Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Honduras (Ratificación : 1980)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2011, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

El Gobierno ha comunicado la siguiente información escrita.

Artículos 1 y 2 del Convenio núm. 122. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión de Expertos invitó al Gobierno a presentar información sobre los resultados alcanzados para generar empleo productivo en el marco del Programa Nacional de Trabajo Decente. La Comisión de Expertos pidió que se incluyan datos actualizados sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo como fase indispensable para ejecutar una política activa del empleo en el sentido del Convenio. El Gobierno informa a la Comisión de Aplicación de Normas que se realizan consultas con la OIT y los interlocutores sociales para revisar el Plan Nacional de Trabajo Decente (PNTD) que fuera aprobado en mayo de 2007. En la actualidad, las autoridades se encuentran abocadas para implementar la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, como instrumentos de planeamiento a largo plazo que conllevan el objetivo de generar oportunidades y empleos dignos en concordancia con el Convenio núm. 122 (véase más adelante el punto 4.1 donde se dan más detalles sobre estos documentos programáticos). La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples que realiza el Instituto Nacional de Estadística permite examinar la evolución de las principales variables del mercado de trabajo por actividad económica de los años 2009 y 2010. Los datos actualizados sobre empleo del 2011 serán presentados más adelante a la Comisión de Expertos para que los pueda conocer en oportunidad de su reunión de noviembre-diciembre de 2011. El cuadro estadístico, que figura en el anexo IV de este informe, muestra la evolución de las diferentes variables del mercado de trabajo. El subempleo invisible registró una disminución de 5,9 por ciento para el 2010. Los efectos de las crisis nacional e internacional impactaron en el empleo generado por las diferentes actividades económicas, producto de los bajos niveles de inversión, entre otros factores. Se destaca también una marcada recuperación en actividades como la agrícola, comercio y servicios, como principales actividades generadoras de empleo, además de la construcción.

Artículo 3 del Convenio núm. 122. Participación de los interlocutores sociales. Medidas para mitigar los efectos de la crisis. La Comisión de Expertos pidió al Gobierno que informe sobre las consultas efectuadas para diseñar y ejecutar una política activa del empleo que permita superar los efectos negativos de la crisis mundial. La Comisión de Expertos pidió también al Gobierno que brinde indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal. El Gobierno informa a la Comisión de Aplicación de Normas que las consultas tripartitas realizadas en el marco de diseño de políticas activas del empleo se realizan en comisiones especiales en donde se incluyen a delegaciones del Congreso Nacional. Estas mesas de diálogo y socialización despejan las dudas y analizan opiniones, recomendaciones y divergencias que tienen los representantes de los trabajadores como de los empleadores. Para el caso del Programa Nacional de Empleo por Horas, en el marco del Programa Nacional de Generación de Empleos Anticrisis, se presentó a todas las partes involucradas el documento elaborado por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT sobre el impacto del programa de emergencia en relación con los derechos laborales. Todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de generar empleos dignos en momentos de crisis a través de políticas activas de empleo, respetando lo establecido en la Constitución de la República, el Código del Trabajo y demás leyes laborales y también los convenios ratificados. En relación con las consultas con los diferentes sectores económicamente activos como los trabajadores rurales y de la economía informal, el Congreso Nacional forma comisiones para socializar las leyes con los representantes de las asociaciones productivas, consejos coordinadores de asociaciones de los municipios y departamentos del país, así como de los sectores campesinos, obreros, dirigencias patronales, fuerzas vivas y representantes de las organizaciones de desarrollo. Ejemplo de las consultas con los representantes del sector agrícola y de la economía informal, fue la aprobación de la Ley de Empleo Rural y Urbano Marginal, la cual contó con el apoyo del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) y de la Asociación de Municipios de Honduras (AHMON), entre otras entidades sociales.

La Comisión de Expertos pidió al Gobierno que indique de qué manera se han tomado en cuenta la opinión y la experiencia de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para la elaboración y ejecución del Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis. La Comisión de Expertos pidió informaciones sobre la supervisión y seguimiento del programa y la medida en que los beneficiarios hayan logrado empleos productivos, así como detalles sobre edad, género, residencia, capacitación recibida y otros elementos que permitan realizar un examen cuantitativo y cualitativo del empleo generado. Para la discusión con los diferentes sectores sociales organizados del país del Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis, el Congreso Nacional conformó una Comisión Especial para escuchar los diferentes puntos de vista y recomendaciones sobre el proyecto legislativo. El representante del Congreso Nacional se hizo acompañar por los jefes de bancada de los cinco partidos políticos para discutir el proyecto legislativo entre los sectores sociales y económicos (campesinos, obreros, empresariales, religiosos, dirigencias de patronatos, fuerzas vivas y representantes de las organizaciones de desarrollo) en las principales ciudades del país. Se tomó en consideración las observaciones emitidas por la OIT y las partes interesadas, principalmente en respetar las garantías establecidas en la normativa legal e internacional relativas a la libertad sindical y otras normas legales pertinentes. La Comisión de Aplicación de Normas puede también observar que el Consejo Económico y Social (CES), una instancia de diálogo tripartito, discutió en junio del 2010 el contenido del Programa Nacional de Empleo por Horas, reuniendo a los representantes tripartitos para que se conozcan sus opiniones y se tengan en cuenta sus propuestas destinadas a crear empleo. En este contexto, se pone de relieve que el Presidente del Congreso Nacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concluyeron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el fin de agilizar la contratación de trabajadores por hora a través de las leyes de generación de empleo aprobadas por la Cámara de Diputados (el texto del acuerdo se remitió a la OIT en mayo de 2011). Entre otros acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el órgano legislativo, se establece el fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral (OML), como entidad necesaria para la generación de información del Mercado de Trabajo para la implementación de nuevas políticas de empleo, así mismo como la pronta implementación del Servicio Nacional de Empleo como una herramienta que aplicará y coordinará todos los programas de empleo del país.

Para resumir la situación al mes de abril de 2011, se han realizado los siguientes avances en conjunto con la Dirección General de Empleo y la Inspección General de Trabajo:

—se aprobó el reglamento del Programa Nacional de Empleo por Horas, publicado en la Gaceta el 7 de febrero de 2011 (copia del reglamento se transmite directamente a la OIT);

—72 empresas dicen haber hecho uso del Programa Nacional de Empleo por Horas, de las cuales 35 empresas están registradas;

—hay registrados 193 contratos de trabajo, que implican a 73 mujeres y a 120 hombres;

—las empresas registradas están domiciliadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca e Intibucá y se agrupan en las actividades económicas Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles, Servicios, Agricultura, Comercio, Industria Manufacturera y Construcción;

—los trabajadores están trabajando en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, La Esperanza y con contratos en su mayoría por dos meses por jornadas de cuatro horas; la duración de los contratos varía de cinco días hasta 30 meses;

—el mayor número de trabajadores están trabajando en la actividad de Servicios Comunales y Sociales;

—la STSS ha orientado a 2.223 empresas sobre el Programa, de las cuales 71 han visitado personalmente la Dirección General del Empleo para conocer más a fondo acerca del mismo.

Coordinación de políticas. La Comisión de Expertos invitó al Gobierno a dar informaciones para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo y mejorar la competitividad de la economía. En 2009, con el apoyo de los cinco partidos políticos legalmente inscritos y de sus candidatos presidenciales, y mediante procesos de consulta que recogieron las visiones y expectativas de los sectores representativos, de particulares, de regiones, municipios y comunidades en el interior del país, se sentaron las bases para la creación de instrumentos de planeamiento de largo plazo: Visión de País 2010-2038, Horizonte de Planificación para siete períodos de Gobierno, que contiene 4 objetivos nacionales y 22 metas de prioridad nacional, un Plan de Nación 2010-2022, que cubre una primera fase de la Visión de País y una matriz de 58 indicadores. El objetivo 1 se centra en que para el 2038, Honduras habrá reducido los niveles de desigualdad en materia de ingresos y creado los medios para el acceso igualitario a servicios de calidad en materia de educación y formación profesional. Se plasma en el objetivo 3 una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, consolidando los planes de Desarrollo Regional como su modelo de gestión para el crecimiento económico y social. Según decreto ejecutivo número PCM-008-97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, compete a la Secretaría de Educación, entre otras funciones, la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con los diferentes niveles del sistema educativo formal, con énfasis en el nivel de educación básica. Se han creado instituciones que coordinan y ejecutan políticas de enseñanza y formación profesional: Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET), cuyo objetivo 1 es el de ejecutar programas de educación para el trabajo que integren la educación de adultos con la formación ocupacional para apoyar el desarrollo que a mediano y largo plazo produjera los tres sectores de la economía nacional, todo ello en estrecha coordinación con las entidades vinculadas al ramo; el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), teniendo como objetivo: «Contribuir al aumento de la productividad nacional y al desarrollo económico y social del país, mediante el establecimiento de un sistema racional de formación profesional para todos los sectores de la economía y para todos los niveles de empleo, de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico y social y las necesidades reales del país. En consecuencia, al INFOP corresponderá dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades encaminadas a la formación profesional a nivel nacional».

Impacto de los acuerdos comerciales. Considerando la importancia de las exportaciones para sostener el empleo productivo en la economía del país, la Comisión de Expertos invitó al Gobierno a dar informaciones sobre el impacto que los acuerdos comerciales tienen en la generación de empleo productivo. El principal destino de las exportaciones de Honduras son los Estados Unidos de América, quien representa, en 2009, el 39,8 por ciento del total de las exportaciones; seguido de la región Centroamérica y Europa. Los países del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), incluyendo Honduras, se benefician en los Estados Unidos de América de un trato comercial preferencial y gozan de aranceles nulos para ciertos productos como frutas y verduras frescas, quesos y otros productos lácteos, siendo el sector agrícola el mayor generador de empleo a nivel nacional, además del sector textil. Al entrar en vigor, en 2006, el acuerdo comercial CAFTA-DR, entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América, Estados Unidos representó el 36,8 por ciento como país inversionista según procedencia de capital en la actividad industrial de bienes para la transformación y actividades conexas, con un número de 110 empresas. Estados Unidos es también el mayor destino de las exportaciones, con una participación del 78,9 por ciento del total de las exportaciones. Según estudios realizados por el sector, la aparición de la Industria Maquiladora en Honduras ha aportado estándares de eficiencia y calidad en el proceso productivo de las manufacturas en el país. Este hecho ha impregnado de un indiscutible prestigio al trabajo de cada individuo y aún más, la ubicación geográfica nacional ha permitido la astuta explotación del desarrollo del comercio. La maquila como fuente de empleo contribuyó a reducir las presiones que enfrentaría el mercado de trabajo de no contar con la inversión en ese rubro. Adicionalmente, la concentración de población en las principales ciudades genera diversos fenómenos que tienen que ver con la demanda de productos y servicios; es decir, la mayor disponibilidad de ingresos origina la apertura a un crecimiento acelerado de la economía informal como la venta de alimentos, golosinas, vendedores ambulantes de artículos de uso personal, etc. En apoyo a lo anterior, algunas empresas de maquila desarrollan programas de capacitación en diversos temas sobre Productividad y Mejora continua, Seguridad y Salud Ocupacional, Área Administrativa y Humanística, y Legislación y Cumplimiento Social; por medio del Programa de Capacitación Integral para la Industria de la Confección y Textil (PROCINCO).

Zonas francas de exportación. La Comisión de Expertos pide al Gobierno que siga informando sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad. La actividad que más concentra población ocupada en las zonas francas de exportación se encuentra en la industria textil, prendas de vestir y peletería, seguida de otras actividades que incluyen elaboración y conservación de frutas, productos plásticos, producto de papel y cartón, otras manufacturas, etc. y finalmente los componentes electrónicos y piezas de vehículos. Según los datos recopilados por el Banco Central de Honduras, en 2008 un total de 122.881 personas trabajaban en el sector de la maquila, de las cuales 66.279 eran mujeres (53,9 por ciento) y 56.602 eran hombres (46,1 por ciento). Las cifras de 2009 eran de un total de 106.695 trabajadores, de los cuales 55.428 eran mujeres (52 por ciento) y 51.267 eran hombres (48 por ciento). El número estimado de personas que trabajaban en el sector de la maquila en 2010 era de 117.898.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La Comisión de Expertos invitó al Gobierno a incluir información sobre el impacto del nuevo marco jurídico de las MIPYMES para generar empleo y reducir la pobreza. La Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fue publicada en enero de 2009. Se iniciaron gestiones para la creación de un fondo inicial para el fomento de las MIPYMES. Sin embargo, se impuso una pausa en los avances debido a los acontecimientos políticos de junio de 2009, que interrumpieron el proceso. En la actualidad, se continúan los esfuerzos para reglamentar la Ley y capacitar a los empresarios de las MIPYMES para hacer frente a sus necesidades financieras. Se han hecho avances en cuanto a la capacitación de las MIPYMES para que puedan acceder a las compras que realiza el Estado hasta de un 30 por ciento de las compras totales. Las MIPYMES reciben apoyo para participar en exposiciones nacionales e internacionales.

Trabajadores migrantes. La Comisión de Expertos invitó al Gobierno a dar informaciones sobre la manera en que los programas para la inversión viable de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes contribuyeron a la creación de empleo productivo. Para la economía de Honduras, el flujo de remesas es una fuente importante de divisas; en 2010, representando aproximadamente el 16,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en dólares corrientes. Dentro de los países centroamericanos, Honduras es el tercer país receptor de remesas familiares, con un monto recibido en 2010 de 2.525,7 millones de dólares de los Estados Unidos, observando un crecimiento del 5,1 por ciento respecto al monto registrado en 2009. Según un estudio del Banco Central de Honduras, Las remesas enviadas por los trabajadores emigrantes se han convertido, al igual que en el contexto mundial, en una fuente importante de recursos que son utilizados para financiar el desarrollo económico, convirtiéndolas en un tema que genera mucho interés, no solamente entre los analistas y hacedores de política, sino también entre los encargados de tomar decisiones de políticas de alto nivel. El Informe Encuesta Semestral de «Remesas Familiares enviadas por hondureños residentes en el exterior y gastos efectuados en el país durante sus visitas», de enero de 2011, producido por el Banco Central de Honduras, recoge, según la opinión de los consultados, que la mayoría (69,1 por ciento) del ingreso de remesas familiares se destina para el consumo de bienes y servicios de subsistencia. Siendo el gasto escolar el destino que ocupa el segundo lugar con el 11,3 por ciento, seguido en importancia por los gastos médicos que alcanzaron el 9,6 por ciento. Para el ahorro se destina el 4,0 por ciento del monto de remesas. Las remesas tienen un efecto macroeconómico positivo al impulsar el crecimiento de la actividad económica. Una investigación realizada por el Banco Central de Honduras destaca la importancia del flujo de las remesas sobre los varios aspectos macroeconómicos, que contribuyen en cierta medida a impulsar iniciativas para la generación de empleo.

Empleo juvenil. La Comisión de Expertos instó al Gobierno a seguir poniendo énfasis en la necesidad de integrar a los jóvenes en el mercado laboral. La Comisión de Expertos invitó al Gobierno a informar sobre los resultados alcanzados por la Política Nacional de la Juventud y el Plan de Acción de Empleo Juvenil 2009-2011. Después de procesos de consultas con diferentes sectores, entre estas organizaciones de jóvenes a nivel nacional, la Política Nacional de la Juventud, rectorada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), fue aprobada en el 2010 y, posteriormente, se destacó su lanzamiento en Casa Presidencial, donde también se elevó el cargo de Secretario Ejecutivo a Secretario de Estado en los Despachos de la Juventud. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) a través de la Dirección General de Empleo, Instituciones y Organismos, se encuentra actualmente en un proceso de afinamiento del Plan de Acción de Empleo Juvenil (PAEJ), para posteriormente ser presentado al Consejo Económico y Social (CES) para nuevas consultas con los diferentes sectores hasta alcanzar su aprobación. El PAEJ contiene líneas estratégicas y ejes que tratan temas fundamentales de la problemática de los jóvenes en el mercado laboral. El Eje 2 del PAEJ trata del diálogo social y su impacto, proponiéndose estimular y promover espacios de participación efectiva y proactiva para que los jóvenes expresen sus demandas y aspiraciones referidas a la empleabilidad y empleo, planteen sus necesidades, propongan alternativas de solución y logren acuerdos concertados que representen soluciones concretas y viables, en el marco del diálogo institucional con todos los actores involucrados. De conformidad con su práctica constante, a la luz de las contribuciones que resulten del examen tripartito en la Comisión de Aplicación de Normas, el Gobierno de Honduras expresa su disposición para presentar una memoria a la Comisión de Expertos que contenga datos actualizados sobre la evolución del mercado de trabajo e informaciones sobre el progreso alcanzado para aplicar el Convenio.

Además, ante la Comisión un representante gubernamental señaló que el Plan de Gobierno 2010-2014 está encaminado a generar estrategias activas de empleo e impulsa la creación de un Servicio Nacional de Empleo, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con el Convenio. Recordó que Honduras es una de las economías más débiles de América Latina, y que se estima para el 2011 un crecimiento del producto interior bruto de entre el 3 y el 4 por ciento, manteniendo la tendencia de crecimiento en relación al año anterior. Indicó que dados los esfuerzos del país en el proceso de consolidación fiscal y estabilización de la economía, Honduras cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permite tener mayor acceso a los mercados financieros internacionales, a la vez que ayuda a crear un mejor clima de negocios. Insistió en el compromiso de su Gobierno con la creación de empleo productivo, en el marco de una política económica y social que beneficie el desarrollo del país, mejorando los niveles de productividad y condiciones de vida de la población. Recordó que estos compromisos están incluidos en Visión de País 2010-2038, el Plan de Nación 20102022 y el Plan de Gobierno 2010-2014. El orador indicó que el mayor desafío con el que se enfrenta la economía hondureña no es el desempleo abierto, que se sitúa en el 3,9 por ciento, sino el subempleo que afecta a un 40,3 por ciento de la población económicamente activa. Su Gobierno considera prioritario mejorar la competitividad y diseñar y ejecutar programas de difusión de la innovación tecnológica, capacitación de los trabajadores, de nuevas prácticas gerenciales, de organización de las empresas y de una disposición hacia el emprendimiento y el riesgo. Afirmó que es necesario realizar una reforma educativa integral lo antes posible para que la educación media y superior responda a las necesidades del mercado de trabajo. Actualmente, sólo el 40 por ciento de los que se incorporan culminan su educación básica, de los cuales sólo un 34 por ciento pasa a la educación secundaria. De ese 34 por ciento sólo el 5 por ciento se incorpora a la Universidad. Expuso que el Gobierno está creando programas agresivos de inversión y leyes basadas en conceptos novedosos de implementación y que en su próxima memoria presentará, a la Comisión de Expertos, información sobre las nuevas leyes que promueven las políticas activas de empleo, entre ellas: la Ley del Plan de Nación y Visión de País, el Programa Nacional de Empleo por Horas, la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, la Ley de Creación de Regiones Especiales de Desarrollo, la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales, y la Ley de Empleo en el Exterior. Concluyó recordando que el Gobierno tiene una hoja de ruta para obtener resultados positivos que deriven en el aumento del nivel de bienestar de la población y que están receptivos a realizar ajustes construyendo soluciones con los actores sociales. Mostró su interés por que los interlocutores sociales se involucren de forma activa y positiva en este proceso en el marco del Consejo Económico y Social así como en las iniciativas tomadas para favorecer una discusión franca y abierta de los desafíos que tiene el país para alcanzar empleo decente y productivo.

Los miembros empleadores recordaron que se discutió este caso por última vez en 1997, en un momento en el que Honduras estaba inmerso en diversas transformaciones: considerables problemas de la deuda externa, déficits presupuestarios y una población que crecía a un ritmo acelerado. El desempleo era elevado, pero el Gobierno había reconocido que la solución era lograr un mayor crecimiento económico. Desde entonces, el mundo se ha globalizado a marchas forzadas y ello dificulta que las naciones pequeñas puedan controlar sus propias políticas de empleo. Existen otros retos, entre ellos, un cambio tecnológico rápido y el creciente abaratamiento de los costes de transporte. La información escrita suministrada por el Gobierno contiene una amplia cantidad de datos. No obstante, el Gobierno debe proporcionar oportunamente una memoria adicional en la que explique sus políticas y la legislación que tiene previsto aplicar, ya que a esta Comisión le ha resultado imposible evaluar la información suministrada. Uno de los principales objetivos del Convenio es que cada Estado Miembro debe formular y llevar a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido dentro del marco de una política social y económica coordinada, con un consenso tripartito sobre sus repercusiones. Sobre la base de la información escrita, esta Comisión podría determinar como mucho lo que el Gobierno pretende hacer, pero le faltaría conocer algunos detalles. El Gobierno no suministró ningún pormenor relativo a las consultas celebradas con las organizaciones de empleadores y trabajadores y con otras organizaciones interesadas. El Convenio establece un marco en el que los que buscan trabajo deberían ser capaces de encontrar uno que fuese lo más productivo posible. La información presentada no indica qué políticas económicas y laborales se han puesto en marcha para garantizar la creación de puestos de trabajo. Las cifras del desempleo comunicadas parecen relativamente favorables en el contexto de la crisis actual, pero no se sabe con certeza cómo se calculan dichos datos. Desde el punto de vista de los miembros empleadores, las políticas del empleo deberían generar un empleo productivo y sostenible, elevar el nivel de vida con políticas conducentes a mejores puestos de trabajo, mejorar la distribución de las rentas con la mejora de la economía, proporcionar incentivos adecuados para crear empleo, y concentrar su atención en la inversión privada y la asistencia internacional en las áreas más productivas. Los miembros trabajadores expresaron su esperanza de que el Gobierno suministre información adicional en su próxima memoria con el tiempo suficiente para que la Oficina pueda evaluar adecuadamente las políticas de promoción del empleo.

Los miembros trabajadores recordaron los enormes desafíos a los que se enfrenta Honduras: la pobreza, con un 59,2 por ciento de hogares pobres en 2009 y un 36 por ciento en condiciones de pobreza extrema; el subempleo, que afecta a cerca del 30 por ciento de la población; una amplia población joven activa, de la que sólo el 5 por ciento se encuentra desempleada, pero de la cual cerca de un 82 por ciento no dispone de cobertura social y muchos jóvenes con formación tienen dificultades para encontrar un empleo; y un número considerable de trabajadores migrantes (aproximadamente el 5 por ciento de la población). A esto se añade un contexto económico y financiero desfavorable con un programa arduo de alivio de la deuda, y la repercusión de la crisis económica internacional, que se ha materializado en un descenso del crecimiento, las inversiones y el empleo, también en las zonas francas de exportación, que han perdido 12.000 puestos de trabajo desde 2008. Frente a todo esto, se deduce de la observación de la Comisión de Expertos que el país parece haber adoptado medidas ambiciosas, en forma de planes, programas y medidas anticrisis, acompañados de una estrategia nacional para la competitividad, que tiene por objeto fomentar la productividad en los sectores de la maquila, la agroalimentación, la explotación forestal y el turismo. Sin embargo, es imposible evaluar los resultados obtenidos gracias a la adopción de estas medidas, ya que el Gobierno no ha proporcionado información alguna a este respecto. El Gobierno no comunicó su primera respuesta a la OIT hasta el mes de mayo de 2011, y la siguiente como informaciones escritas en el curso de esta reunión de la Conferencia. Los miembros trabajadores lamentaron la tardanza de estas respuestas, que ha impedido evaluar adecuadamente la situación.

El miembro empleador de Honduras recordó que su país atravesó uno de los problemas socio-políticos más serios de su historia que aunado a la crisis financiera internacional, impactó negativamente en el desarrollo económico y social. Señaló que el Gobierno ha fomentado la asociación público-privada en el desarrollo de inversiones e impulsado distintas políticas, y adoptado leyes que fomentan la inversión como elemento esencial para la erradicación de la pobreza. Se refirió a distintas iniciativas tomadas por el Gobierno, entre ellas la de Visión de País y Plan de Nación, el decreto legislativo núm. 230/2010, el Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis, la Ley de Asociación Público Privada, la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones y la Ley de Empleo Rural y en Zonas Urbano Marginales y reiteró que los empleadores apoyan al Gobierno en estas políticas. Según su criterio, estas medidas no violentan ni los convenios ni los derechos de los trabajadores y los empleadores. Indicó que estaban pendientes de su aprobación en el Congreso distintas reformas de la legislación como parte integrante de la política de seguridad jurídica y de generación de empleo. Señaló que desde su punto de vista la nueva legislación tiene por objetivo garantizar el empleo de los ciudadanos de todo el país, que Honduras no ha incumplido con sus obligaciones derivadas del Convenio y que se están formulando políticas públicas que promueven un clima favorable de inversión y hacen posible el crecimiento y desarrollo económico.

Un miembro trabajador de Honduras mostró su preocupación por la situación socioeconómica en Honduras, la informalidad y la precariedad en el empleo. Señaló que la violación sistemática de los derechos en el país impide que existan condiciones favorables para la generación de empleo decente. Indicó que el Programa Nacional de Trabajo Decente no ha tenido efectos significativos en la población y recordó las estadísticas de pobreza y extrema pobreza incluidas en los comentarios de la Comisión de Expertos. Además hizo hincapié en la imposibilidad de mantener el diálogo social en un entorno de temor y desconfianza con restricciones a las libertades públicas, despidos de comisiones directivas de sindicatos, límites a la negociación colectiva y asesinatos de dirigentes sindicales. Señaló la importancia de crear empleo que fuera de calidad, estable y digno. Indicó que tanto el Programa Nacional de Trabajo Decente como el Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis eran ineficaces a la luz de los puestos de trabajo generados. Afirmó que se necesita la asistencia técnica de la OIT para crear políticas tripartitas de pleno empleo con salarios decentes en el país.

Otro miembro trabajador de Honduras indicó que es necesario generar empleo, pero empleo digno con salarios justos. Mostró su disconformidad con el Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis porque genera empleo temporal y precario y promueve la flexibilidad en el empleo. La inestabilidad del trabajo temporal tiene unas consecuencias negativas en distintas esferas y además dificulta la libre sindicación y la negociación colectiva. Indicó que el Congreso había adoptado el Plan en contra de las posiciones de las organizaciones de trabajadores. Recordó la difícil situación que ha vivido el país e indicó que se había incrementado la pobreza y la corrupción tras el golpe de Estado, lo que dificultaba la paz social y la generación de empleo digno.

El miembro gubernamental del Brasil, hablando en nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión que son miembros del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), destacó que la participación gubernamental pone de manifiesto los esfuerzos que está realizando el Gobierno para aplicar el Convenio. Señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno necesitarán la continua participación de los interlocutores sociales, de la comunidad internacional, de la OIT y de esta Comisión. Declaró que la OIT debería apoyar a Honduras en sus esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la ratificación y que anima a su Gobierno a continuar con sus esfuerzos por la plena aplicación del Convenio.

La miembro trabajadora de Alemania manifestó que la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) está muy preocupada por la situación de los sindicatos en Honduras. Lamentó que el Gobierno pase la mayor parte del tiempo leyendo cifras estadísticas en lugar de presentar medidas concretas encaminadas a reducir el desempleo. Toda política sólida de empleo presupone un diálogo real en el que se trate como iguales a los interlocutores sociales. Cuando la pobreza se mantiene en una tasa cercana al 60 por ciento, la pobreza absoluta en el 36 por ciento y el desempleo y el subempleo en torno al 35 por ciento, hace falta con urgencia un diálogo real. En un clima de violencia, los sindicatos y los sindicalistas reciben poca ayuda del Estado o del poder judicial, y la posibilidad de llegar a intervenir activamente en cuestiones relacionadas con la negociación colectiva y la negociación sindical es escasa. Como se indica en el informe de la Comisión de Expertos, en las maquilas operan 250 empresas que dan empleo a unos 119.000 trabajadores. Los sindicatos sólo tienen una existencia marginal y las negociaciones colectivas son en gran medida imposibles. Honduras necesita una verdadera actividad sindical y un diálogo real con el fin de obtener una política de empleo efectiva. Si bien se ha hecho referencia a la necesidad de tratar la crisis económica, es necesario que se ponga fin a la violencia contra los sindicatos y a la impunidad. Espera que el Gobierno aproveche la asistencia técnica que ofrece la OIT.

El miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela señaló que la inestabilidad democrática a raíz del golpe de Estado que sufrió el gobierno electo democráticamente había tenido un impacto desfavorable en el empleo y recordó las cifras incluidas en el comentario de la Comisión de Expertos sobre la situación de pobreza del país. Precisó que la asistencia técnica de la Oficina es fundamental para poder mejorar la situación en el país y recordó el vínculo entre el derecho al empleo y el respeto a la integridad física, psíquica y moral. Declaró que es fundamental que finalicen las represiones, los hechos violentos, los asesinatos y que se restablezcan los derechos conculcados del pueblo hondureño para que casos como los de Roger Vallejo y Ervin Acobo Euceda, que fueron asesinados, no se repitan.

El miembro trabajador de España señaló que la información que el Gobierno de Honduras había proporcionado informaba sobre diferentes documentos políticos e instrumentos legislativos para la generación de empleo pero que no incluía datos estadísticos que permitieran medir el impacto real sobre el empleo. Indicó que el Programa Nacional de Trabajo Decente había finalizado en 2009 y por tanto se podrían suministrar resultados obtenidos tras su implementación, y que el no proporcionarlos parece indicar que no existe voluntad política para hacerlo. Afirmó que el trabajo decente exige un diálogo serio y constante con las organizaciones de trabajadores y empleadores y que se tienen que tener en cuenta los planteamientos de los interlocutores sociales en la formulación de las políticas de empleo. Indicó que el Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis es un peldaño más en la desregulación y deterioro de las condiciones laborales y que las centrales sindicales lo habían rechazado. Pidió al Gobierno que en la próxima memoria incluya menos intenciones y más informaciones estadísticas.

El representante gubernamental indicó que la aspiración del Gobierno es consolidar un diálogo constructivo, inclusivo y de compromiso bajo un gobierno de unidad y reconciliación nacional fundado en el respeto y promoción de los derechos laborales, la consolidación democrática y estabilidad interna para alcanzar un desarrollo social y económico sostenible. Recordó que habían transmitido informaciones escritas a esta Comisión sobre las consultas tripartitas realizadas en el marco de la elaboración de políticas activas del empleo y del funcionamiento de comisiones especiales que incluyen a delegaciones del Congreso Nacional. Insistió en que todas las partes involucradas habían tenido acceso a la información sobre el impacto del Programa Nacional de Empleo por Horas. Recordó que se ha creado una comisión nacional tripartita de seguimiento y monitoreo en el seno del Consejo Económico y Social que se reunió el 6 de junio de 2011, presidida por el Ministro de Trabajo, y se consideraron las preocupaciones de los empleadores y trabajadores. Además, un equipo técnico del seguro social presentará directrices en breve para que se incluya a los trabajadores bajo el Programa Nacional de Empleo por Horas dentro de la cobertura de la seguridad social. Señaló que se han realizado jornadas de sensibilización para evitar infracciones a la ley y se han solicitado fondos adicionales para fortalecer la Inspección del Trabajo. Reiteró que en la próxima memoria el Gobierno ofrecerá datos estadísticos detallados sobre la situación del mercado del trabajo y sobre las diversas iniciativas emprendidas. Agradeció la declaración de apoyo al GRULAC y reiteró la voluntad del Gobierno de alcanzar el pleno empleo con justicia social y trabajo decente.

Los miembros trabajadores subrayan que frente a la pobreza, el trabajo informal y el desempleo de los jóvenes, Honduras necesita una política de empleo decidida y coherente, que tanto las organizaciones de trabajadores y de empleadores como el conjunto de la población apoye. A falta de datos estadísticos, no es posible evaluar ni el alcance ni la extensión de los distintos planes y programas adoptados ni los resultados obtenidos, así como tampoco el modo en el que los interlocutores sociales se han involucrado en ellos. Por consiguiente, antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno debe proporcionar información detallada sobre este asunto, así como sobre la población activa, el empleo y el paro y los distintos tipos de empleo. Los miembros trabajadores concluyeron subrayando la importancia de que la franqueza y la seriedad presidan el diálogo social.

Los miembros empleadores observaron que Honduras parece estar en mejores condiciones que en 1997. La globalización y la crisis económica plantean desafíos notables para el país, pero es así para todos los países. Dijeron que necesitan una descripción más transparente de las políticas económicas y de empleo, la práctica en el día a día y las consecuencias de dicha práctica en la productividad y sostenibilidad del empleo. La única forma de obtener esto es que el Gobierno comunique una memoria a tiempo para la siguiente reunión de la Comisión de Expertos.

Conclusiones

La Comisión toma nota de las detalladas informaciones escritas presentadas por el Gobierno sobre los temas planteados por la Comisión de Expertos en su última observación sobre la aplicación del Convenio, así como también de las declaraciones orales formuladas por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reiteró su compromiso de generar empleo productivo en el marco de sus planes y programas destinados a superar la difícil situación del subempleo que afecta a más del 40 por ciento de la población económicamente activa. El Gobierno también indicó su intención de reformar el sistema de educación y de formación para asegurar oportunidades de trabajo decente para los jóvenes. El Gobierno se refirió a las consultas con los interlocutores sociales que tuvieron lugar en el Consejo Económico y Social y en el Congreso Nacional, para lograr su apoyo al ejecutar el Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis.

La Comisión toma nota de la seria preocupación manifestada sobre la posibilidad de que el Plan Nacional Solidario genere oportunidades de empleo productivo y condiciones de trabajo decentes teniendo en cuenta la aparente falta de estabilidad del empleo. La Comisión también observa que el Gobierno se enfrenta a un significativo problema de deuda externa, déficits fiscales, rápido crecimiento demográfico y a la necesidad de llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa del empleo, como parte integrante de una política económica y social coordinada.

La Comisión recuerda que, como estipula el artículo 3 del Convenio, las consultas con los interlocutores sociales, tanto durante la etapa inicial de la formulación de políticas como durante el proceso de ejecución, son esenciales dado que permiten que los gobiernos tomen plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones. La Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para celebrar consultas tripartitas genuinas sobre los temas planteados por la Comisión de Expertos en su observación.

La Comisión invita al Gobierno a que prepare para la próxima reunión de la Comisión de Expertos una memoria que actualice las informaciones presentadas sobre las nuevas medidas adoptadas y sus objetivos así como sobre el tamaño y la distribución de la mano de obra, incluyendo también informaciones específicas sobre la eficacia de las medidas adoptadas para reducir el desempleo y alcanzar los objetivos del Convenio. La Comisión pide también al Gobierno que presente informaciones detalladas sobre la manera en que los mecanismos tripartitos contribuyen a la formulación de los programas de empleo y a la supervisión y ejecución de las medidas activas del mercado del trabajo que permitan superar la crisis actual y asegurar una recuperación sostenible.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1997, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Una representante gubernamental indicó que se había transmitido una nueva memoria que contenía las indicaciones solicitadas por la observación de la Comisión de Expertos. La oradora informó a la Comisión que el Instituto de Formación Profesional (INFOP) busca reforzar la gestión financiera y administrativa de empresas campesinas de tipo cooperativa fomentando la participación de mujeres. Se coordina la capacitación de auxiliares forestales en el marco de la Corporación Hondureña para el Desarrollo Forestal. El Gobierno facilita la incorporación de jóvenes, de miembros de las etnias y de los discapacitados a las distintas acciones formativas. Los programas de gestión empresarial se orientan hacia la creación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno adoptó una política para racionalizar el empleo público, suprimiendo puestos de trabajo en el sector estatal. Estas medidas tienen su origen en las condiciones que los organismos de crédito internacional imponen a los gobiernos de países en desarrollo para obtener préstamos. La oradora urgió a la Comisión de Expertos que tome en cuenta estas realidades al examinar la aplicación del Convenio.

El Gobierno promueve también el empleo en el sector moderno de la economía, aumentando la producción de bienes de exportación, como los que se fabrican en las zonas de procesamiento industrial, y la diversificación de los cultivos. El empleo productivo generado en las zonas de exportación alcanza a 75.000 empleos directos. En las empresas maquiladoras predomina la mano de obra femenina, buscándose incrementar el pago de sueldos en las zonas francas de exportación.

En cuanto a la consulta de los representantes de los sectores interesados en la política del empleo, la oradora indicó que para mejorar la economía nacional se había creado un Consejo de Concertación Social, de naturaleza tripartita, donde se consultan a todos los sectores de la sociedad hondureña. El Gobierno solicitó a la Oficina que brinde mayor apoyo al desarrollo de los programas de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas para mejorar el empleo de la mano de obra desocupada.

Los miembros trabajadores expresaron que, tratándose del único caso relativo a la aplicación del Convenio núm. 122 que se discutiría este año, sus consideraciones se debían inscribir en el marco de las cuestiones sobre la aplicación de este importante Convenio al que se había hecho ampliamente referencia en ocasión de la discusión general. La Comisión de Expertos indicó en su observación que el Gobierno se refiere al ajuste estructural y a la carga de la deuda externa, a la situación presupuestaria y al crecimiento demográfico como factores que inciden sobre la política del empleo. Pese a las políticas llevadas a cabo para dar una solución a los problemas del empleo, el objetivo del pleno empleo no estaba al alcance dado los graves problemas coyunturales y estructurales que conoce el país. Al mismo tiempo, el Gobierno afirma que orienta su política a la reducción del gasto público y al fomento de las inversiones extranjeras, en particular en las zonas de exportación. Este discurso excesivamente economicista, que lleva a que la política responda exclusivamente a criterios macroeconómicos que son a menudo impuestos por las instituciones financieras internacionales, es muy preocupante. El empleo y lo social parecen ser considerados en términos de costos o como una consecuencia del crecimiento económico. En esta lógica, el crecimiento puede tener algunos efectos positivos sobre el empleo, a menos que tales beneficios no sean absorbidos por los mercados financieros o confiscados por una minoría. Al contrario de la lógica anterior, el Convenio dispone que la economía no es un valor en sí misma y que, mediante una política económica y social activa, se debe tener como objetivo el pleno empleo. La solicitud de la Comisión de Expertos para que el Gobierno especifique las consecuencias para el empleo de las distintas medidas de política económica, incluso las zonas de exportación, se debe apoyar. Es necesario conocer los mecanismos que ha puesto en funcionamiento el Gobierno para asegurar la coordinación necesaria de las políticas económicas y sociales. La observación de la Comisión de Expertos sobre la concepción y la puesta en ejecución de las políticas y programas es de la mayor importancia, y conviene recordar al respecto las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague sobre las relaciones entre las instituciones de Bretton Woods y las otras instituciones internacionales de desarrollo y la OIT. Sería útil que el Gobierno se beneficie de la asistencia de la Oficina en caso de negociaciones eventuales con las instituciones financieras internacionales. En lo que concierne a la aplicación del artículo 3 del Convenio, los miembros trabajadores insistieron, tal como lo había hecho la Comisión de Expertos, en la necesidad de ampliar la concertación sobre la política del empleo al conjunto de los medios interesados, incluyendo al sector informal, y en todos los niveles de decisión económica y social. Insistieron en que las obligaciones del Convenio sirvan de base para las políticas económicas y sociales. Tal como lo solicitó la Comisión de Expertos, sería necesario obtener informaciones complementarias sobre la práctica y las intenciones del Gobierno en la materia.

Los miembros empleadores expresaron que eran plenamente conscientes de las dificultades económicas que hay en Honduras: problemas significativos de deuda externa, déficit presupuestarios y rápido crecimiento de la población. Un sector importante de la fuerza de trabajo está en situación de desempleo. Una condición esencial para detener el deterioro de las condiciones del empleo consiste en restablecer tasas más altas de crecimiento estable. Sólo un elevado crecimiento económico y la estabilidad financiera proporcionaban las condiciones previas para que el empleo productivo alcance tasas superiores de crecimiento. Esto supone el establecimiento de mecanismos adecuados para la financiación del sector informal y de las pequeñas empresas, y su seguimiento, para facilitar la integración en el sector formal.

El Gobierno había intentado hacerlo en parte, mediante un programa de apoyo al sector informal preparado con la cooperación técnica de la OIT. Existe además un programa de desarrollo rural. Para hacer frente al aumento de la alta tasa de desempleo y hacer disminuir el número de desempleados y subempleados, es necesario adoptar ésa y otras medidas. El proceso de creación de empleo en Honduras tendría más éxito si su economía fuese más abierta y estuviese más orientada al mercado. Además, puesto que el éxito sólo puede lograrse cuando existe un alto grado de consenso social, el Gobierno debería consultar con los interlocutores sociales tal como se prevé en el artículo 3 del Convenio. Al parecer, el Gobierno elaboró un proyecto de legislación a este respecto. A los miembros empleadores les resulta extraña la solicitud de la Comisión de Expertos de que se facilite información sobre las medidas que acompañan a la reducción de los gastos públicos para garantizar el empleo de los afectados por esa reducción. En su opinión, el empleo no puede garantizarse y el Convenio no incluye ese requisito. Por último, señaló que es necesario realizar un mayor esfuerzo para facilitar el acceso a la educación, en particular la educación primaria, el desarrollo de la infraestructura rural, especialmente en materia del transporte y las comunicaciones, así como sistemas de crédito y programas de obras públicas. Para finalizar, el crecimiento del empleo en las zonas de exportación, tal como lo mencionó la representante gubernamental, es una estrategia adecuada para la creación de empleos.

El miembro trabajador de Honduras expresó que el ajuste estructural de la economía había exigido la reducción del tamaño del Estado, lo que implicó la pérdida de empleos para muchos trabajadores. Los principales generadores de empleo, aparte del sector público, han sido las empresas del sector agrícola y luego las zonas francas de exportación. Las cuotas internacionales que se imponen al banano y al café han dado lugar al cierre de fincas y comportan un perjuicio para los trabajadores de Honduras. Los puestos creados en las zonas francas de exportación no son suficientes para compensar dichas pérdidas. El Gobierno debería hacer más esfuerzos para que, junto con la empresa privada, se creen nuevas fuentes de trabajo y estar en condiciones de avanzar en el cumplimiento del Convenio. El orador evocó la posibilidad de que la Oficina asista al Gobierno para que se establezca una comisión tripartita que permita el seguimiento y vigilancia de los convenios ratificados. Asimismo, el orador expresó su satisfacción por los avances del diálogo tripartito en Honduras, en particular en lo que se relaciona con los derechos humanos. La asistencia de la Oficina es sumamente apreciada.

La representante gubernamental tomó nota de las declaraciones anteriores. La oradora aseguró que serían transmitidas a su Gobierno y que se recurrirá a la asistencia técnica de la Oficina en cuantas ocasiones resulte factible.

La Comisión tomó nota de las informaciones que la representante gubernamental tuvo a bien comunicar, así como de las declaraciones formuladas en el curso de la discusión. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que suministró una memoria, que acababa de ser recibida por la Oficina, con las indicaciones requeridas por los comentarios de la Comisión de Expertos, en particular sobre la creación de empleo productivo y la manera en que se tienen en cuenta las relaciones existentes entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos de una política económica y social coordinada. La Comisión confía en que los representantes de todos los sectores interesados sean plenamente consultados para asegurar que las medidas adoptadas por el Gobierno tengan éxito y se alcancen los objetivos fundamentales de pleno empleo, productivo y libremente elegido, establecidos por el Convenio. La Comisión espera que la Comisión de Expertos podrá examinar esta nueva memoria en su próxima reunión de diciembre del corriente año. La Comisión tomó nota de la solicitud del representante gubernamental de quse la Oficina apoye los programas de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y expresó su confianza en que esta solicitud será atendida a la brevedad posible.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

La Comisión toma nota de la información complementaria proporcionada por el Gobierno a la luz de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 338.ª reunión (junio de 2020). La Comisión examina la aplicación del Convenio sobre la base de la información complementaria del Gobierno recibida este año, así como sobre la base de la información de la que disponía en 2019.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central General de Trabajadores (CGT) y de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), transmitidas por el Gobierno en su memoria de 2019, así como de aquellas recibidas el 5 de octubre de 2020. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a estas últimas, recibida el 30 de octubre de 2020. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recibidas el 2 de septiembre de 2019 y el 1.º de octubre de 2020. La Comisión toma nota también de las respuestas del Gobierno a las mismas, recibidas el 9 de octubre de 2019 y el 6 de noviembre de 2020.

Pandemia de COVID-19. Impacto socioeconómico. Medidas de respuesta y recuperación. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria complementaria en relación con las medidas y acciones adoptadas, en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria declarada por el Gobierno el 10 de febrero de 2020, con miras a garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo, así como la sostenibilidad productiva de las empresas en el país. En particular, el Gobierno proporciona diversos comunicados de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), publicados entre marzo y agosto de 2020, que establecen medidas tales como: procedimientos para solicitar la suspensión de contratos de trabajo bajo determinadas condiciones, medidas a seguir para la reincorporación de puestos de trabajo, así como la posibilidad de celebrar acuerdos por escrito entre trabajadores y empleadores para pactar que los días de la emergencia sanitaria sean considerados como gozados en concepto de vacaciones. La Comisión toma nota también de la aprobación el 3 de abril de 2020 del Decreto núm. 33-2020, Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, dirigida al mantenimiento de los empleos y la sostenibilidad de las empresas durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional. En este sentido, el Decreto núm. 33-2020 incluye, entre otras medidas, el otorgamiento de una aportación solidaria para el mantenimiento temporal de empleos e ingresos para los trabajadores del sector privado durante la vigencia de la emergencia nacional (artículos 25, 26 y 27), garantías al acceso a la salud para todos los trabajadores a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) (artículo 29) y la posibilidad de celebrar acuerdos en el marco del diálogo social para adoptar medidas que conlleven mayores beneficios (artículo 31). La Comisión toma nota asimismo de la aprobación el 13 de marzo de 2020 del Decreto núm. 31-2020, Ley especial de aceleración económica y protección social frente a los efectos del Coronavirus, que incluye, entre otras, medidas de apoyo al emprendedurismo frente a la crisis (artículo 7). Además, el Gobierno se refiere a la creación, en el marco del programa «EURO+LABOR», de un sistema de recopilación y análisis de datos que ha centrado sus investigaciones en el impacto socioeconómico de la pandemia. Por último, la Comisión toma nota de que el COHEP informa de la celebración de reuniones tripartitas en el marco de la Mesa Sectorial de Empleo Decente (MSED) a lo largo de 2020, en las que se acordó la adopción de medidas para adaptar la Política Nacional de Empleo de Honduras (PNEH) y el Marco de Acción Conjunta (MAC) a la nueva realidad que enfrenta el país como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En el contexto de la pandemia, la Comisión recuerda la amplia orientación proporcionada por las normas internacionales del trabajo. En este sentido, la Comisión llama a la atención del Gobierno la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), que constituye una guía útil para la elaboración e implementación, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, de medidas inclusivas para promover oportunidades de empleo pleno, productivo y libremente elegido y trabajo decente para responder de manera eficaz a los profundos efectos socioeconómicos de la crisis. La Comisión invita al Gobierno a que proporcione información actualizada sobre el impacto de la pandemia en la implementación de las políticas y programas nacionales adoptados con miras a garantizar los objetivos del presente Convenio, especialmente en relación con aquellos grupos de la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Aplicación de una política nacional del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés de la aprobación en mayo de 2017, previa consulta de los interlocutores sociales en el marco del Consejo Económico y Social (CES), de la PNEH. El objetivo general de la PNEH es el incremento de las capacidades productivas de los hondureños. La PNEH se articula en torno a los siguientes ejes estratégicos: competitividad, generación de empleo (especialmente para mujeres y jóvenes), desarrollo del «capital humano», así como de un entorno propicio para la creación y desarrollo de empresas. La PNEH incluye acciones focalizadas en grupos de población que enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo de calidad, tales como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad y residentes en el ámbito rural. Además, tras su elaboración en el marco de la instancia técnica tripartita denominada Mesa Sectorial de Empleo Decente (MSED), en noviembre de 2018, el CES aprobó el MAC como instrumento estratégico y operativo para la implementación de la PNEH. El 20 de noviembre de 2018, el Gobierno firmó con diversas organizaciones de empleadores y trabajadores el «Compromiso Tripartito por el Empleo Digno y Productivo», confirmando así su voluntad de trabajar juntos en la implementación de la PNEH y su MAC. El Gobierno añade que el CES tendrá un rol central en el monitoreo y evaluación del MAC. Las medidas tomadas se encuentran coordinadas con diversas políticas gubernamentales, tales como el Plan de Gobierno 2018-2022, que prevé la adopción de medidas con miras a mejorar las condiciones de vida, la productividad y la generación de empleo digno para todos. La Comisión toma nota asimismo de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las medidas adoptadas en el marco del «Programa Euro+Labor» para fortalecer el Servicio de Empleo (SENAEH). El Gobierno añade que, durante el periodo cubierto por la memoria de 2019, se han implementado siete mesas locales en las que se elaboraron planes locales para la promoción de empleo e ingresos. Tales mesas están integradas por, entre otros actores, gremiales empresariales, organizaciones de la sociedad e instituciones públicas con representación local. En su respuesta a las observaciones del COHEP, el Gobierno proporciona información detallada en relación con el empleo generado entre 2014 y 2019 por los diversos programas implementados por la STSS.

La Comisión toma nota de las observaciones del COHEP, en las que sostiene que el Gobierno aún no ha adoptado medidas para dar inicio a la implementación del MAC, de manera que este todavía se encuentra inactivo. Por su parte, la CGT y la CTH sostienen que, si bien el Gobierno ha adoptado diversos programas con miras a crear empleo, estos no se centran en aquellas zonas donde hay mayores niveles de precariedad en términos de trabajo, educación y pobreza. A este respecto, la CGT y la CTH destacan los altos niveles de desempleo en las zonas rurales y la importancia de generar empleo en las mismas. Denuncian asimismo que el Gobierno ha llevado a cabo despidos masivos en empresas estatales. En su respuesta, el Gobierno indica que la pérdida de empleo decente es un problema estructural del mercado de trabajo que responde al nivel de desarrollo económico del país, el cual no ha sido el idóneo para permitir que todo el empleo que se genere sea trabajo decente. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas con miras a generar empleo de calidad, pleno, productivo y libremente elegido, incluidas aquellas adoptadas en el marco de la Política Nacional de Empleo de Honduras (PNEH), de su Marco de Acción Conjunta (MAC), y del Programa Euro+Labor, así como el impacto de las mismas, especialmente en los grupos más vulnerables ante los déficits de trabajo decente (tales como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y residentes en el ámbito rural). A la luz de las observaciones del COHEP, la Comisión solicita también al Gobierno que adopte las medidas necesarias para implementar el MAC. Asimismo, solicita al Gobierno que aporte ejemplos concretos sobre la manera en que son tomados en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores, de trabajadores y de otros grupos afectados en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y los programas de empleo.

Artículo 2. Tendencias del mercado de trabajo. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, según información estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018, la participación en el mercado laboral fue del 76,25 por ciento entre los hombres, y del 46 por ciento entre las mujeres. La Comisión toma nota que, si bien, la tasa de desempleo abierto era del 5,7 por ciento (4,5 por ciento entre los hombres y 7,4 por ciento entre las mujeres), el subempleo invisible (aquellos que trabajan más de 40 horas a la semana y tienen un salario inferior al salario mínimo) era del 48,6 por ciento (37,2 por ciento entre las mujeres y del 55,9 entre los hombres) y el subempleo visible (aquellos que trabajan menos de 40 horas semanales) era del 14,2 por ciento (20,8 por ciento entre las mujeres y del 10 por ciento entre los hombres). El Gobierno indica que, según el «Diagnóstico de sistema de mercado de Honduras de 2018», en 2018 el autoempleo y el empleo informal representaban el 56,5 por ciento del total de empleos en el país, los cuales se caracterizan por bajos salarios y alta inestabilidad. El Gobierno indica asimismo que, entre 2017 y 2018, los niveles de pobreza disminuyeron del 64,3 por ciento al 61,9 por ciento, mientras que los niveles de pobreza extrema disminuyeron del 40,7 por ciento al 38,7 por ciento. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en las zonas rurales, los niveles de pobreza y extrema pobreza permanecieron significativamente elevados durante el periodo cubierto por la memoria, situándose en el 70,3 por ciento y el 58,9 por ciento, respectivamente. En su respuesta a las observaciones del COHEP, el Gobierno indica que se adoptaron medidas con miras a adecuar a partir de 2017 la metodología empleada por el INE en la medición de la economía informal en el país al concepto de economía informal (sector informal y empleo informal) empleado por la OIT. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la evolución del mercado laboral, particularmente sobre la evolución del mercado de trabajo ante la pandemia, incluyendo sobre las tasas de empleo, desempleo y subempleo (visible e invisible) e informalidad, desglosadas por sexo, edad y zonas rurales y urbanas.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno informa de la aprobación el 28 de noviembre del 2018 del Decreto 145-2018, contentivo de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, cuyo objeto es apoyar a las MIPYMES a través de incentivos, como la exención del pago de determinados impuestos para promover el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades de empleo. La Comisión toma nota igualmente de que la PNEH incluye entre sus ejes estratégicos la creación de un entorno propicio para la creación y desarrollo de empresas, con especial énfasis en las MIPYMES, dada su importante contribución a la creación de empleo. En este sentido, el MAC prevé la adopción de, entre otras medidas, la consolidación de una ventanilla única para la creación y operación de MIPYMES y el establecimiento de Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) de apoyo para las mismas. En lo que respecta al proyecto de ley de inclusión social y laboral para los trabajadores independientes y por cuenta propia, el Gobierno indica que el 9 abril de 2019, la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales emitió sus opiniones acerca del proyecto y que actualmente se encuentra a la espera de ser sometido al Pleno de la Cámara Legislativa. Por su parte, el COHEP indica que el anteproyecto fue consensuado por los interlocutores sociales en una sesión del CES el 3 de mayo de 2016, y que en noviembre de 2019 los mismos aportaron sus opiniones acerca de dicho anteproyecto y del anteproyecto de Ley de Integración Organizada, que prevé la creación del Instituto de Previsión y Pensiones para los Empleadores de la Economía Informal. La Comisión toma nota igualmente de la detallada información proporcionada por el COHEP en relación con las diversas medidas adoptadas por las organizaciones de empleadores para impulsar las MYPIMES, tales como el programa reconocimiento especial de las MYPIMES y la estrategia de negocios con microfranquicias. En sus observaciones de 2020, el COHEP se refiere a la adopción del Decreto Ejecutivo No. 034-2019, de 18 de julio de 2019, por el que se crea el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), con el objetivo de formular políticas, planes y programas para el fomento de las MYPIMES, el desarrollo del emprendimiento y de las empresas del sector social de la economía. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas en favor de las MYPIMES en la generación de empleo. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra la aprobación del proyecto de ley de inclusión social y laboral para los trabajadores independientes y por cuenta propia, así como del proyecto de ley de integración organizada, y que envíe una copia de las mismas una vez estas sean adoptadas.

Coordinación de políticas. Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que el PNEH incluye entre sus ejes, el «desarrollo del capital humano». A este respecto, el MAC incluye entre sus objetivos: la adopción de medidas para desarrollar las capacidades laborales que respondan a la demanda del mercado de trabajo; mejorar la capacidad de inserción o reinserción laboral; promover el aprendizaje continuo; establecer un sistema de formación profesional ordenado, articulado y pertinente; y mantener un diálogo permanente con el sistema educativo formal. El MAC prevé, entre otras medidas, el diseño de una Política de Formación Profesional, la elaboración de forma tripartita de un Plan Nacional de Lineamientos sobre Educación y Trabajo, el diseño y ejecución de un programa de habilitación para el trabajo con base en la formación dual y la figura del aprendizaje, y la implementación de una iniciativa de formación para la inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad. El Gobierno indica que el 7 de marzo de 2017 se estableció el Comité Consultivo de Prospección con el fin de anticipar tempranamente las necesidades de formación a través de la priorización de sectores, subsectores y posible desarrollo en los territorios. Dicho Comité Consultivo se encuentra conformado por actores públicos y privados con competencias en educación y formación, tales como la STSS, el COHEP y la CGT, el Observatorio del Mercado Laboral (OML) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Asimismo, el Gobierno se refiere a la implementación de un proceso de reestructuración del INFOP con el objetivo de promover la empleabilidad de los trabajadores que permita el aumento de la calidad del empleo y la productividad. A este respecto, el COHEP informa de que a comienzos de 2019 solicitó el cierre provisional del INFOP e instó a sus empresas a no pagar las cuotas de aportación al mismo establecidas para el sector privado. El COHEP sostiene que el objetivo de tales protestas era el de presionar la adopción de sus propuestas de mejoras del INFOP. La organización de empleadores sostiene que no se han adoptado en la práctica medidas efectivas para asegurar la vinculación entre las políticas de educación, de formación profesional y de empleo. En su repuesta a tales observaciones, el Gobierno proporciona información sobra las distintas acciones implementadas en el marco del MAC con miras a promover y mejorar la inserción laboral de los hondureños. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para asegurar la vinculación efectiva entre las políticas y programas de educación, de formación profesional y de empleo, incluidas aquellas implementadas en el marco del PNEH y el MAC, así como el impacto de las mismas. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información actualizada sobra la situación en la que se encuentra el proceso de reestructuración del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

Empleo de mujeres. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que la PNEH y el MAC incluyen programas y medidas destinadas a promover el trabajo decente de las mujeres. El MAC establece como línea de acción transversal, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevé además la adopción de medidas con miras a generar alternativas de empleo e ingresos para mujeres; el diseño y ejecución de programas de crédito para mujeres emprendedoras; el diseño de modalidades formativas y de certificación de competencias laborales con modalidades flexibles para mujeres con hijos; y la elaboración de forma tripartita de una ley de apoyo para la inserción laboral de mujeres jefas del hogar. Sin embargo, el COHEP sostiene que no se han implementado medidas con miras a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal más allá de las ya previstas en la PNEH y el MAC, que aún no han sido implementados. El COHEP se refiere a diversas actividades llevadas a cabo por parte de las organizaciones empresariales en materia de brecha salarial, tales como la publicación de la encuesta empresarial y propuesta de agenda estratégica «Mujeres en la Gestión Empresarial en Honduras». Por último, el COHEP indica que 1 472 437 mujeres se encuentran ocupadas, incluyendo aquellas que trabajan por cuenta propia o como trabajador familiar no remunerado. El COHEP añade que el 56 por ciento de ellas se encuentran empleadas en la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre las medidas previstas o adoptadas con miras a promover el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal promoviendo su acceso a trabajos de calidad decentes y duraderos, así como el impacto de las mismas.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que, de acuerdo con la información estadística del INE, en 2018 el 24,3 por ciento de los jóvenes entre 12 a 30 años, ni estudiaban ni trabajaban. Asimismo, según el MAC, el nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo es bajo, afectando directamente el mercado laboral. En particular, el Gobierno indica que, en 2017, el 55 por ciento de los jóvenes entre 12 a 14 años que trabajaban no concurrían a la educación formal, mientras que entre los jóvenes de entre 15 a 19 años dicho porcentaje aumentaba al 76 por ciento. El Gobierno indica que, para dar respuestas a esta situación, el MAC incluye programas para promover la permanencia en el sistema educativo combinado con nivelación escolar. En lo que respecta a los jóvenes de entre 12 a 14 años, la Comisión se refiere a su observación de 2018 sobre la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) en los tomó nota de diversas disposiciones del Código de Trabajo que autorizan el trabajo de personas de menores de 14 años bajo determinados supuestos (artículo 32, párrafo 2) y que excluyen del ámbito de aplicación de este y del Reglamento sobre trabajo infantil (2001) aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no ocupaban de manera continua a más de diez trabajadores (artículo 2, párrafo 1). A este respecto, la Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno en relación con la elaboración de un proyecto de revisión del Código de Trabajo que contenía disposiciones encaminadas a poner la legislación nacional en conformidad con los convenios internacionales ratificados por Honduras. En relación con las medidas destinadas a promocionar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, la Comisión toma nota de que los diversos ejes y lineamientos estratégicos de la PNEH y del MAC incluyen medidas a este respecto. En particular, el MAC contempla la implementación de medidas para generar alternativas de empleo e ingresos para jóvenes y fomentar su empleabilidad a través de una capacitación y formación adecuadas. Con miras a alcanzar dichos objetivos, el MAC prevé la implementación de, entre otras estrategias, promover la contratación de los jóvenes desempleados, y la mejora del acceso de los jóvenes a la educación y formación técnica orientada a la innovación científica y tecnológica, así como de las competencias de los jóvenes en el área rural, y la elaboración de una propuesta tripartita de proyecto de ley de empleo juvenil por parte del CES. El Gobierno indica también que, entre 2017 y 2018, se generaron 106 156 empleos en el marco del programa «Con Chamba vivís Mejor» dirigido fundamentalmente a jóvenes, jefes del hogar y personas con discapacidad que viven en situación de pobreza. La Comisión toma nota, no obstante, de que tanto las organizaciones de trabajadores CGT y la CTH como el COHEP denuncian que la información estadística proporcionada por el Gobierno acerca del número de puestos de trabajos generados por dicho programa no es verídica. El COHEP indica que, según la Encuesta Permanente de Hogares del INE, en 2017 el número de empleos decreció en 1 679 683 puestos de trabajo, por lo que no coincide con las estadísticas proporcionadas por el Gobierno. Por su parte, el Gobierno defiende la veracidad de las estadísticas proporcionadas e informa de que los datos empleados para generar las estadísticas oficiales proceden de la Encuesta Permanente de Hogares del INE, los cuales son también empleados por organizaciones internacionales en sus publicaciones, tales como la OIT y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada y detallada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. La Comisión solicita también al Gobierno que indique la situación en la que se encuentra la propuesta de proyecto de ley de empleo juvenil, y que envíe una copia de la misma una vez ésta sea adoptada. Además, solicita al Gobierno que continúe enviando información estadística, desglosada por edad y sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil. Por último, la Comisión se refiere a su observación de 2018 sobre la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y expresa su confianza en que el Gobierno tenga en cuenta los comentarios de la Comisión durante la elaboración del proyecto de revisión del Código de Trabajo. Manifiesta además su firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, el proyecto de ley revisado.

Programa Nacional de Empleo por Hora (PRONEH) y creación de empleo. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la detallada información estadística proporcionada por el Gobierno acerca de los empleos generados por el PRONEH entre 2011 y mayo de 2019. En particular, el Gobierno indica que, a mayo de 2019, 26 674 personas fueron contratadas en el marco del PRONEH. De los trabajadores contratados, el 53,8 por ciento eran hombres, y el 46,2 por ciento eran mujeres. El Gobierno añade que en su mayoría los trabajadores fueron contratados en jornada completa (72,7 por ciento). El Gobierno indica que la mayoría de los contratos se registraron en el sector de establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas (35 por ciento), y en el sector de servicios comunales, sociales y personales (38,3 por ciento). El Gobierno añade que los trabajadores en jornada completa reciben un salario superior al salario mínimo vigente. Por su parte, el COHEP sostiene que actualmente son pocas las empresas que continúan participando en el PRONEH, a excepción de «call centers» y empresas del sector turístico. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviado información detallada y actualizada, desglosada por edad y sexo, sobre las actividades y el impacto del PRONEH y sobre la medida en que los beneficiarios hayan logrado empleos productivos y sostenibles. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información sobre la capacitación recibida por tales trabajadores, u otros elementos que permitan realizar un examen cuantitativo y cualitativo del empleo generado.

Impacto de los acuerdos comerciales. Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). En respuesta los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, según datos de la Encuesta Anual de la Maquila realizada por el Banco Central de Honduras, el número de personas ocupadas en la industria de bienes para transformación y actividades conexas aumentó de 130 359 a 134 712 entre 2015 y 2018, producto de los acuerdos comerciales. La Comisión toma nota también de las indicaciones del Gobierno de que las ZEDE continúan sin estar operativas. La Comisión toma nota, no obstante, de las observaciones de la CGT y la CTH, que denuncian el fracaso de las iniciativas implementadas por el Gobierno para atraer inversión extranjera y nacional debido a la persistencia de importantes obstáculos a la misma, tales como la inseguridad jurídica y ciudadana. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada, incluida información estadística desglosada por edad y sexo, sobre el impacto que los acuerdos comerciales hayan tenido en la generación de empleo productivo. La Comisión solicita además al Gobierno que proporcione información actualizada y detallada sobre las medidas que se han adoptado o se prevén adoptar para dar inicio al funcionamiento de las ZEDE.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), incluidas en la memoria del Gobierno, así como de las respuestas del Gobierno a las mismas. La Comisión toma nota también de las observaciones presentadas por el COHEP, el 31 de agosto de 2016, que cuentan con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), así como de las respuestas del Gobierno a las mismas, recibidas el 23 de noviembre de 2016.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Aplicación de una política nacional del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la adopción, en 2016, del Programa de Empleo y Oportunidades, que tiene como objetivo la generación de 150 000 nuevos empleos. Para efectos de su cumplimiento se creó el Gabinete del Empleo como órgano responsable, entre otros aspectos, de promover la generación de empleo decente y competitivo, facilitar la inserción laboral en el país y fomentar la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores en tales acciones. La Comisión toma nota asimismo de los principales programas y proyectos desarrollados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, tales como el programa «Honduras 20/20», que prevé la adopción de medidas a corto, mediano y largo plazo que garanticen la creación de 600 000 empleos en cinco años, la atracción de las inversiones y el crecimiento de las exportaciones en los principales sectores de la economía: turismo, textil, manufactura, vivienda social y servicios de apoyo a negocios. La Comisión toma nota además de que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a junio de 2015 la población en edad de trabajar se estimaba en 6 748 693 personas, mientras que la población económicamente activa (PEA) se estimaba en 3 935 335 personas. La Comisión observa que, si bien, entre 2014 y 2015, la PEA aumentó en un 14,3 por ciento, también aumentó el desempleo abierto de 5,3 por ciento a 7,3 por ciento. Asimismo, mientras el subempleo visible en 2015 fue de 14,1 por ciento, el subempleo invisible representó un 41,1 por ciento de la PEA ocupada. Al respecto, el COHEP destaca que el principal problema del mercado laboral en el país es el subempleo (visible e invisible), que se asocia a bajos ingresos con empleos de baja productividad. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INE, entre 2014 y 2015 también aumentó la pobreza total de 62,8 por ciento a 63,8 por ciento y la pobreza extrema de 39,7 por ciento a 40 por ciento. Por último, en respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que pese al incremento de las remesas familiares, éstas han contribuido de forma reducida a la creación de empleos, ya que tan sólo el 3,2 por ciento de las mismas se destinan a la inversión, mientras que el 96,8 por ciento son utilizadas para el consumo o gasto corriente. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre los progresos realizados por el Programa de Empleo y Oportunidades, así como por otros programas adoptados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con miras a alcanzar los objetivos del Convenio, y que continúe comunicando información estadística sobre la evolución del mercado laboral, particularmente sobre la evolución del mercado de trabajo, incluyendo sobre las tasas de empleo, desempleo y subempleo, desglosadas por sexo y edad. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información sobre las consultas que se realizan con los interlocutores sociales, para obtener el apoyo necesario para la ejecución y coordinación de la política del empleo.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). En relación al impacto del Gran Acuerdo Nacional (GAN) 2010-2014 en las iniciativas en apoyo a las MIPYMES, el Gobierno reitera las informaciones proporcionadas en su memoria anterior sobre las acciones adoptadas en esta materia. El Gobierno informa de que a diciembre de 2012 se generaron 30 102 empleos en el sector privado y 31 040 empleos en el sector público, alcanzando con ello el 60 por ciento y el 103 por ciento de las metas establecidas en el GAN, respectivamente. La Comisión toma nota, por otra parte, de la elaboración del anteproyecto de ley de inclusión social y laboral para los trabajadores independientes y por cuenta propia que fue aprobado de manera tripartita por el Consejo Económico y Social (CES), el 28 de abril de 2016, y posteriormente remitido al Congreso Nacional para su aprobación. El Gobierno indica que el objetivo de esta iniciativa es reconocer a los trabajadores autónomos por cuenta propia la calidad jurídica de trabajador y garantizar sus derechos fundamentales del trabajo, incluido el acceso a la seguridad social. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre las iniciativas adoptadas o previstas en apoyo a las MIPYMES así como sobre su aplicación en la práctica. La Comisión solicita también al Gobierno que indique la situación en la que se encuentra la adopción de la ley de inclusión social y laboral para los trabajadores independientes y por cuenta propia, y que envíe una copia de la misma una vez ésta haya sido adoptada.

Artículo 2. Coordinación de políticas. Educación y formación profesional. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno proporciona información detallada sobre diversas medidas que han sido adoptadas con miras a vincular la educación y la formación profesional con el mundo laboral, tales como la transformación del sistema educativo y la reforma de la educación media, la suscripción de convenios de cooperación entre el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y el sector empresarial, así como la realización de diversos programas de capacitación. Asimismo, el COHEP indica que el INFOP capacitó a 190 000 participantes en 2015 en diversas áreas, entre otras, agro-negocios, construcción y maquila. La Comisión toma nota, sin embargo, de las observaciones hechas por el COHEP y la CGT, en las que destacan que tales medidas se realizaron de forma aislada y que no existe en el país una política definida que vincule la educación y la formación profesional con el empleo. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre los resultados de las medidas adoptadas para asegurar la vinculación entre las políticas de educación, de formación profesional y de empleo. Asimismo, a la luz de las preocupaciones de la CGT y el COHEP, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas con miras a diseñar e implementar una política definida que coordine las diversas medidas adoptadas o previstas para vincular la educación y la formación profesional con el empleo.

Tendencias del mercado de trabajo. Mujeres. La Comisión observa que, según información estadística del INE, a junio de 2016, el 53,4 por ciento de la población en edad de trabajar eran mujeres y el 46,6 por ciento hombres. No obstante, la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo (43 por ciento) era más reducida que entre los hombres (74 por ciento). La Comisión observa además que, a junio de 2014, la tasa de desempleo era mucho más elevada entre mujeres (6,7 por ciento) que entre hombres (4,5 por ciento), al igual que el incremento en la tasa de pobreza (1,2 por ciento entre las mujeres y 0,4 por ciento entre los hombres). Al respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales sobre Honduras de 25 de noviembre de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reiteró su preocupación por la tasa desproporcionadamente alta de desempleo de las mujeres, la concentración de la ocupación femenina en empleos mal remunerados del sector informal y la persistencia de la segregación ocupacional horizontal y vertical. Asimismo, el CEDAW observó con inquietud, entre otros aspectos, la falta de medidas específicas para facilitar la entrada de las mujeres en el sector laboral formal (documento CEDAW/C/HND/CO/7-8, párrafo 34, apartado a)). La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre las medidas previstas o adoptadas con miras a promover el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal promoviendo su acceso al trabajo decente y duradero y evitando la discriminación en materia de empleo, y que incluya datos estadísticos pertinentes.

Empleo juvenil. El Gobierno informa de la adopción en 2014 del Programa Presidencial de Empleo y Oportunidades «Con Chamba Vivís Mejor», programa dirigido a jóvenes que ni estudian ni trabajan, jefes del hogar, personas con discapacidad y personas en situación de desempleo que estén en condiciones de pobreza. El Gobierno añade que todos los programas de empleo deberán estar articulados con este programa, para lo cual se establecerán mecanismos de control sobre el Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH), el Programa de Empleo por Hora y el Observatorio de Mercado Laboral de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. El Gobierno informa que la meta anual del programa es la generación de 25 000 empleos y que en 2014 y 2015 dicha meta fue superada, al generarse 33 524 empleos y 23 451, respectivamente. La Comisión toma nota asimismo de la adopción en 2015 del programa «Chamba Comunitaria» destinado principalmente a jóvenes desempleados en el área rural y que consiguió la creación de 23 280 empleos temporales, superando la meta de 15 000 empleos fijada por el programa, y en 2016 del programa «Chamba Joven» dirigido a jóvenes graduados del nivel secundario y universitario que estén desempleados. No obstante, la Comisión toma nota de que la CGT y la CUTH consideran que los empleos generados en el marco de estos programas son precarios. La Comisión observa que, según la Encuesta Permanente de Hogares, de 2015, realizada por el INE, el 48,1 por ciento de los jóvenes trabajaba; el 27,3 por ciento sólo estudiaba, y el 24,6 por ciento no estudiaba ni trabajaba. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre las medidas adoptadas para fortalecer los programas que faciliten la inserción de la población joven en el mercado laboral y el impacto de las mismas. La Comisión solicita además al Gobierno que continúe enviando información estadística sobre las tendencias del empleo juvenil, desagregada por edad y sexo.

Programa Nacional de Empleo por Hora (PRONEH) y creación de empleo. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno informa de que en el marco del PRONEH, en una primera etapa de tres años se generaron 55 339 empleos por hora que en su mayoría fueron contratados a jornada completa, representando el 51,4 por ciento de los contratados en 2011 y el 73 por ciento de los contratados en 2013. La Comisión toma nota asimismo de la promulgación en 2013 de la Ley de Empleo por Hora, que incluye entre sus objetivos el fomento del empleo digno y decente así como de la capacitación y formación profesional de los trabajadores, y la reducción de los índices de desempleo y subempleo. Asimismo, la Ley establece mecanismos para promover la contratación de los beneficiarios por las empresas por tiempo indefinido y medidas de promoción del empleo decente de grupos sociales vulnerables y jóvenes. El Gobierno indica que en 2015 se inscribieron 35 552 contratos en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el marco de la Ley de Empleo por Hora. Por su parte, la CGT y la CUTH señalan que la citada ley no ha logrado reducir el desempleo y que ha incrementado el número de empleos en la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre el impacto del PRONEH y sobre la medida en que los beneficiarios hayan logrado empleos productivos y sostenibles, así como detalles sobre la edad, el sexo, la capacitación recibida u otros elementos que permitan realizar un examen cuantitativo y cualitativo del empleo generado.

Impacto de los acuerdos comerciales. Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores solicitó al Gobierno que comunicara información sobre el impacto de los acuerdos comerciales y de las ZEDE en la generación de empleo productivo. Al respecto, el Gobierno informa de que los tratados comerciales celebrados por Honduras recogen capítulos en materia laboral cuyo objetivo es coadyuvar al país, crear o establecer mecanismos de generación de empleo entre las partes. La Comisión observa que el COHEP indica en sus observaciones que, de acuerdo con los datos del INE, en la industria maquiladora se generaron 145 000 empleos en 2015 como consecuencia de los tratados de libre comercio. La Comisión toma nota igualmente de las indicaciones del Gobierno de que las ZEDE aún no se encuentran operativas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre el impacto que los acuerdos comerciales hayan tenido en la generación de empleo productivo. La Comisión solicita además al Gobierno que informe sobre el inicio del funcionamiento de las ZEDE y sobre su impacto en la generación de empleos productivos, proporcionando datos estadísticos desglosados por sexo y edad.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de las indicaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno, en respuesta a la observación de 2011, en las memorias recibidas en agosto de 2012 y 2013. La Comisión toma nota con interés de la suscripción el 7 de febrero de 2012 del Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento con Equidad Social (GAN) que tiene como fundamento un pacto social de corto, mediano y largo plazo entre representantes del sector obrero y campesino, del sector empresarial y del sector Gobierno. Dicho pacto, producto del diálogo social, se propone brindarle una alta prioridad a la creación de empleo y a la defensa de los empleos ya existentes. Además, la Comisión nota que al mes de mayo de 2012, la población en edad de trabajar se estimaba en 6 627 556 personas mientras que la población económicamente activa (PEA) se estimaba en 3 364 688 personas. Entre mayo de 2009 y mayo de 2012, la PEA disminuyó de 0,67 por ciento, el número de ocupados de 0,31 por ciento y el número de desocupados de 9,66 por ciento. En el mismo período, la tasa de desempleo abierto disminuyó de 0,3 puntos porcentuales y la tasa de subempleo visible en 2,8 puntos porcentuales. La Comisión nota el deterioro de los indicadores socioeconómicos a nivel nacional en el transcurso del período objeto de examen, el porcentaje de hogares en pobreza extrema ha pasado de 39,1 por ciento en el año 2010 a 46,0 por ciento en el año 2012; además, se ha presenciado un incremento de 11 puntos porcentuales de la tasa de subempleo invisible, pasando de 32,6 por ciento en el año 2010 a 43,6 por ciento en el año 2012. El Gobierno indica que al mes diciembre del 2012, el ingreso de divisas por concepto de remesas familiares alcanzó un total de 2 960,2 millones de dólares estadounidenses representando un incremento de 3,4 por ciento respecto al año anterior y un 15,7 por ciento del producto interno bruto; el 9,7 por ciento de éstas fue destinado a la educación. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando informaciones sobre la evolución del mercado laboral y a indicar en qué grado se han alcanzado las metas relativas al empleo establecidas en los programas gubernamentales. Además, la Comisión invita al Gobierno a indicar en qué medida el ingreso de divisas por concepto de remesas familiares ha facilitado la creación de empleo productivo.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La Comisión toma nota de que entre los compromisos alcanzados en el GAN, en el caso particular de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), figuran acciones en materia de: crédito y asistencia técnica, entre otros por la vía de un Fondo MIPYME; fortalecimiento de la institucionalidad y del marco legal, por medio de una estrategia de armonización, ordenamiento y coordinación; fortalecimiento del encadenamiento y de las capacidades técnicas, por la vía de un programa nacional; creación de un segmento en las compras del Estado, garantizando que el 30 por ciento del presupuesto de compras se destine a las MIPYMES; y creación de un sistema de información especializada. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya información detallada sobre el impacto del GAN en materia de creación de empleo y reducción de la pobreza, en particular sobre el impacto que hayan tenido las iniciativas en apoyo a las MIPYMES. La Comisión invita al Gobierno a que brinde indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores de la economía informal «en las medidas que se hayan de adoptar».

Artículo 2. Coordinación de políticas. Educación y formación profesional. En respuesta a la observación formulada en 2011, el Gobierno se remite a los programas y proyectos en curso de ejecución por el Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET), el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), y el Programa de Capacitación Integral para la Competitividad (PROCINCO). Además de la Política Nacional de Educación Alternativa No Formal (2008-2015), la Comisión toma nota de la adopción del decreto legislativo núm. 262-2011 contentivo de la Ley Fundamental de Educación cuya finalidad es garantizar el acceso equitativo de todas las personas a una educación integral de calidad. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria indicaciones sobre las medidas adoptadas con miras a asegurar la vinculación entre las políticas de educación, las de formación profesional y las de empleo. Asimismo, la Comisión desearía conocer cómo se coordina la oferta de capacitación con la demanda de conocimientos y de habilidades así como con las necesidades del mercado de trabajo.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la adopción del Plan de Empleo Juvenil 2011-2013 entre cuyas líneas estratégicas figuran la educación técnica, el fomento al emprendedurismo y al desarrollo empresarial juvenil con acceso a activos productivos. La Comisión pide al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones detalladas sobre las tendencias del empleo juvenil, incluyendo estadísticas desagregadas por edad y por sexo. La Comisión invita al Gobierno a que incluya una evaluación de las medidas de política activa ejecutadas para minimizar el impacto del desempleo sobre los jóvenes y favorecer su inserción duradera en el mercado del trabajo.

Programa de Empleo por Horas (PRONEH) y creación de empleo. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno indica que 4 292 empresas se encuentran registradas ante la Secretaría de Estado de Trabajo y de Seguridad Social y que al mes de junio de 2013, se habían captado 73 257 empleos. Las actividades económicas que han absorbido mayor porcentaje de trabajadores han sido: el comercio (33,97 por ciento); los establecimientos financieros (26,82 por ciento); los servicios comunales y personales (16,21 por ciento); y la industria manufacturera (7,73 por ciento). En su mayoría, las contrataciones se produjeron en las MIPYMES (98 por ciento). Al mes de junio 2013, se estimaba que se habían generado al menos 155 127 empleos en al menos 11 117 empresas. Además, el Gobierno hace referencia a algunos datos destacables que son atribuibles a la ejecución del PRONEH, como ser la disminución del desempleo abierto (de 4,3 por ciento a 3,6 por ciento), la reducción del tiempo de búsqueda de empleo (de 6,3 meses a 3,6 meses) y la constitución del Servicio Nacional de Empleo de Honduras. La Comisión invita al Gobierno a que continúe informando sobre la supervisión y seguimiento del Programa Nacional de Empleo por Horas y sobre la medida en que los beneficiarios hayan logrado empleos productivos, así como detalles sobre la edad, el sexo, el lugar de residencia, la capacitación recibida u otros elementos que permitan realizar un examen cuantitativo y cualitativo del empleo generado.

Impacto de los acuerdos comerciales. Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que se incluyeran informaciones sobre el impacto que los acuerdos comerciales hayan tenido para la generación de empleo productivo. La Comisión toma nota del segundo Informe a la Nación 2011 en el que se indica que se finalizaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras (CA 4) y Canadá así como sobre la convergencia de los tres tratados de libre comercio en un nuevo Tratado de Libre Comercio único entre los países centroamericanos y México. Asimismo, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). El artículo 1, inciso 2 de dicha ley dispone que las ZEDE están autorizadas a establecer su propia política y normativa; además, prevé en su artículo 31, que las ZEDE deberán operar sobre una política de libre comercio y competencia. La Comisión invita al Gobierno a seguir ilustrando su memoria con información sobre el impacto que los acuerdos comerciales hayan tenido en la generación de empleo productivo. Además, la Comisión invita al Gobierno a incluir indicaciones sobre el impacto de las zonas de empleo y desarrollo económico para generar empleos productivos.

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Seguimiento de las Conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, junio de 2011)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en junio de 2011. Al concluir el debate tripartito, la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que actualice la información presentada sobre los nuevos programas sobre política del empleo, datos recientes sobre el tamaño y distribución de la mano de obra, así como informaciones específicas sobre la eficacia de las medidas adoptadas para reducir el desempleo y alcanzar los objetivos del Convenio. En particular, la Comisión de la Conferencia pidió que se presenten informaciones detalladas sobre la manera en que los mecanismos tripartitos contribuyen a la formulación de los programas de empleo y a la supervisión y ejecución de las medidas activas del mercado del trabajo que permitan superar la crisis actual y asegurar una recuperación sostenible. La Comisión también toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Central General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Honduras en marzo de 2011 y en septiembre de 2011, así como de una comunicación de la CUTH también presentada en septiembre de 2011. La Comisión toma nota de una nueva memoria muy ilustrativa del Gobierno recibida en septiembre de 2011, y de los nuevos datos transmitidos en noviembre de 2011.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Tendencias del mercado del trabajo. La Comisión toma nota de la evolución de los indicadores del mercado del trabajo entre 2008 y 2010. La desocupación afecta a 158.813 trabajadores en 2010 (casi 90.000 hombres y 70.000 mujeres), 45 por ciento de la población se encuentra subempleada. La Comisión toma nota de que se incluyeron objetivos del empleo en la Visión de País 2010-2048. Se ha fijado como meta para 2013 reducir el número de hogares en situación de pobreza extrema del 36 al 32 por ciento, lograr que el subempleo se reduzca al 30 por ciento y que el 23 por ciento de los asalariados se afilien a los sistemas de previsión social. El Gobierno también indica en su memoria que se firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo para el ejercicio fiscal 2010-2011 cuyo principal objetivo es restablecer la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas y apoyar el establecimiento de las condiciones para el crecimiento económico sostenible y la inversión pública. La Comisión observa que los estudios del Banco Central de Honduras confirman la importancia del flujo de las remesas (que representaron en 2010 el 16,4 por ciento del producto interno bruto del país) para impulsar iniciativas para la generación de empleo. El monto de las remesas en 2010 aumentó en un 5 por ciento respecto de 2009. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando indicaciones que permitan examinar la manera en que se han alcanzado las metas relativas al empleo establecidas en los programas gubernamentales. La Comisión pide también que se incluyan datos sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo y del subempleo. La Comisión invita al Gobierno a seguir brindando indicaciones sobre la manera en que las remesas enviadas por los trabajadores migrantes contribuyeron a la creación de empleo productivo.

Participación de los interlocutores sociales. En su comunicación de marzo de 2011, las organizaciones sindicales recordaron que no fueron consultadas al aprobarse en noviembre de 2010 en el Congreso Nacional el Programa Nacional de Empleo por Horas. Según las organizaciones sindicales, el programa propone la desregulación del mercado del trabajo y profundiza su precarización. El mercado de trabajo se encuentra saturado de trabajadores temporales y subcontratados, y las organizaciones sindicales insisten en que aquellos empresarios que cometen abusos no necesitan de un programa específico para contratar trabajadores temporales. La CUTH señala que no existe una política de empleo desde el Estado para la creación de empleo digno y decente. La Comisión toma nota de la documentación detallada que el Gobierno presentó a la Comisión de la Conferencia y las indicaciones agregadas en las memorias recibidas en septiembre y noviembre de 2011 sobre las consultas mantenidas en el Congreso Nacional para la discusión y aprobación del programa. El Presidente del Congreso Nacional y el titular de la Secretaría de Trabajo firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional para facilitar los intercambios sobre las medidas que se adoptan. El Gobierno tiene previsto fortalecer el Observatorio del Mercado Laboral e implementar en el futuro un Servicio Nacional del Empleo para aplicar y coordinar todos los programas de empleo del país. El Gobierno confirma que el Programa Nacional de Empleo por Horas registró solamente 193 contratos de trabajo (73 mujeres y 120 hombres) en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca y La Esperanza. La mayoría de los contratos tuvo una duración de dos meses por jornadas de cuatro horas. En algunos casos, los contratos alcanzaron 30 meses de duración. Setenta y una empresas se han dirigido a las autoridades para obtener más informaciones sobre el programa. El Gobierno informó en noviembre de 2011 que 311 firmas se encuentran registradas como usuarias del programa a nivel nacional. La Comisión invita al Gobierno a que continúe presentando informaciones sobre los esfuerzos realizados para celebrar las consultas con los interlocutores sociales para diseñar y ejecutar una política activa del empleo. En este sentido, la Comisión insiste en la importancia de tomar en cuenta la opinión y obtener el apoyo de los interlocutores sociales para asegurarse que los programas aplicados hayan generado empleos de calidad. La Comisión desearía seguir examinando informaciones actualizadas sobre la supervisión y seguimiento del Programa Nacional de Empleo por Horas y la medida en que los beneficiarios hayan logrado empleos productivos, así como detalles sobre edad, género, residencia, capacitación recibida y otros elementos que permitan realizar un examen cuantitativo y cualitativo del empleo generado.

Coordinación de políticas. La Comisión se remite a su observación de 2010 y pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones sobre los programas que ejecuta el Centro Nacional de Educación para el Trabajo y el Instituto Nacional de Formación Profesional para facilitar la adecuación de la mano de obra al mercado del trabajo. La Comisión desearía examinar informaciones más detalladas sobre las medidas concretamente adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo y mejorar la competitividad del país.

Impacto de los acuerdos comerciales. Zonas francas de exportación. El Gobierno indica que el principal destino de las exportaciones son los Estados Unidos (39,8 por ciento en 2009). Los Estados Unidos son también el mayor inversionista según procedencia del capital. Además, el Gobierno señala que la maquila contribuyó a reducir las presiones que sufre el mercado del trabajo. En la memoria, el Gobierno sugiere que los mayores ingresos percibidos por los trabajadores en la maquila parecen destinarse a gastos en la economía informal. La Comisión toma nota de que algunas empresas de maquila desarrollan programas de capacitación. La Comisión invita al Gobierno a incluir indicaciones sobre los resultados alcanzados para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores del Programa de Capacitación Integral para la Industria de la Confección y Textil. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que se incluyan informaciones sobre el impacto que los acuerdos comerciales hayan tenido para la generación de empleo productivo.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). El Gobierno recuerda que se gestiona la creación de un fondo de fomento de las MIPYMES para hacer frente a las necesidades financieras del sector. La Comisión toma nota que continúan los esfuerzos para reglamentar la legislación adoptada en 2008 para fomentar las MIPYMES. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria se actualicen las informaciones sobre el impacto del nuevo marco jurídico de las MIPYMES para generar empleo y reducir la pobreza y se agreguen datos sobre el funcionamiento del fondo previsto para las MIPYMES.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota del lanzamiento en 2010 de la Política Nacional de la Juventud. El Gobierno cuenta con presentar al Consejo Económico y Social un Plan de Acción de Empleo Juvenil cuyas líneas estratégicas incluyen el diálogo social, la educación técnica para la empleabilidad y el fomento al desarrollo empresarial. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a reforzar sus esfuerzos para que los jóvenes se integren en el mercado laboral y puedan optar por empleos de calidad. La Comisión reitera la importancia de contar con el apoyo de los interlocutores sociales y de representantes de las personas interesadas para que las medidas diseñadas sobre política del empleo puedan tener éxito al ser implementadas. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a que en su próxima memoria se incluyan informaciones sobre los resultados concretos alcanzados por la Política Nacional de la Juventud y el Plan de Acción de Empleo Juvenil 2009-2011.

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión toma nota de la memoria detallada y de la completa documentación recibida en septiembre de 2009. El Gobierno enumera las medidas destinadas a promover el crecimiento económico, incrementar el ingreso y reducir el déficit fiscal y la presión tributaria. El objetivo del Gobierno es lograr la creación de empleo de calidad; realizar inversiones en infraestructura económica y social para fomentar la productividad, inversión y empleo digno; y reforzar la inversión en educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico. En el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión destacó que el decreto ejecutivo núm. PCM-05-2007 de 2007 incorpora el Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno en su estrategia de reducción de la pobreza, y lo eleva a nivel de política de Estado (párrafo 57 del Estudio General de 2010). El Gobierno señala en su memoria que desde 2008 se logró salir de la categoría de «país pobre altamente endeudado» y pasar a la de «país de ingreso medio bajo». Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2009, el porcentaje de hogares en situación de pobreza fue del 59,2 por ciento y la «pobreza extrema» sigue afectando al 36 por ciento de los hogares. En 2009, la tasa de desempleo abierto se encontraba en un 2,9 por ciento y la tasa de subempleo invisible en un 29,8 por ciento. El Gobierno intenta con la ejecución del Programa Nacional de Trabajo Decente (PNTD) generar alrededor de 425.000 empleos durante 2006-2009, y 650.000 empleos en el sexenio siguiente. El PNTD pretende fomentar el trabajo decente con énfasis en los jóvenes, el desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, la reducción de la informalidad y el subempleo, la mejora de los servicios de empleo, formación profesional e información sobre el mercado laboral. El Gobierno también informa de que se están aplicando instrumentos de seguimiento para evaluar la gestión de las políticas integrales de empleo para poder así medir sus resultados. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados para generar empleo productivo en el marco del Programa Nacional de Trabajo Decente. La Comisión pide que se incluyan datos actualizados sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo como fase indispensable para ejecutar una política activa del empleo en el sentido del Convenio.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. Medidas para mitigar los efectos de la crisis. La Comisión advierte que los efectos de la crisis financiera internacional han tenido un impacto desfavorable en las finanzas públicas, el crecimiento del PIB y la inversión privada, nacional y extranjera, produciendo una caída en los ingresos y el empleo. El Gobierno indica en su memoria que se realizan esfuerzos para procurar la estabilidad macroeconómica y estimular la creación de empleo productivo así como para incentivar la capacitación de la fuerza laboral en poblaciones y sectores productivos prioritarios. La Comisión también toma nota de la Mesa Tripartita creada para construir un espacio de diálogo, coordinación, negociación y consulta con especial énfasis en el Plan Nacional de Generación de Empleo Digno y la Política para el Apoyo de la Competitividad de las MIPYMES. En el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión destacó la importancia que tienen las consultas tripartitas continuas y genuinas para afrontar y mitigar las consecuencias de la crisis económica mundial (párrafo 788 del Estudio General de 2010). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria informe sobre las consultas efectuadas para diseñar y ejecutar una política activa del empleo que permita superar los efectos negativos de la crisis mundial. La Comisión pide también al Gobierno que brinde indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal.

La Comisión toma nota del decreto núm. 230-2010, de noviembre de 2010, mediante el cual se establece un Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis, el cual incluye el Programa Nacional de Empleo por Horas. La Comisión toma nota de la oposición manifestada por la Central General de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Honduras y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras en contra del proyecto de Plan Nacional Solidario en una comunicación transmitida al Gobierno en octubre de 2010. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique de qué manera se han tomado en cuenta la opinión y la experiencia de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para la elaboración y ejecución de dicho Plan. La Comisión desearía poder examinar informaciones sobre la supervisión y seguimiento del programa y la medida en que los beneficiarios hayan logrado empleos productivos, así como detalles sobre edad, género, residencia, capacitación recibida y otros elementos que permitan realizar un examen cuantitativo y cualitativo del empleo generado.

Coordinación de políticas. El Gobierno declara que está aunando esfuerzos para mejorar la empleabilidad y elevar la competitividad de la fuerza laboral mediante un Programa Nacional de Formación Profesional integrado a la generación de trabajo productivo. La Comisión también toma nota de que la Estrategia Nacional de Competitividad identifica como motores del desarrollo: la maquila orientada a servicios, el desarrollo integral del potencial agroalimentario, la promoción del sector forestal y el desarrollo integral del turismo. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo y mejorar la competitividad de la economía.

Impacto de los acuerdos comerciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-RD). Considerando la importancia de las exportaciones para sostener el empleo productivo en la economía del país, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a que incluya información en su próxima memoria acerca del impacto que los acuerdos comerciales tienen en la generación de empleo productivo.

Zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de que, según la Asociación Hondureña de Maquiladores, en enero de 2009 había 250 empresas trabajando bajo el régimen de zona franca (maquila) empleando a casi 119.000 trabajadores. Desde 2008, se han perdido más de 12.000 puestos de trabajo en el sector. Los sectores con mayor actividad siguen siendo el sector textil y el de la confección junto con el de los arneses para automóviles. La Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Según la Secretaría de Industria y Comercio, las 280.000 MIPYMES existentes en el país generan aproximadamente el 25 por ciento del PIB y más de 700.000 empleos. En octubre de 2008 se adoptó el decreto núm. 135 por el que se aprueba la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. La ley pretende promover un entorno favorable para que las MIPYMES urbanas y rurales desarrollen su competitividad y establezcan una cultura empresarial; facilitar el acceso al financiamiento, crear condiciones para la creación y consolidación de cadenas productivas y elaborar planes estratégicos para garantizar el desarrollo integral del sector. Se destinó un fondo de capital de 1.000 millones de lempiras al fomento de las MIPYMES. La Comisión invita al Gobierno a incluir información sobre el impacto del nuevo marco jurídico de las MIPYMES para generar empleo y reducir la pobreza.

Trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de que el porcentaje de población migrante supera al 5 por ciento de la población. El destino del 81,1 por ciento de los migrantes es América del Norte. Se reciben anualmente cerca de 2.600.000 dólares de los Estados Unidos en remesas a Honduras. El Gobierno indica que se están aplicando mecanismos para organizar el flujo de remesas con fines laborales, de inversión y para aminorar su aplicación al consumo, garantizando que se realizan dentro de los planes propuestos de reducción del desempleo y subempleo. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones sobre la manera en que los programas para la inversión viable de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes contribuyeron a la creación de empleo productivo.

Empleo juvenil. Según el Foro Nacional de Juventud, el desempleo afecta al 5,2 por ciento de la población joven económicamente activa, estando más acuciado en zonas urbanas, principalmente en la ciudad de Tegucigalpa (10,8 por ciento), mientras que en el área rural es de 2,9 por ciento. La tasa de desempleo abierto para jóvenes desocupados con educación secundaria y superior es de 8,6 por ciento y 8 por ciento respectivamente. La Comisión observa que los jóvenes que recibieron una formación presentan dificultades particulares para conseguir empleos. El Gobierno indica que es necesario eliminar los problemas sociales que representan un verdadero riesgo para la población juvenil, entre ellos, la violencia, el escaso acceso a la salud y a la educación, así como la exclusión de las oportunidades políticas, sociales y económicas. La Comisión toma nota de que se ha aprobado la Política Nacional de la Juventud y su Plan Estratégico. Se adoptó el Plan de Acción de Empleo Juvenil 2009-2011 para favorecer la empleabilidad de jóvenes mediante su acceso a la formación técnica y profesional. Entre las líneas estratégicas del Plan de Acción se encuentra el fomento del desarrollo empresarial juvenil y el acceso a activos productivos como desincentivo a la migración de jóvenes de entre 15 y 29 años en situación de vulnerabilidad. La Comisión también observó que existe un problema creciente de desempleo entre los trabajadores calificados, particularmente entre los jóvenes graduados universitarios, que no encuentran seguridad en el empleo acorde con su nivel de competencias laborales, lo que resulta un problema tanto para las economías de mercado avanzadas como para los países en desarrollo. No solamente se desaprovechan las capacidades de los jóvenes sino que éstos se ven obligados a aceptar trabajo de manera ocasional. Esta situación puede resultar perjudicial para el desarrollo de una carrera profesional (párrafo 800 del Estudio General de 2010). La Comisión insta al Gobierno a seguir poniendo énfasis en la necesidad de integrar a los jóvenes en el mercado laboral. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados por la Política Nacional de la Juventud y el Plan de Acción de Empleo Juvenil 2009-2011.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Ejecución de una política activa del empleo. La Comisión toma nota nuevamente con interés de las informaciones completas incluidas en una memoria recibida en agosto de 2007. La memoria contiene las indicaciones solicitadas en el formulario de memoria y en respuesta a la solicitud directa de 2006. Durante el período cubierto por la memoria, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-RD) y prosiguió la reducción del servicio de la deuda externa por medio de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral. Además, en febrero de 2007, concluyó el Programa de servicio para el crecimiento y la lucha con la pobreza con el Fondo Monetario Internacional — gestionándose un nuevo acuerdo con las instituciones financieras multilaterales. Si bien algo se redujo la tasa de desempleo urbano abierto (del 4,9 por ciento en 2006 al 4,1 por ciento en mayo de 2007) una tercera parte de la población total ocupada se encuentra desempleada. La Comisión espera que la próxima memoria incluirá una evaluación sobre el impacto que han tenido los acuerdos comerciales y las nuevas medidas adoptadas para aliviar el servicio de la deuda externa, reducir la pobreza y generar empleo productivo. La memoria debería también permitir examinar el impacto de los programas enumerados por el Gobierno en su memoria para mejorar las perspectivas de empleo de las mujeres y de los hombres que desean encontrar empleo productivo.

2. Parte V del formulario de memoria. Cooperación técnica de la OIT. El Gobierno indica en su memoria que se elevó al nivel de una política de Estado, el Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno, como instrumento de planificación estratégica articulado con la estrategia de reducción de la pobreza. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria enuncie los resultados alcanzados por el Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno, así como por los otros programas en los que la OIT haya dado su asistencia, en particular los destinados a promover el empleo juvenil y a fomentar los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio.

3. Empleo juvenil. En respuesta a la solicitud anterior, el Gobierno informa que son aproximadamente 8.000 los jóvenes desempleados y subempleados de 18 a 29 años que se encuentran en búsqueda de empleo y con al menos tres años de escolaridad. Se informa también que se seleccionaron 436 jóvenes beneficiarios del programa Mi Primer Empleo para cursos de capacitación. Se invitó a los centros de capacitación (CECAP) a participar en el proceso de capacitación. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2007, en América Latina, aproximadamente siete de cada diez jóvenes ocupados en 2006 se desempeñaban en ocupaciones sin cobertura de protección en salud y/o pensiones, cifra que alcanza a más del 82 por ciento en Honduras y Nicaragua. En memorias anteriores, se habían mencionado iniciativas para promover el empleo de jóvenes, con un componente de «primer empleo para la juventud en riesgo» buscándose la inserción laboral de aproximadamente 6.000 jóvenes urbanos pobres. La Comisión reitera su interés de examinar informaciones sobre la manera en que los programas destinados a reducir la violencia y la inseguridad hayan también contribuido a aumentar el empleo productivo de los jóvenes. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a informar sobre las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de Formación Profesional y el Centro Nacional de Educación Técnica para el Trabajo de manera de mejorar la oferta de formación profesional y técnica y promover nuevas empresas y oportunidades de negocios.

4. Zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de las detalladas informaciones transmitidas sobre el empleo en el sector de la maquila. El empleo generado en la actividad maquiladora se incrementó en 5.882 nuevos puestos de trabajo en el 2005. La disminución de la participación femenina se debe a la diversificación de actividades económicas que incluye en la actualidad la fabricación de partes de vehículos, muebles de madera, accesorios electrónicos y comercio. La Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.

5. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno indica en su memoria que se han restablecido espacios de concertación en los cuales se discuten, analizan y aprueban, en forma conjunta con representantes de los tres sectores, todo tipo de políticas, medidas y acciones orientadas al desarrollo sostenible y progresivo del país. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores, y pide al Gobierno que informe con mayor precisión sobre las consultas celebradas en el Consejo Económico y Social en relación con las políticas de empleo. La memoria debería incluir también informaciones sobre las consultas celebradas sobre las materias cubiertas por el Convenio con representantes del sector rural, de la economía informal y del sector de la maquila.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

1. Ejecución de una política activa del empleo. La Comisión toma nota con interés de las informaciones completas incluidas en una memoria recibida en agosto de 2005 que contiene las indicaciones solicitadas en el formulario de memoria y en la observación de 2004. La Comisión agradece al Gobierno que en su próxima memoria incluya indicaciones sobre la manera en que se han alcanzado los objetivos de fomento del empleo que se establecieron en el Plan de Gobierno 2002-2006, en el Programa Nacional de Competitividad y en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. En 2004, de una población económica activa de más de dos millones y medio de personas sólo 1.170.000 personas habían encontrado empleo asalariado y se detectaron 750.000 hogares pobres. La Comisión desearía seguir examinando informaciones estadísticas que permitan conocer la manera en que los numerosos programas enumerados por el Gobierno en su memoria han ido mejorando las perspectivas de empleo de las mujeres y de los hombres que desean encontrar empleo productivo. Además, la Comisión expresa su interés por conocer las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como la manera en que los acuerdos comerciales que se han negociado han podido influir en el mercado laboral (artículos 1 y 2 del Convenio).

2. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión invita al Gobierno a dar a conocer los resultados alcanzados por el programa «Nuevos empleos para la gente» que se discutió en el Consejo Económico y Social y por las medidas adoptadas como consecuencia de los estudios realizados sobre «trabajo decente y pobreza en Honduras» y «equidad de género en la política del empleo» — mencionados por el Gobierno en su memoria. En este sentido, la Comisión ha tomado conocimiento de la Declaración tripartita para el fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana, suscripta por los Ministros de Trabajo y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar el objetivo de creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad, según los parámetros de la OIT, en el centro de la política macroeconómica — los esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino también, y con igual prioridad, en la promoción de la inversión y en el crecimiento con equidad. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, se incluyan indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo de la OIT para promover, tanto a nivel nacional como subregional, los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio (parte V del formulario de memoria).

3. Promoción del empleo juvenil. El Gobierno menciona las iniciativas emprendidas para promover el empleo de jóvenes, que incluye un componente de «primer empleo para la juventud en riesgo»: se busca la inserción en el mercado laboral de aproximadamente 6.000 jóvenes urbanos pobres que han abandonado el sistema convencional de educación y que no trabajan o trabajan poco en actividades informales. Además, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se promueve entrenamiento para el empleo, el servicio de intermediación laboral (SIL) y la modernización de la administración del trabajo (MAT). La Comisión apreciaría que, en su próxima memoria, el Gobierno informe sobre la manera en que estos programas han contribuido ha disminuir el desempleo juvenil y a facilitar el ingreso en el mercado formal de trabajo de los jóvenes. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a informar sobre las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de Formación Profesional y el Centro Nacional de Educación Técnica para el Trabajo de manera de mejorar la oferta de formación profesional y técnica y promover nuevas empresas y oportunidades de negocios.

4. La Comisión toma nota de que la actividad maquiladora se vio afectada por la suspensión de contratos y el cierre de empresas. En 2002, los puestos de trabajo generados por la industria de la maquila ascendieron a 105.557 empleos (en 2003, 114.237). Más de la mitad del personal ocupado continúa siendo femenino. La industria textil sigue siendo la que genera mayor actividad. El Gobierno indica que el esquema de «paquete completo» permite a las firmas proveer una variedad de servicios — lo que redundaría en un mayor valor agregado y en el éxito de la industria de la maquila. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre la contribución del sector de la maquila para la generación de empleo productivo.

5. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno informa sobre la participación de los actores sociales en el proceso de actualización de la estrategia para la reducción de la pobreza. Además, el Gobierno ha mencionado las consultas celebradas en el marco del Consejo Económico y Social. La Comisión insiste en que es responsabilidad común de las autoridades gubernamentales y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). La Comisión confía en que el Gobierno seguirá incluyendo informaciones sobre las consultas celebradas sobre las materias cubiertas por el Convenio con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, incluyendo también a representantes del sector rural, de la economía informal y del sector de la maquila.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

1. Ejecución de una política activa del empleo. En una memoria recibida en agosto de 2003, el Gobierno ha reseñado brevemente algunas medidas destinadas a la creación de empleo (apoyo a la economía campesina, creación de microempresas de conservación vial) y las nuevas orientaciones que se impulsarían desde septiembre de 2003 en materia de enseñanza básica y de formación. Se menciona también un proyecto para el proceso de intermediación laboral. La Comisión advierte que algunas de estas orientaciones se encontraban entre las propuestas que se habían formulado al Consejo Económico y Social, con la asistencia de la OIT, destinadas a promover los aspectos relacionados con el empleo de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. La Comisión pide al Gobierno incluir en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas para llevar a cabo una política activa del empleo en el sentido del Convenio como consecuencia de la asistencia técnica que haya prestado la OIT.

2. La Comisión advierte que se han encontrado dificultades para cumplir las condiciones para acogerse a la Iniciativa sobre la reducción de la deuda de los países pobres altamente endeudados. En este sentido, la Comisión confía en que el Gobierno se esforzará para que el empleo se encuentre en un lugar central de las políticas macroeconómicas y sociales al elaborarse y llevarse a cabo la estrategia nacional para la reducción de la pobreza. La Comisión considera esencial que se tomen en cuenta los objetivos del empleo, «como un objetivo de mayor importancia», desde el inicio de las discusiones para la formulación de políticas económicas y sociales de modo que dichos objetivos formen realmente parte integrante de las políticas que se adopten [véase párrafo 490 del Estudio general, de 2004, Promover empleo]. La Comisión espera que, como ha sucedido en el pasado, el Gobierno tenga a bien hacer llegar una memoria detallada que permita examinar la manera en que la promoción del empleo ha sido considerado como un objetivo central de todos los mecanismos de política macroeconómica disponibles, especialmente de las políticas monetaria, presupuestaria, comercial y de desarrollo (artículos 1 y 2 del Convenio).

3. El Gobierno indica que las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, en septiembre de 2002, presentaron indicadores evolutivos satisfactorios al disminuir el desempleo abierto en 2,8 puntos porcentuales. Según datos comentados por la CEPAL, el subempleo habría pasado de 24 por ciento en 2001 a 26,6 por ciento en 2002 - lo que indicaría que los nuevos integrantes del mercado laboral entraron en su mayoría al sector informal. Si bien la tasa de desocupación disminuyó a nivel nacional, habría aumentado en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La Comisión confía en que la próxima memoria del Gobierno incluirá informaciones estadísticas actualizadas sobre el resultado de las medidas adoptadas para crear empleo a favor de jóvenes y mujeres, mejorar la oferta de formación profesional y técnica, y promover nuevas empresas y oportunidades de negocios.

4. La Comisión recuerda su interés por obtener informaciones sobre el impacto en el empleo de las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de Formación Profesional, el Centro Nacional de Educación Técnica para el Trabajo y las medidas tomadas por el proyecto de inserción productiva de jóvenes en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social.

5. La Comisión toma nota que según los datos reproducidos por la memoria del Gobierno de la Asociación Hondureña de Maquiladores se proyecta que en 2004, 237 empresas maquiladoras operen dando empleo a cerca de 130.000 personas. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, continúe agregando datos sobre la evolución del empleo en el sector de la maquila y las medidas que se hayan adoptado para reorientar en el mercado de trabajo a los/as trabajadores/as afectados por eventuales cierres de maquiladoras.

6. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio requiere que se realicen consultas con todas las personas interesadas - y en particular, con representantes de empleadores y de trabajadores - para la elaboración y la adopción de las políticas de empleo. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios [véase párrafo 493 del Estudio general antes mencionado[. La Comisión confía en que el Gobierno incluirá en su próxima memoria informaciones sobre las consultas celebradas sobre las materias cubiertas por el Convenio con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, incluyendo también a representantes del sector rural, de la economía informal y del sector de la maquila.

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

1. La Comisión toma nota de una nueva detallada memoria del Gobierno, recibida en agosto de 2002, que contiene informaciones completas en relación con las cuestiones planteadas por el formulario de memoria. La Comisión toma nota con interés de la creación, mediante el decreto ejecutivo núm. PCM-016-2001, de 31 de octubre de 2001, del Consejo Económico y Social cuyo objetivo principal es servir de foro de diálogo y concertación social donde se analicen y aprueben propuestas que tengan que ver con la dimensión, continuidad y forma de las políticas salariales y de empleo, a fin de promover e incrementar la competitividad de las empresas a nivel mundial así como la capacitación y el mejoramiento de la calidad de vida de los/as trabajadores/as. La Comisión observa también con interés que el Equipo Técnico Multidisciplinario de la Oficina ha respondido a un pedido del Gobierno para que se incorpore la dimensión laboral en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). Luego de haberse efectuado consultas tripartitas, la OIT ha sometido al Consejo Económico y Social recomendaciones para orientar las medidas tomadas en el marco de la ERP, recomendaciones entre las que se destacan las siguientes: realizar un análisis permanente del impacto sobre el empleo de las distintas políticas y programas que se adopten en el campo económico y social, impulsar programas de inversión pública con criterios de mano de obra intensiva, descentralizar recursos de manera de apoyar a la pequeña microempresa, asegurar la gratuidad efectiva de la enseñanza básica, avanzar hacia una política de formación profesional más pertinente y eficaz en función de las demandas del mercado y promoviendo la equidad a favor de la fuerza de trabajo más excluida que se ubica en el sector informal y la economía campesina; establecer una política de modernización, integración y descentralización de los servicios de empleo. La Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno se referirá a las acciones emprendidas como seguimiento de las recomendaciones anteriores, lo cual contribuirá de manera significativa a la plena aplicación de las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 del Convenio.

2. La Comisión advierte que la tasa de desempleo abierto en la ciudad de San Pedro Sula (el centro económico de Honduras) alcanzó, en 2001, un 7,4 por ciento (6,9 en 1999), lo que resulta el nivel de desempleo más alto en los últimos 14 años. La Comisión toma nota de las distintas medidas que se han adoptado para fomentar empleo, como por ejemplo, la creación de zonas agrícolas de exportaciones (decreto núm. 233-2001), así como las medidas destinadas a promover el desarrollo rural sostenible y el desarrollo local. La Comisión agradecería al Gobierno que continúe informando sobre la creación de empleos alcanzada mediante las distintas medidas mencionadas en su memoria. Sírvase en particular indicar de qué manera las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de Formación Profesional, el Centro Nacional de Educación Técnica para el Trabajo y las medidas tomadas en aplicación de la ley marco para el desarrollo integral de la juventud han conllevado a una mayor coordinación de las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo.

3. La Comisión toma nota de que, en 2001, se han cerrado 36 empresas vinculadas con la actividad maquiladora produciéndose el desempleo de 25.591 trabajadores. Teniendo en cuenta el alto número de trabajadoras que han sido afectadas por la recesión en el sector de la maquila, la Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, agregue datos sobre la evolución del empleo en el sector y las medidas que se hayan adoptado par reorientar en el mercado de trabajo a los/as trabajadores/as afectados/as.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

1. La Comisión toma nota de la memoria detallada y completa del Gobierno correspondiente al período que terminó en julio de 2000. El Gobierno recuerda los daños causados, en octubre de 1998, por el huracán Mitch y la puesta en marcha del Plan Maestro de la Reconstrucción y Transformación Nacional, el cual tiene entre sus objetivos estratégicos la reactivación económica con generación de empleo. El crecimiento económico, impulsado por las actividades agroexportadoras y manufactureras, dio lugar a un incremento del PIB, a la reducción de la inflación y a la recuperación del empleo (la tasa de desempleo abierto fue de 3,7 por ciento en 1999). Las empresas maquiladoras generaron más de 6.000 nuevos puestos de trabajo (según la CEPAL). La Comisión advierte que se adoptó una Estrategia para la Reducción de la Pobreza en el contexto de la Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han acordado, en julio de 2000, respaldar medidas de reducción de la deuda financiera que incluye compromisos en relación con una estrategia participativa contra la corrupción, la reforma de la seguridad social, el fortalecimiento del sector financiero, las mejoras en la calidad de la educación, la prestación de servicios de salud a favor de los pobres y la eficiencia de los sistemas de protección social. En este sentido, la Comisión confía en que el Gobierno le seguirá dando prioridad en sus planes y programas a los objetivos del pleno empleo, incluyendo en su próxima memoria indicaciones sobre el grado en que se han alcanzado los objetivos de empleo que se establecieron en el Plan Maestro y en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (artículos 1 y 2 del Convenio).

2. El Gobierno menciona en su memoria que se fortaleció el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en proyectos de generación de empleo temporal mediante la construcción de pequeñas obras de infraestructura económica y social. La Comisión se remite a su observación de 1998, y agradecería al Gobierno que continúe incluyendo en su memoria indicaciones sobre los resultados en relación con el empleo productivo, en particular para el sector informal, de las medidas adoptadas por el FHIS. Asimismo, sírvase agregar indicaciones sobre las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo.

3. Artículo 3. El Gobierno indica que la participación de la sociedad civil en relación con la política del empleo se realiza a través del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), el fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales y el proceso de descentralización que busca fortalecer el papel de los gobiernos locales y de las comunidades. La Comisión toma nota de lo anterior y agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, se sirva brindar ejemplos sobre la manera en que se han consultado a los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores (incluyendo a representantes de los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado) en relación con las medidas de política de empleo que se han tomado al ejecutarse los programas de generación del empleo, en particular en el marco del Plan Maestro y de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

1. La Comisión toma nota de la memoria detallada comunicada por el Gobierno para el período que termina en junio de 1998. El Gobierno transmitió en su memoria informaciones sobre el Plan Operativo de la Dirección General de Empleo para 1999, así como indicadores estadísticos detallados sobre la situación del empleo, desempleo y subempleo en el país: en septiembre de 1997, la tasa nacional de desempleo abierto se encontraba en 3,2 por ciento, mientras que el subempleo afectaba a un 23,4 por ciento de la población. El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) , definido como un mecanismo de pago de la deuda social, promueve empleo mediante la construcción de obras de infraestructura productiva o social, un programa de apoyo al sector informal y otro programa de acción destinado a satisfacer las necesidades básicas de la población. Asimismo, se incluyó en la memoria el plan operativo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). La Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria se sirva indicar los programas ejecutados por el FHIS y el INFOP para promover la creación de empleo productivo. La Comisión es consciente de que el impacto en todo el territorio hondureño de un huracán, en noviembre de 1998, se ha traducido en ingentes pérdidas humanas, económicas, sociales y ambientales. La Comisión expresa su esperanza de que el Gobierno mantendrá los objetivos del pleno empleo, productivo y libremente elegido, establecidos en el artículo 1 del Convenio, entre sus prioridades para la reconstrucción nacional y que la asistencia de la comunidad internacional será también dirigida a sostener los programas de creación de empleo, en particular en favor de la población más afectada por el huracán. La Comisión confía en que el Gobierno tendrá en cuenta garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Convenio durante la concepción y la puesta en marcha de nuevos programas de empleo y que, en su próxima memoria podrá indicar en qué medida se han podido superar las dificultades encontradas para alcanzar los objetivos del Convenio.

2. La Comisión considera oportuno recordar nuevamente que, en virtud del artículo 3 del Convenio, los representantes de todos los sectores interesados por las medidas que se hayan de adoptar, deben ser consultados respecto de las políticas del empleo, tanto en la etapa de su elaboración como en la de su aplicación. Habida cuenta de las circunstancias, la Comisión no puede sino solicitar al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya indicaciones sobre la manera en que se ha garantizado, en la práctica, la consulta con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y en particular de aquellos sectores afectados por el huracán -- como han sido el sector rural y el sector no estructurado.

3. Finalmente, la Comisión expresa su esperanza de que los servicios competentes de la Oficina puedan hacer una contribución para que se alcancen los objetivos del Convenio, y que el Gobierno se encuentre en condiciones de indicar, en su próxima memoria, la acción emprendida como consecuencia de eventuales actividades realizadas por la OIT.

Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

1. La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza en junio de 1996 y de los elementos de información que contiene en respuesta a sus comentarios anteriores. El Gobierno comunica una descripción de la evolución de la economía y del empleo desde los inicios de la aplicación del programa de ajuste estructural en 1990 y señala que las obligaciones relativas a la deuda exterior, al déficit presupuestario y al crecimiento rápido de la población activa constituyen otros tantos obstáculos para la consecución del objetivo del pleno empleo previsto en el artículo 1 del Convenio. Según estimaciones del Gobierno, la tasa de desempleo abierto se situaba en el 4,2 por ciento en 1995 (6,6 por ciento en el área urbana), mientras que el subempleo afectaba a 25 por ciento de la población activa y a más de 33 por ciento del sector rural.

2. La Comisión toma nota de las indicaciones relativas a los programas de acción ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que se dirigen a mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, a través del aumento de sus niveles de empleo y de sus ingresos. A este respecto, señala que el Programa de Apoyo al Sector Informal, cuenta con la cooperación técnica de la OIT. El Gobierno comunica asimismo las medidas de promoción del empleo rural y las nuevas disposiciones adoptadas para favorecer el empleo de los trabajadores minusválidos. La Comisión, que toma nota de que las medidas financiadas por el FHIS, permitieron la creación, de 1990 a 1994, de 32.044 empleos de una duración media de tres a cuatro meses, agradecería al Gobierno tuviera a bien comunicar informaciones todo lo pormenorizadas que sea posible acerca de la contribución de las diferentes medidas que describe de cara a la inserción efectiva y durable de los interesados en el empleo. En este contexto, la Comisión solicita al Gobierno se sirva continuar describiendo las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), con el fin de coordinar mejor las políticas de educación y de formación con las perspectivas del empleo.

3. El Gobierno declara que, a pesar de las políticas seguidas para solucionar los problemas del empleo, el objetivo de pleno empleo sigue estando fuera del alcance, debido a los problemas coyunturales y estructurales que conoce el país. En este sentido, la Comisión señala el acento que pone el Gobierno en la reducción de los gastos públicos y en el estímulo a las inversiones extranjeras, incluida la creación de zonas de exportación. Agradecería al Gobierno tuviera a bien i) comunicar informaciones detalladas sobre la incidencia que tienen en el empleo las medidas de racionalización de la administración y del sector público, adoptadas en aplicación del decreto núm. 135-94, precisando las medidas de acompañamiento que serán previstas para garantizar el empleo de los trabajadores afectados; ii) facilitar informaciones sobre la contribución de las zonas de exportación a la creación de empleos productivos; y iii) precisar de qué modo la política del empleo tiene en cuenta "las relaciones existentes entre los objetivos del empleo y los demás objetivos económicos y sociales" (artículo 1, párrafo 3, del Convenio) y se inscribe "como parte integrante de una política económica y social coordinada" (artículo 2). Al respecto, el Gobierno podría prever, por ejemplo, mecanismos para garantizar que los objetivos y las obligaciones del Convenio sean debidamente tomados en consideración durante la concepción y la puesta en marcha de las políticas y de los programas de que se trate, incluso en las negociaciones eventuales con las instituciones financieras internacionales.

4. La Comisión toma nota de la indicación según la cual la adopción de las disposiciones legislativas que se dirigen a promover el empleo, da lugar a la consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Recuerda que, en virtud del artículo 3 del Convenio, los representantes de todos los sectores interesados por las medidas que se hayan de adoptar, deben ser consultados respecto de las políticas del empleo, tanto en la etapa de su elaboración como en la de su aplicación. En relación con sus comentarios anteriores, confía en que el Gobierno indicará en su próxima memoria de qué manera se garantiza en la práctica la consulta con los representantes de los sectores interesados, que comprenden asimismo a los representantes de las personas ocupadas en el sector rural y en el sector no estructurado.

5. La Comisión, que toma nota de que la memoria se refiere a actividades de cooperación técnica o de asesoramiento de la OIT, invita al Gobierno a indicar toda acción emprendida como consecuencia de estas actividades (parte V del formulario de memoria).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión se refiere a su observación y ruega al Gobierno incluir, en su memoria, informaciones sobre los siguientes asuntos:

- las actividades del FHIS, en particular en lo que se refiere al impacto sobre el empleo de los proyectos para crear puestos de trabajo elaborados con la asistencia del PREALC;

- las actividades del Programa de Apoyo al Sector Informal (PASI), especialmente sobre los factores que hayan impedido o retrasado poner en práctica las recomendaciones de la evaluación cuatripartita realizada sobre el proyecto HON/90/002 "Asistencia al programa de apoyo a microempresas";

- las labores del INFOP, en lo que se refiere a la coordinación de las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo;

- las medidas en favor de los trabajadores rurales afectados por las nuevas disposiciones en materia de modernización y desarrollo del sector agrícola, incluyendo los programas realizados por el Instituto Nacional Agrario;

- las iniciativas relacionadas con la modernización del Estado y que pueden afectar el nivel de empleo de los trabajadores que se encuentran en el sector público.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

1. La Comisión tomó nota de una declaración del Gobierno, contenida en una breve memoria que trataba de la aplicación de varios convenios durante el período que finalizaba en junio de 1994. El Gobierno, que considera que los diferentes comentarios de la Comisión han señalado la necesidad de una reforma de la legislación, indica que se somete en la actualidad a las autoridades competentes un proyecto de Código del Trabajo, preparado en el marco del programa de modernización y fortalecimiento del Estado. Sin embargo, la Comisión no puede sino insistir ante el Gobierno para que comunique una memoria detallada sobre las medidas de política del empleo adoptadas en aplicación del Convenio, y facilite las informaciones ya solicitadas sobre los puntos siguientes:

a) la situación, el nivel y tendencias del empleo, el desempleo y subempleo, señalando los efectos de las medidas dirigidas a ayudar a determinadas categorías de trabajadores que suelen tener dificultades para encontrar un empleo duradero. En términos más generales, la Comisión invita al Gobierno a describir las principales políticas llevadas a cabo para fomentar el empleo productivo, especificando el grado en que se han alcanzado, o se van a alcanzar, los objetivos de empleo definidos en los programas y planes de desarrollo (véanse a este respecto las preguntas del formulario de memoria correspondientes al artículo 1 del Convenio), así como la cuestión relativa al fomento del empleo de las personas minusválidas, planteada por la Comisión en el párrafo 6 de su observación anterior;

b) los procedimientos adoptados para garantizar que las medidas para fomentar el desarrollo económico u otros objetivos económicos y sociales conexos contribuyen a que se alcancen los objetivos de empleo, de conformidad con el artículo 2;

c) la manera en que se han tenido en cuenta, en la elaboración y en la aplicación de la política del empleo, la experiencia y la opinión de los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Sírvase también indicar si se han establecido o previsto procedimientos para asegurar las consultas de otros sectores de la población activa, como las personas que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado, y dar pleno efecto a las disposiciones esenciales del artículo 3.

2. En la solicitud directa que reitera, la Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones complementarias sobre las acciones emprendidas como consecuencia de la cooperación técnica de la OIT, así como sobre otros aspectos de la aplicación del Convenio (actividades del Instituto Nacional de Formación Profesional, el empleo en el sector rural y en el sector público).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

La Comisión se refiere a su observación y ruega al Gobierno incluir, en su próxima memoria, informaciones sobre los siguientes asuntos:

- las actividades del FHIS, en particular en lo que se refiere al impacto sobre el empleo de los proyectos para crear puestos de trabajo elaborados con la asistencia del PREALC;

- las actividades del Programa de Apoyo al Sector Informal (PASI), especialmente sobre los factores que hayan impedido o retrasado poner en práctica las recomendaciones de la evaluación cuatripartita realizada sobre el proyecto HON/90/002 "Asistencia al programa de apoyo a microempresas";

- las labores del INFOP, en lo que se refiere a la coordinación de las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo;

- las medidas en favor de los trabajadores rurales afectados por las nuevas disposiciones en materia de modernización y desarrollo del sector agrícola, incluyendo los programas realizados por el Instituto Nacional Agrario;

- las iniciativas relacionadas con la modernización del Estado y que pueden afectar el nivel de empleo de los trabajadores que se encuentran en el sector público.

Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finalizó en junio de 1992. El Gobierno indica que el producto interno bruto experimentó - en 1991 - un crecimiento del 2 por ciento, que ha permitido el aumento del ahorro y la inversión privada, así como la renegociación y reducción de la deuda externa. Se liberaron totalmente los precios permitiendo que lleguen a su nivel real para estimular así la producción, especialmente la agrícola. Según el Gobierno, la transferencia de recursos al sector agrícola permitió aumentar el nivel del empleo. Además, se otorgaron créditos para fortalecer la producción y productividad de la pequeña y mediana empresa, de manera de generar puestos de trabajo en las empresas familiares. El Gobierno se refiere nuevamente a la nueva ley de inversiones que ha permitido aumentar el empleo, esperándose crear 70.000 puestos de trabajo directos y 200.000 puestos de trabajo indirectos durante el período 1993-1997. De acuerdo con los datos disponibles en la Oficina, simultáneamente con el crecimiento del PIB, persiste una tasa de inflación particularmente elevada (estimada en un 32 por ciento en 1991) así como un déficit fiscal importante, mientras que se ha registrado un incremento sustancial de los precios de los bienes de consumo popular, y las medidas de ajuste estructural aplicadas desde 1990 han tenido un costo social elevado en términos de crecimiento del desempleo y de la pobreza.

2. La Comisión recuerda que en su observación de 1992 había expresado su preocupación en el sentido de que se tome en cuenta la necesidad de promover una distribución equitativa de los costos y beneficios sociales del reajuste estructural en el marco del programa de estabilización y ajuste financiero. La Comisión toma nota de las realizaciones del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), establecido en cooperación con PREALC, dedicado principalmente a elaborar proyectos con empleo intensivo de mano de obra. Los fondos de diversos donantes permitieron financiar más de 400 proyectos de pequeña escala. El Gobierno indica en su memoria que los proyectos del FHIS han permitido beneficiar acerca de 480.000 personas. La Comisión confía en que el Gobierno tendrá a bien incluir en su próxima memoria informaciones más detalladas sobre la situación, el nivel y tendencias del empleo, el desempleo y subempleo, señalando el impacto de las medidas previstas para ayudar a las categorías de trabajadores que suelen tener dificultades para obtener un empleo duradero. En términos más generales, la Comisión invita al Gobierno se sirva describir las principales políticas perseguidas para fomentar el pleno empleo productivo, especificando el grado en que se han alcanzado, o van a alcanzarse, los objetivos de empleo definidos en los programas y planes de desarrollo (véanse a este respecto las preguntas del formulario de memoria correspondientes al artículo 1 del Convenio).

3. Como respuesta a los comentarios formulados en la observación de 1992, el Gobierno declara que el nivel de empleo está en función de la política macroeconómica y de la tasa de crecimiento del producto. Agrega que, en el caso de Honduras, se trata de abordar el empleo desde el punto de vista de un cambio de la estructura del empleo que implique un aumento de la productividad. La Comisión se refiere al artículo 2 del Convenio, donde se expresa la obligación de "determinar y revisar regularmente" las medidas de política del empleo que se habrán de adoptar "como parte de una política económica y social coordinada" para lograr los objetivos de pleno empleo, productivo y libremente elegido y ruega al Gobierno tener a bien describir en su próxima memoria los procedimientos adoptados para garantizar que las medidas para fomentar el desarrollo económico u otros objetivos económicos y sociales conexos contribuyen a que se alcancen los objetivos de empleo, en el sentido del Convenio.

4. En lo que se refiere a las consultas del artículo 3, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social consulta a los trabajadores sobre sus aspiraciones en materia de política del empleo. La incidencia de la transformación de las condiciones de producción en la absorción de mano de obra, así como la evolución de los ingresos del trabajo son objeto de un análisis concertado. La Comisión apreciaría que en su próxima memoria del Gobierno indicase la manera en que se han tenido en cuenta, en relación con la política del empleo, las experiencias y opiniones de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Sírvase también indicar si se han establecido o previsto procedimientos formales o informales para realizar las consultas que requiere esta importante disposición del Convenio con representantes de otros sectores de la población económicamente activa tales como las personas que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.

5. La Comisión toma nota con interés de que en marzo de 1991 se adoptó la ley de promoción de empleo de personas minusválidas, que prevé la obligación de contratar un número determinado de estos trabajadores en las entidades de la administración pública y en las empresas privadas, así como la creación y el fomento de centros especiales de empleo protegido, cooperativas, microempresas y otras fuentes de trabajo para personas minusválidas. La Comisión ruega al Gobierno tener a bien incluir, en su próxima memoria, otras indicaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas para satisfacer las necesidades de los trabajadores minusválidos (punto 2 del formulario de memoria para el artículo 1). El Gobierno puede también inspirarse en los instrumentos de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas de 1983 (Convenio núm. 159 y Recomendación núm. 168).

6. En una solicitud directa, la Comisión requiere del Gobierno informaciones relacionadas con la acción emprendida como resultado de la cooperación técnica recibida de la Oficina y de PREALC, así como sobre otros asuntos relacionados con la aplicación del Convenio (actividades del Instituto Nacional de Formación Profesional, empleo en el sector rural y en el sector público).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión se refiere a su observación y ruega al Gobierno incluir, en su próxima memoria, indicaciones sobre los siguientes asuntos:

1. La Comisión toma nota de que el programa de generación de empleo, convenido entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID) ha pasado a formar parte del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). El FHIS promueve cinco diferentes programas de acción: construcción de obras de infraestructura social y/o productiva; empleo masivo de emergencia; apoyo a la producción; necesidades básicas y fortalecimiento institucional de ejecutores. La Comisión agradecería al Gobierno incluir indicaciones sobre el empleo generado por cada uno de estos programas de acción - especificando las categorías y el número de trabajadores que han podido beneficiar de ellos. El Gobierno puede considerar útil consultar las disposiciones de la parte III de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169) en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades de categorías de trabajadores que frecuentemente tienen dificultades para encontrar empleo duradero.

2. Sírvase describir las características y funcionamiento práctico del proyecto de "alimento por trabajo", dirigido por la Cooperación Alemana-Hondureña, indicando el impacto alcanzado por dicho proyecto en la generación de empleo productivo y libremente elegido.

3. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirva incluir indicaciones sobre los programas en favor del empleo rural desarrollados por el Instituto Nacional Agrario.

4. La Comisión ha tomado nota con interés de las informaciones transmitidas sobre las actividades realizadas por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Le agradecería al Gobierno continuar brindando informaciones sobre el funcionamiento del INFOP, la inserción en el mercado del trabajo de quienes han beneficiado de los cursos del INFOP, así como también de otras medidas - públicas o privadas - que se hayan adoptado para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. La Comisión sugiere al Gobierno remitirse a los instrumentos de 1975 sobre el desarrollo de recursos humanos (Convenio núm. 142 y Recomendación núm. 150) y a su Estudio general de 1991 sobre dichas cuestiones.

5. Parte V del formulario de memoria. El Gobierno menciona diversos proyectos de asistencia técnica ejecutados por la Oficina y por PREALC. La Comisión le estaría particularmente reconocida al Gobierno tener a bien incluir indicaciones sobre la acción emprendida como consecuencia de dichos proyectos, así como el impacto alcanzado por dichas acciones en el mercado del trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno donde indica que, como muchos países en vías de desarrollo, todavía experimenta un significativo debilitamiento en su proceso de crecimiento. La economía no ha podido generar nuevos puestos de trabajo en cantidad suficiente para absorber los nuevos ingresantes en la población económicamente activa, lo cual ha dado lugar a una subutilización de la fuerza laboral, en particular en el sector rural. Para hacer frente a la situación, el Gobierno ha emprendido un amplio programa de estabilización financiera y de ajuste a la estructura productiva. Los principales componentes del programa están orientados a incrementar los ingresos del Gobierno y a reducir sus gastos. La Comisión confía en que, en este contexto, se tenga en cuenta la necesidad de promover una distribución equitativa de los costos y beneficios sociales del reajuste estructural. La Comisión ruega al Gobierno de que, en su próxima memoria, se sirva indicar en qué medida se han superado las dificultades encontradas para alcanzar los objetivos de pleno empleo productivo y libremente elegido que figuren en los planes y programas de desarrollo que se han formulado y se estén llevando a cabo (artículo 1 del Convenio). Sírvase describir los procedimientos adoptados para garantizar que, tanto en la fase de planificación como en la de aplicación, son tomados en consideración los efectos en el empleo de las medidas adoptadas en el marco del programa de estabilización financiera y de ajuste a la estructura productiva (artículo 2).

2. En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la importancia que tienen las consultas con los representantes de las personas interesadas en las medidas de política del empleo que se hayan de adoptar. Estas consultas deben tener por objeto tomar en cuenta sus experiencias y opiniones y obtener el apoyo necesario para su ejecución. La Comisión ha tomado nota de que en el marco del programa de fortalecimiento institucional de ejecutores (FIE) se busca fortalecer la capacidad promotora de proyectos por parte de los organismos intermediarios del FHIS. Asimismo, ha tomado nota de las consultas con la población de la comunidad que ejecutará un proyecto en el marco del programa "alimento por trabajo". La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno se servirá proporcionar informaciones sobre las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio, las cuales deberían incluir tanto a los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores como a los representantes de otras personas interesadas, como las que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.

3. En una solicitud directa, la Comisión plantea otras cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio (las medidas en favor de ciertas categorías de trabajadores, el impacto alcanzado por ciertos programas especiales de empleo, el empleo rural, las actividades del Instituto Nacional de Formación Profesional, la asistencia técnica brindada por la OIT).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno, a la que se ha adjuntado una documentación detallada en relación con ciertos puntos planteados en la solicitud directa de 1988. De acuerdo con los datos transmitidos por el Gobierno, o disponibles en la Oficina, la tasa de desocupación abierta, ha sido cercana al 12-13 por ciento (entre 1986 y 1988), y se estima que más del 48 por ciento de la fuerza de trabajo a nivel nacional se encuentra subempleada. En el marco del programa de generación de empleo, convenido entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América (USAID), se han ejecutado proyectos que tratan principalmente de problemas de escasez de agua, degradación de los recursos naturales y deterioro de las infraestructuras, permitiendo generar hasta fines de 1987 más de 2 100 empleos por año.

La Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria tenga a bien incluir informaciones sobre las medidas adoptadas en el marco de los programas generadores de empleo que aseguran que dichos programas contribuyen a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido (artículo 1 del Convenio). Sírvase, asimismo, indicar el grado en que se han alcanzado, o van a alcanzarse, los objetivos de empleo que figuren en el Plan Nacional 1987-1990 y describir las principales políticas practicadas, y las medidas adoptadas con el fin de satisfacer todas las demandas de empleo, haciendo particular referencia a las cuestiones de política de desarrollo globales y sectoriales (en especial las medidas adoptadas en sectores tales como la política de inversiones; políticas fiscales y monetarias; política comercial; política de precios, de ingresos y salarial).

2. Artículo 2. La Comisión ha tomado nota con interés de los formularios relativos a las encuestas de hogares y sobre la fuerza de trabajo, así como los otros materiales de la Dirección General de Estadísticas y Censos agregados a la memoria del Gobierno. El Gobierno declara que para el fomento del desarrollo y el empleo se lleva a cabo un plan de privatización de varias empresas que fracasaron cuando operaban bajo la dirección estatal. La Comisión ruega al Gobierno que en su próxima memoria, incluya informaciones sobre el impacto del plan de privatización en el mercado de trabajo, y describa los procedimientos adoptados para garantizar que, tanto en la fase de planificación como en la de aplicación, son tomados en consideración los efectos en el empleo de las medidas adoptadas para fomentar el desarrollo económico o lograr otros objetivos sociales.

3. Artículo 3. La Comisión toma nota por tercera vez consecutiva de la falta de informaciones en la memoria del Gobierno que le permitan apreciar la medida en que se consultan a los representantes de las personas interesadas en relación con la política del empleo. La Comisión recuerda la importancia que tienen las consultas con los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar, consultas que deben tener por objeto tomar en cuenta sus experiencias y opiniones y obtener el apoyo necesario para su ejecución. La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno no dejará de brindar las indicaciones requeridas por el formulario de memoria sobre las consultas efectuadas con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de las personas interesadas, comprendidas las que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.

4. La Comisión toma nota con interés de que la producción de café ha absorbido mayor número de mano de obra rural. El Gobierno menciona también un proyecto para beneficio del sector rural que consiste en la provisión de alimentos a los campesinos a cambio de trabajo realizado a través de cooperativas. El Gobierno puede considerar útil consultar las disposiciones del párrafo 27 de la Recomendación sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), y confía en que el Gobierno transmitirá, en su próxima memoria, precisiones sobre el proyecto mencionado, así como sobre otras medidas destinadas a crear oportunidades de empleo productivo en el sector rural.

5. La Comisión ha tomado nota con interés del Plan de Acción 1986-1989 del Instituto Nacional de Formación Profesional y ruega al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya también informaciones sobre los logros alcanzados por las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo.

6. Parte V del formulario de memoria. Sírvase indicar la acción emprendida como consecuencia de los diversos proyectos de cooperación técnica que PREALC y los servicios competentes de la Oficina ejecutan en materias relacionadas con una política activa del empleo.

7. Por último, la Comisión ha tomado nota del documento, transmitido por el Gobierno, "Diagnóstico. Plan Operativo Anual 1989" de la Dirección General de Empleo. Confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno indicará la manera en que se han puesto en práctica las conclusiones y recomendaciones de dicho documento.