. El Gobierno se ha negado a otorgar a los trabajadores domésticos el derecho a organizar sindicatos. La fiscalía de delitos no ha investigado los cometidos contra sindicalistas, a pesar de su compromiso de hacerlo. Está claro que a pesar de sus declaraciones, el Gobierno de Guatemala no está dispuesto a actuar para crear un entorno más seguro para los sindicatos, los trabajadores y los campesinos.

El orador expresó la esperanza de que el gobierno coopere plenamente con sus interlocutores internacionales y con la OIT y expresó su decepción por que la Unión Europea, que ha venido promoviendo y apoyando los derechos humanos y la democracia en todo el mundo, no haya hecho ninguna declaración. Apoyó la solicitud de que en el informe de este año figure un párrafo especial sobre Guatemala y exhortó a la OIT a que dé más publicidad a los alegatos hechos contra el Gobierno de Guatemala y su actitud negativa.

El miembro gubernamental de Panamá apoyó la declaración del GRULAC y reconoció los esfuerzos del Gobierno para la aplicación del Convenio y la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión. Panamá y Guatemala reconocen, en su calidad de miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) la importancia de la libertad sindical como derecho humano básico, íntimamente ligado a la libertad de expresión y base de la representación democrática y la gobernabilidad. Por ello, invitó a que se brinde al Gobierno toda la asistencia solicitada para la aplicación efectiva de la hoja de ruta.

El miembro trabajador de Alemania manifestó su profunda preocupación por la situación de los sindicalistas en Guatemala que son expuestos continuamente al hostigamiento, la violencia física y las desapariciones. Señaló que no se observan avances en el caso: los crímenes cometidos contra los dirigentes sindicales siguen sin ser condenados, la impunidad persiste, las leyes del trabajo siguen siendo incumplidas; se obstaculiza el registro de organizaciones sindicales y los sindicalistas son estigmatizados y despedidos. Además, en su calidad de empleador, el Estado también ha adoptado medidas antisindicales contra sus propios empleados, como en el caso de los servicios municipales de Gualpapa y los trabajadores de varios ministerios. Los sindicatos guatemaltecos han llamado la atención de la Comisión en numerosas oportunidades respecto de las numerosas prácticas antisindicales que existen, incluidas las listas negras de dirigentes sindicales y el requisito de indicar si uno está afiliado cuando se postula para un puesto de trabajo. Esto último sucede no sólo en las empresas privadas sino también en las estatales, lo cual viola las garantías establecidas en la Constitución. Deploró la situación y llamó a los representantes gubernamentales de los países de la Unión Europea a tomar fuerte posición con respecto a los derechos de los trabajadores en América Central; instó a que los derechos de los trabajadores sean incluidos en una cláusula especial del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea junto con un mecanismo que garantice el cumplimiento de tales derechos.

El miembro trabajador de España señaló que Guatemala es el paradigma de la violación sistemática de los derechos fundamentales. Sin embargo, al lado de la violencia antisindical directa y extrema (asesinatos, secuestros, violaciones y amenazas) existen otras formas de violencia que atentan contra el derecho de libertad sindical, tales como la criminalización de la actividad sindical, la ineficacia del sistema de justicia y de la inspección del trabajo, la desprotección ante los actos de intimidación, discriminación o injerencia o la falta de reconocimiento de las organizaciones sindicales. Todas estas medidas tienen la finalidad de suprimir al movimiento sindical autónomo, como en el caso del MSICG, que el Gobierno no ha acreditado ante la Conferencia. Además de otros grandes problemas que aquejan a Guatemala, tales como el trabajo informal y los problemas de género, no existe diálogo social, tal como se observa con la adopción de la hoja de ruta por parte del Gobierno sin consultar a los interlocutores sociales. Dicha hoja de ruta fue adoptada en noviembre de 2009, cuando la mayoría de los plazos para la adopción de las medidas vencía el 31 de diciembre y otros plazos vencían incluso antes de la aprobación de dicha hoja de ruta por el Gobierno. La hoja de ruta no ha sido respetada, como ningún otro de los compromisos asumidos por el Gobierno ante los órganos de control. No existe voluntad política para que se desarrolle el diálogo social. Por todas estas razones, solicitó que este caso fuera incluido en un párrafo especial del informe de la Comisión; que se fortalezca el diálogo social a través del cumplimiento del Convenio; que se revisen todos los ámbitos de representación de los trabajadores incorporando a los representantes libremente elegidos por los trabajadores; y el cumplimiento de las observaciones de los órganos de control.

El miembro trabajador de los Estados Unidos recordó que este caso lleva los 13 últimos años figurando en el orden del día de esta Comisión y lamenta que el Gobierno haya ignorado casi todas sus conclusiones y recomendaciones. La Comisión de Expertos dejó claro este punto cuando aludió a la falta de voluntad política. Existen dos tipos de impunidad en curso de las que el Gobierno es inequívocamente responsable: la impunidad de los autores de actos de violencia cometidos contra sindicalistas y la impunidad con respecto a la función general de supervisión y la función normativa de la OIT.

En lo que respecta al primer punto, sólo en los tres últimos años ha habido al menos 40 casos no resueltos de asesinatos brutales de sindicalistas por haber ejercido sus derechos de sindicación y de negociación colectiva, lo que supone un aumento con respecto a un mínimo de siete asesinatos para el período 2005-2006. Al menos seis muertes ocurrieron en 2010, incluido el asesinato y descuartizamiento de Luis Felipe Cho y el asesinato de Pedro Antonio García, miembro de los trabajadores municipales de Malacatán en San Marcos. Según el Informe sobre Derechos Humanos de 2009 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a pesar de unas pocas investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, no se ha registrado absolutamente ningún progreso conocido en numerosos casos de asesinatos de dirigentes sindicalistas. El Departamento de Estado informó también de que el sospechoso Valiente García, detenido por el asesinato en 2007 de Pedro Zamora, secretario de la Unión General de Trabajadores Portuarios de Puerto Quetzal, fue absuelto y puesto en libertad, mientras que un segundo sospechoso, Dremier Fuentes, continúa libre. En una reunión celebrada en la Embajada de Guatemala en Washington en 2009 se informó al orador de que el caso del asesinato de Zamora se había resuelto satisfactoriamente con la investigación y el procesamiento de las partes responsables a raíz de una denuncia presentada conjuntamente por el movimiento sindical guatemalteco y la AFL-CIO de conformidad con el capítulo del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, América Central y los Estados Unidos que trata del trabajo. La Misión de Alto Nivel enviada por la OIT en 2009 recibió pruebas de «la ausencia general de independencia de las autoridades judiciales y los organismos oficiales» en relación con los crímenes violentos cometidos contra sindicalistas. Según el informe de la OIT de 2010 sobre la inspección del trabajo en la región de América Central, Guatemala ha reducido su partida presupuestaria para la inspección. Con ello ha aumentado su contribución a la impunidad y ha despreciado a sabiendas el compromiso que contrajo en la Comisión tripartita tras la conclusión de la Misión de Alto Nivel de la OIT que tuvo lugar en 2008.

El Gobierno también ha mostrado su desprecio por los órganos de supervisión de la OIT. Según el MSICG, un miembro de la Comisión de Expertos trató de concertar reuniones en el Ministerio de Trabajo, el Tribunal Supremo de Justicia y la unidad especial de la fiscalía del Ministerio Público, pero fue ignorado. En respuesta a las preocupaciones y las conclusiones del Comité de Libertad Sindical publicadas en noviembre de 2009, el Gobierno ha eludido completamente las preguntas del Comité declarando no tener conocimiento de la existencia de la organización querellante, el MSICG, a pesar de que esta organización se compone de afiliados de la CSI, por ejemplo la CGTG, la CUSG y la UNSITRAGUA. Por consiguiente, el Comité de Libertad Sindical manifestó su preocupación ante las respuestas dilatorias del Gobierno en el caso núm. 2709, así como sus objeciones a la elegibilidad de los querellantes. Por tanto, el orador exhortó a que este caso se incluya en un párrafo especial.

El representante gubernamental señaló que la violencia y la impunidad constituyen el principal problema del país y que el mismo afecta a toda la sociedad. Guatemala ha solicitado la asistencia para luchar contra la impunidad, lo cual tuvo como consecuencia la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2007, cuyo presidente al renunciar, hace unos días, formuló denuncias contra el nuevo Fiscal General de la República de Guatemala. El Presidente de la República ordenó que dichas denuncias fueran investigadas. Esta situación no afecta el compromiso del Gobierno con la CICIG cuyo mandato continúa vigente y necesario y debe ser fortalecido.

En relación al comentario de los miembros trabajadores sobre la poca consistencia de la hoja de ruta, observó que la misma fue elaborada con la asistencia de la Oficina y lamentó que no se hubieran logrado consensos al respecto en el seno de la Comisión tripartita. En cuanto al trabajo en las maquilas, el Proyecto de reformas al Código del Trabajo contiene disposiciones al respecto. El Gobierno ha ampliado su solicitud de asistencia técnica a por lo menos la hoja de ruta, la cuestión del diálogo social, los temas legislativos, y la formación sindical y espera que la misma sea brindada prontamente con una visión integral y orientada a los interlocutores sociales y el Gobierno. Con respecto a la escuela de formación laboral, proyecto para el que el Gobierno ha buscado otras fuentes de asistencia, se incluye un componente de fortalecimiento de la capacidad de propuesta de las organizaciones sindicales. En cuanto al sistema judicial, ocho juzgados adicionales están en funcionamiento, se planea crear una nueva Sala de Apelaciones y está vigente el Código Procesal Penal recientemente reformado que agiliza los procedimientos al establecer la gestión por audiencias. El organismo legislativo se ha comprometido a fortalecer los presupuestos de las autoridades del sector de la justicia.

En cuanto al asesinato del Sr. Pedro Zamora, el Ministerio Público apeló la sentencia de primera instancia que declaró inocente a la persona involucrada y se está pendiente del resultado de dicho recurso. La próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones sobre las cuestiones pendientes.

Los miembros trabajadores, después de haber escuchado las explicaciones formuladas por el representante gubernamental, pidieron de manera explícita que las conclusiones de la Comisión figuraran en un párrafo especial de su informe. Esta inclusión en un párrafo especial es para que tanto el Gobierno como la comunidad internacional y los interlocutores sociales recuerden la importancia que reviste el ejercicio pleno y completo de la libertad sindical en el fortalecimiento de la democracia, en particular en Guatemala. Los puntos siguientes deben figurar en las conclusiones de la Comisión: 1) la promulgación de una ley que garantice el ejercicio efectivo de la libertad sindical para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores del sector público, en conformidad con el Convenio núm. 87; 2) el establecimiento, en el marco de la Ley sobre la Protección de los Derechos (Ley de Amparo), de un recurso que esté conforme con el previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que Guatemala está adherida; 3) la modificación de la legislación nacional de tal manera que las observaciones de los órganos de control de la OIT puedan ser invocados como disposiciones vinculantes; 4) la reintegración inmediata de todos los sindicalistas que fueron suspendidos por las instituciones del Estado de Guatemala; 5) el refuerzo del diálogo social mediante la redefinición de todos los espacios de representación de los trabajadores y su acceso garantizado a todos los representantes libremente elegidos de todas las organizaciones del país, de conformidad con el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144); 6) el registro de UNSITRAGUA, que pide desde hace más de un año su registro al igual que las demás organizaciones sindicales; 7) el refuerzo de los medios financieros de la inspección del trabajo para que ésta pueda proceder al control de la aplicación efectiva de las leyes laborales, y 8) el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección a los sindicalistas y a los defensores de la libertad sindical y de los demás derechos humanos.

Los miembros empleadores declararon que éste era un caso importante. Sin embargo, discreparon con los miembros trabajadores en que el caso merezca incluirse en un párrafo especial del informe de la Comisión. Durante muchos años el Gobierno ha aprovechado la asistencia técnica y ha aportado mejoras a la legislación laboral. No obstante, persisten dos cuestiones esenciales: la impunidad y los vacíos legislativos concernientes a la injerencia en las actividades de las organizaciones de trabajadores, que les impide funcionar con plena libertad. Se ha prestado asistencia técnica sobre estos dos temas, incluyendo visitas de los Vicepresidentes trabajador y empleador de esta Comisión, aunque parece que nada ha funcionado. La impunidad sigue siendo un problema que afecta a todos los miembros de la sociedad, incluidos los sindicatos. Los miembros empleadores insistieron en la necesidad de pensar en soluciones que vayan más allá de los instrumentos normales utilizados por la OIT para abordar estas cuestiones. Los miembros empleadores propusieron enviar una importante personalidad a Guatemala, con apoyo de alto nivel de la OIT, para estudiar la situación y formular recomendaciones relativas a la impunidad.

Los miembros trabajadores dijeron que se trata de un caso muy grave y que las conclusiones que se han adoptado están bien formuladas. Sin embargo, resulta incomprensible que los miembros empleadores no quieran que este caso figure en un párrafo especial del informe de esta Comisión. Los objetivos económicos no deben prevalecer sobre el respeto de los derechos sociales fundamentales. Los miembros trabajadores señalaron que habían contemplado la posibilidad de no aceptar estas conclusiones. Sin embargo, al ser conscientes del peligro que esto supondría para el sistema de control de la OIT, han aceptado las conclusiones aunque no vayan a figurar en un párrafo especial.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación, así como de los numerosos casos examinados por el Comité de Libertad Sindical.

La Comisión tomó nota de que la Comisión de Expertos continuó refiriéndose con preocupación a las siguientes cuestiones: a numerosos y graves actos de violencia, incluidos asesinatos y amenazas contra sindicalistas, a la estigmatización de los sindicatos y a disposiciones legislativas o prácticas incompatibles con los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión de Expertos también tomó nota de la ineficacia de los procedimientos penales en relación con actos de violencia, los retrasos excesivos de los procedimientos judiciales y la falta de independencia del Poder judicial, lo que da lugar a una situación grave de impunidad.

La Comisión tomó nota de que el representante gubernamental señaló que la situación de violencia e impunidad era una situación generalizada y no exclusiva del ámbito del movimiento sindical. El Gobierno ha pedido apoyo a las Naciones Unidas para combatir la impunidad y se ha creado para ello la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El Gobierno ha pedido informes para determinar si los asesinatos de sindicalistas se debieron o no a causas relacionadas con actividades sindicales. El Gobierno ha recurrido en múltiples ocasiones a la asistencia técnica de la OIT sobre el conjunto de los problemas planteados, incluida la violencia, la impunidad y las reformas legislativas solicitadas, así como en la elaboración de la hoja de ruta. El representante gubernamental declaró que el diálogo social tripartito se ha venido realizando en la Comisión Tripartita Nacional y que se han creado cuatro mesas de diálogo tripartito a nivel regional. Indicó también que en seguimiento de la última Misión de la OIT de Alto Nivel se han fortalecido los mecanismos de coordinación interinstitucional. Además, se han realizado acciones para la reinstalación de trabajadores de la maquila. Se han realizado también actividades de capacitación en materia de derecho sindical y se ha tomado la decisión de formar dos escuelas de formación laboral. Señaló también que aunque se han tomado medidas para reforzar la inspección del trabajo y la unidad del ministerio encargada de las relaciones con la OIT, se necesita que prosiga la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión tomó nota de que se trata de un caso importante que se discute desde hace numerosos años y que el Gobierno ha recibido numerosas misiones de asistencia técnica con el fin de poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio.

La Comisión tomó nota con profunda preocupación de que la situación en cuanto a la violencia y la impunidad parece haberse agravado y recordó la importancia de garantizar urgentemente que los trabajadores puedan llevar a cabo sus actividades sindicales en un clima exento de temor, amenazas y violencia. La Comisión tomó nota también con preocupación de la renuncia del Director de la CICIG el 7 de junio de 2010. La Comisión urge al Gobierno a que tome medidas necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz de mecanismos de protección de los sindicalistas y de defensores de la libertad sindical y otros derechos humanos.

La Comisión tomó nota con preocupación de que el Gobierno no ha mostrado suficiente voluntad política para luchar contra la violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y para luchar contra la impunidad. La Comisión subrayó en este sentido la necesidad de que se realicen progresos significativos en relación con las sentencias condenatorias sobre actos de violencia contra sindicalistas y para garantizar que se sancione no sólo a los autores materiales sino también a los instigadores. La Comisión pidió al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para poner fin a la impunidad, inclusive aumentando considerablemente los recursos presupuestarios de la Justicia, la Fiscalía, la Policía y la Inspección de Trabajo.

Observando también con preocupación el clima de violencia generalizada, la Comisión recordó que la libertad sindical no podía ejercerse en un clima en el que la seguridad personal y las libertades públicas fundamentales no estén aseguradas. La Comisión urgió al Gobierno a que garantice un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que dé amparo contra actos que violen los derechos fundamentales.

La Comisión pidió también al Gobierno que tome medidas para reforzar el diálogo social, redefiniendo todos los espacios de representación de los trabajadores y garantizando el acceso a estos espacios de los interlocutores elegidos libremente por las organizaciones existentes en el país según las observaciones de los órganos de control. A este respecto, la Comisión pidió al Gobierno que sin demora aclare la situación del registro de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) con la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión consideró que deben estudiarse soluciones innovadoras para hacer frente de manera prioritaria a la cuestión de la impunidad y a los problemas legislativos pendientes. La Comisión pidió al Gobierno que acepte la visita de una importante personalidad internacional pública, acompañada por la OIT a alto nivel, para que pueda estudiar estas cuestiones y formular recomendaciones.

La Comisión pidió al Gobierno que comunique este año una memoria detallada a la Comisión de Expertos con informaciones sobre los progresos tangibles y expresó la firme esperanza de que el año próximo estará en condiciones de tomar nota de mejoras sustanciales en la aplicación del Convenio.

Los miembros trabajadores dijeron que se trata de un caso muy grave y que las conclusiones que se han adoptado están bien formuladas. Sin embargo, resulta incomprensible que los miembros empleadores no quieran que este caso figure en un párrafo especial del informe de esta Comisión. Los objetivos económicos no deben prevalecer sobre el respeto de los derechos sociales fundamentales. Los miembros trabajadores señalaron que habían contemplado la posibilidad de no aceptar estas conclusiones. Sin embargo, al ser conscientes del peligro que esto supondría para el sistema de control de la OIT, han aceptado las conclusiones aunque no vayan a figurar en un párrafo especial.