Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Macedonia del Norte

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1991)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1991)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 (inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura) en un solo comentario.

Artículo 3, 1), a), y 2), del Convenio núm. 81 y artículo 6, 1) y 3), del Convenio núm. 129. Actividades del servicio de inspección del trabajo en lo relativo a los trabajadores extranjeros y la protección de los trabajadores extranjeros en situación irregular. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a comentarios anteriores, indica que los inspectores del trabajo supervisan la aplicación de la Ley de Empleo de Trabajadores Extranjeros (LEFN) en sus inspecciones periódicas en el ámbito de las relaciones laborales. La Comisión toma nota de que, de conformidad con el artículo 18, 2) de la ley, el servicio estatal de inspección del trabajo (SLI) debe encargarse de supervisar la aplicación de dicha ley y que, con arreglo al artículo 18, 3), las inspecciones del trabajo relativas a los permisos de trabajo y al empleo ilegal de trabajadores extranjeros pueden llevarse a cabo de oficio o a petición de la Agencia de Servicios de Empleo (ESA). Por lo tanto, el SLI tiene la obligación de presentar informes cada seis meses a la ESA en lo relativo a los procedimientos instituidos y las sanciones impuestas en caso de falta, de conformidad con el artículo 18, 4) de la LEFN. Se pueden imponer multas no sólo a un empleador o a todo aquél que facilite el empleo ilegal, sino también a un trabajador extranjero si no presenta el permiso de trabajo cuando se lo solicita el SLI (artículo 27). La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3 del Convenio núm. 81 y del artículo 6 del Convenio núm. 129, las funciones del sistema de inspección del trabajo serán velar por la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. Además, en su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafo 78, la Comisión indicaba que la función de control de la legalidad del empleo debe tener por corolario el restablecimiento de los derechos que la legislación garantiza a todos los trabajadores interesados para ser compatible con el objetivo de la inspección del trabajo, que consiste en proteger los derechos e intereses de todos los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. Remitiéndose al párrafo 452 del Estudio General de 2017 relativo a algunos instrumentos de seguridad y salud en el trabajo, la Comisión recuerda al Gobierno que es posible que los trabajadores que se encuentren en una situación vulnerable sean reacios a colaborar con los servicios de inspección del trabajo si temen que las actividades de inspección puedan entrañar consecuencias negativas para ellos, como la pérdida de su empleo o la expulsión del país. La Comisión solicita al Gobierno que tome medidas específicas para garantizar que las funciones que se encomienden a los inspectores del trabajo no interfieran con el objetivo principal de éstos de asegurar la protección de los trabajadores, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio núm. 81 y en el artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las acciones llevadas a cabo por el servicio de inspección para asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores extranjeros que se encuentren en situación irregular. Además, pide al Gobierno que aporte información sobre el número de casos en que se haya garantizado a trabajadores extranjeros en situación irregular sus derechos, como el pago de sueldos atrasados, o las prestaciones de seguridad social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.