Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - China (Ratificación : 1997)

Formulación y aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota de la detallada información transmitida por el Gobierno en septiembre de 2011 en respuesta a su observación anterior. La Comisión toma nota del 12.º Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social que establece estrategias de empleo basadas en el desarrollo de los sectores de la industria y los servicios. La Comisión también toma nota de la adopción del Plan Nacional de Acción en materia de Derechos Humanos (2012-2015) que se refiere, entre otros, al derecho al trabajo y al derecho a un nivel de vida básico. El Gobierno informa acerca de la creación de un sistema interministerial para celebrar reuniones conjuntas sobre el empleo con objeto de garantizar la coordinación de políticas y ayudar a promover el empleo. Se ha intensificado el diálogo tripartito para enfrentar a la crisis económica y financiera mundial y buscar objetivos comunes de desarrollo. En respuesta a la crisis, las medidas tomadas por el Gobierno para promover el empleo incluyen aumentar el consumo interno, reducir las contribuciones de las empresas en materia de seguridad social y ofrecer oportunidades de formación subvencionadas a los trabajadores, solicitantes de empleo y desempleados. El Gobierno también señala que la situación del empleo se ha estabilizado mediante la creación de 11,68 millones de nuevos empleos para residentes urbanos, el reempleo de 5,47 millones de trabajadores despedidos, y el empleo de 1,65 millones de personas pertenecientes a grupos con dificultades para encontrar empleo. La Comisión toma nota de que la tasa de desempleo urbano registrada descendió al 4,0 por ciento en 2011 (según datos del FMI) de un 4,1 por ciento en 2010 y un 4,3 por ciento a finales de 2009. La Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando informaciones en su próxima memoria sobre la formulación y aplicación de una política activa del empleo con la participación de los interlocutores sociales y sobre el impacto de las medidas adoptadas para generar empleo productivo (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).

Impacto de la legislación en la creación de empleo. El Gobierno indica que con la finalidad de alcanzar el objetivo de pleno empleo ha puesto en aplicación políticas activas del empleo, e incorporado dichas políticas en la legislación a través de la Ley de Promoción del Empleo. La nueva legislación también prevé la adopción de medidas destinadas a incrementar el empleo en los ámbitos tributarios, financieros, de seguridad social, del seguro de desempleo y otras cuestiones. En relación con las políticas laborales y de seguridad social, el Gobierno señala que adoptará medidas para mejorar y aplicar gradualmente políticas de seguridad social y de flexibilidad laboral que sean compatibles con un régimen flexible del empleo, incluido el empleo a tiempo parcial, y suministrará ayuda y servicios a los trabajadores ocupados en un régimen de flexibilidad laboral. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre el impacto y los resultados alcanzados en términos de creación de empleo productivo y mejorar la seguridad en el empleo de los trabajadores mediante la legislación y otras prácticas afines y su aplicación.

Grupos vulnerables. El Gobierno indica que atribuye gran importancia al empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota de que China enfrenta desafíos para el empleo de los graduados de instituciones de enseñanza superior y los jóvenes trabajadores migrantes. El número de graduados aumentó de 3,38 millones en 2005 a 6,3 millones en 2010. El Gobierno indica que ha formulado políticas para promover el empleo de los graduados, entre las que cabe mencionar planes para incrementar las oportunidades de empleo, un plan destinado a ofrecer orientación para iniciar actividades empresariales y un plan de servicio y asistencia para el empleo. Asimismo, se organizaron pasantías laborales que beneficiaron a un millón de graduados retribuidos con asignaciones pagadas por los gobiernos o los empleadores, y 450 000 graduados podrán participar en el Plan de iniciación empresarial en el período 2010-2012. En relación con los jóvenes trabajadores migrantes, el Gobierno se refiere a las medidas que facilitan su acceso al empleo en las zonas urbanas, las medidas de asistencia para iniciar una empresa, y medidas de orientación y formación profesional. Además, el Gobierno informa sobre las medidas para promover el empleo de los trabajadores migrantes basadas en el principio del trato justo sin discriminación. El Gobierno señala que mejorará la gestión y planificación general de las zonas urbanas y rurales, tomando medidas acordes con las condiciones locales y suministrando orientación para atender necesidades específicas. Además, la Comisión toma nota de la información sobre medidas centradas en el empleo de las mujeres, que incluyen subvenciones en materia de seguridad social y formación profesional, formación empresarial y medidas para mejorar el régimen de seguro por maternidad. El Gobierno indica que esas iniciativas han contribuido efectivamente el empleo de las mujeres. A finales de 2009, los empleadores de las zonas urbanas dieron trabajo a un total de 125,3 millones de personas, de los cuales 46,785 millones eran mujeres (37,2 por ciento). El Gobierno también proporciona datos indicando que entre 2005 y 2009 las agencias públicas de servicios de empleo ayudaron a un total de 94,807 millones de personas a obtener empleo, de las cuales 44,514 millones eran mujeres. Por lo que respecta a las personas con discapacidades, el Gobierno facilita estadísticas actualizadas indicando que, en 2010, se empleó a 4,412 millones de personas con discapacidad en zonas urbanas y a 17,497 millones en las zonas rurales. La Comisión también toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las medidas para la promoción del empleo de las minorías étnicas. Estas medidas incluyen la formulación y mejora de las políticas de empleo, el aumento de la ayuda al empleo para diplomados universitarios pertenecientes a minorías étnicas que encuentran dificultades para encontrar trabajo, el desarrollo de programas de trabajo y actividades especiales de formación, así como el aumento de la asistencia financiera. La Comisión invita al Gobierno a que comunique informaciones en su próxima memoria sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el empleo productivo para los grupos de trabajadores vulnerables. Sírvase asimismo incluir en la próxima memoria datos sobre la situación y las tendencias de la población activa, del empleo, del desempleo y del subempleo, desglosados por sector, edad y género, en particular para los grupos vulnerables como los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los trabajadores rurales y las minorías étnicas.

Garantizar el reempleo de los trabajadores despedidos por empresas del Estado. El Gobierno informa que el régimen de seguro de desempleo ha cubierto esencialmente a la mayoría de los trabajadores despedidos por las empresas del Estado. Asimismo, en 2008, tras la adopción de la Ley de Promoción del Empleo, las políticas activas del empleo siguieron aplicándose, e incluso, además de tratar el reintegro de las personas que perdieron su trabajo en las empresas del Estado, se han centrado en un plan general de empleo para diversos grupos en las zonas urbanas. El Gobierno indica que la prosecución de dichas políticas ha permitido ampliar el alcance de sus objetivos, extender su período de vigencia e intensificar esfuerzos. La Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando informaciones en su próxima memoria sobre esta cuestión.

Coherencia y transparencia de la información relativa al mercado laboral. El Gobierno informa que ha establecido una red urbana de información sobre el mercado de trabajo. Más del 80 por ciento de las agencias públicas de servicios de empleo han establecido sistemas de información y, en algunos sitios, esas redes se han extendido a las zonas rurales. El Gobierno indica también que, en 2010, se tomó la decisión de establecer una plataforma de supervisión de la información sobre el empleo para realizar el seguimiento de la situación de empleo y desempleo de las personas que buscan trabajo. Se estima que serán necesarios unos cinco años a fin de que la red de información abarque la totalidad del país. Asimismo, en 2011, el Gobierno decidió establecer una plataforma nacional de servicios de información sobre reclutamiento en el sector público con objeto de aumentar la coherencia y transparencia del mercado de trabajo y asistir a las personas que buscan empleo a obtener información oportuna y precisa al respecto. La Comisión invita al Gobierno a que continúe brindando información sobre los progresos realizados para la obtención de datos precisos sobre el empleo y la manera de utilizarlos para formular y revisar las políticas de empleo (artículo 2).

Construcción de un mercado de trabajo unificado. El Gobierno indica que ha abolido las políticas y reglamentaciones que limitan el empleo de la mano de obra rural en zonas urbanas y otras regiones. Se impulsa activa y constantemente la reforma del sistema de registro de hogares. La Comisión observa que, según se informa, han de extraerse conclusiones de las experiencias en los programas piloto para coordinar el empleo urbano y rural y se ampliará el alcance de dichos programas. Además, la Comisión toma nota de que, en 2010, las agencias de servicio público del empleo de todos los niveles del país prestaron servicios gratuitos de empleo a los trabajadores migrantes, distribuyeron más de 35 millones de tarjetas de información sobre el empleo, organizaron aproximadamente 20 000 ferias especiales de contratación de trabajadores migrantes, dando orientación para emplear a más de 23 millones de personas, de las cuales 12,5 millones obtuvieron trabajo, y se organizó la obtención de empleo en el extranjero para más de 30,9 millones de trabajadores. La Comisión invita al Gobierno a que comunique mayor información sobre el impacto de las medidas adoptadas para unificar la gestión del empleo y de los resultados obtenidos por los servicios de empleo a fin de suministrar un nivel análogo de servicios en todo el país. La Comisión invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, una evaluación sobre cómo se ha alcanzado un crecimiento equilibrado del desarrollo económico y del empleo en las diversas regiones del país.

Fortalecimiento de los servicios de empleo. El Gobierno indicó anteriormente que en 2008, el 99 por ciento de los barrios urbanos y el 80 por ciento de las ciudades habían establecido servicios públicos de empleo que brindan asistencia y servicios de colocación laboral. El Gobierno informa que, en 2011, el 90 por ciento de los pueblos han establecido servicios públicos de empleo. Además, la Comisión observa que, a finales de 2010, operaban en el país más de 10 000 agencias de empleo privadas. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información detallada sobre el funcionamiento de las agencias de empleo privadas. Además, la Comisión invita al Gobierno a que siga facilitando información acerca de los logros para fortalecer los servicios públicos del empleo y regular las agencias de empleo privadas. Sírvase también comunicar información sobre las medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas, y las medidas que el Gobierno adopta para impulsar a las agencias de empleo privadas a que mejoren la calidad de sus servicios de manera de cumplir con sus funciones de promoción del empleo.

Promoción de las pequeñas y las medianas empresas. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que se seleccionaron 82 ciudades para liderar una nueva iniciativa destinada a la promoción de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno indica, en su memoria, que ha realizado esfuerzos para crear en 85 ciudades lo que se ha dado en denominar ciudades empresariales. Además, se está realizando una evaluación del rendimiento laboral de dichas ciudades empresariales, evaluando el trabajo realizado y los resultados reales en centros empresariales, realizando esa labor mediante exámenes de la información, comparación de datos y cuestionarios de encuestas. El Gobierno también se refiere a las medidas para ayudar a la iniciativa empresarial y promover pequeñas y medianas empresas. Entre esas medidas cabe mencionar la reducción de los obstáculos administrativos, el incremento de la formación empresarial, la mejora de los servicios financieros para los empresarios y el establecimiento de tasas impositivas preferenciales para los empresarios y las pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha establecido un fondo de innovación tecnológica que brinda apoyo financiero a los proyectos de información científica y tecnológica. La Comisión invita al Gobierno a que, en su próxima memoria, incluya información sobre el impacto de las medidas de promoción de las pequeñas y medianas empresas respecto de la generación de empleo.

Formación profesional y políticas educativas. La Comisión invita al Gobierno a que, en su próxima memoria, comunique información sobre cómo se coordinan las políticas de desarrollo de recursos humanos con las políticas de empleo y sobre cómo se fortalece la coordinación entre las instituciones de formación profesional. La Comisión invita también al Gobierno a que incluya información sobre cómo participan las entidades locales y los interlocutores sociales en el diseño y aplicación de las políticas y programas de formación.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno indica en su memoria que se han organizado más de 10 000 consultas tripartitas a todos los niveles y en todos los ámbitos del país. En 2011 se convocó la Decimosexta Conferencia Nacional Tripartita de Coordinación de las Relaciones Laborales. La conferencia reajustó la composición de los miembros de la Conferencia Tripartita del Estado y de la Mesa, revisó el sistema tripartito de conferencias, revisó modelos de relaciones industriales armoniosas en empresas y parques industriales del ámbito nacional; y examinó la labor para hacer avanzar la aplicación de medidas especiales respecto del régimen contractual de las pequeñas empresas y la aplicación del régimen de contratos colectivos del «Programa Arco iris». La Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en relación con la formulación y aplicación de una política activa del empleo.

Cooperación técnica de la OIT. La Comisión invita al Gobierno a que, en su próxima memoria, facilite información sobre los resultados alcanzados mediante la asistencia técnica de la OIT en las cuestiones abarcadas por el Convenio, así como sobre los resultados obtenidos por la ejecución del Programa de Trabajo Decente por País (2006-2010).