Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde a las cuestiones planteadas en la solicitud directa de 2019.

Pandemia de COVID-19. Impacto socioeconómico. Medidas de respuesta y recuperación. La Comisión invita al Gobierno a que proporcione información actualizada en su próxima memoria sobre el impacto de la pandemia mundial de COVID-19 en el empleo y las medidas tomadas, en consulta con los interlocutores sociales, para abordar dicho impacto a la hora de implementar los programas y medidas destinados a alcanzar los objetivos del Convenio, así como los resultados de tales programas y medidas.

Artículos 1 a 3 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión recuerda que desde 2011 ha venido solicitando al Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas para formular una política nacional de empleo destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión toma nota de que el Gobierno continúa sin proporcionar información a este respecto. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el 1.º de julio de 2021, el Gobierno publicó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, que contiene diversas políticas públicas tales como la política monetaria y financiera y la política de inversión pública, así como una serie de estrategias y acciones. El Plan Nacional contiene 12 lineamientos estratégicos que incluye entre sus objetivos alcanzar un crecimiento económico sostenido y sostenible, inclusivo y equitativo, que propicie más empleo y trabajo digno para todos, así como el desarrollo de los talentos humanos. A este respecto, el Plan prevé la adopción de medidas tales como la promoción y facilitación del establecimiento de nuevas inversiones privadas productivas y de servicios orientados a la exportación, tanto nacionales como extranjeras, con una inversión ganada estimada en 336 millones de dólares de los Estados Unidos, y la generación de 10 651 empleos dignos, que contribuyan a la reducción de la pobreza. Además, el Plan Nacional prevé que se continuará garantizando el establecimiento y consolidación de mecanismos de coordinación, colaboración y articulación interinstitucional, con los diferentes sectores económicos del país y con instituciones formativas técnica y superiores, a fin de prestar servicios de orientación e intermediación laboral, así como la recopilación, procesamiento y análisis de los indicadores de empleo y salario del mercado de trabajo. Para ello, se impulsará la inscripción e intermediación de trabajadores, a través de los Servicios Públicos de Empleo, y se diseñará e implementará el Programa Nacional «Mi Primer Empleo». En relación con las tendencias del mercado de trabajo, según información estadística del Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua (INIDE), en el primer trimestre de 2021, la tasa de participación laboral a nivel nacional era 69,5 por ciento (80,7 por ciento entre los hombres y 59,4 entre las mujeres). La tasa de participación laboral era del 67 por ciento en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales era de 72,5 por ciento. Por otro lado, la tasa de desempleo abierto a nivel nacional era del 4,9 por ciento (5,2 por ciento entre los hombres y 4,6 por ciento entre las mujeres); mientras que la tasa de subempleo a nivel nacional era del 44,6 por ciento (47,7 por ciento entre los hombres y 40,8 por ciento entre las mujeres). La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 15 de octubre de 2021, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) expresó su preocupación acerca de los altos niveles de desempleo en el país, así como el número significativo de personas que laboran en el sector informal, en particular mujeres, personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, expresó su preocupación en relación con las alegaciones de discriminación por motivos de opinión política que ha afectado a personas opositoras o críticas del Gobierno en cuanto al ejercicio y disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho al trabajo (véase documento E/C.12/NIC/CO/5, párrafos 17 y 21). Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre: i) las medidas adoptadas con miras a formular, en consulta con los interlocutores sociales, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido; ii) los distintos programas y medidas implementadas con miras a generar empleo, incluido el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, así como sobre el impacto de las mismas (en especial en relación con grupos específicos como las mujeres, los jóvenes, personas con discapaciad, pequeños productores, y comunidades indígenas y afrodescendientes en territorios rurales); iii) las medidas adoptadas para promover la transferencia de los trabajadores de la economía informal a la economía formal, y el impacto de las mismas; iv) información estadística actualizada, desagregada por sexo, edad y región, sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y la extensión del desempleo.

Empleo juvenil. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de una serie de programas con miras a promocionar el empleo de los jóvenes, y solicitó al Gobierno que enviara información sobre los resultados alcanzados por los mismos. La Comisión toma nota, no obstante, de que la memoria del Gobierno no contiene información al respecto. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para promover el empleo de los jóvenes, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, solicita nuevamente al Gobierno que envíe información estadística actualizada, desagregada por sexo, edad y región, sobre el impacto de las mismas en términos de inserción duradera en el mercado de trabajo de los jóvenes.

Zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de la adopción del Acuerdo Tripartito de Zona Franca, que tiene por objeto abordar el impacto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en las empresas de zonas francas de exportación. El acuerdo tripartito incluye recomendaciones dirigidas a tales empresas para que implementen medidas de seguridad y salud ocupacional, otorguen permisos laborales con goce porcentuales de salarios y realicen suspensiones temporales de contrato, previo a la suspensión colectiva y temporal de los mismos. También prevé la interrupción de labores con goce de salario para personas en situación de vulnerabilidad (mayores de 60 años, mujeres embarazadas, y otras personas que puedan ser de alto riesgo) y el anticipo a cuenta de vacaciones en las empresas bajo el régimen de zonas francas.  La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que proporcione información actualizada, desagregada por sexo y edad, sobre la contribución de las zonas francas de exportación y el impacto del señalado Acuerdo Tripartito de Zona Franca en la creación de empleo duradero y de calidad y congruente con los requisitos del trabajo decente.

Pequeñas y medianas empresas (pymes). En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviara una evaluación sobre el cumplimiento del «Plan Operativo del Programa de Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYME)» y de la reactivación del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAMIPYME), incluyendo información sobre su impacto en los territorios de mayor concentración de personas en extrema pobreza. La Comisión toma nota, no obstante, de que el Gobierno no proporciona información al respecto. Por otro lado, toma nota de que el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 prevé la adopción de medidas para fomentar el potencial de crecimiento de las pymes, tanto en su producción como en el empleo que generan. Para alcanzar dicho objetivo, se prevé la adopción de medidas tales como la implementación de 108 planes para el fomento de los emprendimientos y pymes, así como proporcionar capacitaciones a 1,846 pymes en el desarrollo de estrategias de crecimiento de sus modelos de negocio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información actualizada y detallada, incluyendo información estadística, desglosada por edad y sexo, sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno en favor de las pymes en su desarrollo y en la generación de empleo. Además, solicita al Gobierno que indique los resultados de tales medidas en relación con la disminución de la tasa de informalidad.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviara información sobre las actividades desarrolladas en el marco del Consejo Nacional de Trabajo para diseñar políticas y programas de empleo que generen empleo decente. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información al respecto. La Comisión recuerda nuevamente que el artículo 3 del Convenio establece que se deberá consultar «a los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar y, en relación con la política del empleo, se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución».  Al tiempo que destaca la importancia de las consultas requeridas por el Convenio, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales y los representantes de las personas interesadas en relación con las políticas y programas de empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota que desde 2011 ha venido solicitando al Gobierno que comunicase información sobre las medidas tomadas para formular una política nacional de empleo destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión observa que el Gobierno continúa sin proporcionar información al respecto. Por otro lado, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere de manera general a la implementación de diversos programas gubernamentales con miras a promocionar el empleo en el país. El Gobierno indica que se han implementado programas de intermediación laboral en todos los departamentos, así como programas de orientación laboral con miras a proporcionar asistencia en la búsqueda de empleo. Además, se han celebrado encuentros empresariales con el objetivo de identificar las necesidades de las empresas de todos los sectores económicos en materia de capacidades de los trabajadores, y ferias empresariales con la finalidad de promover el acceso al mercado de trabajo. El Gobierno se refiere también a la implementación de programas de empleabilidad para potenciar competencias laborales e incrementar las posibilidades de inserción al mercado de trabajo. Además, la Comisión se refiere a su observación de 2018 relativa a la aplicación del Convenio núm. 117, en la que tomó nota de la aprobación en febrero de 2018 de la «Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018-2022» con el Banco Mundial, con la finalidad de reducir la pobreza y promover la prosperidad para más nicaragüenses. La Comisión tomó nota de que la EAP incluye entre sus objetivos fundamentales invertir en las personas, especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, jóvenes, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia y comunidades indígenas y afrodescendientes en territorios rurales; fomentar la inversión privada para la creación de empleos; y mejorar las instituciones. En lo que respecta a las tendencias del empleo formal, el Gobierno indica que, entre 2015 y 2016, el trabajo formal (personas registradas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)) aumentó en un 8,3 por ciento, llegando a 878 019 trabajadores en diciembre de 2016. El Gobierno añade que, según información estadística del INSS, dicha tendencia positiva continuó a lo largo de 2017, ya que a julio de 2017 había 922 000 personas afiliadas al régimen de seguridad social. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas con miras a formular, en consulta con los interlocutores sociales, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión solicita igualmente al Gobierno que envíe información detallada sobre los distintos programas y medidas implementadas con miras a generar empleo, así como sobre el impacto de las mismas (en especial en relación con las mujeres, los jóvenes, pequeños productores, y comunidades indígenas y afrodescendientes en territorios rurales). Solicita también al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas para promover la transferencia de los trabajadores de la economía informal a la economía formal, y el impacto de las mismas. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que proporcione información estadística actualizada, desagregada por sexo, edad y región, sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y la extensión del desempleo.

Empleo juvenil. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de una serie de programas con miras a promocionar el empleo de los jóvenes, y solicitó al Gobierno que enviara información sobre los resultados alcanzados por los mismos, en especial en relación con los jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, tanto en las zonas urbanas como rurales. La Comisión observa, sin embargo, que el Gobierno no proporciona información al respecto. El Gobierno indica que, entre 2007 y el primer semestre de 2017, la Dirección General de Políticas de Empleo y Salario llevó a cabo 607 talleres de orientación laboral para el empleo, en los que participaron 15 372 jóvenes. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para promover el empleo de los jóvenes, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información estadística actualizada, desagregada por sexo y región, sobre el impacto de las mismas en términos de inserción duradera en el mercado de trabajo de los jóvenes.

Zonas francas de exportación. El Gobierno indica que el empleo en las zonas francas de exportación ha ido aumentando, hasta alcanzar 114 917 trabajadores en 2017. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información actualizada, desagregada por sexo y edad, sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad y congruente con los requisitos del trabajo decente.

Pequeñas y medianas empresas (pymes). En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviara una evaluación sobre el cumplimiento del «Plan Operativo del Programa de Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYME)» y de la reactivación del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAMIPYME), incluyendo información sobre su impacto en los territorios de mayor concentración de personas en extrema pobreza. La Comisión toma nota, sin embargo, de que el Gobierno no proporciona información en relación con el impacto de las medidas de apoyo a la generación de empleo en el marco de las pymes. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información actualizada y detallada, incluyendo información estadística, desglosada por edad y sexo, sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno en favor de las pymes en la generación de empleo. Asimismo, solicita al Gobierno que indique los resultados de tales medidas en relación con la disminución de la tasa de informalidad.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviara información sobre las actividades desarrolladas en el marco del Consejo Nacional de Trabajo para diseñar políticas y programas de empleo que generen empleo decente. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información al respecto. En este sentido, la Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio establece que se deberá consultar «a los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar y, en relación con la política del empleo, se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución». Al tiempo que destaca la importancia de las consultas requeridas por el Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a celebrar consultas con los interlocutores sociales y los representantes de las personas interesadas en relación con las políticas y programas de empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que en la próxima memoria se faciliten informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores.

Repetición

Artículos 1 y 2 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Unificación Sindical de Nicaragua (CUS), en una comunicación transmitida al Gobierno en septiembre de 2013, en la que manifiesta que no hay política pública de empleo ni plan nacional de empleo que aborden las necesidades de más de 1 millón de nicaragüenses que se encuentran desempleados y de los trabajadores informales. El Gobierno indica que ha impulsado programas que han generado empleos productivos sostenibles («Hambre Cero») y mejorado las posibilidades de mejores ingresos a pequeños comerciantes («Usura Cero»), con más de 160 000 beneficiarios por cada uno de los programas ejecutados entre 2007-2011. Además, el Gobierno indica que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha impulsado la incorporación a los beneficios de la seguridad social a centros de trabajo con al menos un empleado. El Programa Nacional de Inserción Laboral ha permitido el desarrollo de competencias para hombres y mujeres en temas como emprendedurismo, autoempleo y formación profesional para la empleabilidad. La política económica incluye como principales ejes la estabilidad macroeconómica y el incentivo a la inversión (local y extranjera), sentando las bases para el crecimiento de la economía formal. La Comisión toma nota que, entre las principales políticas del Gobierno para el período 2012-2016, figura: el impulso a políticas activas de empleo, particularmente aquellas relacionadas con la ampliación y mejora del servicio público de empleo, la capacitación y formación profesional, y los programas de incentivos para la creación de empleos. El Gobierno indica que entre 2007 y 2011, en total 12 571 personas fueron colocadas a través de políticas activas de empleo; mientras que, en el año 2012, 2 858 personas fueron insertadas en el mercado laboral, en su mayoría por el Servicio Público de Empleo (SEPEM). La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya información actualizada sobre las medidas tomadas para formular una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información sobre los resultados alcanzados en términos de generación de empleo en el marco de la ejecución de los programas gubernamentales. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones sobre las medidas adoptadas para permitir una transferencia progresiva de los trabajadores de la economía informal al sector formal, incluyendo datos sobre el impacto de programas de microcréditos, formación y fomento de microempresas y pequeñas empresas. También se invita al Gobierno a agregar informaciones estadísticas actualizadas sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo que constituyen una fase indispensable para la adopción de medidas en materia de política activa del empleo (artículo 2).

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la instalación de la Comisión Nacional de Empleo Juvenil como instancia adscrita al Consejo Nacional del Trabajo y de la aprobación de un Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno para las Juventudes de Nicaragua 2012-2016, alineado con las prioridades estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016. Además, el Gobierno indica que, en el marco de la ejecución del Programa Conjunto de Juventud, Empleo y Migración, se crearon un total de 56 mesas municipales de empleo juvenil para facilitar el empleo y autoempleo de personas jóvenes en los municipios de intervención (se espera que al final del año 2013 funcionen 70 mesas de ese tipo). La Comisión también toma nota de la promoción de emprendimientos juveniles realizada por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas para mejorar el acceso a un empleo digno a los jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, tanto en las zonas urbanas como rurales.

Zonas francas de exportación. La Comisión toma nota que la evolución del empleo en las empresas que operan bajo el régimen de zona franca ha sido constante. En el año 2007, se contabilizaban 88 750 empleos directos mientras que, en marzo de 2013, se estimaba que había 104 493 empleos directos. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando informaciones sobre la evolución del empleo en las zonas francas de exportación y el impacto que han tenido los acuerdos tripartitos para que dichas zonas ofrezcan empleo duradero y de calidad.

Fomento de pequeñas y medianas empresas para la creación de empleo. La Comisión toma nota de que se está procediendo a la actualización del Plan Operativo del Programa de Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYME). Además, el Gobierno indica que se está trabajando en la reactivación del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAMIPYME). La Comisión toma nota de las actividades realizadas en materia de formación de los recursos humanos y promoción de la empresarialidad, como ser la creación de un centro vocacional en Masaya y la elaboración de 100 diagnósticos de las micro, pequeñas y medianas empresas con mayor potencial exportador. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a agregar, en su próxima memoria, una evaluación sobre el cumplimiento de los planes operativos del PROMIPYME y CONAMIPYME incluyendo información sobre su impacto en los territorios de mayor concentración de personas en extrema pobreza.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. El Gobierno indica en su memoria que, en el marco de otros espacios de discusión y consenso, las partes que integran el Consejo Nacional de Trabajo han abordado la formulación del reglamento que regule su funcionamiento. La Comisión pide al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información específica sobre las actividades desarrolladas en el marco del Consejo Nacional de Trabajo para diseñar políticas y programas de empleo que generen empleo decente y cuyas políticas contribuyan a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico y social del país.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en la memoria recibida en septiembre de 2013. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Unificación Sindical de Nicaragua (CUS), en una comunicación transmitida al Gobierno en septiembre de 2013, en la que manifiesta que no hay política pública de empleo ni plan nacional de empleo que aborden las necesidades de más de 1 millón de nicaragüenses que se encuentran desempleados y de los trabajadores informales. El Gobierno indica que ha impulsado programas que han generado empleos productivos sostenibles («Hambre Cero») y mejorado las posibilidades de mejores ingresos a pequeños comerciantes («Usura Cero»), con más de 160 000 beneficiarios por cada uno de los programas ejecutados entre 2007-2011. Además, el Gobierno indica que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha impulsado la incorporación a los beneficios de la seguridad social a centros de trabajo con al menos un empleado. El Programa Nacional de Inserción Laboral ha permitido el desarrollo de competencias para hombres y mujeres en temas como emprendedurismo, autoempleo y formación profesional para la empleabilidad. La política económica incluye como principales ejes la estabilidad macroeconómica y el incentivo a la inversión (local y extranjera), sentando las bases para el crecimiento de la economía formal. La Comisión toma nota que, entre las principales políticas del Gobierno para el período 2012-2016, figura: el impulso a políticas activas de empleo, particularmente aquellas relacionadas con la ampliación y mejora del servicio público de empleo, la capacitación y formación profesional, y los programas de incentivos para la creación de empleos. El Gobierno indica que entre 2007 y 2011, en total 12 571 personas fueron colocadas a través de políticas activas de empleo; mientras que, en el año 2012, 2 858 personas fueron insertadas en el mercado laboral, en su mayoría por el Servicio Público de Empleo (SEPEM). La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya información actualizada sobre las medidas tomadas para formular una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información sobre los resultados alcanzados en términos de generación de empleo en el marco de la ejecución de los programas gubernamentales. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones sobre las medidas adoptadas para permitir una transferencia progresiva de los trabajadores de la economía informal al sector formal, incluyendo datos sobre el impacto de programas de microcréditos, formación y fomento de microempresas y pequeñas empresas. También se invita al Gobierno a agregar informaciones estadísticas actualizadas sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo que constituyen una fase indispensable para la adopción de medidas en materia de política activa del empleo (artículo 2).

Empleo juvenil. La Comisión toma nota con interés de la instalación de la Comisión Nacional de Empleo Juvenil como instancia adscrita al Consejo Nacional del Trabajo y de la aprobación de un Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno para las Juventudes de Nicaragua 2012-2016, alineado con las prioridades estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016. Además, el Gobierno indica que, en el marco de la ejecución del Programa Conjunto de Juventud, Empleo y Migración, se crearon un total de 56 mesas municipales de empleo juvenil para facilitar el empleo y autoempleo de personas jóvenes en los municipios de intervención (se espera que al final del año 2013 funcionen 70 mesas de ese tipo). La Comisión también toma nota de la promoción de emprendimientos juveniles realizada por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas para mejorar el acceso a un empleo digno a los jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, tanto en las zonas urbanas como rurales.

Zonas francas de exportación. La Comisión toma nota que la evolución del empleo en las empresas que operan bajo el régimen de zona franca ha sido constante. En el año 2007, se contabilizaban 88 750 empleos directos mientras que, en marzo de 2013, se estimaba que había 104 493 empleos directos. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando informaciones sobre la evolución del empleo en las zonas francas de exportación y el impacto que han tenido los acuerdos tripartitos para que dichas zonas ofrezcan empleo duradero y de calidad.

Fomento de pequeñas y medianas empresas para la creación de empleo. La Comisión toma nota de que se está procediendo a la actualización del Plan Operativo del Programa de Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYME). Además, el Gobierno indica que se está trabajando en la reactivación del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAMIPYME). La Comisión toma nota de las actividades realizadas en materia de formación de los recursos humanos y promoción de la empresarialidad, como ser la creación de un centro vocacional en Masaya y la elaboración de 100 diagnósticos de las micro, pequeñas y medianas empresas con mayor potencial exportador. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a agregar, en su próxima memoria, una evaluación sobre el cumplimiento de los planes operativos del PROMIPYME y CONAMIPYME incluyendo información sobre su impacto en los territorios de mayor concentración de personas en extrema pobreza.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. El Gobierno indica en su memoria que, en el marco de otros espacios de discusión y consenso, las partes que integran el Consejo Nacional de Trabajo han abordado la formulación del reglamento que regule su funcionamiento. La Comisión pide al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información específica sobre las actividades desarrolladas en el marco del Consejo Nacional de Trabajo para diseñar políticas y programas de empleo que generen empleo decente y cuyas políticas contribuyan a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico y social del país.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en la memoria detallada recibida en agosto de 2010. En relación con la observación formulada en 2009, el Gobierno indica que en 2009 la tasa de crecimiento de la actividad económica decayó a –1,5 por ciento, afectada por la crisis financiera internacional. En diciembre de 2009 se realizó una reforma fiscal para sanear las cuentas públicas y promover un clima de confianza para incentivar la inversión privada. Según los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en febrero de 2010, la tasa de participación activa se encontraba en un 31,1 por ciento, siendo los hombres los que participan con mayor intensidad en el mercado de trabajo (84,3 por ciento frente al 54 por ciento de las mujeres). La Comisión toma nota de la recuperación de la participación de las mujeres en las actividades laborales, al pasar de 49,9 por ciento en febrero de 2009 a 54 por ciento en febrero de 2010. Este crecimiento se destaca particularmente en las zonas rurales como resultado de los programas sociales impulsados. Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en febrero de 2010, la tasa de desempleo alcanzó el 8 por ciento, y el 43 por ciento de las personas ocupadas se encontraban en una situación de subocupación en términos de insuficiencia de jornada o de salarios bajos. Dicha tasa se incrementó en el 2010 en un 2,5 por ciento frente al año anterior. Los ingresos por concepto de remesas familiares disminuyeron el 6,1 por ciento, debido a la contracción de la actividad económica en los países principales en los que se encuentran trabajadores nicaragüenses. Según el Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo, en 2009 se triplicó la demanda de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo, y a pesar de que la oferta de puestos de trabajo se duplicó con respecto al año anterior, sólo un tercio de los buscadores de empleo pudieron colocarse. El Gobierno indica que entre febrero de 2009 y febrero de 2010 se generaron 178.000 empleos (94.000 empleos para mujeres y 84.000 para hombres). La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria incluya información sobre las medidas tomadas para formular una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones sobre los resultados alcanzados en términos de generación de empleo en el marco del Plan Nacional de Trabajo Decente.

Zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de que en 2009 la Comisión Tripartita Laboral de Zonas Francas, la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (ANITEC), la Comisión Nacional de Zonas Francas y el Ministerio del Trabajo firmaron un Acuerdo de Emergencia Económica y Laboral. Con el objetivo de preservar la inversión y los empleos para el período 2010-2013, en enero de 2010, se firmó otro acuerdo en el marco de la Comisión Tripartita Laboral de Zonas Francas, comprometiéndose las partes a promover políticas sociales encaminadas al desarrollo integral de los trabajadores del sector y manteniendo la estabilidad laboral. Además, se formuló una estrategia de capacitación con el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) para mejorar la productividad de los trabajadores en las empresas de zonas francas. Durante 2010, el sector mostró un buen comportamiento, registrando en promedio tasas de crecimiento superior al 3 por ciento ofreciendo trabajo a más de 80.000 trabajadores, alcanzando el nivel anterior a la crisis. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones sobre la evolución del empleo en las zonas francas de exportación y el impacto de los acuerdos tripartitos para que dichas zonas ofrezcan empleo duradero y de calidad.

Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión recuerda que el Programa de las micro, pequeñas y medianas empresas (PROMIPYME) tenía entre sus objetivos dar prioridad a las acciones que condujeran a crear mecanismos e incentivos que favorecieran la formalización del sector. Según la CEPAL, la proporción de personas ocupadas en la economía informal aumentó 1,4 puntos porcentuales llegando al 64,9 por ciento. Además, el INIDE indica que la tasa de informalidad en las zonas rurales alcanza el 88,7 por ciento. La Comisión invita al Gobierno a seguir brindando informaciones sobre las medidas adoptadas para permitir una transferencia progresiva de trabajadores de la economía informal al sector formal, incluyendo datos sobre el impacto de programas de microcréditos, formación y fomento de microempresas y pequeñas empresas.

Fomento de pequeñas y medianas empresas para la creación de empleo. La Comisión observa que el Programa de las micro, pequeñas y medianas empresas (PROMIPYME) (2007-2017), llega al final de su primera fase. En marzo de 2010, se instaló el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAMIPYME) como instancia de consulta y concertación entre el Gobierno y el sector gremial de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria agregue una evaluación sobre el cumplimiento de los planes operativos del PROMIPYME y CONAMIPYME incluyendo información sobre su impacto en los territorios de mayor concentración de personas en extrema pobreza.

Empleo juvenil. La Comisión observa que la demanda de fuerza de trabajo sigue siendo sustancialmente superior para jóvenes entre los 20 y 29 años de edad. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2010, el desempleo juvenil alcanza el 9,6 por ciento, tres puntos por encima de la tasa de desempleo. El Gobierno informa que se está ejecutando el Programa Ventana de la Juventud, Empleo y Migración con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para crear redes y asociaciones de jóvenes microempresarios, promover el turismo comunitario y el acceso a la formación técnica. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información sobre las medidas adoptadas y los resultados alcanzados para mejorar el acceso a un empleo digno a los jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, tanto en la zonas urbanas como rurales.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. La Comisión toma nota de que en marzo de 2010 se instaló el Consejo Nacional de Trabajo como espacio de diálogo social tripartito donde se podrán abordar temas como el empleo, los salarios, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades en el empleo, la restitución al derecho al trabajo digno y el respeto de la legislación laboral. La Comisión espera que en su próxima memoria el Gobierno incluya información más específica sobre las actividades desarrolladas en el marco del Consejo para diseñar políticas y programas de empleo que generen empleo decente y cuyas políticas contribuyan a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico y social del país.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. El Gobierno indica que de conformidad con el decreto núm. 30-2006 que establece la política nacional de empleo se tomaron en cuenta las medidas macroeconómicas, salariales, fiscales, monetarias, tributarias, de gasto público para generar empleos productivos y estables. Además, el Gobierno apoya la creación de empleo productivo y decente mediante el fortalecimiento del mercado interno, promoviendo políticas que faciliten un ambiente atractivo para la inversión extranjera directa y nacional a sectores tradicionales y no tradicionales. La Comisión toma nota de la adopción del Programa Nacional de Trabajo Decente 2008-2011 que procura contribuir al desarrollo económico y social de Nicaragua, mediante la generación de empleo y trabajo decente de forma sostenida, en un marco de eficiencia, productividad, competitividad y justicia social. La Comisión toma nota de que en el marco de la Política Nacional de Empleo y Trabajo Decente (PNETD) se adoptaron programas para generar empleo, impartir capacitación laboral y apoyar la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral. La Comisión también toma nota de que ante la crisis económica internacional, en enero de 2009, el Gobierno adoptó el Plan de Defensa de la Producción, el Crecimiento y el Empleo cuyos cinco ejes fundamentales incluyen mantener la estabilidad financiera, la inversión pública en proyectos de infraestructura, incentivar la producción e inversión privada, la protección del empleo solidario a través de consensos en política salarial y la promoción de empleos municipales y la austeridad fiscal. La Comisión toma nuevamente nota con interés de la manera en que el Gobierno se ha propuesto aplicar el Convenio y pide que en su próxima memoria ofrezca información acerca de cómo las medidas adoptadas en los programas ejecutados en el marco de la Política Nacional de Empleo y en el Plan de Defensa de la Producción, el Crecimiento y el Empleo han contribuido a la generación de empleos productivos, estables y de calidad. En este sentido, el Gobierno ha indicado que la crisis económica ha tenido una fuerte incidencia sobre el empleo en las zonas francas y que en el Programa de Defensa de la Producción, el Crecimiento y el Empleo prevé medidas para facilitar las exportaciones. La Comisión pide al Gobierno que siga informando acerca de la evolución del empleo en las zonas francas de exportación y sobre las medidas adoptadas para garantizar que dichas zonas ofrecen empleo duradero y de calidad.

Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. Según las estimaciones disponibles, en 2007, la pobreza afectaba al 46 por ciento de la población total, mientras que el 15 por ciento se encontró en pobreza extrema. En noviembre de 2007, Nicaragua tenía un 5,2 por ciento de desempleo y un 34,1 por ciento de subempleo. El 62,7 por ciento de las personas ocupadas se encontraban en la economía informal, lo que supone un incremento de 3,9 puntos porcentuales de dicho sector desde 2005. Según los datos estadísticos incluidos por el Gobierno en su memoria, la mujer tan sólo alcanzaba el 37,2 por ciento de la población total ocupada. La Comisión toma nota igualmente de que mediante el programa Hambre Cero se ofrecen bonos productivos que tienden a favorecer a la población de escasos recursos del país. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria continúe informando sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan a los sectores más vulnerables y el resultado alcanzado por las medidas tomadas para luchar contra la pobreza. La Comisión además solicita al Gobierno que siga informando sobre las medidas que está adoptando para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal.

Fomento de pequeñas y medianas empresas para la creación de empleo. La Comisión toma nota con interés de que en enero de 2008 se adoptó la ley núm. 645 de promoción, fomento, desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) por la que se busca formalizar las MIPYME, mediante la creación de centros de apoyo y un registro único y descentralizado. Se estableció un Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAMYPE), como una instancia de consulta, concertación y consenso para determinar las prioridades nacionales, las políticas, programas y acciones dirigidas a la promoción y fomento del sector. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria informe sobre los resultados de las medidas que se han adoptado para desarrollar la productividad y competitividad de las MIPYME y los progresos realizados con el objetivo de que las MIPYME se conviertan en fuentes generadoras de empleo sostenible de calidad e ingresos.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que entre las prioridades definidas en el PNTD se destaca el fortalecimiento del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para que contribuya en el diseño y ejecución de políticas y de programas de empleo y trabajo decente. La Comisión invita al Gobierno a que siga incluyendo informaciones sobre la experiencia de los interlocutores sociales para aplicar el Convenio, y en concreto sobre las consultas celebradas con representantes del sector rural, de la economía informal y de quienes trabajan en las zonas francas.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su comentario de 2007, redactado como sigue:

1. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno en su memoria recibida en septiembre de 2006. La Comisión toma nota con interés que mediante decreto ejecutivo núm. 30-2006, de 1.º de mayo de 2006, la Presidencia de la República aprobó la política nacional de empleo expresando que se incorporaban los principios de las normas internacionales del trabajo, especialmente los de los Convenios núms. 100, 111 y 122. Entre otras declaraciones importantes, se considera como prioridad nacional la de formular una estrategia para la generación de trabajo de calidad, junto con un incentivo a la inversión privada nacional y extranjera, y formular la estrategia de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Se buscará fortalecer el sistema de inversiones públicas para impulsar una serie de proyectos de mayor impacto en el nivel de vida de la población y de la economía en general acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los desembolsos atribuidos a un programa de inversiones en infraestructura más agresivo para incidir en el crecimiento económico. La Comisión pide al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria, indicaciones sobre las dificultades que se puedan haber presentado para alcanzar los objetivos del empleo establecidos en el plan nacional de desarrollo incluyendo información cuantitativa actualizada sobre la evolución y resultados de los programas ejecutados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y el subempleo.

2. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma también nota con interés de la declaración del Gobierno en su memoria indicando que después de un largo proceso de ajuste estructural y disciplina fiscal, Nicaragua finalmente alcanzó en enero de 2004 la condonación de más del 80 por ciento de su deuda externa bajo la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), en el marco de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP 2001). El programa macroeconómico ejecutado por Nicaragua para el período 2002-2005 contribuyó a la estabilidad del país, con un crecimiento de 5,1 por ciento durante 2004. Sin embargo, según las informaciones publicadas por la CEPAL en el Balance preliminar para las economías de América Latina y del Caribe 2006, el crecimiento de la economía nicaragüense, debido a la pérdida de dinamismo de la demanda interna, se desaceleró levemente, pasando del 4 por ciento en 2005 al 3,7 por ciento en 2006, lo que pudo compensarse parcialmente por el fuerte incremento de las exportaciones. Las exportaciones de bienes crecieron un 24 por ciento debido tanto al buen ciclo agrícola como a la mejora de los precios internacionales de algunos de los principales productos tradicionales de exportación y al dinamismo de las exportaciones netas de las zonas francas, especialmente de la maquila textil. Según las estadísticas disponibles en la OIT, la tasa global de desempleo ha ido disminuyendo hasta ubicarse en un 7 por ciento en el 2005. El empleo informal no ha disminuido encontrándose en el 2005 en una tasa de 58,8 por ciento. La Comisión reitera su interés por continuar recibiendo indicaciones sobre la manera en que se ha asegurado que el empleo ocupe un lugar central en las políticas macroeconómicas y sociales al elaborarse y llevarse a cabo la estrategia nacional para la reducción de la pobreza y promover trabajo decente. La Comisión agradece también al Gobierno que en su próxima memoria continúe informando sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan a los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores con discapacidades, trabajadores rurales y de la economía informal), y en particular, sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.

3. Parte V del formulario de memoria. Cooperación técnica de la OIT. El Gobierno informa en su memoria sobre las reuniones que han tenido lugar en el marco del Sistema de integración centroamericana (SICA) para tratar de manera consensual y tripartita los temas del empleo y establecer vínculos más estrechos entre lo social y lo económico. La Comisión pide al Gobierno que siga incluyendo indicaciones sobre las iniciativas subregionales que han contado con el apoyo de la OIT para promover los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio.

4. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. La Comisión toma nota con interés que en el Plan Nacional de Empleo, se dice que «el Gobierno apoyará el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y empresariales y el desarrollo de instancias bipartitas y tripartitas de diálogo social para la concertación de políticas laborales, de empleo y trabajo decente, tanto dentro del espíritu del Convenio núm. 144 de la OIT, referido a la consulta tripartita, como del marco constitucional y legal que rigen en el país». La Comisión se felicita por este enfoque y pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones sobre la manera en que se han tratado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo los asuntos relacionados con la política del empleo. La Comisión invita también al Gobierno a considerar la manera de incluir en las consultas que requiere el Convenio a representantes de las categorías más vulnerables de la población — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — cuando formula y busca apoyo para ejecutar los programas y medidas de política de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno en su memoria recibida en septiembre de 2006. La Comisión toma nota con interés que mediante decreto ejecutivo núm. 30-2006, de 1.º de mayo de 2006, la Presidencia de la República aprobó la política nacional de empleo expresando que se incorporaban los principios de las normas internacionales del trabajo, especialmente los de los Convenios núms. 100, 111 y 122. Entre otras declaraciones importantes, se considera como prioridad nacional la de formular una estrategia para la generación de trabajo de calidad, junto con un incentivo a la inversión privada nacional y extranjera, y formular la estrategia de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Se buscará fortalecer el sistema de inversiones públicas para impulsar una serie de proyectos de mayor impacto en el nivel de vida de la población y de la economía en general acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los desembolsos atribuidos a un programa de inversiones en infraestructura más agresivo para incidir en el crecimiento económico. La Comisión pide al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria, indicaciones sobre las dificultades que se puedan haber presentado para alcanzar los objetivos del empleo establecidos en el plan nacional de desarrollo incluyendo información cuantitativa actualizada sobre la evolución y resultados de los programas ejecutados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y el subempleo.

2. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma también nota con interés de la declaración del Gobierno en su memoria indicando que después de un largo proceso de ajuste estructural y disciplina fiscal, Nicaragua finalmente alcanzó en enero de 2004 la condonación de más del 80 por ciento de su deuda externa bajo la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), en el marco de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP 2001). El programa macroeconómico ejecutado por Nicaragua para el período 2002-2005 contribuyó a la estabilidad del país, con un crecimiento de 5,1 por ciento durante 2004. Sin embargo, según las informaciones publicadas por la CEPAL en el Balance preliminar para las economías de América Latina y del Caribe 2006, el crecimiento de la economía nicaragüense, debido a la pérdida de dinamismo de la demanda interna, se desaceleró levemente, pasando del 4 por ciento en 2005 al 3,7 por ciento en 2006, lo que pudo compensarse parcialmente por el fuerte incremento de las exportaciones. Las exportaciones de bienes crecieron un 24 por ciento debido tanto al buen ciclo agrícola como a la mejora de los precios internacionales de algunos de los principales productos tradicionales de exportación y al dinamismo de las exportaciones netas de las zonas francas, especialmente de la maquila textil. Según las estadísticas disponibles en la OIT, la tasa global de desempleo ha ido disminuyendo hasta ubicarse en un 7 por ciento en el 2005. El empleo informal no ha disminuido encontrándose en el 2005 en una tasa de 58,8 por ciento. La Comisión reitera su interés por continuar recibiendo indicaciones sobre la manera en que se ha asegurado que el empleo ocupe un lugar central en las políticas macroeconómicas y sociales al elaborarse y llevarse a cabo la estrategia nacional para la reducción de la pobreza y promover trabajo decente. La Comisión agradece también al Gobierno que en su próxima memoria continúe informando sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan a los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores con discapacidades, trabajadores rurales y de la economía informal), y en particular, sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.

3. Parte V del formulario de memoria. Cooperación técnica de la OIT. El Gobierno informa en su memoria sobre las reuniones que han tenido lugar en el marco del Sistema de integración centroamericana (SICA) para tratar de manera consensual y tripartita los temas del empleo y establecer vínculos más estrechos entre lo social y lo económico. La Comisión pide al Gobierno que siga incluyendo indicaciones sobre las iniciativas subregionales que han contado con el apoyo de la OIT para promover los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio.

4. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. La Comisión toma nota con interés que en el Plan Nacional de Empleo, se dice que «el Gobierno apoyará el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y empresariales y el desarrollo de instancias bipartitas y tripartitas de diálogo social para la concertación de políticas laborales, de empleo y trabajo decente, tanto dentro del espíritu del Convenio núm. 144 de la OIT, referido a la consulta tripartita, como del marco constitucional y legal que rigen en el país». La Comisión se felicita por este enfoque y pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones sobre la manera en que se han tratado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo los asuntos relacionados con la política del empleo. La Comisión invita también al Gobierno a considerar la manera de incluir en las consultas que requiere el Convenio a representantes de las categorías más vulnerables de la población — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — cuando formula y busca apoyo para ejecutar los programas y medidas de política de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la memoria recibida en septiembre de 2004 que contiene indicaciones sobre la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza y de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, se evalúa que la tasa global de desempleo no ha cambiado significativamente entre 1998 y 2001 (del 11,6 por ciento en 2002 y de 10,2 en 2003). La tasa de desempleo es mayor en los hogares pobres (25,6 por ciento). Cuarenta y seis de cada 100 ocupados a nivel nacional están en el sector informal, la mayoría de ellos (28 de cada 100) en actividades por cuenta propia de muy baja productividad e ingresos. Adicionalmente, 18 de cada 1000 ocupados están en el sector tradicional de la pequeña producción campesina e indígena. El subempleo visible (definido como una oferta de puestos de trabajo menor de 40 horas a la semana) era un tercio del empleo total. Las regiones que tienen las mayores tasas de subempleo visible son el Pacífico y el Atlántico. Para disminuir la extrema pobreza a la mitad en 2015, se deben lograr tasas anuales de crecimiento del PIB de un 5 por ciento anual de promedio (el incremento del PIB fue de un 4 por ciento en 2004). La Comisión toma nota con interés de que, en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, se afirma que «la política de generación de empleo entendida tanto desde el punto de vista de la demanda (inversión productiva) como de la oferta (inversión en capital humano), es el principal objetivo tanto de la política económica como de la política social. El crecimiento de la economía producido por un buen entorno macroeconómico y la inversión social, deben articularse para que los objetivos de crecimiento económico beneficien a la mayoría de la población potenciando la productividad y las utilidades tanto de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas. Se aumentará así la base de ingresos salariales al incorporar a los desocupados o subocupados (sector informal) al mercado laboral formal sirviendo un triple propósito: i) la reactivación económica, ii) la prestación de más y mejores servicios sociales y iii) la recaudación de mayores ingresos fiscales que reforzarían a la vez la inversión pública como instrumento de reactivación económica y desarrollo social, creando un efecto multiplicador positivo». La Comisión ha tomado nota con interés de las informaciones sobre el proceso de consulta y de construcción participativa que ha servido para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo - y de la asistencia recibida de la OIT para la formulación de una Política Nacional de Empleo.

2. Como lo ha hecho en sus observaciones anteriores, la Comisión espera que el Gobierno seguirá esforzándose para que la creación de empleo productivo se encuentre en un lugar central de las políticas macroeconómicas y sociales al elaborarse y llevarse a cabo una estrategia nacional para la reducción de la pobreza. En efecto, la Comisión considera esencial que se tomen en cuenta los objetivos del empleo, «como un objetivo de mayor importancia», desde el inicio de las discusiones para la formulación de políticas económicas y sociales de modo que dichos objetivos formen realmente parte integrante de las políticas que se adopten (párrafo 490 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno incluirá informaciones que permitan apreciar las medidas adoptadas al ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo que contribuyan a alcanzar los objetivos del Convenio (artículos 1 y 2 del Convenio).

3. En este sentido, la Comisión se felicita de los informes preparados por la Oficina en el marco de la asistencia al Gobierno para la elaboración de la Política Nacional de Empleo - y confía en que en la próxima memoria se encontrarán indicaciones sobre las medidas tomadas como consecuencia de la asistencia recibida de la OIT (parte V del formulario de memoria).

4. La Comisión agradecería al Gobierno que incluya también en su memoria indicaciones sobre la manera en que se ha logrado crear empleo duradero para los grupos en situación de vulnerabilidad que se han definido en el Plan Nacional de Desarrollo. Como en anteriores oportunidades, la Comisión desearía contar con informaciones sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores con discapacidad, trabajadores rurales y de la economía informal). En particular, la Comisión solicita al Gobierno que comunique indicaciones sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.

5. Otras cuestiones relativas a los trabajadores migrantes y al funcionamiento de los servicios de empleo han sido abordados en comentarios para el Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) y el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88).

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. En relación con sus comentarios de 2001, la Comisión toma nota de la memoria recibida en octubre de 2002 que ofrece un análisis sintético de la situación del empleo y de las orientaciones gubernamentales para lograr un mayor crecimiento económico. En 2001, el producto interno bruto aumentó de 3 por ciento - lo que significó una reducción de más de dos puntos respecto del año anterior - y la inflación se mantuvo al nivel más bajo en los últimos nueve años (4,65 por ciento anual acumulado). Sin embargo, los indicadores del mercado de trabajo muestran una tasa de desempleo de 10,7 por ciento y el subempleo se elevó a 12,4 por ciento. Se ha privatizado la empresa nacional de telecomunicaciones y se aprobaron nuevas disposiciones tendientes a la protección de los depósitos bancarios. El Gobierno confía en seguir fortaleciendo a todo el sector privado y favoreciendo la inversión extranjera. La zona franca industrial cuenta con 52 empresas que han generado empleo directo para 40.220 personas. El Fondo de Inversión de Emergencia (FISE) se dirige a los estratos de la población más deprimidos y ha ejecutado - en 2001 - 846 proyectos que generaron 68.920 empleos directos temporales (en 2002, 109 proyectos beneficiaron a 152.098 personas). El Gobierno recuerda que la Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza tiende a lograr crecimiento equitativo de base amplia con alta generación de empleo y énfasis en el desarrollo rural, un alto nivel de inversiones en capital humano de los pobres para aumentar la competitividad, mejorar el acceso a los bienes y servicios básicos como salud, educación, vivienda y fortalecimiento de la institucionalidad. La Comisión confía en que el Gobierno seguirá incluyendo en su memoria indicaciones sobre la manera en que se han ido alcanzando los objetivos en materia de empleo que se han establecido en la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza.

2. En ese contexto, la Comisión entiende que, en octubre de 2002, el Gobierno ha convenido con la OIT la formulación de una política nacional de empleo (PNE) de manera de que se maximice el aprovechamiento y valorización de los recursos humanos propiciando a los hombres y mujeres la obtención de trabajo decente para lograr las aspiraciones nacionales de vivir con dignidad. La Comisión espera que el Gobierno podrá incluir en su próxima memoria indicaciones sobre los avances alcanzados en el marco de la PNE y los resultados observados en términos de creación de empleo productivo (parte V del formulario de memoria). La Comisión agradecería al Gobierno que proporcionase asimismo informaciones sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores con discapacidad, trabajadores rurales y del sector informal). En particular, la Comisión solicita al Gobierno que continúe comunicando indicaciones sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad para quienes son ocupados en dichas zonas.

3. En relación con los comentarios anteriores, el Gobierno indica que los pequeños, medianos y grandes productores rurales se asocian en diferentes instituciones gestionando beneficios para sus productos, obtención de información y realizando toda clase de actividades. No existen distinciones, exclusiones o preferencias entre las organizaciones que aglutinan a las personas ocupadas en el sector rural y en el sector informal organizado. Además, la Dirección General de Empleo y Salario es el órgano responsable de la ejecución, coordinación y evaluación de las políticas de empleo y de migraciones laborales. La Comisión se remite al artículo 3 del Convenio que requiere que se consulte a los representantes de las personas interesadas (organizaciones de empleadores y de trabajadores, representantes del sector rural y de la economía informal) para tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones. El objetivo de estas consultas es el de lograr su plena cooperación para formular y ejecutar las políticas del empleo. En este sentido, la Comisión confía en que el Gobierno velará para que en el marco de la Política Nacional de Empleo - e inclusive en las medidas relativas al empleo que se toman como consecuencia de la Estrategia Reforzadas de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza - se tengan en cuenta las consultas requeridas por el Convenio. Al respecto, se ruega también al Gobierno que incluya informaciones detalladas sobre dichas consultas.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión se refiere a su observación y agradecería al Gobierno que tenga a bien incluir en su próxima memoria indicaciones sobre los siguientes asuntos.

1. Artículo 1 del Convenio. En su memoria, el Gobierno evoca los análisis del mercado del trabajo y los estudios de corto plazo sobre la situación ocupacional del país realizados por la Dirección General de Empleo y Salario del Ministerio del Trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno dar información sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo que resultan de los análisis de la Dirección General de Empleo y Salario, indicando la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores con discapacidad, trabajadores rurales y del sector informal).

2. Artículo 2. Sírvase indicar las medidas que se han tomado para asegurar que los análisis de la Dirección General de Empleo y Salario han sido tomados en cuenta al adoptarse otra medidas para fomentar el desarrollo económico o alcanzar los objetivos económicos y sociales establecidos en la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

3. Al igual que en su solicitud directa de 1999, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a que comunique evaluaciones sobre los resultados alcanzados en relación con la creación de empleo por ciertos programas mencionados en su memoria, tales como aquellos ejecutados por el Fondo de Inversión Social de Emergencia, la Secretaría de Acción Social, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa y el Programa Nacional de Apoyo al Pequeño Productor.

4. El Gobierno indica en su memoria que el régimen de las zonas francas ha contribuido con la generación de 20.861 empleos directos y 2.099 empleos indirectos. La Comisión agradecería al Gobierno que continúe comunicando indicaciones sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad para quienes son ocupados en dichas zonas.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en noviembre de 2000, en la que se hace referencia al marco jurídico en el que opera el Ministerio del Trabajo, a las medidas tomadas en relación con la micro, pequeña y mediana empresa, al fomento de las inversiones y a medidas relacionadas con la formación profesional. La Comisión advierte que se redujo en 2000 la tasa de desempleo (de 10,7 a 9,8 por ciento) aunque la tasa de subempleo (12,1 por ciento) aumentó considerablemente. La mayoría de los puestos de trabajo se generaron en los sectores agropecuario, de la construcción, del comercio y de los servicios sociales. En diciembre de 2000, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional decidieron apoyar un paquete integral de reducción de deuda para Nicaragua en el marco de la Iniciativa Reforzada para los Países Pobres muy Endeudados. En ese contexto, el Gobierno deberá finalizar y poner en práctica una Estrategia de Reducción de la Pobreza totalmente participativa, incluyendo medidas para promover el desarrollo humano y la protección social, un mayor acceso a la educación primaria y a la atención de salud. En este sentido, la Comisión confía en que el Gobierno le seguirá dando prioridad en sus planes y programas a los objetivos del pleno empleo, incluyendo en su próxima memoria indicaciones sobre el grado en que se han alcanzado los objetivos de empleo que se establecieron en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (artículos 1 y 2 del Convenio).

2. Como lo viene haciendo desde hace muchos años, la Comisión reitera su solicitud para que la próxima memoria del Gobierno incluya las indicaciones que se requieren en el formulario de memoria en relación con la consulta de los representantes de los medios interesados en los distintos aspectos de una política del empleo, en particular las consultas que se celebren con representantes de las personas ocupadas en el sector rural y en el sector informal (artículo 3).

En una solicitud directa, la Comisión evoca otras cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

1. La Comisión toma nota de la memoria detallada comunicada por el Gobierno para el período que termina en junio de 1998. El Gobierno indica que procura crear condiciones favorables para el ahorro y la inversión en función del crecimiento económico y la lógica creación de puestos de trabajo. Se han definido tres orientaciones políticas: mantenimiento y consolidación de la paz social, fomento de la inversión en función de la producción y mayor equidad en la distribución del ingreso. La Comisión recuerda nuevamente que los objetivos de pleno empleo, productivo y libremente elegido deben ser parte integrante de una política económica y social coordinada (artículos 1 y 2 del Convenio). La Comisión espera que el Gobierno tendrá a bien, en su próxima memoria, indicar en qué medida las orientaciones adoptadas han permitido que se logren los objetivos del pleno empleo productivo y libremente elegido. Sírvase también tener en cuenta que muchos aspectos de una política del empleo rebasan la competencia del Ministerio del Trabajo. Como lo requiere el formulario de memoria establecido por el Consejo de Administración, la preparación de una memoria completa puede exigir consultas con los demás ministerios interesados, como por ejemplo los que se ocupan de la economía. La Comisión confía en que la próxima memoria se referirá a las cuestiones sobre las políticas de desarrollo globales y sectoriales que se indican en el formulario de memoria para el artículo 1 del Convenio.

2. La Comisión ha tomado nota de los anexos estadísticos transmitidos por el Gobierno sobre el mercado de trabajo urbano y sus implicaciones por género y sobre los perfiles de la población económica activa del sector rural, elaborados con la cooperación de la Oficina. Sírvase indicar la acción emprendida como consecuencia de dichos estudios, así como la manera en que la asistencia de la Oficina haya podido contribuir a la formulación y ejecución de una política activa del empleo en el sentido del Convenio.

3. La Comisión ha tomado nota de los distintos programas concretos que se dispone a llevar a cabo el Gobierno: fomento de la inversión extranjera, orientación preferencial del crédito agropecuario, generación de empleos de emergencia, formación profesional. La Comisión agradecería al Gobierno que agregue en su próxima memoria una evaluación sobre los resultados alcanzados por los mencionados programas. En cuanto a la generación de empleo en las zonas francas de exportación, la Comisión advierte que la resolución ministerial relativa al trabajo en las zonas francas radicadas en la República de Nicaragua, de fecha 23 de enero de 1998; busca promover ciertos derechos de los trabajadores y de las trabajadoras involucradas. En este sentido, la Comisión confía en que el Gobierno seguirá procurando evitar los efectos negativos y estimular los efectos positivos de las inversiones de estas empresas sobre el empleo.

4. De los datos transmitidos por el Gobierno, se desprende que el sector formal de la economía ocupa a un número de personas inferior al del sector informal. El nivel de la desocupación resulta también muy elevado (cercano al 14 por ciento en 1997) -- la mayor parte de la población económica activa sigue ocupada en actividades de poca productividad, como la agricultura de subsistencia y el comercio informal. La Comisión agradecería al Gobierno tener a bien indicar, en su próxima memoria, el resultado de las medidas que haya adoptado para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo en el sector no estructurado y facilitar su integración progresiva en la economía nacional. El Gobierno puede considerar conveniente referirse a las disposiciones pertinentes de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 y de la Recomendación sobre la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189), las cuales pueden contribuir para orientar su acción.

5. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene indicaciones en relación con las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio. En estas circunstancias, se reitera la solicitud para que la memoria del Gobierno incluya las indicaciones que se requieren en el formulario en relación con la consulta de los representantes de los medios interesados en los distintos aspectos de una política del empleo, en particular las consultas que se celebren con representantes de las personas ocupadas en el sector rural y en el sector informal.

6. En general, la Comisión considera conveniente que al responder a los puntos planteados se tengan en cuenta los comentarios formulados sobre la aplicación de otros convenios ratificados por Nicaragua, directamente vinculados al Convenio núm. 122, tales como el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) y el Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

1. En relación con su observación, la Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza en junio de 1996 y de los elementos de información que contiene en respuesta a su solicitud anterior. Comprueba, sin embargo, que no incluye las informaciones estadísticas solicitadas en el formulario de memoria acerca de la situación, el nivel y las tendencias del empleo, del desempleo y del subempleo. Se solicita tenga a bien incluir en la próxima memoria los datos disponibles a este respecto, como se solicita en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración, incluido, en la medida de lo posible, lo relativo al sector no estructurado.

2. La Comisión toma nota de que la instalación de empresas multinacionales en las zonas francas permitió la creación de empleos. Señala a la atención del Gobierno los principios inscritos en el párrafo 12 de la Recomendación núm. 169 y le solicita que comunique las informaciones requeridas a este respecto.

3. La Comisión señala que las demás indicaciones relativas a la política de inversiones, a las políticas monetaria y presupuestaria, a la política comercial y a las políticas de precios, de ingresos y de salarios, no muestran de qué manera las decisiones adoptadas y los resultados obtenidos en todos estos terrenos, contribuyen efectivamente al fomento del empleo. Solicita al Gobierno tenga a bien examinar de qué manera pueden participar las principales orientaciones de la política económica seguida en el fomento del pleno empleo, productivo y libremente elegido, como un objetivo de la mayor importancia y como parte integrante de una política económica y social coordinada (artículos 1 y 2 del Convenio). Solicita, especialmente, se sirva indicar de qué modo la aplicación de los programas de ajuste estructural y de las medidas de privatización tienen en cuenta su incidencia en el empleo, especificando si se prevén medidas orientadas a favorecer la readaptación de los trabajadores afectados.

4. La Comisión toma nota de los programas de apoyo a las categorías de población más afectadas por el desempleo y el subempleo, así como de los proyectos de fomento del empleo rural. Sírvase indicar los resultados obtenidos por la aplicación de estos programas.

5. La Comisión toma nota con interés de las actividades de formación en el autoempleo emprendidas por el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), así como de los esfuerzos que realiza con el fin de coordinar la formación impartida con la demanda de la fuerza de trabajo que solicitan los empleadores. Tenga a bien transmitir toda la información concreta de que disponga sobre los resultados obtenidos a este respecto.

6. Artículo 3. La Comisión toma nota de que los representantes de los empleadores y de los trabajadores están en coordinación para definir las políticas de formación profesional. En relación con las solicitudes que viene formulando en este sentido desde hace algunos años, espera que el Gobierno pueda comunicar en su próxima memoria otras iniciativas dirigidas a permitir la consulta con los representantes de los medios interesados de los diferentes aspectos de las políticas del empleo. Al respecto, la Comisión recuerda que los representantes de las personas ocupadas en el sector rural y en el sector informal, deberían estar asociadas a las consultas exigidas en esta disposición.

7. Partes V y VI del formulario de memoria. La Comisión toma nota de que el Gobierno había recibido asistencia técnica de la OIT en muestreo para la cuarta encuesta para la medición del empleo. Sírvase seguir comunicando informaciones sobre la asistencia o los consejos recibidos, indicando las acciones emprendidas a raíz de los mismos. Además, la Comisión agradecería al Gobierno que tuviera a bien transmitir, como en el pasado, todos los extractos de memorias, de estudios o de encuestas que abordan el empleo y la política del empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

La Comisión toma nota que en el examen de la reclamación presentada por la Central de Trabajadores Latinoamericanos (CLAT), según el artículo 24 de la Constitución, el Consejo de Administración concluyó, en su 264.a reunión (noviembre de 1995), que los alegatos no presentaban ningún punto que no estuviera conforme con el presente Convenio.

La Comisión presentará una vez más una solicitud directa al Gobierno con respecto a ciertos otros asuntos.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en junio de 1994, que contiene informaciones en respuesta a su solicitud anterior y transmite documentación de utilidad. La Comisión toma nota en particular del estudio relativo a la situación del empleo urbano en Nicaragua, realizado en colaboración con la OIT y el PREALC, del que surge que la tasa de desempleo urbana en Nicaragua resulta la más elevada de América Central y una de las más altas de América Latina. La parte de la población activa urbana ocupada en el sector no estructurado también es muy importante, aunque la capacidad de absorción de la mano de obra de que ha hecho prueba ese sector se encontraría limitada. La tendencia hacia la "informalización" y "tercerización" del empleo es la característica, según destaca este análisis, de una economía de baja productividad.

2. La Comisión toma nota de que, según el mismo estudio, la disyuntiva de la política encaminada a lograr el crecimiento urbano se plantea sobre la manera de combinar las políticas redistributivas y las políticas de inversión. En condiciones de altos niveles de desempleo, y la necesidad de adoptar medidas urgentes lleva a recurrir a programas especiales que utilizan financiamiento proveniente del exterior o recursos adicionales generados mediante una mayor presión tributaria. En este sentido, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 2 del Convenio las medidas que se adopten para lograr los objetivos del empleo deberán determinarse y revisarse regularmente "como parte integrante de una política económica y social coordinada". La Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien indicar en su próxima memoria las medidas adoptadas para superar las dificultades que menciona, haciendo particular referencia a la forma en que las decisiones adoptadas en materia de política de inversiones, políticas monetarias y fiscales, política comercial, política de precios, de ingresos y salarial, así que en el ámbito del desarrollo rural, contribuyeron a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

3. La Comisión toma nota con interés de las informaciones relativas a la ejecución del Plan de Reconversión Ocupacional y al funcionamiento del Fondo de Inversión Social (FISE) y del Fondo de Atención a los Sectores Oprimidos (FASO) comunicadas en respuesta a su solicitud anterior. Sírvase seguir comunicando tales informaciones, e indicar todas las demás medidas que tengan por objeto garantizar un empleo duradero a las categorías de la población más afectadas por el desempleo y el subempleo, tales como los jóvenes trabajadores, las mujeres y los trabajadores afectados por las medidas de ajuste estructural. A este respecto, el Gobierno podía considerar de utilidad remitirse a las disposiciones pertinentes de la parte III de la Recomendación núm. 169. La Comisión solicita igualmente al Gobierno que continúe comunicándole informaciones sobre el resultado de los proyectos realizados por el Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales en favor de los trabajadores rurales, así como de todas las demás medidas de fomento del empleo productivo de los trabajadores del sector agrícola.

4. En referencia a su último comentario sobre la aplicación del Convenio núm. 142, la Comisión toma nota con interés del plan de trabajo para 1994 del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). La Comisión confía en que el Gobierno estará próximamente en condiciones de indicar en qué medida la formación recibida en el marco de los programas del INATEC ha favorecido la inserción de sus beneficiarios en el empleo. Sírvase indicar, de manera más general, las medidas tomadas con miras a garantizar la coordinación de las políticas de educación y de formación con las perspectivas de empleo.

5. El Gobierno indica que el Ministerio del Trabajo y el INATEC organizan seminarios con el fin de establecer vinculaciones con las Cámaras de los diferentes sectores económicos y las organizaciones sindicales con el objeto de coordinar las políticas de empleo con la oferta y demanda de trabajo y las necesidades de formación técnica y profesional. La Comisión invita al Gobierno que indique de qué manera los seminarios aludidos contribuyen a la realización de las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio, a las que, recuerda, se deberán asociar a los representantes de las personas interesadas por las políticas de empleo - tales como, además de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los representantes de las personas ocupadas en el sector agrícola y en el sector no estructurado - con objeto de lograr su cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución. Sírvase comunicar informaciones detalladas sobre todo otro procedimiento que haya sido instituido para dar plena aplicación a esta importante disposición del Convenio.

6. La Comisión invita al Gobierno a que siga enviándole todo extracto de informe, estudio y encuesta que permita evaluar las repercusiones sobre el empleo de las medidas de política económica y social (parte VI del formulario de memoria). Sírvase comunicar indicaciones sobre la acción emprendida como consecuencia de los proyectos de cooperación técnica o del asesoramiento recibido de la OIT (parte V del formulario de memoria).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

1. La Comisión toma nota de las respuestas brindadas por el Gobierno a los puntos planteados en la solicitud directa de 1991. El Gobierno se refiere a la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo, diseñada desde marzo de 1991, que tiene como finalidad "mejorar la calidad de vida para la mayoría de la población nicaragüense, superar la pobreza, respetar la libertad individual y la dignidad de la persona y proteger el medio ambiente". Se ejecuta un programa de estabilización, que conlleva la privatización de las empresas del Estado, la liberalización del comercio exterior y la autorización de bancos privados. El Gobierno reconoce que 14.000 trabajadores del sector público han sido afectados por las medidas de ajuste estructural, durante el primer semestre de aplicación del programa. Un programa de reconversión ocupacional habría beneficiado a 11.000 trabajadores afectados. La Comisión confía en que el Gobierno se servirá indicar en su próxima memoria cuál ha sido el impacto sobre el mercado del trabajo y el empleo del programa de estabilización (véase el formulario de memoria para el artículo 1 del Convenio).

2. El Gobierno indica que se ha creado un Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) y un Fondo de Atención a los Sectores Oprimidos (FASO) en tanto que programas orientados al mercado laboral. La Comisión ruega al Gobierno describir, en su próxima memoria, la manera en que los fondos mencionados han contribuido a la creación de empleos productivos en favor de las categorías de trabajadores que suelen encontrar dificultades para encontrar empleo duradero, tales como los jóvenes, las mujeres y los trabajadores afectados por las medidas de ajuste estructural.

3. En relación con las políticas de enseñanza y formación profesional, la Comisión toma nota con interés de la creación del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). En el marco del consejo asesor tripartito del INATEC - tal como el Gobierno declara en su memoria sobre la aplicación del Convenio núm. 142 - se promueve la formulación y ejecución de planes estratégicos de desarrollo de los recursos humanos del país, a fin de asegurar una movilización dinámica y flexible de la oferta de calificación técnica y ocupacional para los jóvenes y adultos ya sea que busquen empleo por primera vez o que hayan ingresado en el mercado del trabajo. La Comisión se refiere a los comentarios que formula este año para el Convenio núm. 142, confiando que en su próxima memoria sobre la aplicación del Convenio núm. 122, el Gobierno tendrá a bien continuar brindando indicaciones sobre la coordinación de las medidas y políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo.

4. La Comisión toma nota de las distintas medidas que se han tomado para recopilar y analizar datos estadísticos sobre el mercado del trabajo. Confía en que la próxima memoria incluirá extractos de los estudios y encuestas realizados de manera de permitirle apreciar el volumen y distribución de la mano de obra, así como la situación, nivel y tendencias del empleo (parte VI del formulario de memoria).

5. Sírvase continuar comunicando detalles sobre la manera en que se fomenta empleo productivo en el sector rural, en particular cuando se han promovido iniciativas tendientes a asegurar el uso racional de los recursos naturales y una protección adecuada del medio ambiente.

6. Artículo 3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la importancia que tienen las consultas con los representantes de las personas sobre las medidas que se hayan de adoptar. Las consultas deben tener por objeto tomar en cuenta sus experiencias y opiniones y obtener el apoyo necesario para su ejecución. En su memoria, el Gobierno declara que no hubo todavía experiencia - salvo a nivel de la formación y capacitación profesional. La Comisión insta al Gobierno a desplegar esfuerzos particulares para que las consultas previstas por el Convenio en lo que se refiere a la política del empleo se lleven a cabo con los representantes de los empleadores y de los trabajadores, así como también con representantes del sector rural y del sector informal. Ruega al Gobierno incluir indicaciones al respecto en su próxima memoria.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en la Oficina en enero de 1991, en la que se considera que no hay necesidad de hacer ningún comentario por el momento al no haber intervenido reformas en la legislación o medidas en la práctica que afecten el cumplimiento del Convenio.

2. En su solicitud directa de 1990, la Comisión había expresado su preocupación por la continua degradación de la situación económica y su impacto en la situación del mercado de trabajo. Según estimaciones transmitidas por PREALC, en la actualidad resulta muy difícil conocer la tasa efectiva de desempleo abierto, de subempleo, la situación del sector informal y de las zonas rurales. PREALC alude también a pedidos de cooperación técnica para revivir la medición del problema del empleo a través de un programa de encuestas de hogares y al asesoramiento propuesto para el establecimiento de programas de creación de empleo. La Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno incluirá indicaciones sobre las eventuales acciones emprendidas como consecuencia de proyectos de cooperación técnica de la OIT (Parte V del formulario de memoria).

3. La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno facilitará las indicaciones detalladas que requiere el formulario de memoria para el Convenio, y proporcionará informaciones en relación con los siguientes puntos planteados en sus comentarios anteriores:

i) sírvase describir las medidas adoptadas con el fin de satisfacer todas las demandas de empleo, haciendo especial referencia a las cuestiones sobre políticas de desarrollo globales y sectoriales (en particular, las medidas adoptadas en sectores tales como la política de inversiones; políticas fiscales y monetarias; política comercial; política de precios, de ingreso y salarial);

ii) sírvase describir las políticas y programas orientados directamente al mercado laboral y las políticas en materia de enseñanza y de formación profesional;

iii) sírvase indicar las medidas que se han tomado para recopilar y analizar información estadística y de otro tipo sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, naturaleza y extensión del desempleo y subempleo; así como los procedimientos para garantizar que los efectos en el empleo son tomados en consideración al adoptar medidas para fomentar el desarrollo económico (artículo 2 del Convenio);

iv) Sírvase indicar las medidas adoptadas en relación con la promoción del empleo productivo en el sector rural. El Gobierno puede considerar útil consultar al respecto el párrafo 27 de la Recomendación sobre política del empleo, 1964 (núm. 122) cuyo texto se anexa al formulario de memoria para el Convenio.

4. PREALC menciona en la comunicación precitada que el Gobierno está impulsando en la actualidad un vasto programa de privatizaciones. Sírvase incluir, en su próxima memoria, indicaciones sobre los resultados alcanzados por dicho programa y su repercusión sobre el empleo.

5. Artículo 3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado informaciones sobre las consultas con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre las materias cubiertas por el Convenio. La Comisión recuerda nuevamente la importancia que tienen las consultas con los representantes de las personas en las medidas que se hayan de adoptar, consultas que deben tener por objeto tomar en cuenta sus experiencias y opiniones y obtener el apoyo necesario para su ejecución. La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno no dejará de brindar las indicaciones requeridas por el formulario de memoria sobre las consultas efectuadas con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de las personas interesadas, comprendidas las que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en la Oficina en marzo de 1989. Toma nota de que a raíz de las medidas económicas adoptadas en febrero de 1988 se han aplicado disposiciones para reducir el empleo en el sector público y para lograr la recolocación de los trabajadores afectados. El Gobierno indica que se han priorizado tres programas en materia de empleo relativos a la colocación de los desmovilizados, en favor de los discapacitados y de los egresados del exterior. También se ha puesto en práctica un programa destinado a reducir la incidencia de la economía informal y se han creado 251 cooperativas para promover la pequeña industria.

La Comisión expresa su preocupación por la continua degradación de la situación económica (la tasa de crecimiento del PIB ha sido negativa en 1987 y 1988) y su impacto en la situación de la población activa que, según estimaciones de la Oficina, haría que cerca de dos tercios de la población se encuentre desempleada o subempleada. Espera que, en su próxima memoria, el Gobierno estará en condiciones de brindar informaciones sobre los resultados alcanzados por los programas de empleo mencionados. Sírvase asimismo incluir una descripción detallada de las medidas adoptadas con el fin de satisfacer todas las demandas de empleo, haciendo particular referencia a las cuestiones sobre políticas de desarrollo globales y sectoriales (en particular las medidas adoptadas en sectores tales como la política de inversiones; políticas fiscales y monetarias; política comercial; política de precios, de ingreso y salarial). Sírvase también describir las políticas orientadas directamente al mercado laboral y las políticas en materia de enseñanza y de formación profesional en respuesta a las cuestiones que plantea el formulario de memoria para el artículo 1 del Convenio.

2. La Comisión se refiere a su solicitud directa de 1988, y ruega al Gobierno tener a bien incluir en su próxima memoria las informaciones sobre las medidas que se han tomado para recopilar y analizar información estadística y de otro tipo sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, naturaleza y extensión del desempleo y subempleo; así como los procedimientos para garantizar que los efectos en el empleo son tomados en consideración al adoptar medidas para fomentar el desarrollo económico, tal como lo solicita el formulario de memoria para el artículo 2.

3. La Comisión ha tomado nota de las medidas adoptadas con la finalidad de promover el empleo en el sector rural. Confía en que continuará enviando informaciones sobre los resultados alcanzados por la reforma agraria y las otras medidas adoptadas en relación con la promoción del empleo productivo en el sector rural. El Gobierno puede considerar útil consultar al respecto el párrafo 27 de la Recomendación sobre política del empleo, 1964 (núm. 122) cuyo texto se anexa al formulario de memoria para el Convenio.

4. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado informaciones sobre las consultas con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre las materias cubiertas por el Convenio, tal como lo requiere el artículo 3. La Comisión comprueba nuevamente que el Gobierno no ha facilitado dichas informaciones. La Comisión recuerda la importancia que tienen las consultas con los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar, consultas que deben tener por objeto tomar en cuenta sus experiencias y opiniones y obtener el apoyo necesario para su ejecución. La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno no dejará de brindar las indicaciones requeridas por el formulario de memoria sobre las consultas efectuadas con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de las personas interesadas, comprendidas las que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.