Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Uganda (Ratificación : 1967)

Artículo 2 del Convenio. Sistema de información sobre el mercado de trabajo. En su memoria, recibida en junio de 2012, el Gobierno indica que la Unidad de Información sobre el Mercado de Trabajo (LMI) es una pequeña estructura de la Dirección de Trabajo, en la que se necesita crear capacidades para que la LMI pueda llevar a cabo estudios regulares sobre diferentes aspectos del empleo y el trabajo. La Comisión toma nota con interés de la información estadista que contiene el segundo número del Boletín de información sobre el mercado de trabajo publicado en 2010. Asimismo, que Uganda es uno de los países que participan en el proyecto de mejora de la información sobre el mercado de trabajo en África (2010-2012) financiado por la Fundación para el fomento de la capacidad de África. El objetivo general del proyecto es desarrollar la capacidad de compilar, analizar y divulgar información sobre el mercado de trabajo de una manera continua y oportuna. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información actualizada sobre la situación actual de la población activa, el empleo, el desempleo, el subempleo y las tendencias a este respecto en todo el país y sus diferentes regiones, por sector de actividad, sexo, edad y nivel de cualificación.

Artículos 1 y 2. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. En relación con sus observaciones anteriores, la Comisión recuerda que la Política Nacional del Empleo (NEP) de Uganda se terminó de elaborar y fue adoptada por el Consejo de Ministros y lanzada por el Presidente en mayo de 2011. En la NEP se abordan los problemas del desempleo, subempleo, productividad laboral y pobreza en el país. Además, se hace hincapié en que, a pesar de los esfuerzos que hace el Gobierno para reducir la pobreza, el número de ugandeses que viven por debajo del umbral de la pobreza (7,5 millones según los datos proporcionados por la Oficina de Estadística de Uganda (UBOS) en 2009) todavía es elevado y se señala que hacer frente al desempleo y al subempleo es una de las formas de reducir los niveles de pobreza. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria transmita información sobre los resultados alcanzados y las dificultades encontradas en lo que respecta a alcanzar los objetivos de la política del empleo establecidos en la Política Nacional del Empleo, incluida información sobre los resultados de los programas establecidos para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, responder a las necesidades de la mano de obra y resolver los problemas de desempleo y subempleo.

Promoción del empleo juvenil. La Comisión recuerda que en la NEP se indica que la población de Uganda es predominantemente joven y que los niños y los jóvenes constituyen el 75 por ciento de la población total. Según las estimaciones de la UBOS, la población joven aumentará de 5,4 millones en 2002 a 8,5 millones en 2015. A pesar de la introducción de la educación primaria universal, la mayoría de las personas que pasaron a formar parte de la fuerza de trabajo en el período 2002-2003 a 2009-2010 no habían completado la educación primaria. La escasa formación, los empleos de baja productividad y los bajos salarios son una «trampa» para los trabajadores pobres e impidan que los jóvenes participen en el crecimiento económico. La Comisión toma nota de que en la NEP también se destaca que hay que inculcar a los jóvenes, entre otras cosas, una cultura positiva del trabajo, la idea del compromiso y la dedicación al trabajo, incluyendo la disciplina y la necesidad de orientación, asesoramiento profesionales y adquisición de competencias que les permitan estar preparados para satisfacer las necesidades actuales del mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre los resultados de los programas en materia de educación y formación profesional para los jóvenes. Asimismo, le ruega se sirva transmitir información sobre los esfuerzos realizados para mejorar la situación de empleo de los jóvenes y los resultados alcanzados en lo que respecta la elaboración de programas específicos y el establecimiento de incentivos para promover la creación de empleo sostenible para los jóvenes.

Promoción del empleo de las mujeres. La Comisión recuerda que las mujeres representan más del 50 por ciento de la mano de obra. El porcentaje de trabajadoras analfabetas es superior al porcentaje de trabajadores analfabetos. La desigualdad en el acceso a la educación limita el trabajo de las mujeres a sectores con baja productividad y bajos salarios, y la mayor parte de los jóvenes desempleados son mujeres. El Gobierno indica que en Uganda la mayoría de los agricultores y trabajadores no remunerados son mujeres, ya que éstas en general se ocupan de la economía del cuidado. Sólo el 12 por ciento de las mujeres tienen empleos como asalariadas en comparación con el 25 por ciento de los hombres económicamente activos (la tasa de participación de los hombres en los sectores asalariados triplica la de las mujeres). La Comisión toma nota de que existe una marcada segregación de las mujeres en sectores mal remunerados como la agricultura y que las mujeres que trabajan en esos sectores reciben como máximo la mitad del salario medio que reciben los hombres. Recordando los comentarios de la Comisión formulados en relación con el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) en relación con la segregación ocupacional de la mujer en el mercado de trabajo y su contribución a las brechas salariales por motivos de género, la Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria sobre el Convenio núm. 122 transmita información en lo que respecta a los resultados de los esfuerzos por mejorar la creación de empleo y aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

Economía informal. La Comisión toma nota de que según el Boletín de información sobre el mercado de trabajo, el 63,7 por ciento de las personas que realizan trabajos que no son agrícolas trabajan en el sector informal; en el caso de las mujeres trabajadoras esta tasa es del 67,2 por ciento, y en el caso de los hombres trabajadores del 61,1 por ciento. Aproximadamente el 60 por ciento de la mano de obra urbana y el 67 por ciento de la mano de obra rural trabaja en el sector informal. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria proporcione información sobre los esfuerzos realizados para ampliar el acceso a la justicia, los derechos de propiedad, los derechos laborales y los derechos empresariales a los trabajadores y a las empresas pertenecientes a la economía informal (véase Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo, párrafo 697). Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a que indique la forma en la que las iniciativas en relación con las microempresas han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión recuerda que la NEP fue elaborada por un grupo de trabajo nacional que incluía funcionarios ministeriales, representantes de la Federación de Empleadores de Uganda, y de los sindicatos, y de la Oficina de Estadística de Uganda. Además, en la NEP se hace hincapié en que el Gobierno debe asumir la plena responsabilidad de su aplicación, en colaboración con otros actores, incluyendo el sector privado, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los socios para el desarrollo y las otras partes interesadas. El ministerio que se encarga de las cuestiones laborales dirige la aplicación de la política en colaboración con otros ministerios, interlocutores sociales y organismos que desempeñan una función clave en la creación de empleo. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria, proporcione ejemplos de las cuestiones abordadas y de las decisiones adoptadas por los órganos tripartitos en materia de política del empleo. Asimismo, la Comisión agradecería recibir información sobre la participación de los interlocutores sociales en la aplicación de la Política Nacional del Empleo.