Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Costa Rica (Ratification: 1966)

La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) de 2017, incluidas en su memoria. La Comisión toma nota también de las observaciones de la CTRN, recibidas el 31 de agosto de 2021. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículo 1 del Convenio.Coordinación de la política de enseñanza y formación profesional con las oportunidades de empleo. La Comisión toma nota de la creación de la Comisión Tripartita de Coordinación, Seguimiento y Consulta sobre la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) en modalidad dual en abril de 2018, con el objetivo de llevar a cabo consultas tripartitas acerca de dicho modelo de educación y formación técnica profesional y proporcionar recomendaciones para su implementación. En este contexto, la Comisión toma nota de la aprobación de la Ley de Educación y Formación Técnica Dual, Ley núm. 9728 de 12 de septiembre de 2019, así como de su reglamento de aplicación del 14 de abril de 2020. En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley núm. 9728, la educación y formación técnica profesional en la modalidad dual es entendida como aquella modalidad educativa que permite a la persona estudiante formarse en dos ámbitos de aprendizaje, una institución de la EFTP y una empresa formadora, utilizando sus recursos materiales y humanos. El Gobierno informa de que los centros educativos y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cuentan con el plazo de un año para implementar las medidas establecidas en la citada ley, por lo que no se dispone aún de información sobre el impacto de la misma. La Comisión toma nota de que la CTRN afirma en sus observaciones que la señalada legislación fue adoptada de manera unilateral por el Gobierno y las organizaciones de empleadores y que la misma afecta a los derechos de los estudiantes. La Comisión toma nota también de la información estadística, desagregada por sexo y nivel de cualificación, proporcionada por el Gobierno sobre el impacto de las medidas implementadas por el INA. En particular, el Gobierno informa de que, entre 2018 y 2020, 55 167 mujeres y 41 295 hombres se matricularon en programas de capacitación y formación profesional del INA. Asimismo, durante el mismo periodo, 11 686 hombres y 7 376 mujeres recibieron, tras aprobar los respectivos exámenes, certificaciones de sus competencias laborales, indistintamente de la forma en la que la hubieran adquirido dichas competencias. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover la educación dual, incluida aquellas adoptadas en el marco de la Ley de Educación y Formación Técnica Dual, Ley núm. 9728 de 2019 y su reglamento de aplicación. Asimismo, a la luz de las observaciones de la CTRN, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores socialessobre la Ley núm. 9728 de 2019 y su reglamento, y el resultado de estas. La Comisión pide también al Gobierno que continúe proporcionando información estadística, desagregada por sexo y edad, sobre el impacto de las medidas adoptadas o previstas con miras a coordinar la política de enseñanza y formación profesional con las oportunidades de empleo.

Artículo 2.Tendencias del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que, según el anuario estadístico de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre 2018 y 2021,la tasa neta de participación disminuyó del 62,9 por ciento al 59,9 por ciento y la tasa de ocupación se redujo del 55,4 por ciento al 51,7 por ciento. En el mismo periodo, la tasa de desempleo abierto aumentó del 12 por ciento al 13,7 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando estadísticas actualizadas, desglosadas por edad y sexo, sobre las tendencias de empleo, desempleo y subempleo.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de, que en virtud de reformas introducidas al Decreto Ejecutivo núm. 29044-TSS-COMEX del 30 de octubre de 2000, por el que se creó el Programa Nacional de Empleo (PRONAE), se amplió la cobertura de acceso al programa «Empléate». Este programa promueve la inserción laboral por medio de becas de formación técnica para personas de entre 17 y 24 años y gracias a las reformas introducidas está destinado no solo a jóvenes en condición de pobreza básica o extrema, sino también a personas desocupadas o en subempleo, especialmente aquellos que pertenecen a comunidades vulnerables. El Gobierno indica que el programa ofrece servicios de formación técnica en las modalidades presencial y virtual, principalmente en carreras de alta demanda laboral, tales como la industria médica, la banca y las finanzas, las tecnologías de la información y la comunicación o los «Call Center» bilingües. La Comisión observa que el número de participantes en el programa aumentó de 7 077 en 2018 a 10 573 en 2019. El Gobierno añade que, en 2019, el 21 por ciento de los participantes lograron su inserción laboral a través del Sistema Nacional de Empleo (SNE). La Comisión toma nota de que, por su parte, la CTRN denuncia el detrimento de la empleabilidad de los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre la naturaleza y el alcance de las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el empleo juvenil, incluyendo aquellas adoptadas en el marco del programa «Empléate», especialmente aquellas destinadas a promover el empleo de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione información estadística actualizada, desglosada por edad y sexo, acerca del impacto de tales medidas sobre el acceso de los jóvenes al empleo decente, duradero y de calidad.

Empleo de mujeres. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno en relación con las diversas medidas adoptadas para promover el empleo entre las mujeres, así como la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, y el impacto de estas. El Gobierno se refiere, entre otras medidas, a la implementación del programa sello de igualdad de género en el sector empresarial y del programa de reconocimiento de buenas prácticas laborales para la igualdad de género. El Gobierno indica que también se promueve la inserción laboral de las mujeres a través del programa «Beneficio emprendimientos productivos individuales» en conjunto con el «Beneficio de capacitación», mediante los cuales se otorga apoyos financieros no reembolsables para facilitar la creación y el fortalecimiento de actividades económicas desarrolladas por familias y personas en condición de pobreza, con miras a estimular la generación de autoempleo y empleo a través del fortalecimiento de sus competencias (capacitación técnica y micro empresarial y la participación en ferias de trabajo). El Gobierno informa de que, entre 2018 y 2019, el número de mujeres participantes era de 182, mientras que el de hombres participantes era 104. Por último, el Gobierno se refiere al desarrollo de diversas acciones en el ámbito de la inspección laboral con enfoque de género en conjunto con diversas instituciones nacionales, incluido el Instituto Nacional de las Mujeres, y la OIT. Tales medidas incluyen la elaboración de una nueva guía de inspección de trabajo con enfoque de género y medidas de difusión de la misma, así como la realización de procesos de sensibilización y formación dirigidos a inspectores de trabajo. No obstante, la Comisión observa que, según la Encuesta Continua de Empleo, al primer trimestre de 2022, tanto la tasa neta de participación (59,6 por ciento) como la tasa de ocupación (51,5 por ciento) entre las mujeres presentaban niveles muy bajos en relación con la de los hombres (70,8 por ciento y 63,1 por ciento, respectivamente). La Comisión toma nota además que, durante el mismo periodo, la tasa de desempleo y subempleo era mayor entre las mujeres (17,5 por ciento y 15,4 por ciento) que entre los hombres (10,9 por ciento y 9 por ciento). Por último, la Comisión se refiere a sus comentarios de 2019 relativos a la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), en los que tomó nota de la sobrerrepresentación de las mujeres en empleos poco remunerados, la persistente segregación profesional, y la considerable brecha salarial entre hombres y mujeres. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para promover el empleo de las mujeres, así como sobre el impacto de las mismas. Asimismo, la Comisión se refiere a sus comentarios de 2019 relativos a la aplicación del Convenio núm. 111, en los que pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas concretas adoptadas para reducir la segregación ocupacional horizontal y vertical por motivo de género, y sobre los resultados obtenidos al respecto.

Personas con discapacidad. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CTRN señala que, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad de 2018, el 43,6 por ciento de las personas mayores de 18 años con discapacidad estaban ocupadas o se encontraban buscando un empleo, frente al 68,2 por ciento de las personas sin discapacidad. En este contexto, la Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), en los que toma nota de las numerosas medidas implementadas para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada y detallada, desagregada por sexo y edad, sobre el impacto de las medidas de empleo, incluidas las medidas de ajustes razonables, que se han adoptado para ayudar a las personas con discapacidad a conseguir empleos sostenibles y decentes en el mercado regular de empleo, así como permanecer o reintegrarse en el empleo.

Microempresas y cooperativas.Economía informal. La Comisión toma nota de que, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en 2017 las pequeñas y medianas empresas (pymes) representaban el 97,5 por ciento del tejido empresarial a nivel nacional. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno informa de la implementación de la Política Nacional de Empresariedad al 2030 (PNE), que incluye entre sus objetivos la mejora de la competitividad de los emprendimientos y el impulso al crecimiento de las empresas con miras a promocionar el empleo y el desarrollo económico. En este sentido, incluye entre sus ejes de acción el desarrollo de capacidades en gestión empresarial, el impulso a la innovación y la reducción de brechas tecnológicas. El Gobierno se refiere además a la implementación del programa «Impulso a Encadenamientos Productivos», que prevé que, para 2022, 138 pymes concreten negocios de encadenamiento y 163 se registren como proveedoras del Estado. La Comisión observa, con base en el registro de pymes, que el número de pymes aumentó de 6 300 en 2016 a 20 127 en 2019 (el 77 por ciento de las cuales eran microempresas). La Comisión toma nota igualmente de la información proporcionada por el Gobierno en relación con los servicios financieros y de desarrollo empresarial proporcionados a las pymes entre 2017 y 2019 a través de la red de apoyo a pymes y los centros integrales de desarrollo empresariales (CIDE). En lo que respecta a las medidas adoptadas para fomentar la transición de las pymes de la economía informal a la economía formal, el Gobierno informa de que, con base en la III encuesta nacional de micro, pequeña y mediana empresa de 2018, el 60,9 por ciento de las empresas encuestadas habían realizado todos los trámites de funcionamiento desde el inicio de la actividad empresarial. El Gobierno se refiere también a la implementación del programa «Formalización de Empresas», mediante el cual se proporciona capacitación y acompañamiento a empresas en su registro en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, lo cual les permite recibir incentivos fiscales, participar en encuentros empresariales y obtener puestos preferentes en la adjudicación de licitaciones públicas. Asimismo, se han adoptado medidas destinadas a la simplificación de los trámites para el registro de empresas, tales como la creación de ventanillas únicas municipales con las que se simplifica el trámite de apertura de negocios y se promueve la formalización de los trabajadores en la economía informal. En relación con las microempresas, la Comisión toma nota de la información estadística incluida en la memoria del Gobierno sobre el impacto del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (PRONAMYPE), que proporciona acceso a financiamiento y apoyo a la actividad empresarial. El Gobierno indica que, según la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares, en 2019, el 54,4 por ciento de las microempresas se encontraban en la economía informal. Por último, el Gobierno indica, con base en información estadística del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), que el número de emprendimientos en el ámbito de las cooperativas se duplicó, pasando de 10 en 2018 a 20 en 2019, y que se generaron 387 puestos de trabajo directo en 2019. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada, incluyendo información estadística, desglosada por edad y sexo, sobre el impacto de las políticas adoptadas por el Gobierno en favor de las mipymes y de las cooperativas en la generación de empleo. Asimismo, pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre los resultados de dichos programas en relación con la disminución de la tasa de informalidad.

Zonas francas de exportación. El Gobierno indica que, en 2018, los empleos directos de las empresas bajo el régimen de zona franca (RFZ) representaban el 12 por ciento del total de empleo formal en el sector privado, y que las mujeres representaban el 42 por ciento del mismo. Según estimaciones del Gobierno, en 2018, el nivel de empleo indirecto generado por las empresas del RFZ alcanzó los 57 441 puestos de trabajo. El Gobierno indica también que el salario mensual promedio de las personas que laboran en el RZF alcanzó en 2018 la cifra de 1 554 dólares de los Estados Unidos, lo cual evidencia una ventaja salarial para dichos trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada, desagregada por edad y sexo, sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.