Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Mauritius (Ratification: 1969)

Comentario anterior

Evolución legislativa. La Comisión toma nota de que la Ley de Inmigración (Ley núm. 14 de 2022), derogó y sustituyó a la Ley de Inmigración de 1973, para adaptarse a las nuevas realidades y necesidades del país, con miras a reforzar la Ley y regular la admisión y la estancia de los que no son ciudadanos de Mauricio.

Artículo 4 del Convenio. Facilitar la salida, el viaje y el recibimiento de migrantes con fines de empleo. La Comisión recuerda que el artículo 4 de la Ley sobre Contratación, de 1993, que requiere el examen de los antecedentes penales de un candidato a la emigración en los últimos diez años, está en contradicción con el Convenio. El Gobierno indica en su memoria que: 1) en julio de 2023 se presentó ante la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley, el proyecto de ley de agencias privadas de contratación, para sustituir a la Ley sobre Contratación de Trabajadores de 1993 y subsanar las lagunas de dicha ley, y 2) este proyecto de ley refleja normas éticas de contratación en consonancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El proyecto de ley tiene el objetivo de consolidar y reforzar la legislación relativa a la contratación de ciudadanos de Mauricio, tanto a nivel local como en el extranjero, y a la contratación de los que no son ciudadanos. El Gobierno también indica que implementó mediante el Departamento Nacional de Empleo (NED), un servicio gratuito para los solicitantes de empleo interesados en trabajar en el extranjero El NED también ha creado el servicio nacional de anuncios sobre empleo, para garantizar un acceso fácil y oportuno a las ofertas de empleo y a los indicadores clave del mercado laboral. La Comisión toma nota de que el proyecto de ley fue aprobado en la Asamblea Nacional el 17 de octubre de 2023. La Comisión pide al Gobierno que confirme que el requisito de examinar los antecedentes penales de los candidatos a la emigración en los últimos diez años ha sido abolido por las nuevas disposiciones legislativas adoptadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.