Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Spain (Ratification: 1970)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, junio de 2013)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. En sus conclusiones de junio de 2013, la Comisión de Aplicación de Normas expresó su preocupación ante la persistente deterioración del mercado del trabajo y urgió al Gobierno a que continúe evaluando, con la participación de los interlocutores sociales, el impacto de las medidas del empleo adoptadas para superar la crisis de puestos de trabajo. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que incluyó las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), y de la respuesta del Gobierno recibida en noviembre de 2014. En agosto de 2013, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) manifestaron que las reformas aprobadas desde principios de 2012 persiguen establecer las bases de la futura recuperación económica mediante una reducción de los desequilibrios macroeconómicos, la creación de un entorno normativo favorable a la creación y al desarrollo de las empresas, quienes son la fuente principal de generación de empleo; la mejora de su competitividad y productividad y una mejor reasignación de los recursos hacia los sectores económicos más dinámicos como, por ejemplo, el sector exportador. Las organizaciones empresariales recuerdan que la política económica del Gobierno está condicionada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, el cual pone énfasis en la reducción del déficit público y de la deuda pública. Por su parte, la CCOO manifiesta que las reformas impuestas sólo han servido para intensificar la destrucción de empleo, devaluar los salarios y empeorar las condiciones laborales de los trabajadores. Según la CCOO, se debería aumentar la inversión pública, estimular la demanda y la actividad económica y canalizar el crédito a las empresas. La UGT, en las observaciones recibidas en agosto de 2014, indica que si bien los datos del segundo trimestre de 2014 corroboran una mejora moderada en algunos indicadores económicos y del mercado de trabajo, no hubo una creación de empleo de calidad. La tasa de temporalidad alcanza a casi al 24 por ciento de los asalariados. El Gobierno enumera las medidas adoptadas para fomentar la creación de empleo y reducir la dualidad laboral y se remite al Programa Nacional de Reformas presentado en 2013 a la Unión Europea, así como a la Estrategia Española de Empleo y a los planes anuales de política de empleo. El Gobierno resalta el moderado incremento del desempleo: en el segundo trimestre de 2013 la tasa de paro se logró reducir en 0,9 puntos, si bien el paro afectaba a 5 977 500 personas, es decir al 26,26 por ciento de la PEA. El Gobierno destaca que, por primera vez durante la crisis, un mayor deterioro del PIB no se ha traducido en una aceleración del ritmo de destrucción de empleo. El Gobierno estima que, en ausencia de reforma laboral, se habría destruido más empleo; y que la economía española es capaz de generar empleo a partir de una tasa de crecimiento del PIB de entre el 1 por ciento y 1,2 por ciento. La Comisión toma nota de que las organizaciones empresariales tienen una valoración general positiva de la reforma laboral, como han afirmado en octubre de 2013, y en una nueva comunicación recibida en septiembre de 2014. Las organizaciones empresariales destacan las decisiones del Tribunal Constitucional (la sentencia núm. 118/2014, dictada el 16 de julio de 2014, y el auto núm. 43/2014, dictado el 12 de febrero de 2014) que respaldan la reforma laboral de 2012. Las organizaciones empresariales estiman que la reforma laboral iniciada en 2012 se aproxima a la flexibilidad de los países del entorno europeo y destacan que en marzo de 2014 se mantuvo una reunión tripartita donde se expresó la necesidad de impulsar medidas para favorecer el crecimiento y el cambio de ciclo económico. Por su parte, las dos principales confederaciones sindicales en marzo de 2014, se remitieron a la discusión tripartita que había tenido lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2013, y se dirigieron nuevamente al Gobierno señalando los textos legislativos y programas de empleo que habían sido adoptados sin la participación de las organizaciones sindicales y desconociendo los compromisos con el diálogo social. La Comisión comprueba que persiste una grave situación de desempleo que afecta principalmente a jóvenes y a aquellas personas que, como consecuencia de la crisis, se encuentran desempleadas desde hace muchos años. La Comisión se remite nuevamente al artículo 2 del Convenio que requiere que se proceda regularmente a un examen de las medidas y las políticas adoptadas de manera de poder alcanzar los objetivos del Convenio. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a aumentar sus esfuerzos para reforzar el diálogo social y, en consulta con los interlocutores sociales, encontrar soluciones a las dificultades económicas que permitan alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo y libremente elegido. Al igual que en su observación de 2013, la Comisión invita al Gobierno a indicar de qué manera se han tenido en cuenta la experiencia y las opiniones de los interlocutores sociales al formular y ejecutar las medidas de política de empleo. Sírvase también precisar en qué medida se han realizado consultas con representantes de las personas afectadas por las medidas adoptadas, en particular con jóvenes, que permitan apreciar la aplicación efectiva del Convenio.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de los jóvenes. Según las observaciones presentadas en agosto de 2013 por la CCOO, en dicha estrategia hay un notable desequilibrio otorgándose un mayor peso presupuestario al fomento del emprendimiento y el autoempleo y a los incentivos de contratación en detrimento de la formación. Por su parte, la CEOE valora positivamente los planteamientos generales y la prudencia en la que se sustenta dicha estrategia. Las diferencias entre los interlocutores sociales se han centrado fundamentalmente en aquellas medidas que favorecen la flexibilidad en la contratación. Las organizaciones empresariales insisten en que pretenden responder a la necesidad del trabajador joven o con poca experiencia de insertarse en el mundo laboral a través de un primer empleo y desde una perspectiva de aplicar medidas con carácter transitorio (hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 por ciento). La Comisión pide al Gobierno que presente una evaluación de las medidas ejecutadas en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, con la participación de los interlocutores sociales, para reducir el desempleo juvenil y favorecer la inserción duradera de jóvenes trabajadores en el mercado del trabajo, en particular de las categorías más desfavorecidas de jóvenes.

Políticas y programas de educación y formación profesional. El Gobierno indica en la memoria recibida en noviembre de 2013 que se reconoce el derecho individual a la formación atribuyendo a los trabajadores un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación, vinculada a la actividad de la empresa y acumulables por un período de hasta cinco años. El Gobierno manifiesta que los Servicios Públicos de Empleo han creado una cuenta personal de formación, asociada al número de afiliación a la seguridad social, donde se recogerá la formación recibida a lo largo de su carrera profesional. El Gobierno destaca también que en la reforma laboral se han ampliado las posibilidades que ofrece el contrato para la formación y el aprendizaje. La CEOE expresa su valoración positiva de la constitución, en mayo de 2013, de una mesa tripartita de diálogo social sobre el futuro de la formación profesional para el empleo. La CEOE recuerda que, desde 1992, se alcanzaron sucesivos acuerdos nacionales de formación y expresa su disponibilidad para renovar y adaptar los acuerdos vigentes a las nuevas y difíciles situaciones que amenazan la economía y el empleo. En la memoria relativa a la aplicación del Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), recibida en septiembre de 2013, el Gobierno presenta las medidas y los programas promovidos en el marco de la política educativa. La Comisión toma nota de los esfuerzos realizados desde noviembre de 2012 para avanzar en la formación profesional dual basada en el incremento de la formación adquirida en las empresas. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria sobre el Convenio núm. 122 agregue informaciones actualizadas sobre las medidas adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo. Sírvase también incluir informaciones que permitan apreciar la manera en que mediante el diálogo social se han podido establecer sistemas de orientación y de formación que cubran las necesidades de aprendizaje y formación profesional de las empresas, de los colectivos de trabajadores y de las regiones más afectados por la crisis.