Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cuba (Ratification: 1971)

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara la manera en que la reasignación de trabajadores del Estado permite a las personas afectadas emprender actividades productivas. La Comisión toma nota, no obstante, de que el Gobierno no proporciona información al respecto en su memoria. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno declara que continúa en vigor la política de empleo indicada en su memoria anterior y añade que en 2015, la tasa de desocupación fue del 2,4 por ciento, siendo ésta del 2,6 por ciento entre las mujeres y del 2,3 por ciento entre los hombres. La Comisión solicita al Gobierno que indique la manera en que la reasignación de trabajadores del Estado permite a las personas afectadas emprender actividades productivas y libremente elegidas. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información detallada sobre el impacto de la política de empleo y las medidas aplicadas, precisando en qué medida afectan a categorías particulares de trabajadores tales como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores disponibles e interruptos afectados por la reorganización del Estado. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya información estadística actualizada sobre el volumen y la distribución de la fuerza de trabajo, la naturaleza y la amplitud del desempleo y el subempleo, y las tendencias al respecto, desglosadas por edad y sexo.

Pequeñas y medianas empresas. Cooperativas. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que en 2015 habían 4 860 500 personas ocupadas, de las cuales 499 000 eran trabajadores por cuenta propia, mientras 214 600 trabajaban en cooperativas agropecuarias y 7 700 en cooperativas no agropecuarias. Sin embargo, el Gobierno no proporciona información sobre el impacto de estas actividades en el PIB del país. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre el impacto de la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia y de la ampliación de las modalidades de producción no estatal para aumentar la productividad, en especial de las cooperativas de producción agropecuaria, o de otras iniciativas experimentadas para aumentar la producción agrícola.

Educación y formación. El Gobierno indica que se mantienen las medidas para coordinar las políticas de educación y formación con el empleo y añade que en 2015, 36 046 graduados de diferentes niveles de enseñanza accedieron al mercado de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información más amplia sobre la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con la demanda de conocimientos y aptitudes y el panorama cambiante del mercado de trabajo.

Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). En respuesta a la solicitud directa de 2014, el Gobierno indica que la fuente principal de generación de empleo en la ZEDM proviene del sector de la construcción, en particular, de la creación de infraestructuras y de servicios logísticos. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre la contribución de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) a la generación de empleo productivo y libremente elegido, y la manera en que se garantiza la protección de los trabajadores en la ZEDM, especialmente en relación a categorías particulares de trabajadores tales como mujeres y jóvenes.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno declara que los lineamientos de la política económica y social fueron sometidos a un amplio proceso de consultas previas con los representantes de las personas interesadas y refrendados por la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información más amplia sobre la manera en que los representantes de todas las partes interesadas se manifiestan sobre el proceso de actualización del modelo económico en lo atinente a la consecución de los objetivos del Convenio.