Caso individual (CAS) - Discusión: 2023, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - El Salvador (Ratificación : 1995)

Discusión por la Comisión

Representante gubernamental (Ministro de Trabajo y Previsión Social) - Desde El Salvador, extiendo un fraternal y solidario saludo a toda la clase trabajadora del mundo. Como país fundador, somos respetuosos de los convenios internacionales de la OIT y sus mecanismos de control, como lo es esta comisión. Estamos convencidos del papel fundamental que tienen para alcanzar el trabajo decente y la construcción de la paz en el mundo.

No obstante, quiero expresar mi preocupación, desconcierto e indignación, ya que este mecanismo de control hoy está siendo utilizado con motivaciones políticas. Formamos parte de los Gobiernos invitados a proporcionar informaciones a la Comisión, luego de negociaciones poco transparentes, llenas de recelo y secretismo, distando mucho de los valores que se promueven en esta institución; prácticas que ponen en tela de juicio el liderazgo de la OIT, su honorabilidad, credibilidad y la transparencia de los mecanismos de control de esta Organización.

Es extraño que muchos de los casos con graves violaciones a derechos laborales ni siquiera se ventilen en estos espacios, cabe preguntarse ¿responderá esto a un manejo político o geopolítico de los casos? Las personas que negocian los casos deben cargar en sus conciencias, que mientras están atacando políticamente a países como el nuestro, en otras latitudes hay sindicalistas que están siendo asesinados, torturados y silenciados por defender sus derechos y los de las grandes mayorías.

Me permito hacer la reflexión sobre el apego a los métodos de trabajo de la Comisión; se supone que la selección de casos responde a un criterio de equilibrio geográfico y a la gravedad de los mismos.

Sobre el equilibrio geográfico, la subregión de Centroamérica representa menos del 1 por ciento de la población mundial, mientras que tiene el 17 por ciento de los casos en discusión. Evidenciando una clara desproporcionalidad; pareciera que la mayoría de los problemas del mundo están en esta pequeña subregión.

Si se atiende a la gravedad de la situación, por qué no están ciertos países donde hay violaciones a los convenios fundamentales, donde hay sobrada evidencia de los daños que se están dando, no solo contra los derechos laborales y de sindicación, sino también contra los derechos humanos en entornos de explotación laboral, trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación, asesinatos de líderes sindicales, aprehensiones injustificadas, entre otras. Dicho sea de paso, esos países no aparecen siquiera en la negociación preliminar ni en la negociación final.

¿Por qué no se incluye a países donde se ha visto el uso desmedido de la fuerza policial para aplacar las protestas de trabajadores que se pronuncian contra reformas laborales implementadas de manera inconsulta?

Por otra parte, vemos países con controversiales casos de violaciones de derechos laborales que incluso intentaron corromper parte del liderazgo de los trabajadores a nivel global, para tener opiniones favorables, para limpiar su imagen a nivel internacional.

Vemos países con casos de graves violaciones a derechos de los pueblos indígenas, que no han sido llamados a rendir informe, gracias a su capacidad de lobby, para los cuales, nosotros servimos como moneda de cambio en el proceso de negociación, o el caso de un país hegemónico, donde existen graves y conocidas acciones de discriminación y vulneración de los derechos de los trabajadores migrantes, país a quien nunca hemos visto entre los países llamados a rendir informe, y que, por cierto, es uno de los mayores financistas de la Organización.

No quisiéramos pensar que la proporción de las aportaciones financieras sea una excusa para no ser llamado a rendir informe, mientras que los países con menores posibilidades económicas tengan mayor probabilidad de ser elegidos en este grupo. Por ello, es necesario hacer de forma transparente la negociación de los casos.

Nos sentiríamos orgullosos como país, de presentarnos y venir ante esta comisión, y ante todos los mecanismos de control que tenga la Organización, a rendir todos los informes que crean convenientes, si las graves violaciones a los convenios fundamentales estuvieran resueltas en estas grandes potencias económicas.

El Salvador es un país pequeño, con un pueblo honorable que está redefiniendo su futuro bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele. Hemos iniciado recuperando nuestra dignidad, y eso implica buscar nuestra propia identidad y determinación, sin la injerencia de otros Gobiernos. Esto crea resquemores e incomodidad en uno de los Estados más poderosos, que por muchos años decidía el rumbo de nuestro país.

Para avanzar en El Salvador, hemos tenido que liberarnos de estructuras de poder que tenían cooptada a nuestra sociedad, esas estructuras han perdido su poder de influencia y eso hace que peleen por recuperar los privilegios que tuvieron por décadas.

Nuestro Gobierno ha tomado la firme decisión de proteger la vida de las personas, enfrentando con valor la criminalidad, uno de los principales problemas que más aquejaba nuestra sociedad. Se ha implementado un plan de seguridad que ha tenido un éxito rotundo, basado en dos enfoques. Por una parte, se han neutralizado las organizaciones criminales y terroristas que, por décadas, llevaron dolor y luto a nuestras familias y, por otra parte, se está invirtiendo en educación, salud, la prevención de la violencia y la construcción de una cultura de paz.

Como en toda política pública hay ganadores y perdedores lo que debemos buscar es el máximo beneficio social para las grandes mayorías. Por lo que hay dos tipos de reacciones: por una parte, hay un amplio y generalizado apoyo por parte de la población que tiene ahora un respiro y una esperanza; mientras que, por otro lado, hay un pequeño grupo que considera que las medidas tomadas no son buenas, estos son principalmente aquellos para los que la inseguridad representaba un negocio. Mientras se da ese debate, lo cierto es que como Gobierno estamos rescatando generaciones de niños y niñas de las garras de la delincuencia, quienes ahora ya no tienen como sueño ser un pandillero, sino un médico, una ingeniera, un arquitecto o una profesora.

Esta oportunidad de soñar con un mejor futuro es algo que por mucho tiempo hemos anhelado. Las medidas económicas y sociales que implementaron los Gobiernos de derecha, cuyos gabinetes de Gobierno provenían de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dejaron al país hundido en la desesperanza, la pobreza y la exclusión. Mientras ellos, se lucraban y enriquecían.

Quiero resaltar que seguimos fomentando el diálogo social tripartito en nuestro país, por ello hemos institucionalizado el Premio Nacional al Trabajo Decente y el Premio a la Negociación Colectiva, los cuales buscan reconocer buenas prácticas empresariales, en el respeto al marco normativo nacional e internacional en materia laboral, promoviendo las buenas relaciones entre trabajadores y empleadores.

Quiero destacar que, en seguimiento a las conclusiones de esta comisión, el Consejo Superior del Trabajo, fue instalado en 2021, y ha sostenido reuniones, incluso con mayor frecuencia de la que establece su reglamento. El funcionamiento del Consejo pudo ser constatado por la misión tripartita de alto nivel que visitó a El Salvador, con una amplia participación de todos los interlocutores sociales; misión que fue invitada y recibida en el pleno del mismo Consejo.

De igual forma, atendiendo a las conclusiones de la misión de alto nivel y las conclusiones de esta comisión, el Gobierno sometió a consulta ante el Consejo Superior del Trabajo diferentes convenios, protocolos, recomendaciones y memorias.

En nota enviada el 19 de mayo de 2022, se sometieron a consulta tripartita ante el Consejo, tres convenios internacionales de la OIT y siete recomendaciones.

En nota enviada con fecha 1.º de septiembre de 2022, se sometieron a consulta tripartita ante el Consejo, 17 convenios y 1 protocolo de la OIT. En nota enviada con fecha 13 de marzo de 2023, se sometieron a consulta tripartita ante el Consejo, 13 memorias de los convenios de la OIT.

Todas estas consultas se hicieron al sector trabajador y al sector empleador, en cuyo caso fue a través del presidente de la ANEP, el Sr. Agustín Martínez, en su calidad de vicepresidente del Consejo Superior del Trabajo. Cabe destacar que, a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la ANEP, mientras que sí se han recibido respuestas por parte del sector laboral. Debido a la no respuesta de la ANEP, no se ha podido avanzar en el proceso de ratificación de otros convenios más importantes y avanzar en otros temas.

El año pasado esta comisión calificó, sorprendentemente y por incidencia de la ANEP en sus conclusiones, que era «lamentable» que cinco convenios de la OIT fueran ratificados sin consultar a la organización de empleadores más representativa. Por ello, procedimos a consultar a la ANEP sobre las normas internacionales de trabajo, pero no se ha obtenido respuesta alguna a las comunicaciones remitidas hasta este día. Evidenciando claramente que la ANEP, no es que busque ser consultada o le interese el diálogo social tripartito.

Queda demostrado que sus motivaciones son eminentemente políticas para poder plantearse en este escenario como víctimas, instrumentalizando para sus propios intereses este mecanismo de control.

No obstante, estos procesos de consulta muestran la intensa actividad que mantiene el Consejo Superior del Trabajo, como instancia de consulta sobre las normas internacionales del trabajo. Todo lo anterior ha sido comunicado a las instancias de la OIT correspondientes, pero además de eso, este día dejaremos la documentación que respalda lo antes descrito de manera física a esta comisión.

Además, el Gobierno ha estado abierto a escuchar propuestas por parte de los sectores, como lo ha sido la solicitud del sector laboral para presentar un conjunto de propuestas en materia laboral, las cuales han sido escuchadas, instalando una mesa de diálogo en la que los trabajadores han presentado sus proyectos, como el aumento del salario mínimo, la ratificación de convenios, aportes para la reforma del Código del Trabajo, en la que se incluyen temas como la ampliación de la vigencia de las credenciales sindicales, entre otros, y lo estamos trabajando en conjunto.

La ANEP, se queja reiteradamente de no ser reconocida; lo cual no tiene fundamento al ser su presidente, el vicepresidente del Consejo Superior del Trabajo, en representación del sector empleador. Además, el sector empleador está representado en las instancias bipartitas y tripartitas del país y lo paradójico es que la ANEP se ha negado a que las instancias bipartitas se conviertan en tripartitas. Por eso no vemos la coherencia de su queja ante este organismo de control.

Asimismo, en el marco del diálogo social tripartito, informo que, como parte de los compromisos que el Estado tiene con la dignificación de la clase trabajadora, se promulgó una nueva Ley de Pensiones, llevando equidad y justicia a los trabajadores, esto implicó retirar algunos privilegios que inclusive grandes empresarios tenían a costa de los trabajadores. Esta ley se creó en el Instituto Salvadoreño de Pensiones, conformado de manera tripartita (Gobierno, trabajadores y empleadores), para la administración y gestión de decisiones en torno al sistema previsional en El Salvador, espacio que por mucho tiempo se negó a todos los interlocutores sociales.

Quiero recordar, que el objetivo del Convenio indica en su artículo 2, 1), que todo Miembro de la OIT que ratifique dicho convenio se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT.

Y que, además, estos asuntos se detallan y delimitan claramente en el artículo 5, 1) del Convenio, los cuales se refieren a: a) la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo; b) la sumisión de los convenios y recomendaciones de la OIT; c) el reexamen de convenios no ratificados; d) la sumisión de las memorias de los convenios, y e) la denuncia de convenios ratificados.

A la luz expresamente del Convenio y revisando las recomendaciones del año pasado de esta comisión, donde manda a El Salvador a derogar 23 decretos legislativos, pregunto: ¿cuál es la base legal para establecer dicha conclusión?, ¿qué artículo del Convenio establece tal potestad?, ¿cuáles son los métodos de trabajo de que obligan a derogar leyes de los países? Creemos que esta conclusión raya con los principios de no interferencia, autonomía y libre determinación de los países.

Casi al cierre de mi participación, reitero mi llamado al liderazgo de la OIT para buscar la transparencia y mantener estos mecanismos de control lejos de las influencias políticas. Los trabajadores del mundo deben ser protegidos y estos espacios han sido creados con este fin, por lo que es necesario hacer un proceso de reflexión profundo.

Finalmente, les reafirmo que nuestro compromiso con los valores y principios de la OIT es inquebrantable, seguiremos trabajando arduamente para fortalecer el diálogo social tripartito y el trabajo decente en El Salvador.

Miembros trabajadores - Esta es la octava vez consecutiva que examinamos el caso de El Salvador en nuestra comisión, y la sexta vez consecutiva en relación al cumplimiento del Convenio núm. 144. En la última sesión, habíamos reconocido algunos avances realizados por el Gobierno. Hemos recibido con satisfacción el hecho de que el Consejo Superior del Trabajo había vuelto a funcionar después de muchos años de haber estado paralizado.

Además, hemos tomado nota de la ratificación de varios convenios de la OIT que entraron en vigor este mes de junio en respuesta a demandas de las organizaciones sindicales hermanas salvadoreñas. Agradecemos la aclaración del Gobierno de que los interlocutores sociales fueron consultados antes de la ratificación de los convenios.

El Gobierno también había aceptado recibir una misión tripartita de alto nivel que tuvo lugar en mayo de 2022. La misión hizo importantes recomendaciones que habían sido consensuadas de manera tripartita. Pese a estos indiscutibles avances, no podemos dejar de mencionar que tal como el año pasado, persisten algunos desafíos en relación con la aplicación del Convenio.

En primer lugar, debemos repetir lo que hemos señalado en otras ocasiones: que persisten los obstáculos legales que impiden a las organizaciones sindicales participar en las instancias tripartitas e incluso poder ejercer libremente sus derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva. En especial, se trata del requerimiento establecido en el Código del Trabajo que obliga a las organizaciones de trabajadores a renovar la composición de sus juntas directivas cada doce meses. Este requerimiento constituye una forma de injerencia en el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Cabe recordar que el artículo 3 del Convenio establece que los representantes deben ser designados libremente y que las autoridades públicas se abstendrán de toda injerencia que restrinja o impida el ejercicio legítimo del derecho. Como señaló la Comisión de Expertos, el Gobierno debe adoptar sin demora las medidas necesarias para derogar la obligación legal de los sindicatos de solicitar la renovación de su personalidad jurídica cada doce meses.

Por otra parte, hemos sido informados que, recientemente, el Gobierno ha introducido el pago de tasas por supuestos servicios prestados por el Ministerio de Trabajo, incluyendo la entrega de credenciales a organizaciones sindicales. Esta medida representa un obstáculo adicional a un proceso que ya era de por sí muy oneroso.

Además, tomamos nota de que para las organizaciones que representan al sector empleador el periodo de renovación de las credenciales resulta ser más razonable, porque es un tiempo mayor de dos años.

Tomamos atenta nota de que el Gobierno afirma haber iniciado un proceso de estudio para proponer reformas al Código del Trabajo con el objeto de agilizar y acelerar los procesos para la entrega de credenciales.

También tomamos nota de la decisión del Ministerio de Trabajo de establecer una Oficina de Atención Sindical en la Dirección General de Trabajo, a fines de brindar asistencia jurídica a los representantes sindicales. Instamos al Gobierno a que garantice que esta medida conduzca de manera concreta al pleno cumplimiento del Convenio.

Esta última medida, sin embargo, no representa una solución al problema y, por lo tanto, una vez más, nos vemos obligados a instar al Gobierno a derogar esta obligación legal de manera a cumplir plenamente con las disposiciones del Convenio.

Previamente, habíamos reconocido los pasos positivos dados por el Gobierno para restablecer el funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo; sin embargo, entendemos que el pleno del Consejo no se ha reunido desde las conclusiones de esta comisión el año pasado y tampoco ha habido reuniones de su junta directiva durante este mismo periodo.

Se trata de una señal preocupante, ya que la consulta tripartita promovida a través del Consejo podría permitir un enfoque más equilibrado en las decisiones tomadas por el Gobierno, al tomar en consideración intereses y preocupaciones de todas las partes involucradas.

En particular, el Consejo cumple un papel esencial en la implementación de las recomendaciones tanto de la misión tripartita realizada en 2022, como de las conclusiones a las que arriba esta comisión.

Uno de esos puntos es justamente la formulación y elaboración de una hoja de ruta consensuada con los interlocutores sociales para aplicar todas las recomendaciones formuladas por la misión tripartita.

Finalmente, el Gobierno debe cesar cualquier acto de acoso, injerencia u hostigamiento hacia las organizaciones de trabajadores o empleadores. El papel del Gobierno es facilitar y proporcionar una plataforma para un diálogo efectivo entre los interlocutores sociales, sin ejercer una influencia o control indebidos sobre su participación.

Todas estas consideraciones implican que, a pesar de importantes progresos realizados y valorados en el Informe, el Gobierno aún no cumple plenamente los requisitos del Convenio.

Miembros empleadores - Quiero agradecer al Ministro las informaciones que proporciona hoy a esta comisión, a pesar de que adelantamos no compartir el contenido de varias de sus comunicaciones.

Lamentamos, al día de hoy, que no esté acreditado ante esta comisión el delegado empleador de la ANEP, en virtud de que así lo ha dispuesto el Gobierno y, por lo tanto, estará en esta asamblea como representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE).

Quiero empezar entonces refiriéndome a este caso que se refiere al Convenio núm. 144 destacando la preocupación que tenemos como sector empleador, resaltando la preocupación que significa que tengamos que tratar por sexta vez consecutiva este mismo asunto, ante una situación que, de fondo, permanece prácticamente igual, es más, la situación en algunos casos se ha deteriorado.

Recordamos con preocupación que la Comisión de Expertos lleva desde 2013 y solo interrumpido en el 2020, haciendo comentarios en la misma línea por razón de incumplimiento tanto en la legislación como en la práctica por parte de El Salvador del Convenio núm. 144, un convenio de gobernanza muy relevante para la OIT, que continúa sin cumplirse ante la utilización errática del Consejo Superior del Trabajo: la interferencia gubernamental en la administración y funcionamiento de la ANEP, organización de empleadores más representativa; ataques a sus dirigentes y serias deficiencias en el funcionamiento del diálogo social y la consulta tripartita; así como demora en la entrega de las credenciales a los miembros de las organizaciones de trabajadores.

Procederé a detallar información concreta que así lo demuestra. La falta de cumplimiento del Convenio es muy grave a juicio del Grupo de los Empleadores, sobre todo por su conexión con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), fundamental para esta casa. De allí la nota de grave y urgente que le otorgamos a este caso.

Primeramente, en cuanto a la reactivación y el funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo y las deficiencias en las consultas tripartitas. En primer lugar, recordaremos que el Consejo Superior del Trabajo se instaló temporalmente en 2019, más de manera simbólica que de otro modo, eso ya lo vimos el pasado año. Posteriormente y tras la interrupción de la pandemia y postpandemia el Gobierno, nuevamente, ha instalado el Consejo Superior del Trabajo en diciembre de 2021. La información aportada por el mismo indicaría que se avanza en el diálogo social con la elección de los representantes de los trabajadores, empleadores y gubernamentales. El Gobierno añade que desde entonces el Consejo Superior del Trabajo ha tenido 5 reuniones, 10 de su junta directiva (se reúne más veces que las establecidas) y se ha utilizado para la construcción de una estrategia tripartita de generación de empleo decente contando con la asistencia técnica de la Oficina Subregional de la OIT.

Sin embargo, se destaca que la OIT realizó una misión de contactos directos en mayo de 2022. Aunque la misión constató que el Consejo Superior del Trabajo había vuelto a funcionar, tanto la Confederación Sindical Internacional (CSI) como la OIE señalan anomalías en su funcionamiento que incumplen los términos del Convenio. De tal manera que, tras finalizar la misión de la OIT, el Consejo no se ha vuelto a reunir. La única sesión que se convocó no tuvo el quorum necesario al no acudir ni el presidente, ni su suplente. Además, el Gobierno se comprometió con la misión a realizar una consulta sobre la ratificación de los cinco convenios de la OIT en el Consejo Superior del Trabajo, lo cual no sucedió.

Esto está teniendo consecuencias en los procesos de reforma de la legislación laboral en El Salvador, ya que no se está consultando ni con el Consejo Superior del Trabajo ni con los interlocutores sociales. Prueba de esto es que, previa a la aprobación en dos semanas de cinco convenios de la OIT sometidos a la Asamblea Nacional en mayo de 2022, no se realizó ninguna consulta con la ANEP como la organización más representativa del grupo de empleadores, mostrando un claro desprecio al diálogo social y a la consulta tripartita y vulnerando tanto la legislación nacional como el articulado del Convenio. Este hecho ya fue manifestado cuando vimos el caso el año pasado.

Aunque no se cuestiona la voluntad soberana de la Asamblea Legislativa de El Salvador, consideramos gravísimo que el Gobierno desprecie el Convenio en su artículo 5, eso sin perjuicio de que el adecuado cumplimiento de los tratados solo puede ser efectivo cuando se han podido realizar análisis exhaustivos de las implicaciones en la legislación y en la práctica de los efectos de la transposición de una norma internacional a la norma interna y eso contando con la consulta más representativa de los grupos de empleadores y de trabajadores.

En lo referente a la hoja de ruta que esta comisión solicitó el año pasado, nos consta que ni el Consejo Superior del Trabajo ha sesionado al respecto, ni ha sido consultado para la elaboración tripartita de la aplicación de las recomendaciones surgidas de la misión.

Segundo, con respecto a la injerencia del Gobierno. Desde la OIE se manifiesta que la injerencia del Gobierno continúa a través del hostigamiento tanto a la ANEP, como a sus entidades miembros, cada vez hay que elegir representantes a algún organismo. Se cita el caso de Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) en la observación como de injerencia y debilitamiento, pero también se nombran una serie de ejemplos más donde no han sido elegidos los directores de los empleadores: la Autoridad Marítima Portuaria; el Centro Internacional de Ferias y Convenciones; la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR); el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).

Entre abril y julio de 2022, el Gobierno llevó a cabo la elección de representantes de los empleadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, en que las organizaciones afiliadas a la ANEP enviaron candidatos. Sin embargo, hasta cuatro meses después de las elecciones, los elegidos no han tomado sus juramentos.

El Gobierno ha sostenido que trabaja tripartitamente de manera armoniosa, profesional y técnica. No obstante, el caso de mayor injerencia y gravedad ha sido las reformas a 23 leyes, a través de las cuales el grupo de empleadores ha dejado de elegir a sus representantes en las juntas directivas de las 23 entidades tripartitas y paritarias que son el objeto de dichas leyes. Dicha facultad ha sido transferida al Presidente de la República, quien no solo elige a los representantes del grupo de empleadores, sino también tiene la facultad de destituir de manera discrecional y arbitraria a los directores del grupo de empleadores en las juntas directivas de esas 23 entidades.

Por último, quiero hacer referencia a que, recientemente, desde el Ministerio de Trabajo, se señaló que no se iba a invitar a la ANEP a la Conferencia, en virtud de que la ANEP había incidido para que El Salvador estuviera en la lista corta de esta comisión. Esto no puede quedar al arbitrio del Gobierno, ya que esto es una obligación que asume el Estado como Miembro de esta casa y como ratificante del Convenio y se ha utilizado también esta situación para generar presión sobre determinados delegados empresariales para que abandonen la cúpula de la ANEP.

Esta situación, que denunciamos, resulta extremadamente grave y, además de violar el Convenio, también infringe el Convenio núm. 87, como ya ha sido manifestado.

Por último, compartimos las aseveraciones del sector trabajador en cuanto a los obstáculos que tienen los sindicalistas, las autoridades y los gremios sindicales para obtener de forma oportuna y ágil las credenciales que se les requiere anualmente, lo que también significa una injerencia indebida a la actividad sindical en El Salvador.

Miembro trabajador, El Salvador - Quiero referirme a la libertad sindical en el país, si bien existen desafíos importantes, ahora tenemos un espacio para el fortalecimiento del movimiento sindical, la promoción de la negociación colectiva, el trabajo decente y la reducción del estigma hacia los sindicalistas, estigma que heredamos de los Gobiernos de la derecha.

Sobre la consulta tripartita, quiero poner de manifiesto que, como sector laboral, estamos plenamente representados en las instancias tripartitas, y hemos elegido a nuestros representantes sin intervención del Estado, ya que hemos hecho valer nuestra independencia y autonomía. Hemos conquistado espacios de diálogo y hemos sido escuchados para la construcción de políticas públicas que benefician a nuestro pueblo.

Por ejemplo, la reciente reforma de pensiones tuvo en consideración los aportes de los trabajadores, y se ha creado el Instituto Salvadoreño de Pensiones, una nueva instancia tripartita para la gobernanza del sistema previsional, en la que hay participación de trabajadores y empleadores, en línea con el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), recientemente ratificado. En el pasado, los trabajadores no teníamos acceso a incidir en la administración de las pensiones, algo que era exclusivo de la empresa privada.

Durante los últimos tres años, el movimiento sindical ha crecido en 65 nuevos sindicatos y 4 federaciones de trabajadores. También se han celebrado 58 contratos colectivos, 35 de ellos en el sector privado, 11 en las autónomas y 12 en el sector público.

También reconocemos que se ha avanzado para reducir el retraso de entrega de credenciales, muchos sindicatos hemos hecho uso de las asesorías que brinda la Unidad de Atención Sindical que se creó en 2022 en el Ministerio de Trabajo, reduciendo sustancialmente los tiempos de espera para obtener nuestras credenciales.

Como movimiento sindical hemos presentado al Gobierno un conjunto de propuestas en materia laboral. Estableciendo mesas técnicas con el Ministerio de Trabajo, estas propuestas van en el sentido del incremento del salario mínimo, ratificación de convenios, seguro por desempleo, y reforma del Código del Trabajo, en el que hemos solicitado extender la vigencia de las credenciales sindicales a tres años. Lo cual sin duda será un progreso sustantivo, por lo cual hacemos un llamado al Gobierno para poder impulsar a la brevedad posible esta reforma ante el Congreso del país.

También como sector trabajador hemos participado activamente en el Consejo Superior del Trabajo, tanto en las reuniones que se han sostenido, como en los procesos de consulta que se le han realizado a nuestro sector, en relación con la sumisión de convenios y la remisión de memorias de convenios, por nuestra parte, hemos revisado, discutido y remitido nuestros comentarios y propuestas, a través del vicepresidente de nuestro sector ante el Consejo.

Hoy algunas organizaciones señalan que no existe libertad sindical en El Salvador. Cabe recordar que, por muchos años, durante los Gobiernos de la derecha el movimiento sindical fue vapuleado, reducido y estigmatizado. Privatizaron la banca en el país, el sistema de pensiones, las telecomunicaciones, la distribución de energía, pactaron con pandillas y grupos criminales y muchas cosas más que se repartieron y nunca hicieron una consulta tripartita para ello.

Incluso intentaron privatizar la salud y la educación y lo único que detuvo esa privatización fueron las marchas y luchas del movimiento sindical auténtico, ante la represión y violencia del Gobierno en turno, donde incluso muchos compañeros sindicalistas perdieron la vida.

En representación del sector laboral quiero hacer mis valoraciones sobre la ANEP, institución que ha presentado la queja ante esta comisión. Mi país, por décadas fue mancillado y corrompido, por estructuras de poder, que cooptaron al Estado y sus instituciones para beneficio propio. Estas estructuras de poder estuvieron siempre alineadas a la ANEP.

(Moción de orden).

Miembros empleadores - Creo que la intervención que se está realizando abandona el objetivo de esta deliberación del día de hoy y se escapa de los límites de nuestro diálogo, sobre todo cuando identifica, editorializa y adjetiva a una organización con nombre y apellido que no es lo que venimos a discutir en el día de hoy. Por tanto, pido que se guie el diálogo hacia el objetivo de esta reunión y por supuesto se eliminen de las actas cualquier mención que identifique a la organización empresarial a la que se hace referencia.

Miembro trabajador, El Salvador - Tal es así que, uno de los expresidentes de la plataforma política para posicionar a sus candidatos presidenciales, como es de conocimiento público, ahora está preso por graves delitos de corrupción y desfalco del Estado. Es por ello por lo que, como trabajador, vemos con indignación el acto hipócrita de figurarse como la víctima de un sistema cuando por años han vulnerado los derechos de millones de trabajadores.

Durante veinte años la ANEP gobernó a través de su partido político ARENA, y en aquella época, la OIT no registraba problemas de diálogo social tripartito en El Salvador; esto no porque no existiera el verdadero diálogo social tripartito sino porque la ANEP era quien decidía todo y porque corrompía a falsos representantes sindicales, dándoles privilegios siempre que estuvieran alineados a sus intereses, sin importarles el flagelo a la clase trabajadora, dicho sea de paso algunos de esos falsos sindicalistas han estado extorsionando a empresas y siguen defendiendo a la ANEP incluso en estos espacios.

Por ello, es que ahora ante la pérdida de estos privilegios, instrumentalizan los mecanismos de control de la OIT para ventilar cuestiones meramente políticas, bajo el falso argumento del diálogo social y la democracia. Cuando ellos nunca dialogaron, hacían e imponían su voluntad.

Ahora que no pueden imponer, que han perdido el rol de decirle al Gobierno lo que debe hacer, se consideran afectados y vulnerados. Durante sus Gobiernos, cuando reprimieron y mataron sindicalistas, cuando aprobaron cientos de leyes inconsultas para sus beneficios, nunca elevaron una queja ante la OIT e incluso bloquearon los mecanismos de acceso del movimiento sindical auténtico a esta Organización.

Incluyen al país en los casos individuales, por un tema en el que se está avanzando a nivel nacional, mientras que nuestros hermanos sindicalistas en otros países son apresados, asesinados y desaparecidos. Creemos que esos son los casos que se deben discutir en este espacio. En ese sentido, también quiero referirme a la forma en cómo se eligen a los países que son llamados ante esta comisión.

Me parece que al proceso y la negociación le hace falta transparencia y para garantizar la objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones de la Comisión. Es necesaria la participación del sector de cada país, porque las opiniones del sector laboral auténtico no han sido tomadas en cuenta. Incluso las reuniones ni siquiera son públicas, no se sabe ni dónde ni cuándo negocian los países que ingresan en la lista corta. Además, no podemos negar que hay interés de países poderosos, que están usando estos espacios como mecanismos de presión geopolítica, como es el caso del imperio.

En nuestro país tenemos muchos desafíos, los cuales debemos enfrentar, y el movimiento sindical salvadoreño está comprometido con avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

En tercer lugar, vemos con buenos ojos que en el país hay libertad de empresa, se promueve la inversión privada, lo cual se refleja en una gran cantidad de nuevas empresas creadas, siendo esto un pilar fundamental para la generación de empleo decente y el desarrollo del país.

Por otra parte, lamentamos el poco reconocimiento de la información remitida por el movimiento sindical auténtico del país, y en su lugar se tome como criterio general a un minúsculo grupo de pseudo sindicalistas que han estado vinculados siempre a la ANEP.

Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno a no dar marcha atrás a las políticas públicas implementadas, ceder ante las presiones de la ANEP, es reducir espacios para el movimiento sindical auténtico y genuino y no retroceder en las políticas de protección de los millones de trabajadores salvadoreños.

(Moción de orden).

Miembros empleadores - Quiero que conste que el sector empresarial rechaza absolutamente los dichos que involucran a las valoraciones de la ANEP por que están fuera del cometido de y nosotros queremos que en ese sentido queden fuera de las actas toda la mención que ha hecho el orador hacia la ANEP. Nosotros vinimos acá con un objetivo en el día de hoy que es discutir el cumplimiento o el eventual incumplimiento del Convenio y en ese sentido estamos abiertos y con buena disposición a dialogar. De esta otra manera, pedimos que se contemple la aspiración del grupo empleador.

Miembro gubernamental, Suecia - Tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Se suman a la presente declaración Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, la República de Moldova, Montenegro y Serbia, países candidatos a la adhesión, y Noruega, país de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y miembro del Espacio Económico Europeo.

La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con el fomento, la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Promovemos activamente la ratificación universal y la aplicación de las normas internacionales del trabajo fundamentales. Apoyamos a la OIT en su papel indispensable de desarrollar, promover y supervisar la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo ratificadas y de los convenios fundamentales en particular. Creemos firmemente que el cumplimiento de los convenios de la OIT es esencial para la estabilidad social y económica y que un entorno propicio al diálogo, la consulta y la confianza entre empleadores, trabajadores y Gobiernos es la base de un crecimiento sólido y sostenible y de sociedades inclusivas.

La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan al pueblo de El Salvador y nos comprometemos a reforzar nuestra cooperación a través de lazos políticos y comerciales, así como de nuestra importante cartera de cooperación. El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y América Central y la aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica constituyen un marco para seguir desarrollando nuestra asociación, en particular mediante la cooperación en materia de comercio, desarrollo sostenible y aplicación efectiva, en la legislación y en la práctica, de los convenios fundamentales de la OIT. Además, estamos debatiendo actualmente el establecimiento de un memorando de entendimiento sobre consultas bilaterales que permitirá intensificar nuestro compromiso y diálogo bilaterales con El Salvador.

El año pasado, la Unión Europea acogió con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno para dar cumplimiento al Convenio, incluido el restablecimiento del Consejo Superior del Trabajo para el bienio 2021-2023 y la creación de una comisión técnica tripartita para hacer operativa la agenda del Consejo. Sin embargo, tomamos nota con preocupación de las observaciones de la CSI y de la OIE relativas a la complejidad del actual proceso administrativo de designación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores; el número de puestos vacíos en el órgano, que obstaculiza la representatividad del Consejo Superior del Trabajo; los obstáculos jurídicos y el complejo proceso de designación; y la inactividad del propio Consejo.

Estamos profundamente preocupados por la situación de los derechos humanos en el país, entre otras cosas por las nuevas denuncias de actos de injerencia y acoso contra las actividades de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de marginación de las mismas, incluso en las redes sociales. Lamentamos que 23 decretos adoptados en 2021 impidan a las organizaciones de empleadores elegir a sus representantes en 23 órganos tripartitos y paritarios y pedimos al Gobierno que los derogue. También debe derogarse la obligación de los sindicatos de solicitar la renovación de su personalidad jurídica cada doce meses.

Tomamos nota con tristeza de los pasos atrás que se han dado con respecto a las expectativas de los últimos años, a saber, que el diálogo social y las consultas tripartitas fueran plenamente funcionales en el país. Tomamos nota de que el caso ya se ha debatido en las últimas cinco reuniones de la Comisión, incluso como caso grave en 2017.

Instamos al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento efectivo e inmediato del Consejo Superior del Trabajo y otras entidades tripartitas, respetando la independencia de los interlocutores sociales, incluido en el nombramiento de sus representantes.

Reiteramos el llamamiento de la Comisión de Expertos instando al Gobierno a respetar plenamente la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tanto en la legislación como en la práctica. Pedimos al Gobierno que aplique las medidas esenciales para garantizar sin demora la derogación de toda disposición jurídica que permita cualquier injerencia en la autonomía de estas organizaciones, de conformidad con los instrumentos ratificados por el país. Esto incluye también que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la pronta entrega de credenciales a todas las organizaciones.

Nos hacemos eco del llamamiento urgente de la Comisión de Expertos para que el Gobierno proporcione información detallada y actualizada sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas, incluido en el seno del Consejo Superior del Trabajo. Esperamos que el Gobierno cumpla con estas obligaciones de presentación de memorias.

Recordamos la importancia de la asistencia técnica de la OIT para facilitar el cumplimiento de todos los convenios de la OIT ratificados y la promoción del tripartismo. Subrayamos asimismo que el alcance y el contenido de dicha asistencia deberían definirse a través del diálogo social, por ejemplo en el marco del Consejo Superior del Trabajo.

Esperamos que se avance lo antes posible en la consecución de un cumplimiento pleno y sostenido del Convenio, habida cuenta de los problemas pendientes desde hace tiempo y de la importancia crucial de un diálogo social que funcione correctamente. A este respecto, recordamos que el Gobierno debería elaborar, de manera tripartita, una hoja de ruta para aplicar, sin demora, las recomendaciones formuladas por la misión tripartita de alto nivel de la OIT, tal como solicitó esta comisión el año pasado.

La Unión Europea y sus Estados miembros mantienen su compromiso de colaborar de forma constructiva con El Salvador con el fin de reforzar la capacidad del Gobierno para abordar las cuestiones planteadas en el Informe de la Comisión de Expertos.

(Moción de orden).

Representante gubernamental - Creo que este es el mejor escenario para que todos los actores tengan toda la oportunidad de poder dar todos sus planteamientos. Exactamente esa acción que acaba de hacer la representación del sector empleador es la esencia, que puede quedar demostrada ante este escenario, de no querer permitir incluso libertad de expresión de la verdadera clase trabajadora. Solamente pedí que todo el mundo desarrolle en un clima normal, tranquilo y que todo siga el desarrollo de la reunión normalmente y dejemos la participación abierta para todos los sectores.

Miembro gubernamental, Colombia hablando en nombre de una amplia mayoría de países de América Latina y el Caribe - Agradecemos la retroalimentación brindada por el Gobierno, a través del Ministro de Trabajo y Previsión Social, Sr. Rolando Castro, relativas al cumplimiento del Convenio.

Hemos sido informados de los avances significativos que El Salvador ha realizado en la promoción del diálogo so/cial tripartito. Como lo establece el reglamento del Consejo Superior del Trabajo en su artículo 11, el mismo deberá reunirse por lo menos dos veces al año en sesión plenaria ordinaria cada vez que lo convoque el presidente o a petición de uno de los vicepresidentes, que en este caso son los interlocutores sociales.

En 2022, como lo señaló el Gobierno, el Consejo Superior del Trabajo sostuvo cinco reuniones, durante las cuales se discutieron importantes temas, tales como la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, la cual fue sometida a consulta en el marco del Consejo, recibiendo aportaciones tanto de trabajadores como de empleadores y finalmente entrando en vigor en enero de 2023.

Asimismo, se conformó una comisión técnica tripartita para el estudio de dicha ley y la elaboración consultiva de la Estrategia nacional de generación de empleo decente. Tomamos nota de lo señalado por el Gobierno que esta comisión también está a cargo de darle seguimiento a la sumisión de convenios, protocolos y recomendaciones internacionales, razón por la cual les fue remitido a consulta, según lo estipulado en el proceso de sumisión, tres convenios y siete recomendaciones de la OIT.

Destacamos que, en mayo de 2022, una misión tripartita de alto nivel presidida por la delegación de México visitó El Salvador y pudo verificar el funcionamiento de esta instancia. De igual manera, es importante destacar que en El Salvador las instituciones tripartitas legalmente constituidas funcionan y sesionan permanentemente, siendo esto una muestra de respeto al diálogo social tripartito.

Todo lo anterior contrasta con la inclusión nuevamente de El Salvador en la lista de los 24 países llamados a brindar un informe ante la Comisión. Por lo que, alentamos el compromiso del Gobierno con la aplicación del Convenio y animamos a la OIT a continuar facilitando cooperación técnica al Gobierno y a todos los mandantes tripartitos.

Miembro empleadora, Colombia - En primer lugar, es importante tener en consideración que esta es la sexta vez que se analiza el cumplimiento del Convenio en el marco de la Comisión. En 2022 esta misma comisión presentó una serie de conclusiones, pero lamentablemente el Gobierno no ha cumplido con ninguna de estas. En ese sentido, me permito referirme a dos aspectos fundamentales del caso.

El Convenio, en su artículo 2, hace referencia al compromiso de realizar consultas efectivas y tiene como fundamento básico el diálogo social que constituye, además, una herramienta esencial para la construcción de propuestas conjuntas entre los trabajadores, los empleadores y el Gobierno; que promuevan el crecimiento, la paz y el bienestar general.

Preocupa por lo anterior que, a pesar de esos llamamientos reiterados de los órganos de control de la OIT, el Consejo Superior del Trabajo continúe inactivo desde mayo de 2022, negándose el diálogo social tripartito con las organizaciones más representativas.

Reiteramos que es de la mayor importancia que las consultas se realicen en un marco de buena fe y confianza y se permita a los empleadores y los trabajadores expresar sus opiniones, análisis y propuestas para lograr verdaderos consensos y avanzar en la búsqueda de mejoramientos en las relaciones laborales a través del diálogo social.

En segundo lugar, sobre los representantes de los trabajadores y de los empleadores es preciso señalar que estos deben ser elegidos libremente y estar representados en plena igualdad como establecen los Convenios núms. 87 y 144 en su artículo 3. La Comisión de Expertos ha indicado en reiteradas oportunidades que corresponde a las organizaciones de los trabajadores y de los empleadores las condiciones de elección de su dirigente y las autoridades deberían abstenerse de cualquier tipo de injerencia indebida en el ejercicio de este derecho.

Es por lo anterior que observamos con preocupación que el Gobierno, por una parte, continúe desconociendo a la ANEP como entidad más representativa de los empleadores en El Salvador y, por otro, no se haya acreditado a los empleadores designados por la ANEP para participar a esta Conferencia; desconociendo por completo el espíritu de la Constitución de la OIT y negando el derecho a la organización más representativa de los empleadores de nombrar a sus delegados. Este incumplimiento se circunscribe en un ambiente contrario a las libertades y en particular a la libertad de asociación en El Salvador.

En conclusión, solicitamos al Gobierno que, en respeto y cumplimiento del Convenio, reconozca a la ANEP como organización de empleadores más representativa; convoque lo antes posible la reactivación del Consejo Superior del Trabajo para avanzar en el diálogo social tripartito y realice consultas efectivas sobre los asuntos relacionados con la OIT y todos los temas vinculados con las políticas laborales y sociales del país.

Miembro gubernamental, Panamá - El proceso fundamental de la OIT de promover la paz en el mundo bajo un espíritu colaborativo para procurar la protección de los derechos laborales tiene como base el diálogo social tripartito.

Por eso, en el marco de la discusión de este caso individual, recordamos que el objetivo del Convenio, ratificado por el Salvador en 1995, es la consulta tripartita sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT, las cuales se delimitan en sus artículos 2 y 5. Ponderamos, en tal sentido, el compromiso de El Salvador con los mecanismos de control de esta Organización expresados en el informe de la misión tripartita de alto nivel que visitó El Salvador en 2022 como seguimiento a las conclusiones de esta comisión.

Esta misión de alto nivel, según se nos ha informado, fue invitada y recibida en el pleno del Consejo Superior del Trabajo salvadoreño, constatando su instalación y funcionamiento y la misma planteó algunas recomendaciones para avanzar en la construcción del diálogo social tripartito.

A la luz de este informe, reconocemos que la instalación del Consejo, en sí mismo, es un avance importante, ya que dicha instancia llevaba muchos años sin funcionar en El Salvador.

También destacamos las comunicaciones que el Gobierno ha remitido a los trabajadores y a los empleadores en el sentido de someter a consultas tripartitas: 20 convenios, 7 recomendaciones y 1 protocolo de la OIT, así como 13 memorias de convenios, las cuales han sido sometidas ante los vicepresidentes del Consejo Superior del Trabajo, dando cuenta de una importante actividad en el interior del mismo y en línea con las recomendaciones de y el Convenio.

Panamá tiene una larga historia de diálogo social tripartito. En este momento nos encontramos en el proceso de instalación del Consejo Superior del Trabajo. Es importante, por lo tanto, ver si el objetivo de las consultas está limitado a las normas internacionales del trabajo, por lo que no todas las cuestiones de cada país deban ser sometidas a consultas tripartitas, sino aquellas referidas al mundo del trabajo sin desmeritar el importante valor del diálogo social en nuestros países.

Alentamos, entonces, a los actores tripartitos de El Salvador a avanzar por el camino del diálogo, exhortamos a los interlocutores sociales a facilitar sus respuestas ante la consulta realizada por el Gobierno para la promoción de la paz social y el bienestar social, laboral y económico.

Miembro empleador, Honduras - En esta ocasión estamos revisando un convenio de gobernanza de nuestra Organización y en la cual el Gobierno ha hecho caso omiso a la aplicación efectiva de las disposiciones de este convenio y en perjuicio del diálogo social y de la organización de empleadores más representativa de ese país, como es la ANEP.

Como se recordará el Gobierno emitió 23 leyes quitándole la representación en igual número de organismos de diálogo bipartito y tripartito a la ANEP y, aunque esta comisión emitió sus observaciones y conclusiones para que se derogaran esas leyes y se diera el respeto debido a la organización empresarial, eso no ha ocurrido hasta la fecha de hoy. Es más, el Gobierno ha estado nombrando representantes empleadores de manera directa, obviando a las organizaciones de empleadores. No ha establecido de manera tripartita la hoja de ruta para restablecer el diálogo y la consulta tripartita.

Siguen los ataques a los directivos y organizaciones integrantes de la ANEP, con el objeto de presionar a la organización y sus miembros a renunciar a sus cargos, en especial aquellos que tienen trabajos o contratos con el Estado. Aspecto que es inaceptable, aspecto que no debe ser tolerado por esta casa.

Con el deseo de desconocer y en claro desprecio a la organización representativa de El Salvador, el Gobierno acreditó a un representante empleador sin haber sido propuesto o sin haber sido escuchada la opinión de la ANEP para esta Conferencia, como parte del ataque directo al sector empleador de El Salvador y violatorio al Convenio y a la Constitución de la OIT.

Queremos resaltar que existe una clara contradicción en los documentos que envía el Gobierno, primero reconoce que la ANEP es la organización más representativa de los empleadores y luego le quita el derecho de consulta y de representación, por lo que hace caso omiso a lo establecido en los Convenios núms. 87 y 144 de la OIT.

Miembro trabajador, Argentina - Me dirijo a ustedes en nombre de las tres centrales argentinas. En este caso, la OIE denuncia al Gobierno por supuestas violaciones a los Convenios núms. 87 y 144.

Si bien se analiza el caso a la luz del Convenio, la inclusión por la OIE de ligar el Convenio núm. 87 con el Convenio núm. 144 es acertada porque no puede haber mecanismos de consulta tripartita para la aplicación de las normas internacionales del trabajo, sin organización de empleadores y de trabajadores que los representen. En este sentido, recordamos a la OIE que el Convenio núm. 87 no se agota en el derecho de asociación, sino que abarca a la libertad sindical y su plan de acción, que no describe literalmente, pero que entre ellos comprende al derecho de huelga. El derecho de huelga es inescindible de la libertad sindical, como lo es el derecho a la organización para la consulta tripartita del Convenio.

Por otra parte, la OIE y la ANEP formulan una serie de planteos denunciando que el Gobierno habría incumplido el Convenio, lo cual no se ajusta a lo que realmente sucede en El Salvador y seguramente por eso quieren permanecer en el anonimato.

Mientras la OIE y la ANEP denuncian la falta de diálogo social en El Salvador, la ANEP participa regularmente en cinco espacios de diálogo social, en los cuales se destaca que la ANEP preside uno de ellos, como lo es el Instituto de Formación Profesional.

Respecto del Consejo Superior del Trabajo, ha tenido cinco reuniones plenarias y diez reuniones de su junta directiva, de acuerdo al artículo 11 de su reglamento interno que prevé que deberá reunirse al menos dos veces por año y la ANEP participó en ellas.

Cuando se instaló el Consejo Superior del Trabajo (2021-2023), los representantes de los trabajadores y de los empleadores fueron electos de manera libre e independiente, con arreglo al artículo 4 del reglamento.

El Consejo Superior del Trabajo se encuentra activo, abordando desde el tripartismo las cuestiones que son de su competencia, por ejemplo, el acuerdo en la construcción tripartita de una Estrategia para la generación de trabajo decente.

No obstante, y ante el reclamo de los trabajadores, solicitamos al Gobierno la adopción sin demoras de la hoja de ruta solicitada por la Comisión de la Conferencia respecto de la entrega de las credenciales y valoramos la instalación de la Oficina de Atención Sindical que brinda asistencia jurídica a los representantes, para agilizar los procesos de entrega de dichas credenciales, la extensión de los plazos de dichas credenciales y la reforma del Código del Trabajo.

Es decir, el Gobierno está haciendo esfuerzos con la obligación prevista en el Convenio, convocando y promoviendo espacios de consulta y diálogo, asegurando el goce de la libertad sindical para los representantes de empleadores y de trabajadores conforme a los Convenios núms. 87 y 144.

Miembro gubernamental, República Dominicana - Saludamos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno a través de su Ministerio de Trabajo, que ha demostrado tener un alto compromiso por fortalecer el cumplimiento de las normas que originan la discusión en este foro. Vemos con agrado los avances señalados por el Gobierno que indican, de primera intención, un compromiso hacia la solución y superación de cualquier evento que haya sido señalado por interlocutores sociales de ese país.

Por otro lado, nos causa esperanza el saber que desde el Gobierno se manifiesta un alto interés en hacer cumplir la legislación laboral y las normas internacionales del trabajo, emanadas de esta casa. Invitamos a El Salvador a continuar con estas buenas prácticas y alentamos a que se fortalezca el trabajo que se encuentra en proceso.

Miembro empleador, Costa Rica - El sector empresarial costarricense mira con preocupación el caso de violación del Convenio por parte del Gobierno, ya que es un tema que se ha discutido durante varios años, un convenio de gobernanza de esta casa.

Este tipo de convenios son clave, debido a su importancia en el funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo. Una sociedad que no permita el diálogo social, que no permita a nivel interno de cada país asegurar la participación de empleadores y de trabajadores, de manera libre e independiente, no es una democracia plena y no podrá lograr términos equitativos de empleo, de condiciones de trabajo decente, seguridad y salud en el trabajo y desarrollo para el beneficio de todos.

La finalidad de que, en juntas, comisiones y otros cuerpos colegiados dentro de las instituciones autónomas y descentralizadas de los Estados haya participación de diversos actores sociales, es para apoyar el desarrollo de los países a través de contralorías sociales, de generación de transparencia, enriqueciendo las discusiones y las soluciones que se planteen.

Desconocer el rol de la ANEP y obligar a sus afiliados a renunciar a su membresía mediante la negación de autorizaciones rutinarias y especiales que gestionan en las oficinas públicas, tales como permisos de construcción, de exportación, de importación, permisos sanitarios, entre otros, son prácticas coercitivas y abusivas, que violentan la libertad de asociación.

Para que haya diálogo social y tripartismo deben existir organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, con capacidad técnica y con acceso a la información necesarios, voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas, respeto de los derechos fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Reiteramos nuestra observación en discusiones anteriores, sobre el mal precedente a nivel internacional que representa la injerencia por parte de las autoridades salvadoreñas en los procesos de designación de representantes en las entidades públicas tripartitas y paritarias y no podemos dejar de lado la terrible situación que se ha presentado este año, en la que el Gobierno no comunicó ni permitió que la ANEP nombrara el delegado del sector empleador que participaría en esta Conferencia.

Instamos al Gobierno a ser respetuoso con lo indicado por el Convenio que tiene ratificado, entendiendo que, según su propia Constitución, el Convenio tiene rango de ley y en caso de entrar en conflicto con otras leyes, debe prevalecer sobre ellas.

Es importante que se le permita al sector más representativo del grupo de empleadores de El Salvador, la ANEP, participar de los espacios de diálogo social que le corresponden, a fin de fortalecer la democracia y combatir el autoritarismo, lo que repercute en beneficio del desarrollo del país.

Miembro trabajadora, Perú - Respecto al caso en mención nos centraremos en el obstáculo legal del artículo 203 del Código del Trabajo que obliga a la renovación de la nómina de las juntas directivas cada año o su equivalente de doce meses. Cabe precisar que las organizaciones de empleadores tienen un plazo mayor para la renovación de sus juntas directivas, el cual es de dos años.

Este requerimiento, que a la fecha no ha sido modificado, constituye una injerencia a la autonomía sindical de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de redactar sus estatutos y el de elegir libremente sus representantes, es decir, el poder establecer el plazo de vigencia de las juntas directivas. El Gobierno con esta norma estaría incumpliendo lo señalado en el artículo 3 del Convenio núm. 87 de la OIT.

Si bien se está debatiendo la modificación del Código del Trabajo; sin embargo, por las implicancias de este artículo, las medidas del Gobierno deben ser inmediatas, ya que mientras no estén vigentes las juntas directivas o no se renueven a tiempo, las organizaciones sindicales quedarían en una condición de acefalía y sus dirigentes sin fuero sindical por la demora en la entrega de credenciales. Se suma a este acto de injerencia el hecho de que actualmente el Gobierno ha introducido el pago de tasas por supuestos servicios prestados por el Ministerio de Trabajo, incluyendo la entrega de credenciales a organizaciones sindicales. Esta medida representa un obstáculo adicional a un proceso que ya era muy oneroso. Consideramos que este trámite debe ser gratuito.

Tanto el plazo de vigencia como el procedimiento de la entrega de credenciales hacen que la representación de los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo se torne complicado, lo que impide el funcionamiento normal del mismo.

Por ello, de manera urgente, el Gobierno deberá simplificar y facilitar el procedimiento de designación de los representantes de trabajadores y trabajadoras y reformar la disposición del Código del Trabajo que prevé la renovación anual de la junta directiva de los sindicatos.

Miembro gubernamental, Guatemala - Agradecemos la información compartida por el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, relativa al cumplimiento del Convenio. Animamos a las partes a hacer su máximo esfuerzo por la continuidad del funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo. Nuestra propia experiencia nos permite señalar que estos espacios de diálogo privilegiado facilitan la construcción del consenso tripartito, pilar básico de esta casa. Nos sumamos al pedido del Gobierno y a la Oficina para que esta continúe facilitando la cooperación técnica que para ellos se requiera.

Miembro empleador, Estado Plurinacional de Bolivia - La discusión sobre el cumplimiento del Convenio en El Salvador, no resulta nada nueva, pues en realidad, desde 2017, durante las últimas cinco reuniones, esta comisión ha venido discutiendo precisamente este caso que está directamente relacionado con un convenio de gobernanza.

Es así que debe llenarnos de preocupación el hecho de que, a pesar de las observaciones efectuadas en todas y cada una de las reuniones pasadas, las autoridades del Gobierno persisten en continuar con el incumplimiento de un elemento esencial como es la consulta tripartita y aún más de querer desconocer de manera sistemática la representación de la ANEP, como la organización más representativa del grupo de empleadores de El Salvador.

Al respecto, conviene recordar que, como ha sido tradición en esta casa, siempre se ha promovido el diálogo social y la capacidad de desarrollar el tripartismo, como una forma de buscar soluciones integrales a los distintos problemas y legítimos intereses de todos los actores, tanto del grupo de empleadores como del grupo de trabajadores.

En ese contexto, no resulta razonable que se hubiera pasado por alto la participación de cualquiera de los sectores, sea de empleadores o de trabajadores, en la adopción de decisiones esenciales que hacen a las relaciones laborales como es la aprobación de convenios de la OIT o las reformas al Código del Trabajo, siendo igualmente inaceptable que pueda existir injerencia directa del Gobierno en la vida institucional de las organizaciones tanto de empleadores como de trabajadores. Pues ello representa una afectación directa al derecho de libre determinación que tienen estas organizaciones, no pudiendo desconocer en tal contexto la legitimidad de la ANEP como la organización más representativa del grupo de empleadores de El Salvador. Esta institución viene sufriendo un atropello bajo una política de presión a sus afiliados, que claramente no se debe pasar por alto por ser una franca vulneración al derecho de asociación que sí les corresponde.

Por lo expuesto, resulta esencial que se exija a las autoridades del Gobierno que, de manera urgente, deba cumplir con todas las observaciones efectuadas en esta comisión y requerir de manera urgente la asistencia técnica de la OIT para el total restablecimiento del diálogo social en el marco del Convenio.

Miembro empleador, México - La delegación de empleadores de México externa su profunda preocupación por el desarrollo y comportamiento que ha tenido el Gobierno de esa nación. Hay que señalar y resaltar que este caso se ha discutido en varias ocasiones, como ya se ha dicho, la última vez, el año 2022, y de igual forma resaltar que la Comisión de Expertos ha emitido nueve observaciones desde 2013 y la última en 2022.

Cabe mencionar que el Informe Mundial de Derechos Humanos de 2023 señala que el Gobierno y sus aliados, la Asamblea Legislativa, han desmantelado sistemáticamente el sistema de contrapesos democráticos. Asimismo, Reporteros sin fronteras, en mayo de este año, señaló que el Gobierno mantiene un régimen de excepción que limita garantías constitucionales como la confidencialidad de la correspondencia privada.

Si bien es cierto que la Comisión tomó nota de la misión tripartita de alto nivel, aceptada por el Gobierno, que tuvo lugar en mayo de 2022, también lo es que, por desgracia, en El Salvador cinco convenios de la OIT fueron ratificados sin consultar a las organizaciones de empleadores más representativas.

De igual forma, con profunda preocupación damos cuenta de que subsisten múltiples actos de injerencia de las autoridades en la designación de los representantes del Grupo de los Empleadores en los órganos públicos tripartitos y mixtos. Es por ello que solicitamos que dentro de las conclusiones de esta comisión se reitere la solicitud al Gobierno de:

- abstenerse de cualquier agresión e injerencia en la constitución y actividades de las organizaciones de empleadores; en particular de la ANEP;

- asegurar el funcionamiento efectivo del Consejo Superior del Trabajo y demás órganos tripartitos, respetando la plena autonomía de la organización de empleadores más representativa y que, mediante el diálogo social se garantice su pleno funcionamiento sin injerencia alguna;

- abstenerse de designar unilateralmente representantes de los empleadores para las consultas e instituciones tripartitas, y desarrollar, en consulta con los interlocutores sociales, los procedimientos de designación de dichos representantes, y

- desarrollar una hoja de ruta con plazos determinados para implementar sin demora todas las recomendaciones formuladas por la misión tripartita de alto nivel de la OIT.

Sin duda para nosotros lograr esta reactivación efectiva del Consejo Superior del Trabajo es uno de los objetivos importantes de las conclusiones que deben aparecer. De forma tal que, respecto de la hoja de ruta solicitada, se advierte que, hasta la fecha, no se han sentado ni ha sido consultado, de manera tripartita, todas las determinaciones que ha tomado el Gobierno en perjuicio de las organizaciones empresariales en El Salvador.

Observador, Organización Internacional de Empleadores (OIE) - Es lamentable que de nuevo el Gobierno esté siendo evaluado por incumplir el Convenio. Según reconoce el Informe de la Comisión de Expertos, el diálogo social se ha deteriorado en El Salvador. La verdad no ha cumplido ninguna de las conclusiones emitidas por esta comisión en 2022, ni las recomendaciones de la misión tripartita de alto nivel de 2022.

Me explico con hechos, primero, el Consejo Superior del Trabajo continúa inactivo desde el 5 de mayo de 2022, cuando finalizó la misión tripartita de alto nivel y no ha sesionado desde esa fecha para conocer ningún convenio. De hecho, el Gobierno ratificó 11 días después y sin consulta cinco convenios y sin que se hayan convocado en ninguna sesión del Consejo.

Segundo, el Gobierno se niega a reconocer a la ANEP como la entidad más representativa de los empleadores de El Salvador. Una muestra de ello es la falta de consulta a la ANEP para nombrar a los delgados empleadores en esta conferencia; tampoco ha sido consultada la ANEP para el nombramiento del representante empleador en el Instituto de Pensiones.

Tercero, no se han derogado las 23 leyes que quitan a los empleadores la facultad de nombrar representantes en entidades públicas tripartitas y paritarias, negándose el diálogo social. En consecuencia, el Gobierno continúa haciendo estos nombramientos, como es el caso del Fondo Social para la Vivienda, mientras que en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social lleva dos años sin haber sido nombrados los representantes empleadores y el Consejo del Salario Mínimo no sesiona desde septiembre de 2022.

Cuarto, se ha continuado interfiriendo y agrediendo a la ANEP, pero para El Salvador, siempre existe la oportunidad de retomar la senda del diálogo social tripartito. La ANEP reitera la propuesta del año pasado, para construir de manera tripartita una hoja de ruta con el objetivo no solo de cumplir las conclusiones y recomendaciones de los órganos de control de la OIT, sino para crear un ambiente de confianza que atraiga más inversiones y se generen más y mejores empleos.

Los beneficios del diálogo social tripartito deben ser tangibles, más bienestar para las familias salvadoreñas, por ello, invitamos al Gobierno a construir de manera tripartita y con asistencia técnica de la OIT una hoja de ruta en beneficio de los salvadoreños.

Observador, Servicio Público Internacional (ISP) - Hago esta intervención en nombre del ISP y sus cuatro organizaciones afiliadas en El Salvador. Este es un caso en el que, como se desprende del Informe de la Comisión de Expertos, se alegan casos de «injerencia» de las autoridades en la designación de los representantes de los empleadores en los órganos públicos tripartitos y paritarios. Sin la intención de minimizar estos alegatos, creemos que se debe igualmente tener en cuenta el contexto y la situación de los derechos laborales en su conjunto.

El Salvador tiene ratificados un número importante de convenios de la OIT, entre ellos nueve de los diez convenios fundamentales y todos los convenios de gobernanza. Además, el año pasado, el Gobierno ha depositado cinco nuevas ratificaciones.

También tenemos conocimiento de que el Consejo Superior del Trabajo, en fecha de 1.º de septiembre de 2022, ha pedido opinión a los interlocutores sociales que ahí se hallan representados, sobre la ratificación de otros 18 convenios, como paso conducente a dar cumplimiento al artículo 19 de la Constitución de la OIT, lista que además incluye el Convenio núm. 187. De producirse la ratificación de este convenio, El Salvador tendría ratificados todos los convenios fundamentales en un corto plazo. Creemos que esto es positivo y representa un motivo de satisfacción. Después de todo, la OIT adopta estándares internacionales que luego deben ser respetados y aplicados.

Entonces, nos resulta un poco contradictorio y hasta paradójico que esta comisión lamente, como lo hizo el año pasado, que cinco convenios de la OIT hayan sido ratificados por un Estado Miembro, cuando lo correcto es alentar y felicitar a aquellos que lo hacen y se someten a los mecanismos de supervisión. Esto es mucho más de lo que ha hecho el Estado Miembro al que caballerosamente hemos otorgado la presidencia de esta conferencia, que solo tiene ratificados seis convenios, y dónde, entre otras cosas, ni siquiera existen organizaciones de trabajadores.

Hemos escuchado la palabra «terrible» en referencia a la designación del delegado empleador salvadoreño en la conferencia que no fue el designado por la organización de empleadores más representativa, permítanme estar en desacuerdo. Terrible es, por ejemplo, la guerra, la violencia y persecución de inocentes por pensar distinto o esclavizar a niños para generar más ganancias. En El Salvador los representantes de los trabajadores y de los empleadores no son perseguidos, no son encarcelados, deportados o asesinados por el solo hecho de pertenecer a una organización que representa y vela por los derechos de sus miembros.

Consideramos, por lo tanto, que se debe ser más escrupulosos y coherentes con la selección de casos individuales, que son solo 24 en cada reunión de la Conferencia, y así poder abordar situaciones de graves incumplimientos, merecedoras del trabajo y esfuerzo de esta comisión.

Observador, Organización Internacional de Empleadores (OIE) - Es muy común que en esta distinguida Comisión se traten casos vinculados a la vulneración de las disposiciones del Convenio. Intimidar, amenazar, baipasear, ignorar el rol de las organizaciones tanto empresariales como sindicales más representativas es un comportamiento común por parte de los Gobiernos que no creen ni en los principios y derechos fundamentales de la OIT, ni en el valor del tripartismo, ni mucho menos en el valor del diálogo social.

La falta de respeto y la interferencia en la autonomía de las organizaciones empresariales que son representativas e independientes, insisto, representativas e independientes, en este caso la ANEP, ha sido una práctica constante por parte de un Gobierno, el de El Salvador, conocido en la escena internacional por su actitud de confrontación, incluso agresiva, hacia las voces disidentes o críticas. Quiero recordar que el anterior presidente de la ANEP está en estos momentos en el exilio. Contrariamente a lo que acaba de decir el anterior interviniente, existe una persecución e intimidación a las organizaciones representativas. El objetivo es claro: debilitar a la organización y, en este caso, a la organización empresarial, a todas aquellas organizaciones que defienden intereses legítimos, pero no necesariamente convergentes con los intereses del Gobierno.

Nuestros comentarios acerca de este caso no son nuevos, es la sexta vez que lo discutimos en esta comisión, pero sí es nuevo el grado de intimidación y el grado de opresión que se vive en el país. La libertad de asociación y de expresión nunca han estado en El Salvador tan en peligro, al igual que lo está el Estado de derecho.

Las asociaciones gremiales de la ANEP, al igual que sus empresas son amenazadas si deciden continuar en su membresía con la organización. La ANEP no es invitada a participar en organismos tripartitos. Sus dirigentes, como he dicho, sufren coacciones directas o indirectas y, por el contrario, el Gobierno (nada nuevo en un Gobierno de este tipo) asigna funciones representativas a organizaciones afines o a empresarios individuales. Comportamiento muy habitual en Gobiernos que no creen en el diálogo social ni en el tripartismo.

El Ministro que acaba de hablar, presume no haber acreditado a la ANEP ante esta conferencia utilizando las redes sociales. Invito a todos los participantes en este debate a leer el tweet que el señor Ministro colgó pocos días antes de que esta sesión tuviera lugar, habla por sí solo. Esta actitud de menosprecio a voces críticas es conocida por parte de distintas organizaciones internacionales a las que este Gobierno critica y confronta de forma notoria y muy agresiva.

Coincidimos con el representante del Grupo de los Trabajadores en esta preocupación por la falta de progresos. A pesar de la misión tripartita que tuvo lugar el año pasado y a la hoja de ruta acordada, el Gobierno sigue haciendo caso omiso a sus deberes como mandante de la OIT y, en este caso, a los deberes que derivan del Convenio.

No venimos aquí por agrado, sino con la esperanza, insistimos, de que el Gobierno abra una vía de respeto primero, de diálogo, después, hacia las organizaciones empresariales y sindicales representativas. De lo contrario, tengan la seguridad de que nosotros, como la organización global de empleadores más representativa, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para que el Gobierno cumpla con su obligación de respetar, en la regulación y en la práctica, las obligaciones a las que voluntariamente se ha adherido al ratificar el Convenio.

Representante gubernamental - Quiero iniciar con responder algunos aspectos que se han planteado, especialmente por los miembros empleadores, donde se dice que el Consejo Superior del Trabajo empezó a funcionar desde 2021, parafraseando exactamente lo que él ha dicho, y que existen «anomalías en su funcionamiento», palabras textuales del representante del sector empleador.

Reafirmo clara y categóricamente que el Consejo Superior del Trabajo está funcionando. Ahora, sí que existen unas anomalías, que existen irregularidades, que existen procesos que hay que mejorar, todo proceso es perfectible en el tiempo. Pero hay una expresión clara de aceptación que el Consejo está funcionando, por lo tanto, no tiene nada que ver el Convenio aplicado a nuestro país, ya que lo estamos desarrollando.

La otra parte, que también se planteó, es que hay que abrir el tema de las tripartitas para que participe la ANEP en el caso del FONAES, de la Autoridad Marítima Portuaria, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Quiero aclarar, y lo debo de entender de la mejor manera, que al representante del sector empleador a nivel internacional no le han informado: estas no son instancias tripartitas, estas son instancias bipartitas, donde solo participan la ANEP y el Gobierno, desde hace décadas.

Entendemos que el Convenio tiene como eje transversal el diálogo social tripartito, por lo tanto, estas son instancias en las que solo el bipartidismo funciona. Nosotros todas las tripartitas que tenemos en el Estado, absolutamente todas, están funcionando.

La otra parte es sobre la documentación que aportamos. Acá están los documentos que hoy, este mismo día, se están dejando documentalmente, en físico, en esta reunión que se está llevando a cabo, en este momento. Aquí están los sellos de la ANEP sobre dónde se han presentado en las fechas antes descritas, dónde les hemos informado y los hemos tomado en cuenta y cuándo la ANEP no ha dado respuesta.

Estamos hablando del año pasado, estamos hablando de este año y es más, teníamos una proyección, a través de una solicitud del sector laboral, de ratificar otros cinco convenios este 1.º de mayo en conmemoración al día internacional de la clase trabajadora. No pudimos ejecutar la ratificación de más convenios porque la ANEP no contestó y no ha dado respuesta hasta este momento. Son temas documentados que ahí se demuestran, por eso no encontramos la razón de esta discusión del Convenio.

Sobre el caso de los dos años que se planteó que los sectores empleadores tienen y un año el movimiento sindical, esa es la mejor historia que refleja cómo no ha habido ni equilibrio ni balance en el trato a los trabajadores en términos generales. No ha habido ningún tipo de equilibrio en el trato igualitario a los dos sectores. Así lo definió, en aquellos momentos en que la ANEP manejaba al partido ARENA, y quien definía que una legislación se hacía en favor de ellos para dos años, en detrimento de los trabajadores. Cuando me alientan para que intervenga de inmediato para definir el tiempo y la periodicidad, ampliarlo sobre las credenciales de los dirigentes sindicales, yo no puedo adelantarme sino es a través del diálogo social tripartito. Ya tenemos una mesa instalada donde el movimiento sindical está proponiendo si se amplía a dos o tres años. Respetaré la voluntad del movimiento sindical. Respetaré la voluntad del diálogo social tripartito, privilegiando precisamente garantizar el Convenio. En los próximos días, en la modificación del Código del Trabajo, vamos a plantear que las credenciales del movimiento sindical deben de ser mucho más extendidas en los tiempos y su periodicidad.

De igual manera, hemos conformado una oficina de forma expresa, lo que antes duraba cinco, tres, cuatro, hasta ocho meses, hoy dura una semana. En ocho días estamos entregando las credenciales al movimiento sindical, a través de una oficina de asesoría al movimiento sindical. Ese es uno de los actores que más está interesado en que se fortalezca el movimiento sindical, se privilegie el diálogo social tripartito. Esa es nuestra voluntad política, con todos los actores y sectores de la sociedad. Ahora, con algunas organizaciones de empleadores que han lanzado públicamente y diciendo de que ya no forman parte de la ANEP, esos son problemas internos que puedan tener y en eso no podemos tener ningún tipo de interferencia, ni que se vayan ni que se queden, porque esas son decisiones muy propias de cada uno y del mundo empresarial.

Todos los trabajadores este día, y a nivel de movimiento sindical, están viendo este evento, todos tienen los links y todos están viendo este evento. Lo más importante es tener un pueblo, una sociedad debidamente informada. Todas las organizaciones sindicales de este país de El Salvador, están viendo de forma directa, esto que está pasando en la OIT. Y es penoso, dado que solo dos actores de la sociedad, y en este caso dos interlocutores, definan la construcción de listas preliminares y listas de este tipo, a espaldas de la verdadera clase trabajadora, a espaldas del pueblo que propiamente da legitimidad. Porque un dirigente sindical, ya tenga un cargo nacional o internacional, es el vocero auténtico del sentir de la clase trabajadora. Pero tiene que dar un planteamiento y prestarse a una negociación no transparente, no clara, no ante la opinión pública, haciéndolo a espaldas de la clase trabajadora. Es una situación bien complicada para los representantes a nivel internacional, que se ponen de acuerdo, no se sabe dónde, pero se ponen de acuerdo, para definir quiénes forman parte o no de la lista.

Nos dimos a la tarea nosotros de revisar la lista preliminar, y había cerca de seis países adicionales donde se trataban convenios fundamentales, donde aparecen casos de coartación de libertad del movimiento sindical, de violaciones a diferentes convenios internacionales fundamentales y no aparecieron en esta lista y aparecen en esta lista, convenios de gobernanza o convenios de carácter técnico. Paradójico, será la historia quien juzgue.

Eso sí, instamos al propio liderazgo de la OIT, porque nosotros somos fundadores de la OIT, porque nosotros creemos fielmente en la OIT, porque nosotros confiamos en el liderazgo auténtico de la OIT, a que sean más transparentes y a definir criterios establecidos sobre cómo se forman y se definen estas listas. Porque se hacen a espaldas de la clase trabajadora. Una de las partes elementales que ha quedado evidenciada en este evento a nivel internacional, es cómo actúa la parte empleadora de El Salvador y la representación a nivel internacional.

Dos intervenciones de la parte empleadora han tratado de silenciar la voz auténtica de la clase trabajadora. Nosotros lo único que hemos hecho en El Salvador es democratizar el país, abrir todos los espacios, hacer el papel que al Estado le corresponde y que es exactamente armar el equilibrio con los interlocutores sociales, pero en igualdad de condiciones; lo cual, nunca existió en este país.

La ANEP es uno de los sectores que ha tenido privilegios enormes en este país, que incluso han formado parte del aparato del Estado en muchas ocasiones, y prueba de ello es que, su principal plataforma, utilizada incluso por candidatos presidenciales, es precisamente el sector gremial. Tienen todo el derecho de poder dar su opinión o realizar acciones políticas, pero una cosa es la política partidaria, el acceso a cualquier cargo de elección popular, a lo cual tienen todo el derecho, pero lo que no deben hacer es instrumentalizar las gremiales empresariales. Así que, nosotros, con el mayor de los gustos, afirmamos nuestro respeto de la institucionalidad de la OIT, conscientes de que el liderazgo de la OIT debe garantizarse y fortalecerse cada día más.

Estamos con el mayor de los gustos, de tomar nota de todas las recomendaciones que sean necesarias y vamos a dar seguimiento a todas las recomendaciones.

Este es un país donde caben todos y todas las salvadoreñas, sin distinción; nosotros somos el Gobierno y tenemos que apoyar y respaldar a todo tipo de organizaciones, de cualquier tipo que sea, indistintamente de que nos critiquen y nos juzguen.

Un Gobierno debe de ser criticado, un Gobierno debe de tener voz crítica; esos son los elementos de la democracia y por eso es por lo que nosotros estamos totalmente abiertos, pero lo que no consideramos correcto es invitar a mentir, cambiar la realidad de un país a nivel internacional, solo por volver a regresar a los privilegios que históricamente se tuvieron, utilizando el aparato del Estado.

Hoy el Presidente Bukele ha dejado claro que el aparato del Estado está para todo el pueblo salvadoreño con igualdad de condiciones. Acá va a estar siempre el sector empleador representado y acá estará también siempre el sector trabajador, con igualdad de condiciones. El brazo del Estado debe de garantizar reglas claras a todos, garantía y tutelaje para todos, apoyo y respaldo para todos, en igualdad de condiciones.

A la ANEP le hemos insistido en que en esas bipartitas, cerca de 20 o 30 solo participan ellos y el Gobierno, y que se deberían abrir para ser tripartitas, pero todo el tiempo se negó y se sigue negando a ello.

Concluyo con que, nosotros, como pueblo salvadoreño, como representante del Estado en nombre del Presidente Nayib Bukele, consideramos que la OIT es el instrumento que garantiza los derechos elementales de toda la sociedad del planeta entero, y que debemos garantizar su fortalecimiento cada día más.

Creo que, en la OIT, deberíamos revisar los procedimientos de las inclusiones en la lista. A veces el vocero de los trabajadores dice una cosa distinta al sentir y pensar de los trabajadores y las trabajadoras de un país.

Nosotros creemos que es válida la negociación en cualquier parte del mundo, pero una negociación transparente, una negociación que garantice no solo la legalidad, porque son ellos dos quiénes definen quién ingresa en estas listas, sino que goce de legitimidad, del sentir auténtico de la clase trabajadora que ellos dicen representar.

Esa es mi conclusión y nosotros vamos a ser inquebrantables ante los principios de las normas de la OIT, vamos a cumplir absolutamente todo, y estamos con toda la disposición como Gobierno, a seguir recibiendo las recomendaciones de cualquiera instancia de la OIT.

Miembros empleadores - Hemos escuchado atentamente todas las intervenciones realizadas en el marco de las presentes discusiones, en especial la intervención del representante del Gobierno de El Salvador.

Queremos dejar consignado que, a nuestro juicio, resulta perfectamente acreditado, que hay varias instancias tripartitas que no están funcionando en El Salvador, entre ellas, el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo de Salario Mínimo; tampoco están funcionando las instancias tripartitas en el Fondo Nacional para la Vivienda, donde ha sido el Gobierno el que ha nombrado a los representantes empleadores, ni el Instituto de Seguridad Social, donde no se han nombrado a estos representantes empleadores.

Por tanto, a nuestro juicio, es evidente que las palabras del representante gubernamental, Sr. Castro, no corresponden con ninguna intención de cumplir por parte del Gobierno con lo establecido en el Convenio, que, como bien sabemos, pretende fomentar la gobernabilidad y la buena marcha en las relaciones laborales de los países.

Los hechos presentados dan cuenta del deprecio por aplicar adecuadamente en la ley y en la práctica, todo el articulado del Convenio, voluntariamente ratificado por El Salvador. Todo ello, a pesar de las conclusiones adoptadas por la Comisión en 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022; a pesar de las ocho observaciones publicadas por la Comisión de Expertos; a pesar de las numerosas intervenciones urgentes solicitadas a la OIT por parte de la ANEP y de la OIE; a pesar de la asistencia técnica de la OIT, de los ofrecimientos efectuados en la misión tripartita de alto nivel, que recientemente visitó al país.

La situación de incumplimiento del Convenio por El Salvador es continua, es grave y es urgente para el sector empleador. Hemos tratado en esta comisión, en estos días, casos de Gobiernos que han disuelto por resolución administrativa a las organizaciones más representativas en esos Estados. No queremos ser agoreros y anunciar que algo por el estilo pudiera acontecer en El Salvador.

En tal sentido, el sector empleador, los empleadores creyendo en el diálogo social, creyendo en la instrumentalidad que tiene la consulta tripartita y que esta no puede ser un simple ejercicio de fachada, vamos a instar al Gobierno, con nuestra mejor disposición y a pesar de este incumplimiento prolongado, a que se abstenga de interferir en la constitución de las organizaciones tanto de trabajadores como de empleadores y que facilite, de conformidad con la legislación nacional e internacional, voluntariamente ratificada por El Salvador, la debida representación de las mismas, emitiendo de forma oportunidad y ágil las credenciales correspondientes.

Que el Gobierno se abstenga de agredir y desprestigiar a la ANEP, organización empresarial más representativa y a sus dirigentes.

Que el Gobierno elabore, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, reglas claras, objetivas, predecibles, jurídicamente vinculantes para la reactivación real y constante y el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo.

Que el Gobierno de El Salvador reactive sin demora la consulta efectiva en el Consejo Superior del Trabajo; de vuelta con reglas claras, objetivas, predecibles, así como el funcionamiento de los demás centros tripartitos, respetando la autonomía de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores a través del diálogo social, a fin de garantizar su pleno funcionamiento sin injerencia alguna.

Tiene que entender el Gobierno que la designación por parte del Presidente de la República de los delegados empresariales no está adecuado al funcionamiento que le demandan los convenios fundamentales del trabajo en esta casa, y que ha ratificado voluntariamente El Salvador.

También, en consulta con los interlocutores sociales, debe tomar sin demora todas las medidas necesarias, para modificar los 23 decretos adoptados el 3 de junio de 2021, de manera de que cumplan con las garantías establecidas en los convenios de la OIT ratificados por El Salvador.

Por supuesto que todo esto, muchas veces, puede resultar difícil hacerlo de una manera aislada, por tanto, sugerimos que continúe recurriendo a la asistencia técnica de la OIT.

Que presente una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica a la Comisión de Expertos antes de su próxima reunión de este año.

Solicitamos que se realice una nueva misión de contactos directos para verificar la realidad del funcionamiento del tripartismo en El Salvador, y que, el presente caso, por su gravedad y por su prolongado incumplimiento, se incluya en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Miembros trabajadores - El Salvador ha dado algunos pasos en algunos casos para restablecer ese diálogo social tripartito. Tenemos información de que, recientemente, las organizaciones sindicales, incluso aquellas afiliadas a IndustriALL, han presentado una agenda de trabajo para promover diversos temas de interés de los trabajadores, como la reforma al Código del Trabajo, que contiene una propuesta, como han comprometido, para incrementar la duración de las credenciales sindicales en El Salvador. Es importante que esa reforma garantice y mejore el derecho de libre organización y establezca la negociación colectiva como principio de derecho fundamental.

Sin embargo, también existen algunos problemas para lograr el pleno cumplimiento del Convenio.

Anteriormente habíamos tomado nota de que el Consejo Superior del Trabajo se había restablecido y estaba en funcionamiento. Es importante para este grupo que no quede inactivo, es decir, que se active su funcionamiento.

El Gobierno, además, debe resolver adecuadamente los obstáculos y las normas poco razonables que existen para la emisión de credenciales a los sindicatos.

Por lo tanto, nos vemos obligados a reiterar algunas de las mismas peticiones que hicimos al Gobierno el año pasado. Con una salvedad antes de decir las tres medidas.

Primero, que respecto a los métodos de nuestra comisión, a los que se hizo referencia, sobre todo el Gobierno, estimamos que esta no es la oportunidad de discutirlo. Pero también reconocemos esta misma intensidad del debate sobre este asunto, lo cual demuestra la pertinencia de haberlo tratado en esta comisión. Por lo tanto, creemos que es importante el escucharnos y el haberle contestado de esta manera, tomando en cuenta que El Salvador esté en esta lista.

Se trata de tres medidas que creemos que el Grupo de los Trabajadores podemos aportar: en primer lugar, el Gobierno debería asegurarse de que el Consejo Superior del Trabajo funcione plenamente y pueda celebrar reuniones plenarias, en particular sobre decisiones que afectan tanto a la legislación laboral como a cualquier política pública que afecte a los interlocutores sociales.

En segundo lugar, El Salvador debería elaborar una hoja de ruta con plazos concretos, en consulta con los interlocutores sociales, para aplicar sin demora tanto las recomendaciones formuladas por la misión tripartita de alto nivel de la OIT como las conclusiones de nuestra comisión.

En tercer lugar, y quizás lo más importante, es adoptar sin demora las medidas necesarias para derogar esa obligación legal, para modificar esa obligación legal, que solicita la renovación del estatus jurídico de los sindicatos cada doce meses.

En términos más generales, invitamos al Gobierno a que dé pleno seguimiento a las recomendaciones de la misión tripartita.

Con el fin de supervisar todos estos elementos, pedimos al Gobierno que informe a la Comisión de Expertos en su próxima sesión, también le sugerimos que siga recurriendo a la asistencia técnica de la OIT.

Como final, informo al Gobierno que este grupo mantiene comunicación permanente para intercambiar no solamente información, sino apoyo y acciones solidarias sobre el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestros países, y, con orgullo, sabemos y sentimos que representamos a todos; por lo tanto, podemos ver algunas diferencias, pero nuestra representación es genuina.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota de las alegaciones de los graves y reiterados incumplimientos del Convenio por parte del Gobierno.

La Comisión tomó nota con profunda preocupación de las múltiples alegaciones de injerencia por parte de las autoridades en el nombramiento de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en los órganos públicos tripartitos y paritarios.

Habida cuenta de la discusión, la Comisión insta al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales:

- cese inmediatamente todo acto de violencia, amenaza, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión contra personas u organizaciones en relación tanto con el ejercicio de actividades sindicales legítimas como con las actividades de las organizaciones de empleadores, y tome medidas para garantizar que dichos actos no se repitan, en particular en lo que se refiere a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y sus entidades afiliadas;

- se abstenga de toda injerencia en el ejercicio de la libertad sindical de los empleadores y los trabajadores, incluso en la constitución de organizaciones de empleadores y de trabajadores;

- ponga fin a los retrasos en la expedición de las credenciales de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, incluso para la ANEP, de conformidad con su derecho a la representación;

- garantice que todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores, incluida la ANEP, gocen de los derechos y libertades establecidos en el Convenio y estén plenamente incluidas en la consulta tripartita y el diálogo social;

- reactive, sin demora, el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo (CST) y otros órganos tripartitos, y garantice el desarrollo y la adopción, en consulta con los interlocutores sociales, de normas claras, objetivas, predecibles y jurídicamente vinculantes para garantizar su funcionamiento eficaz e independiente, sin ninguna injerencia externa;

- adopte sin demora todas las medidas necesarias para derogar la obligación legal de los sindicatos de solicitar la renovación de su estatuto jurídico cada 12 meses;

- modifique los 23 decretos, adoptados el 3 de junio de 2021, con objeto de garantizar que las organizaciones de empleadores puedan ejercer su derecho a elegir libremente a sus representantes sin ninguna injerencia externa, y

- elabore una hoja de ruta con plazos determinados para aplicar sin demora todas las recomendaciones formuladas por la misión tripartita de alto nivel de la OIT, de 2022, y las recomendaciones de la Comisión.

La Comisión pide al Gobierno que acepte una misión de contactos directos para garantizar el pleno cumplimiento del Convenio.

La Comisión pide además al Gobierno que presente a la Comisión de Expertos, antes del 1.º de septiembre de 2023, una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica, que incluya información sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas.

Representante gubernamental - En nombre de la delegación de El Salvador, tomo nota de las conclusiones señaladas por esta comisión. Aprovecho la ocasión para señalar que El Salvador es respetuoso de los órganos de control de esta Organización.

Por otra parte, lamentamos que la Comisión no haya considerado la comunicación escrita y oral que enviamos en diferentes ocasiones, respondiendo oficialmente a la Comisión de Expertos. Lamentamos profundamente que, en sus conclusiones, esta comisión no reconozca ningún signo de progreso en El Salvador. Observamos con sorpresa que adopten nuevamente que la Comisión manda a reformar 23 decretos.

Durante la discusión del caso, se preguntó a esta comisión, a la luz del texto del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), ¿cuál es la base legal para establecer dicha conclusión? ¿Qué artículos del Convenio núm. 144 establece tal potestad? ¿Cuáles son los métodos de trabajo de esta comisión que obligan a derogar o mandatan a los países cambiar leyes cuando estas no están relacionados con las normas internacionales del trabajo? Consulta que de igual forma se ha realizado a la Comisión de Expertos en nuestra comunicación, sin obtener una respuesta. Solicitamos que quede establecido que, durante la discusión del caso y posterior a ella, no hemos recibido una respuesta a estos interrogantes. Sin embargo, se ha adoptado la conclusión.

Lamentamos que nuestras opiniones y la información proporcionada se desestimen sin proporcionar un argumento. Pareciera que las conclusiones no responden a la discusión ni a la información brindada, sino a la mera negociación de las mismas. Algo que nos parece debe ser de reflexión necesaria y urgente.

No obstante, reafirmamos nuestro compromiso con los principios y valores de la OIT —el cual es inquebrantable— por lo que seguiremos avanzando para alcanzar el trabajo decente, privilegiando el diálogo social con todos los sectores y actores, para lo cual agradecemos la valiosa cooperación y asistencia técnica de la OIT.