Texts of pending comments

Artículo 2 del Convenio. Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que reconociera el derecho de los trabajadores migrantes a constituir las organizaciones que estimaran convenientes y a afiliarse a ellas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley del Trabajo núm. 6, de 2010, no prohíbe que los trabajadores migrantes constituyan organizaciones o se afilien a ellas, y que las condiciones establecidas para la admisión de miembros migrantes en sindicatos a través del Decreto Ministerial núm. 1, de 1964, a saber, tener un permiso de trabajo y haber residido en el país durante al menos cinco años, no son discriminatorias sino meramente organizativas. El Gobierno también indica que el permiso de trabajo demuestra que el trabajador reside legalmente en el país y especifica el tipo de ocupación en base a la cual se solicita la afiliación al sindicato. A este respecto, la Comisión recuerda que había tomado nota de que el artículo 99 de la Ley del Trabajo, de 2010, solo otorga el derecho a establecer organizaciones sindicales a los trabajadores kuwaitíes. También recuerda de nuevo que el derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas implica que cualquiera que resida en el territorio de un Estado, tenga o no permiso de residencia, goza de los derechos sindicales consagrados en el Convenio, sin distinción alguna sobre la base de la nacionalidad o de la ausencia de esta. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a: i) modificar el artículo 99 de la Ley del Trabajo, de 2010, eliminando la condición de la nacionalidad kuwaití para establecer una organización sindical; ii) derogar las disposiciones del Decreto Ministerial núm. 1, de 1964, que exigen que los trabajadores migrantes tengan permiso de trabajo y hayan residido en el país durante al menos cinco años para poder afiliarse a una organización sindical, y iii) eliminar cualquier otro impedimento jurídico o práctico al libre ejercicio del derecho de los trabajadores migrantes a constituir organizaciones o a afiliarse a ellas. La Comisión también pide al Gobierno que la mantenga informada sobre las medidas adoptadas a este respecto.

Trabajadores domésticos. La Comisión recuerda que los derechos de los trabajadores domésticos en virtud del Convenio no están reconocidos en Kuwait, ya que, por un lado, de conformidad con el artículo 5, están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo, incluidas sus disposiciones sobre la libertad sindical; y, por otro lado, la Ley núm. 68, de 2015, sobre el Empleo de los Trabajadores Domésticos no contiene ninguna disposición que reconozca el derecho de sindicación de los trabajadores domésticos. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de sus reiteradas peticiones en este sentido, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para reconocer los derechos de los trabajadores domésticos en virtud del Convenio. Por consiguiente, insta una vez más al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias, incluso mediante la revisión de la legislación, para garantizar el pleno reconocimiento en la legislación y en la práctica del derecho de los trabajadores domésticos a constituir organizaciones y a afiliarse a ellas. Pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Artículo 3. Administración financiera de las organizaciones. En comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que enmendara el artículo 104, 2) de la Ley del Trabajo que prohíbe que los sindicatos utilicen sus fondos con fines de especulación financiera, inmobiliaria o de cualquier otra índole. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica una vez más que esta disposición regula la actividad de los sindicatos con el fin de protegerlos de las posibles consecuencias negativas de las inversiones indicadas. A este respecto, la Comisión recuerda de nuevo que las disposiciones legislativas que restringen el derecho de los sindicatos a administrar, utilizar e invertir sus fondos como lo estimen conveniente con fines sindicales normales y legítimos, también mediante inversiones financieras e inmobiliarias, son incompatibles con lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio, y que el control ejercido por las autoridades públicas sobre las finanzas de los sindicatos no debería ir más allá del requisito que debe cumplir la organización de presentar informes periódicos. Por lo tanto, insta una vez más al Gobierno a que revise el artículo 104, 2) de la Ley del Trabajo para que los sindicatos puedan administrar e invertir libremente sus fondos de conformidad con el artículo 3 del Convenio.

Prohibición general de las actividades políticas sindicales. Desde 2006, cuando realizó los primeros comentarios sobre los proyectos de lo que más tarde se convertiría en la Ley del Trabajo de 2010, la Comisión ha pedido al Gobierno que elimine la prohibición total de actividades políticas de los sindicatos que se consagra en el artículo 104, 1) de dicha ley. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha tomado ninguna medida a este respecto y se limita a repetir sus indicaciones anteriores. La Comisión recuerda que el derecho de los sindicatos a organizar sus actividades incluye el derecho a organizar acciones reivindicativas, así como ciertas actividades políticas, como, por ejemplo, manifestar su apoyo al partido político que consideren más dispuesto a defender los intereses de los afiliados (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 115). Las prohibiciones generales de las actividades políticas de los sindicatos plantean graves dificultades para el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, son incompatibles con el Convenio. Por este motivo, la Comisión insta al Gobierno a que revise el artículo 104, 1) de la Ley del Trabajo a fin de permitir las actividades políticas legítimas de los sindicatos y a que la mantenga informada sobre las medidas adoptadas al respecto.

Arbitraje obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que modificara los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo. El artículo 131 otorga al Ministerio de Trabajo competencias de intervención en caso de conflicto colectivo, sin que ninguna de las partes lo solicite, y, eventualmente, de sumisión del conflicto a conciliación o arbitraje. El artículo 132 prohíbe las huelgas durante los procedimientos de conciliación o arbitraje iniciados por la intervención del Ministerio. La Comisión había recordado que el arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto laboral colectivo y a una huelga solo es aceptable si lo solicitan las dos partes en un conflicto, o si la huelga en cuestión puede restringirse, o incluso prohibirse, es decir, en el caso de conflictos en relación con los funcionarios que ejercen su autoridad en nombre del Estado, o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a saber, los servicios cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en la práctica, nunca ha intervenido en ningún conflicto por respeto a los principios consagrados en el Convenio, y que continuará siguiendo este enfoque de abstenerse de intervenir a menos que las partes en el conflicto soliciten su intervención. Al tiempo que toma debida nota de esta información, la Comisión recuerda la necesidad de garantizar la conformidad de las disposiciones legislativas con el Convenio, aun cuando no se apliquen en la práctica, y pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo a la luz de lo anterior y que la mantenga informada sobre las medidas adoptadas al respecto.

Disolución de las juntas directivas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que modificara el artículo 108 de la Ley del Trabajo, que establece que la junta directiva de una organización puede ser disuelta por orden judicial si la junta participa en una actividad que contraviene lo dispuesto en la Ley del Trabajo o en las «leyes pertinentes para la preservación del orden público y la moral». La Comisión recuerda que, a este respecto, había señalado que la referencia a las «leyes pertinentes para la preservación del orden público y la moral» es demasiado general y vaga, y podría conducir a una aplicación que obstaculice el ejercicio de los derechos consagrados en el Convenio. El Gobierno indica que la aplicación del artículo 108 no es general ni vaga y que cualquier demanda del Ministerio en la que se solicite la disolución de una junta de conformidad con el artículo 108 debe referirse a las circunstancias y aspectos de la supuesta infracción, tras lo cual el asunto se someterá a examen judicial. La Comisión toma nota de esta información y recuerda que, si bien las organizaciones y sus miembros están obligados a respetar la legislación del país, esta legislación no deberá ser tal que menoscabe las garantías previstas en el Convenio. La disolución de una junta directiva implica un grave riesgo de injerencia por parte de las autoridades, en particular en lo que respecta al derecho de las organizaciones a elegir a sus representantes con plena libertad. Además, puede paralizar las actividades de un sindicato durante algún tiempo. La Comisión considera que autorizar la disolución de juntas directivas basándose en referencias indeterminadas como las «leyes pertinentes para la preservación del orden público y la moral» ofrece una base excesivamente amplia para tales medidas intrusivas. A la luz de lo anterior, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revisar el artículo 108 de la Ley del Trabajo, a fin de hacerlo compatible con las garantías previstas en el Convenio. Mientras tanto, pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier caso de aplicación del artículo 108 en la práctica, y que comunique las decisiones judiciales dictadas sobre esta base.

Artículos 2 y 5. Limitación a una única confederación. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que modificara el artículo 106 de la Ley del Trabajo que establece que «no debería haber más que un sindicato general; uno para los trabajadores y otro para los empleadores». A este respecto, el Gobierno indica que la Ley del Trabajo, de 2010, es el resultado de la consulta y el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales y que el artículo 106 tiene por objeto proteger la unidad del movimiento sindical en Kuwait. A este respecto, la Comisión recuerda que, aunque el Convenio no convierte la diversidad sindical en una obligación, sí exige que esta diversidad siga siendo posible en todos los casos y a todos los niveles. Aunque, por lo general, evitar la proliferación de organizaciones competidoras redunda en beneficio de los trabajadores y los empleadores, la unicidad sindical impuesta por la ley, ya sea directa o indirectamente, no está en conformidad con el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 92). Por lo tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 106 de la Ley del Trabajo a fin de garantizar el derecho de los trabajadores y los empleadores a establecer las organizaciones que estimen convenientes a todos los niveles, en particular la posibilidad de constituir más de una confederación (sindicato general). Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información sobre cualquier novedad a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ámbito de aplicación del Convenio. Trabajadores migrantes y domésticos. En sus observaciones relativas a la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) en Kuwait, la Comisión ha tomado nota de que, de conformidad con el artículo 99 de la Ley del Trabajo, el derecho a constituir sindicatos está limitado a los trabajadores kuwaitís. Además, la orden ministerial núm. 1, de 1964, subordina el ejercicio del derecho de los trabajadores migrantes a afiliarse a organizaciones de trabajadores a la posesión de un permiso de trabajo válido y a un mínimo de cinco años de residencia en el país. La Comisión toma nota de que estas restricciones legales al derecho de sindicación obstaculizan seriamente el ejercicio por los trabajadores migrantes de todos los derechos consagrados en el Convenio. Además, la Comisión ha tomado nota de que los trabajadores domésticos están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo, y de que la Ley núm. 68, de 2015, sobre el Empleo de los Trabajadores Domésticos no contiene ninguna disposición relativa al derecho de sindicación y de negociación colectiva. En su observación anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento pleno de estos derechos para todos los trabajadores migrantes y domésticos. Lamenta tomar nota de que el Gobierno no indica ninguna medida adoptada a este respecto, y de que tampoco ha proporcionado información sobre la manera en que los trabajadores migrantes y domésticos ejercen estos derechos en la práctica. En vista de lo anterior, la Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias, incluida la reforma legislativa, a fin de asegurar el reconocimiento pleno, en la legislación y en la práctica, de los derechos consagrados en el Convenio para todos los trabajadores migrantes y los trabajadores domésticos. Pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre la manera en que estos trabajadores ejercen en la práctica los derechos consagrados en el Convenio, incluida información sobre las organizaciones sindicales establecidas y los convenios colectivos vigentes.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical e injerencia antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, más allá de la prohibición general de los despidos antisindicales, la legislación nacional no prevé procedimientos eficaces ni sanciones disuasorias contra los actos de discriminación antisindical e injerencia antisindical. Por consiguiente, había instado al Gobierno a que adoptara todas las medidas necesarias para poner la legislación nacional en consonancia con el Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no indica ninguna medida adoptada en relación con esto. Por consiguiente, insta una vez más al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la legislación prevea la prohibición de todos los actos de discriminación e injerencia antisindical prohibidos por el Convenio, y a que asegure la existencia de mecanismos de reparación que brinden protección adecuada, incluidos procedimientos eficaces y sanciones disuasorias.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Arbitraje obligatorio. En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 131 de la Ley del Trabajo, el Ministerio podía intervenir en un conflicto colectivo de trabajo sin que lo hubiera pedido ninguna de las partes, e incluso remitir el conflicto a un comité de conciliación o arbitraje, mientras que el artículo 132 prohibía las huelgas durante los procedimientos de conciliación o arbitraje iniciados por el Ministerio. La Comisión había pedido al Gobierno que enmendara estas disposiciones. La Comisión toma nota de que, según indica el Gobierno, en la práctica nunca ha intervenido en ningún conflicto por respeto a las disposiciones del Convenio, y seguirá haciendo lo propio en el futuro, salvo si la partes en un conflicto solicitan su intervención. La Comisión recuerda una vez más en relación con esto que el arbitraje obligatorio en el contexto de la negociación colectiva solo es aceptable en relación con funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), los servicios esenciales en el sentido estricto del término (servicios cuya interrupción pondrían en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda la población o de parte de ella), y crisis nacionales graves. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que las disposiciones mencionadas anteriormente nunca se aplican en la práctica, la Comisión recuerda que se exige a los Estados Parte que garanticen la conformidad de sus leyes con el Convenio. Por consiguiente, insta una vez más al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para enmendar los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo, así como otras disposiciones sobre el arbitraje obligatorio, con objeto de garantizar su plena conformidad con los principios mencionados anteriormente, y a que comunique información sobre todo avance realizado a este respecto.

Promoción de la negociación colectiva. Aplicación del Convenio en la práctica. En su observación anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas concretas adoptadas o contempladas para estimular y fomentar la negociación colectiva, y que indicara los convenios colectivos concluidos. El Gobierno indica que siempre estimula la negociación colectiva y proporciona la lista de once convenios colectivos durante el periodo 2014-2020. La Comisión toma nota de que todos estos convenios se refieren al sector petrolero. Recordando que el artículo 4 del Convenio exige a los Gobiernos que adopten medidas para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas concretas que ha adoptado para estimular y fomentar la negociación colectiva en todos los sectores de la economía. También le pide que siga proporcionando información sobre el número de convenios colectivos concluidos, especificando los sectores y el número de trabajadores cubiertos.

Artículo 1 del Convenio. Definición y prohibición de la discriminación en el empleo y la ocupación. Legislación y práctica. Desde hace varios años, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prohibir explícitamente la discriminación directa e indirecta por motivos de raza, sexo, color, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación (es decir, el acceso a la formación profesional, al empleo y a determinadas ocupaciones, y a las condiciones de empleo) y con respecto a todos los trabajadores nacionales o no nacionales, en todos los sectores de actividad, en los sectores público y privado, y en la economía formal e informal. El Gobierno indica en su memoria que la Ley del Trabajo núm. 6, de 2010, establece el principio de igualdad de trato entre todos los trabajadores, ya que prevé, en sus artículos 2 y 6 respectivamente, que «las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a todos los trabajadores del sector privado» y que «sin perjuicio de cualesquiera beneficios y derechos más ventajosos que se concedan a los trabajadores en contratos individuales o colectivos, reglamentos o estatutos especiales observados por el empleador o de conformidad con las costumbres profesionales o generales, las disposiciones de la presente Ley establecen el nivel mínimo de derechos de los trabajadores». Además, el Gobierno añade que el artículo 46 dispone que: «No se podrá poner fin al servicio del trabajador sin justificación alguna o como resultado de su actividad en el sindicato o de una reclamación o de sus derechos legales de conformidad con las disposiciones de la Ley. No se podrá poner fin al servicio del trabajador por motivos de género, raza o religión». La Comisión toma debida nota del artículo 46 de la Ley del Trabajo, que prohíbe la discriminación en el cese de empleo sobre la base de tres motivos: el género, la raza y la religión. A este respecto la Comisión recuerda que la prohibición de la discriminación en el empleo y la ocupación deben abarcar todos los aspectos del empleo y la ocupación y cubrir los siete motivos de discriminación prohibidos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias para: i) prohibir explícitamente en la Ley del Trabajo la discriminación directa e indirecta por motivos de raza, sexo, color, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social, con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación, incluida la contratación, y que abarque a todos los trabajadores, y ii) garantizar que todos los trabajadores estén protegidos en la práctica contra todas las formas de discriminación, en el empleo y la ocupación, y comunicar información completa al respecto.

Artículo 1, 1), a). Discriminación basada en motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión recuerda que el Gobierno en una memoria anterior se refirió a los artículos 191 y 192 del Código Penal, que tipifican como delito «deshonrar a otra persona mediante amenazas, fuerza o engaños». Durante algunos años, la Comisión ha venido subrayando que, en general, el enjuiciamiento penal no basta para eliminar el acoso sexual debido a la sensibilidad de la cuestión, la dificultad de la prueba y el hecho de que la ley penal se focaliza generalmente en la violación y en los actos inmorales y no en el amplio espectro de conductas que constituye acoso sexual en el empleo y la ocupación (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 792). En su comentario anterior, la Comisión pidió por lo tanto al Gobierno que adoptara disposiciones: 1) que definan y prohíban tanto el acoso sexual que se asemeja a un chantaje («quid pro quo») como el acoso sexual debido a un entorno de trabajo hostil, y 2) que establezcan recursos y sanciones. A falta de nueva información sobre estos puntos, la Comisión recuerda una vez más que, por un lado, las disposiciones del Código Penal no permiten cubrir la gama de comportamientos que constituyen acoso sexual en el empleo y la ocupación y, por otro lado, que el enjuiciamiento penal no es suficiente, en general, para eliminar el acoso sexual en estas áreas específicas. La Comisión señala asimismo que el acoso sexual es una manifestación grave de la discriminación basada en el sexo y una violación de los derechos humanos, y requiere medidas efectivas para prevenirlo y eliminarlo que deben tratar tanto el acoso sexual que se asemeja al chantaje (quid pro quo) como el acoso sexual debido a un entorno de trabajo hostil (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 789). La Comisión observa, además, que en sus observaciones finales de 2017 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por la falta de una legislación que tipificara como delito el acoso sexual en el lugar de trabajo y recomendó que se enmendara la Ley del Trabajo en el sector privado, la Ley de la Administración Pública y la Ley de Ordenamiento de la Fuerza Policial, a efectos de tipificar como delito el acoso sexual en el lugar de trabajo y garantizar el acceso efectivo de las víctimas de acoso sexual a la reparación jurídica (CEDAW/C/KWT/CO/5, 22 de noviembre de 2017, párrafos 36 y 37). A la luz de lo anterior, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas para asegurar que se incluya en la Ley del Trabajo una definición completa y una prohibición expresa de ambas formas de acoso sexual (tanto la que se asemeja a un chantaje (quid pro quo) como la que se debe a un entorno de trabajo hostil). También pide al Gobierno que: i) adopte medidas preventivas, incluidas las campañas de sensibilización sobre el acoso sexual en el empleo y la ocupación y sobre el estigma social asociado a esta cuestión, con los trabajadores, los empleadores y sus respectivas organizaciones, así como con las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley, especificando los procedimientos, las reparaciones y las sanciones, y ii) proporcione información sobre el número, la naturaleza y el resultado de todos los casos de acoso sexual en el empleo y la ocupación tratados por los inspectores de trabajo, los tribunales o cualquier otra autoridad competente.

Trabajadores migrantes. Sistema de patrocinio. La Comisión tomó nota anteriormente de que el sistema de patrocinio de Kuwait (kafala), en virtud del cual el estatuto legal de los trabajadores migrantes está ligado a sus empleadores, que actúan como sus patrocinadores para la obtención de un visado, no se ha abolido, y pidió al Gobierno que comunicara información sobre las medidas concretas adoptadas o previstas para revisar el sistema de patrocinio. Observa que la memoria del Gobierno no contiene información sobre esta cuestión. A ese respecto, la Comisión señala que, en sus observaciones finales de 2017, el CEDAW recomendó al Gobierno que «prosiga los esfuerzos para abolir por completo el denominado sistema de kafala (patrocinio)» (CEDAW/C/KWT/CO/5, párr. 37). La Comisión desea subrayar que, cuando un sistema de empleo de trabajadores migrantes pone en situación de especial vulnerabilidad a esos trabajadores y proporciona a los empleadores la oportunidad de ejercer poderes desproporcionados sobre ellos, esto podría conducir a una discriminación basada en los motivos establecidos en el Convenio, entre los que se encuentran la raza, el color, la ascendencia nacional y el sexo (véase Estudio General de 2012, párrafo 779). La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas proactivas para garantizar que todos los trabajadores migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, gocen de una protección efectiva contra la discriminación por los motivos enunciados en el Convenio, a saber, la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, el origen social y la ascendencia nacional. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información estadística sobre el número de trabajadores y trabajadoras que han presentado denuncias contra sus empleadores o patrocinadores en relación con la discriminación y el abuso, y el resultado de los casos, indicando si han solicitado y se les ha concedido un cambio de lugar de trabajo.

Apátridas o personas sin nacionalidad (bidoons). En sus observaciones anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre: 1) los resultados de la aplicación de la hoja de ruta aprobada por el Consejo de Ministros (Resolución núm. 1612/2010), 2) las medidas adoptadas para garantizar que todos los apátridas o residentes sin nacionalidad (bidoons) estén protegidos contra la discriminación en el empleo y la ocupación, incluso en el acceso al empleo, por los motivos enunciados en el Convenio, y 3) que comunicara información estadística sobre el número de bidoons que viven en el país y sobre su situación laboral. El Gobierno indica que el sistema central de apátridas y los residentes sin nacionalidad, en el sentido de la Ley núm. 68 de 2015, —denominadas por el Gobierno «residentes ilegales»— está trabajando intensamente en la aplicación de la hoja de ruta, además de proporcionar servicios e instalaciones civiles, culturales y sociales a los apátridas. El Gobierno añade que, en virtud de la Decisión Nº 309 de 2011 del Consejo de Ministros, el sistema central presta numerosos servicios a los «residentes ilegales», entre los que se encuentran la educación gratuita, el tratamiento gratuito y la expedición de todos los documentos oficiales (certificados de nacimiento y defunción, contratos de matrimonio y divorcio y certificados auténticos). El sistema central también está colaborando con la administración pública (Diwan), la Autoridad Pública, la Federación de Sociedades Cooperativas y la Autoridad Portuaria de Kuwait. Esta colaboración se tradujo en la búsqueda de empleo para los apátridas con el fin de satisfacer las necesidades del mercado laboral. Según el Gobierno, en 2018 se nombraron 324 apátridas en los órganos de gobierno y 600 en la Corporación Petrolera de Kuwait y sus empresas. Además, con la colaboración del Ministerio de Defensa, algunos de ellos fueron enrolados en el cuerpo militar. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para proporcionar empleo a los apátridas y a los residentes sin nacionalidad, pero señala que no indica cómo se les protege contra la discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión pide al Gobierno que: i) adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los apátridas o residentes sin nacionalidad (bidoons) estén protegidos en la práctica contra la discriminación en el empleo y la ocupación basada en los motivos prohibidos por el Convenio, en el acceso a la educación, la formación profesional y el empleo, y ii) comunique información más detallada sobre los resultados de la aplicación de la hoja de ruta aprobada por el Consejo de Ministros (Resolución núm. 1612/2010).

Observación general de 2018. En relación con las cuestiones antes mencionadas y de forma más general, la Comisión quiere señalar a la atención del Gobierno su observación general sobre la discriminación basada en la raza, el color y la ascendencia nacional, que se adoptó en 2018. En esa observación general, la Comisión toma nota con preocupación de que las actitudes y los estereotipos discriminatorios basados en la raza, el color y la ascendencia nacional de los trabajadores y de las trabajadoras, siguen dificultando su participación en la educación y los programas de formación profesional, así como el acceso a una más amplia gama de oportunidades de empleo, lo que da lugar a una persistente segregación ocupacional y a unas remuneraciones más bajas por un trabajo de igual valor. Además, la Comisión considera que es necesario adoptar un enfoque integral y coordinado para hacer frente a las barreras y los obstáculos con que se confrontan las personas en el empleo y la ocupación, en razón de su raza, color o ascendencia nacional, y promover la igualdad de oportunidades y de trato para todos. Tal enfoque debería incluir la adopción de medidas interrelacionadas a fin de abordar las brechas en la educación, la formación y la capacitación, brindar una orientación vocacional imparcial, reconocer y validar las calificaciones obtenidas en el extranjero, y valorar y reconocer los conocimientos y las habilidades tradicionales que pueden ser pertinentes para el acceso y los progresos en el empleo y para ejercer una ocupación. La Comisión también recuerda que, para ser eficaces, se requiere que estas medidas incluyan acciones concretas, tales como leyes, políticas, programas, mecanismos y procesos participativos, a fin de abordar los prejuicios y estereotipos y promover la comprensión y la tolerancia mutuas en todos los sectores de la población.

La Comisión señala a la atención del Gobierno su observación general de 2018 y pide que proporcione información en respuesta a las cuestiones planteadas en dicha observación.

Artículo 2. Política nacional de igualdad. Tomando nota de una falta de información sobre los progresos realizados en la adopción de una política nacional de igualdad, la Comisión recuerda que: 1) la principal obligación de los Estados ratificantes es formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a ese respecto, y 2) la aplicación de una política nacional en materia de igualdad presupone la adopción de una serie de medidas específicas, que a menudo son una combinación de medidas legislativas y administrativas, convenios colectivos, políticas públicas, medidas de discriminación positiva, mecanismos de resolución de conflictos y de control, órganos especializados, programas prácticos y actividades de sensibilización (véase el Estudio General de 2012, párrafos 841 y 848). En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para formular, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y adoptar una política nacional de igualdad que abarque a todos los trabajadores y que tenga por objeto la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación por todos los motivos contemplados en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 5. Medidas especiales de protección. Trabajo prohibido a las mujeres. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que los artículos 22 y 23 de la Ley del Trabajo, que prohíben el empleo de mujeres en horario nocturno con algunas excepciones y en trabajos peligrosos, arduos o perjudiciales para la salud o que violan la moral pública, tienen por objeto proteger a las trabajadoras en general, en particular a las trabajadoras embarazadas. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que las acciones de protección aplicables a las mujeres se limiten a la protección de la maternidad en sentido estricto o se basen en evaluaciones de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y no constituyan obstáculos para el empleo de las mujeres. La memoria del Gobierno no contiene ninguna información a este respecto, salvo una referencia a los artículos del capítulo 4 de la Ley del Trabajo relativos a la protección de la maternidad y las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. Una vez más, la Comisión desea recordar que las medidas de protección para las mujeres abarcan en general las medidas que tienen por objetivo proteger la maternidad en el sentido estricto, que entran en el ámbito de aplicación del artículo 5, y las medidas destinadas a proteger a las mujeres en general por su sexo o género, basándose en percepciones estereotipadas de sus capacidades y del papel que les corresponde en la sociedad, lo que es contrario al Convenio y representa un obstáculo para la contratación y el empleo de las mujeres (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 839). La Comisión recuerda asimismo que considera que las disposiciones relativas a la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles deberían tener por objeto proteger la salud y la seguridad, tanto de los hombres como de las mujeres, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferencias de género con respecto a riesgos específicos para su salud (véase el Estudio General de 2012, párrafos 839 y 840). Por consiguiente, todas las restricciones al acceso de las mujeres al trabajo que se basen en consideraciones vinculadas a su salud y seguridad, si las hubiere, han de estar justificadas y avaladas científicamente y, al aplicarlas, han de ser examinadas periódicamente a luz de los avances tecnológicos y del progreso científico, con miras a determinar si siguen siendo necesarias a efectos de protección. La Comisión insta al Gobierno a que: i) revise su enfoque relativo a las restricciones al empleo de la mujer a la luz de los principios mencionados, y que garantice que toda medida de protección adoptada se limite a la protección de la maternidad, en sentido estricto, o se fundamente en evaluaciones de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y no constituya un obstáculo para el empleo de la mujer, y ii) a que facilite información sobre toda evolución al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Comentarios adoptados por la CEACR: Kuwait

Adoptado por la CEACR en 2021

C087 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

C087 - Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

C098 - Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

C144 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Adoptado por la CEACR en 2020

C111 - Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

C111 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Adoptado por la CEACR en 2019

C117 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)