Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 367, Marzo 2013

Caso núm. 2894 (Canadá) - Fecha de presentación de la queja:: 15-AGO-11 - Cerrado

Alegatos: la organización querellante alega que al promulgar el proyecto de ley núm. C-6, por el que se dispone la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales y se pone fin a la huelga, el Gobierno federal interrumpió la negociación colectiva entre la Unión Canadiense de Trabajadores de los Servicios Postales (CUPW-STTP) y la Empresa de Correos del Canadá, remitiendo el conflicto a un arbitraje obligatorio y vinculante, violando con ello el ejercicio de la libertad sindical y estableciendo un precedente peligroso de intervención prematura del Gobierno en conflictos laborales que no atañen a las industrias de servicios esenciales

1. 270. La presente queja figura en una comunicación de la Unión Canadiense de Trabajadores de los Servicios Postales (CUPW-STTP) de fecha 15 de agosto de 2011. En comunicaciones fechadas el 19 de agosto, el 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2011 respectivamente, el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), el Sindicato Mundial UNI y la Confederación Sindical Internacional (CSI) se adhirieron a la queja.
2. 271. El Gobierno envió su respuesta a los alegatos por comunicaciones de fechas 28 de septiembre de 2012, 23 y 31 de enero de 2013.
3. 272. El Canadá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de la organización querellante

1. 273. En su comunicación de fecha 15 de agosto de 2011, la organización querellante alega que el Gobierno federal del Canadá ha violado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) al promulgar el proyecto de ley núm. C-6, por el que se dispone la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales.
2. 274. Según la organización querellante, el proyecto de ley núm. C-6, por el que se dispone la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales, ha impedido a los trabajadores de los servicios postales de la Empresa de Correos del Canadá, y representados por la CUPW-STTP, ejercer su derecho fundamental a la libertad sindical al dificultar su afiliación a sindicatos, su participación en negociaciones colectivas y el ejercicio de su derecho a la huelga. La organización querellante afirma que, al interrumpir la negociación colectiva entre las partes, remitir el conflicto a un arbitraje sobre propuestas finales obligatorio y vinculante, violar el derecho de huelga del sindicato, y establecer un precedente peligroso de intervención prematura del Gobierno en un conflicto laboral en el que las partes habían fijado una serie de protocolos sobre servicios esenciales, el Gobierno federal ha violado las disposiciones del Convenio núm. 87. A juicio de la organización querellante, el proyecto de ley núm. C-6 infringe directamente las disposiciones del Convenio núm. 87, que reconoce una serie de protecciones relativas a la libertad sindical, y establece un precedente peligroso de intervención prematura del Gobierno en conflictos laborales que no atañen a las industrias de servicios esenciales.
3. 275. El proyecto de ley núm. C-6 incluye:
   • ■ Una extensión del convenio colectivo: se restablece el convenio colectivo hasta que el árbitro haya determinado un nuevo convenio. Este nuevo convenio expirará el 31 de enero de 2015.
   • ■ Unos salarios más bajos impuestos por vía legislativa: el proyecto de ley prevé incrementos salariales muy por debajo de la última oferta del empleador, esto es, del 1,9 por ciento para 2011, 2012 y 2013, y del 2 por ciento para 2014. El proyecto de ley prevé incrementos del 1,75 por ciento para 2011, del 1,5 por ciento para 2012, del 2 por ciento para 2013, y del 2 por ciento para 2014. Ello significa que durante los próximos cuatro años de vigencia del convenio el trabajador promedio a tiempo completo de los servicios postales dejará de percibir 875,50 dólares canadienses. Esto representa un robo de 35 millones de dólares canadienses a los trabajadores de los servicios postales y sus familias.
   • ■ Un arbitraje sobre propuestas finales: el nuevo convenio colectivo será determinado por un árbitro nombrado por el Gobierno. Cada una de las partes deberá presentar un proyecto de convenio colectivo y el árbitro se encargará de escoger uno en su totalidad.
4. 276. La organización querellante estima que el proyecto de ley núm. C-6 es innecesario. A principios de junio de 2011, cuando se estaban llevando a cabo una serie de huelgas rotatorias, el sindicato ofreció públicamente reanudar el trabajo, a condición de restablecer plenamente el convenio colectivo que acababa de expirar. La empresa rechazó este ofrecimiento y, el 14 de junio de 2011, impuso un cierre patronal a los miembros del grupo de negociación de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas. El empleador hubiera podido anular el cierre patronal, pero se negó a autorizar que los miembros de este grupo de negociación trabajaran en instalaciones que no estuvieran en huelga. Resulta irónico que la legislación que ordena la reanudación de la actividad laboral haya impuesto retrospectivamente el convenio colectivo que expiró recientemente.
5. 277. La organización querellante indica que el sindicato puso en práctica un protocolo de actuación de los piquetes destinado a otros grupos de negociación y trabajadores de la empresa; este protocolo autorizaba explícitamente a los miembros de la unidad de negociación del sindicato de los carteros rurales y suburbanos a trabajar durante el tiempo que duraran la huelga y el cierre patronal. El protocolo preveía un mecanismo para que los miembros de la Unión de Trabajadores de Comunicaciones Postales trabajaran durante todo este período. Además, el protocolo autorizaba al personal de limpieza y cafetería de los servicios postales a que trabajara durante todo el tiempo que duraran la huelga y el cierre patronal. En los casos en que la oficina de correos se encontraba en locales compartidos se tomaron medidas para autorizar el acceso y salida de personas.
6. 278. La organización querellante señala que el sindicato también elaboró un protocolo con el empleador, el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales con el objeto de permitir el tratamiento y distribución de los cheques sociales y económicos. Estos incluían los cheques del plan de pensiones, del seguro de vejez y de las prestaciones por hijos a cargo del Gobierno federal del Canadá. Las provincias de Quebec, Ontario, Saskatchewan, Alberta y los Territorios del Noroeste utilizaron este protocolo para la entrega de algunos cheques sociales y económicos. Terranova y Labrador, la Isla del Príncipe Edward y las provincias de Nueva Escocia, New Brunswick, Manitoba, Columbia Británica, Yukón y Nunavut prefirieron no distribuir los cheques de asistencia social por intermedio de la empresa.
7. 279. Según la organización querellante, el sindicato ha participado en 11 rondas de negociaciones desde 1978. Entre 1978 y 1989, el certificado de negociación incluía a los trabajadores internos del servicio postal. Desde 1989 el certificado incluye a los trabajadores internos, los repartidores, los trabajadores de venta, y los trabajadores del personal técnico y de servicios. En cinco de las 11 rondas de negociaciones que se han entablado desde 1978 el Gobierno federal ha recurrido a la legislación que ordena la reanudación de la actividad laboral.
   • ■ En 1978 se ordenó a la CUPW que reanudara la actividad laboral.
   • ■ En 1980 la CUPW logró negociar un convenio colectivo.
   • ■ En 1981 la CUPW consiguió un convenio colectivo después de una huelga de 42 días.
   • ■ En 1984 la CUPW logró negociar un convenio colectivo.
   • ■ En 1987 se ordenó a la CUPW que reanudara la actividad laboral.
   • ■ En 1991 se ordenó a la CUPW que reanudara la actividad laboral.
   • ■ En 1994 la CUPW logró negociar un convenio colectivo.
   • ■ En 1997 se ordenó a la CUPW que reanudara la actividad laboral.
   • ■ En 2003 la CUPW logró negociar un convenio colectivo.
   • ■ En 2007 la CUPW logró negociar un convenio colectivo.
   • ■ En 2011 se ordenó a la CUPW que reanudara la actividad laboral.
8. 280. La organización querellante presenta una breve cronología de los eventos que han tenido lugar recientemente:
   • ■ El 21 de octubre de 2010 aproximadamente el sindicato y la empresa iniciaron las negociaciones con miras al convenio colectivo de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas.
   • ■ El 21 de enero de 2011, en aplicación del Código del Trabajo del Canadá, el sindicato solicitó un procedimiento de conciliación.
   • ■ El 31 de enero de 2011 expiró el convenio colectivo de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas.
   • ■ Las partes prosiguieron las negociaciones.
   • ■ El 11 de abril de 2011 el sindicato anunció una votación del 94,5 por ciento en favor de la huelga, e informó que la tasa de participación había sido la más alta de la historia.
   • ■ El proceso de conciliación se amplió hasta el 3 de mayo de 2011.
   • ■ El 4 de mayo de 2011 se inició el proceso de mediación.
   • ■ Las partes prosiguieron las negociaciones.
   • ■ El 30 de mayo de 2011 el sindicato envió el aviso de huelga.
   • ■ El 30 de mayo de 2011 a las 10 horas la empresa anunció que el convenio colectivo de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas ya no estaba en vigor. La atención odontológica, otológica y oftalmológica, así como los planes para ampliar la atención médica se detuvieron de inmediato, lo que privó a los afiliados al sindicato del acceso a medicamentos muy necesarios que requieren receta. La empresa también comenzó de inmediato el despido de trabajadores temporales.
   • ■ El 10 de junio de 2011 el sindicato ofreció reanudar el trabajo si la empresa restablecía el convenio colectivo que acababa de expirar. La empresa rechazó el ofrecimiento.
   • ■ El 2 de junio de 2011 a las 23.59 horas el sindicato inició una serie de huelgas rotatorias.
   • ■ Los puntos donde tuvieron lugar las huelgas fueron los siguientes: 3 de junio de 2011 (Winnipeg), 4 y 5 de junio (Hamilton), 6 de junio (Montreal), 7 de junio (Victoria, Moncton), 8 de junio (Edmonton, Calgary), 9 de junio (Labrador City, Acadie(Bathurst, Summerside, Ste. Therese, St. Jerome, Thunder Bay, Hearst, Brantford, St. Thomas, Flin Flon, Yellowknife, Whitehorse, Vernon), 10 de junio (Quebec City, Kitchener), 11 y 12 de junio (Red Deer), 13 de junio (Cornerbrook, Fredericton, Sydney, Nova Scotia, Mauricie, Sherbrooke, Windsor – Ontario, Niagara Falls, Regina, Nanaimo, Cornwall) y 14 de junio (Toronto, Montreal).
   • ■ En torno al 8 de junio de 2011 la empresa anunció su decisión de suspender los martes y los jueves el reparto de cartas. El volumen de cartas en muchas oficinas de correos era en ese momento normal o por encima de lo normal.
   • ■ El 14 de junio de 2011, aproximadamente a las 23.59 horas, la empresa anunció un cierre patronal en todo el país. La dirección supervisó la salida de los trabajadores de las oficinas de correos de todo el país fuera de los lugares de trabajo.
   • ■ Los afiliados al sindicato comenzaron a organizar piquetes en todos los lugares donde estaban trabajando miembros del grupo de negociación de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas en el momento en que se impuso el cierre patronal.
   • ■ El 15 de junio de 2011 por la mañana la Ministra Federal de Trabajo manifestó que había recibido muy pocas quejas relacionadas con el conflicto laboral.
   • ■ El 15 de junio de 2011 por la tarde la Ministra Federal de Trabajo anunció que aplicaría la legislación que ordena la reanudación de la actividad laboral.
   • ■ El 16 de junio de 2011 el sindicato se reunió con el presidente de la empresa a fin de encontrar una solución al conflicto laboral.
   • ■ Durante este período el sindicato siguió celebrando reuniones con la empresa y el mediador a fin de lograr un nuevo convenio colectivo de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas.
   • ■ El 20 de junio de 2011 el Gobierno federal presentó ante el Parlamento el proyecto de ley núm. C-6.
   • ■ Del 20 al 25 de junio de 2011 el sindicato hizo grandes esfuerzos para solucionar el conflicto laboral.
   • ■ El proyecto de ley núm. C-6 fue aprobado por el Parlamento el 25 de junio de 2011, y por el Senado el 26 del mismo mes.
   • ■ Los afiliados al sindicato comenzaron a reanudar la actividad laboral el 27 de junio de 2011 por la tarde.
9. 281. La organización querellante concluye que, al promulgar el proyecto de ley núm. C-6, el Gobierno federal interrumpió la negociación colectiva entre el sindicato y la empresa, y remitió el conflicto a un arbitraje sobre propuestas finales obligatorio y vinculante, infringiendo de este modo los principios de la libertad sindical enunciados en el Convenio núm. 87.

B. Respuesta del Gobierno

1. 282. En una comunicación de fecha 28 de septiembre de 2012 el Gobierno señala que presenta este documento a raíz de las denuncias presentadas por la CUPW alegando que la promulgación del proyecto de ley núm. C-6, por el que se dispone la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales, infringía el Convenio núm. 87. El Gobierno indica que disiente de los alegatos formulados y, habida cuenta de la índole de su intervención, pide con todo respeto que se desestime la queja.
2. 283. En lo tocante al régimen legislativo aplicable en el Canadá a la negociación colectiva, el Gobierno señala que la mayor parte de la fuerza de trabajo canadiense está sujeta a lo dispuesto en los diferentes estatutos laborales de las provincias. Aunque sólo el 6 por ciento de la fuerza de trabajo está sometido a la jurisdicción federal, el carácter fundamental del sector de las infraestructuras y otras industrias de competencia federal les confiere una gran importancia para la economía canadiense. Las industrias sujetas a la legislación federal sobre relaciones laborales incluyen, por ejemplo, las empresas estatales federales como la Empresa de Correos del Canadá. La parte primera del Código del Trabajo del Canadá (en su forma enmendada en 1998) contiene la ley que se refiere a los trabajadores que se desempeñan en esas industrias (cerca de 800 000 en la actualidad).
3. 284. El Gobierno subraya que, en vista del principio fundamental de la Constitución canadiense de que sólo el Parlamento del Canadá puede elaborar leyes en la jurisdicción federal, las partes en la negociación colectiva no pueden obligar al Parlamento a modificar una ley o a promulgar otra nueva. En relación con el artículo 8 del Convenio núm. 87, el Gobierno recuerda que el mandato del Comité y los convenios de la OIT prevén que la negociación colectiva funcione en un marco legislativo, y que el Comité es competente para determinar si la legislación (o un proyecto de ley) es conforme con los principios de la libertad sindical y de la negociación colectiva.
4. 285. El Gobierno indica asimismo que el Ministerio de Trabajo es el responsable ante el Parlamento de la aplicación del Código del Trabajo del Canadá. El Servicio Federal de Mediación y de Conciliación (FMCS) del Programa laboral de recursos humanos y desarrollo de capacidades del Canadá se encarga de administrar las disposiciones del Código relativas a la solución de conflictos, incluidas todas las funciones legales de conciliación y mediación. Un conciliador es un funcionario público cuya función consiste en fomentar relaciones armoniosas entre los sindicatos y los empleadores mediante una labor de asistencia en la negociación y renovación de los convenios colectivos, así como en gestionar las relaciones a que da lugar la aplicación de los convenios. Además, el FMCS se encarga de poner en práctica programas extraoficiales de mediación preventiva y de mediación en las reclamaciones. La Junta de Relaciones Laborales del Canadá se encarga de los aspectos cuasi judiciales de la aplicación de las disposiciones del Código.
5. 286. La parte primera del Código del Trabajo del Canadá establece el marco general de la negociación colectiva en el sector privado sujeto a normativas federales, en particular las siguientes: i) los derechos de negociación exclusivos se otorgan a los agentes de negociación que representan a los trabajadores en una determinada unidad de negociación, por lo general sobre la base de un respaldo mayoritario; ii) los agentes de negociación y los empleadores están obligados a reunirse y entablar negociaciones de buena fe, y a realizar todos los esfuerzos razonables para concluir un convenio colectivo; iii) no está permitido realizar huelgas ni cierres patronales durante el período de vigencia de un convenio; iv) cualquiera de las partes podrá dar notificación sobre la necesidad de entablar negociaciones para la renovación y revisión de un convenio colectivo vigente en el período de los cuatro meses que preceden inmediatamente a la fecha de expiración del convenio colectivo; v) si no lograran concluir o renovar el convenio colectivo, cualquiera de las partes podrá informar al Ministerio mediante una notificación de conflicto, y el Ministerio podrá proceder entonces a nombrar un conciliador, un comisionado o una junta, y vi) el Ministerio podrá nombrar en cualquier momento un mediador para ayudar a las partes a solucionar el conflicto (por lo general un funcionario del FMCS; a veces un tercero independiente del sector privado); esto no afecta el ejercicio del derecho de huelga y de cierre patronal. Según el Gobierno, durante el período 2011-2012, en los casos en que el Ministerio de Trabajo recibió una notificación de conflicto y el FMCS prestó asistencia a las partes en conflictos relacionados con la negociación colectiva, más del 93 por ciento de este tipo de conflictos fueron resueltos sin que se produjera una interrupción del trabajo.
6. 287. En cuanto al papel de la Empresa de Correos del Canadá, el Gobierno señala que el Canadá es el segundo país más grande del mundo, con una superficie total de 9 984 670 km2. La población del país es de aproximadamente 34 millones de personas; si bien la mayor parte vive en ciudades, casi 9 millones de canadienses viven en zonas rurales y remotas que ocupan una superficie de 9,5 millones de km2 (el 95 por ciento del territorio del país). La Empresa de Correos del Canadá presta servicios postales de calidad, seguros y autosuficientes desde el punto de vista financiero a todas las personas que habitan en zonas rurales y urbanas. Fue creada mediante la Ley sobre la Empresa de Correos, y tiene un único accionista, el Gobierno del Canadá. El principal operador de correos del país es una empresa estatal que depende del Ministerio de Transporte, Infraestructura y Comunidades, y reparte más de 10 000 millones de piezas de correo, paquetes y mensajes al año a más de 15 millones de direcciones en todo el país.
7. 288. Según el Gobierno, el correo es el sistema más apropiado y económico de proporcionar a las personas de edad o con discapacidades los servicios de los que dependen; asimismo, en el caso de aquellos canadienses que viven en zonas rurales y remotas, esta empresa es de vital importancia para la distribución de artículos tales como medicamentos con receta. De ahí que las personas que reciben por correo cheques de bienestar social, cheques de pensión y otros cheques de asistencia del Gobierno se vean muy afectadas por cualquier interrupción de este servicio. Las pequeñas y medianas empresas dependen considerablemente de los servicios de correo para comunicarse y servir a sus clientes.
8. 289. En cuanto a las relaciones entre la Empresa de Correos del Canadá y el sindicato, el Gobierno señala que dicha empresa es uno de los mayores empleadores del país. Emplea a cerca de 69 000 trabajadores, de los que aproximadamente 59 000 están afiliados a sindicatos. La unidad de negociación más importante de la Empresa de Correos del Canadá es la CUPW (Unidad Postal de Operaciones Urbanas), que tiene 50 000 afiliados y representa a los trabajadores internos, los trabajadores de venta, los carteros y los trabajadores de los servicios de mensajería de correos.
9. 290. A continuación el Gobierno presenta un breve resumen de la larga y enconada historia de las negociaciones colectivas entre la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW que a menudo ha desembocado en una interrupción del trabajo. La CUPW comenzó a representar a los trabajadores de la Empresa de Correos del Canadá en enero de 1975. El Gobierno del Canadá ha prestado una considerable asistencia a las partes durante los últimos 37 años, nombrando múltiples juntas de conciliación, conciliadores y mediadores para apoyar a las partes a fin de que concluyan convenios colectivos con los que ambas partes estén de acuerdo. Durante todo este tiempo varios ministros de trabajo se han puesto en contacto con las partes para alentarlos a solucionar sus diferencias. No obstante, a lo largo de los años ha ido gestándose una profunda desconfianza mutua que ha tenido un efecto negativo en las negociaciones. En opinión del Gobierno, la historia demuestra que las partes han sido incapaces de concluir convenios colectivos y nunca han podido renovar los convenios sin la intervención del Gobierno.
10. 291. Dada la difícil relación de negociación colectiva entre la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW el Gobierno señala que, en el conflicto suscitado en las negociaciones de 2011, estaba dispuesto a prestar toda la ayuda que fuera necesaria en esta última ronda de negociaciones colectivas.
11. 292. En octubre de 2010 las partes entablaron negociaciones directas con miras a la renovación del convenio colectivo (cuya expiración estaba prevista para el 31 de enero de 2011), que englobaría a los trabajadores representados por la CUPW. Tras haber llegado a un punto muerto en las negociaciones directas, el 21 de enero de 2011 se recibió una notificación de conflicto. El 31 de enero el Ministerio de Trabajo nombró un conciliador a fin de prestar asistencia a las partes en el desarrollo de estas negociaciones. El conciliador se reunió con las partes los días 2, 9 y 10, del 22 al 25 y el 28 de febrero de 2011, y con mayor frecuencia todavía en el mes de marzo (cada día desde el 1.º al 15 de marzo, del 21 al 24 y del 28 al 31 de marzo de 2011).
12. 293. El Gobierno informa que el 11 de marzo de 2011 la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW firmaron un acuerdo sobre el tratamiento y distribución de los cheques del Gobierno en caso de interrupción de los servicios postales a consecuencia de una huelga o cierre patronal (adjunto a la queja), de modo que, llegado el caso, se garantizara la distribución de los cheques de pensiones y de asistencia social. El acuerdo preveía que su reparto tuviera lugar con una frecuencia de hasta dos días cada mes. Desde el 29 de marzo al 17 de abril de 2011 la CUPW organizó una votación en todo el país para convocar la huelga, anunciando el 18 de abril que el 94,5 por ciento de sus afiliados estaban a favor de que se hiciera.
13. 294. El proceso de conciliación, que debía finalizar el 31 de marzo de 2011, fue ampliado por el Ministerio de Trabajo hasta el 3 de mayo a fin de dar a las partes todas las facilidades para concluir un convenio colectivo. El conciliador celebró de nuevo reuniones continuas con las partes los días 1.º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 21 y 25 a 29 de abril y los días 2 y 3 de mayo de 2011, tras lo cual concluyó el proceso de conciliación sin ningún resultado.
14. 295. Más adelante, el 5 de mayo, el Ministerio de Trabajo nombró un mediador para que las partes pudieran continuar su discusión e intentaran llegar a un acuerdo. El mediador se reunió con las partes todos los días desde el 5 al 31 de mayo de 2011. En el curso de estas negociaciones se intercambiaron numerosas propuestas y contrapropuestas que sumaron 11 en total (el 15 de mayo de 2011 el empleador presentó una propuesta inicial; el 17 de mayo el empleador presentó al sindicato una propuesta de conciliación; el 22 de mayo el sindicato presentó al empleador una propuesta de conciliación; el 24 de mayo el empleador rechazó la propuesta del sindicato y presentó una nueva; el 30 de mayo el sindicato presentó al empleador un propuesta global; tras rechazarla el empleador presentó otra serie de propuestas los días 1.º, 6 y 9 de junio; por su parte el sindicato presentó otras propuestas los días 3 y 9 de junio; la última propuesta que se hizo a las partes la presentó el sindicato el 16 de junio de 2011).
15. 296. A pesar de los considerables esfuerzos desplegados por el Gobierno para ayudar a la solución del conflicto, las partes no llegaron a un acuerdo y sus posiciones seguían estando muy alejadas en numerosos puntos. En la cuestión de los salarios las propuestas de las partes seguían diferenciándose en un 4 por ciento. Desde el inicio de las negociaciones en octubre de 2010 las partes sólo habían logrado modificar sus posiciones en un 1,7 por ciento.
16. 297. El 25 de mayo de 2011 las partes habían adquirido el derecho legal a la huelga o al cierre patronal en virtud del Código del Trabajo del Canadá. El 2 de junio el sindicato inició una acción de huelga (mediante huelgas rotatorias), pese a que las partes todavía estaban intercambiando propuestas. Las huelgas comenzaron en Winnipeg y continuaron en varias ciudades incluidas Montreal y Toronto.
17. 298. Las huelgas rotatorias, que ralentizaron las operaciones a nivel nacional, comenzaron a afectar a personas vulnerables y empresas comerciales que dependen de la Empresa de Correos del Canadá. El 8 de junio de 2011 la Empresa de Correos del Canadá anunció una reducción del servicio de entrega de correo a tres días por semana a partir del 13 de junio. Dos días más tarde, el 15 de junio, declaró un cierre patronal en todo el país. Se cerraron todos los centros de tratamiento del correo y todas las oficinas para carteros que estuvieran operados por miembros de la CUPW. En una declaración a los trabajadores difundida por vídeo, el director general de la Empresa de Correos del Canadá señaló que se había declarado el cierre patronal con el objeto de llevar la situación a un punto crítico. Según el director general, la empresa había soportado 12 días de huelgas rotatorias que habían arrojado pérdidas por 100 millones de dólares canadienses, dos tercios de los cuales incidirían en los costos laborales como las prestaciones y pensiones de los trabajadores. El cierre patronal se había llevado a cabo con arreglo a lo dispuesto en la parte primera del Código del Trabajo del Canadá, que establece que el cierre patronal se efectuará sin previo aviso cuando, como en el presente caso, se esté produciendo una huelga.
18. 299. En ese momento la Ministra de Trabajo celebró varias reuniones con cada una de las partes. El 31 de mayo de 2011 hizo hincapié en que era importante seguir repartiendo el correo al público canadiense, ofreció de nuevo la asistencia del departamento e instó a las partes a encontrar una solución al conflicto. Volvió a reunirse con las partes los días 1.º, 2 y 10 de junio. El 10 de junio intentó que las partes suspendieran todas las medidas que habían adoptado.
19. 300. Aparte del intento de la Ministra de prestar asistencia directa, el funcionario de conciliación y mediación del Gobierno había celebrado numerosas reuniones con las partes en el período comprendido entre febrero y finales de mayo de 2011, y casi todos los días de abril y mayo, sin obtener ningún resultado. Hacia el 15 de junio las partes habían estado negociando en vano durante nueve meses, incluso mientras se desarrollaban las acciones de huelga, y habían recibido la asistencia de un funcionario de conciliación y mediación nombrado por el Ministerio sin que ello reportara ningún resultado positivo. Las propuestas de las partes en relación con los salarios seguían estando muy alejadas entre sí, y al parecer había muy pocas posibilidades de llegar a una solución negociada sin que se produjera un cese de las actividades prolongado, costoso y de gran envergadura. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo emitió el 15 de junio un boletín informativo en el que comunicaba a las partes y al público en general que el Gobierno intervendría en el conflicto de no llegarse en breve a un acuerdo.
20. 301. El 20 de junio de 2011 el Ministerio de Trabajo presentó el proyecto de ley núm. C-6, por el que se dispone la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales (en adelante «el proyecto de ley»). El mediador del Gobierno mantuvo el contacto con las partes y estuvo a su disposición para prestarles ayuda en las negociaciones. Las partes tuvieron cinco días entre la presentación del proyecto y la sanción real de dicho proyecto para intentar solucionar el conflicto. Con ayuda de la Ministra de Trabajo y de los funcionarios del Ministerio las partes prosiguieron las discusiones y negociaciones en torno a las condiciones del acuerdo. Las partes se reunieron con la Ministra, el director general del FMCS y altos representantes de la oposición oficial a fin de esclarecer cuestiones y establecer si era posible llegar a un acuerdo antes de que la Cámara de los Comunes aprobara el proyecto de ley. Desafortunadamente las partes no pudieron llegar a un acuerdo, lo que puso de manifiesto que el conflicto no podría solucionarse sin el empleo de medidas legislativas. El proyecto de ley, aprobado pocas horas después por la Cámara de los Comunes, se remitió al Senado. El proyecto recibió la sanción real el 26 de junio de 2011 y entró en vigor al día siguiente. Los miembros de la CUPW reiniciaron sus actividades paulatinamente a partir del 27 de junio de 2011.
21. 302. Por otra parte, el Gobierno considera que es importante situar esta medida legislativa en su propio contexto económico y social, y particularmente en el contexto de la frágil situación de la economía canadiense y mundial a raíz de los acontecimientos de 2007-2009. La economía mundial acababa de experimentar una crisis financiera de grandes proporciones que había desembocado en la más grave recesión mundial desde la Gran Depresión.
22. 303. La recesión mundial repercutió negativamente en la economía canadiense. El producto interno bruto (PIB) real disminuyó un 3,7 por ciento en el cuarto trimestre de 2008 (lo que marcó el inició de la recesión de la economía canadiense), pues la debilidad de la demanda externa redujo el nivel de las exportaciones, produjo un deterioro de las condiciones financieras y una merma de la confianza, lo que a su vez se tradujo en una clara contracción del gasto de los consumidores y de las inversiones de las empresas. El PIB real disminuyó un 5,4 por ciento más en el primer trimestre de 2009. Aparte de la importante contracción de la actividad económica real, las fuertes y aceleradas caídas en los precios de los productos energéticos básicos y de los productos básicos distintos de la energía llevaron a una reducción del precio medio de la producción canadiense, medido en función del deflactor de precios del PIB, el cual disminuyó un 11 por ciento en el cuarto trimestre de 2008 y un 6,5 por ciento en el primer trimestre de 2009. En el cuarto trimestre de 2008 el PIB registró una disminución sin precedentes del 14,4 por ciento y un 11,5 por ciento más en el primer trimestre de 2009. Además, debido a la pérdida de puestos de trabajo en el sector manufacturero (especialmente en el sector del automóvil y de la producción de partes y piezas para automóviles) y a una importante desaceleración del sector de la construcción, la tasa de desempleo alcanzó el 8,4 por ciento en mayo de 2009, el nivel más alto en 11 años.
23. 304. En consonancia con la orientación estratégica formulada por el Director General de la OIT el 10 de octubre de 2008, que recomendaba que se interviniera para evitar una crisis financiera internacional que podría tener graves consecuencias para las empresas y los trabajadores y sus familias en todo el mundo, el Gobierno señala que movilizó todos sus recursos y estableció contactos con todos sus interlocutores — a nivel internacional y nacional — a fin de introducir un conjunto de medidas de estímulo económico sin precedentes (62 000 millones de dólares canadienses). El Plan de Acción para la Economía del Canadá, presentado el 27 de enero de 2009, constituyó la respuesta del Gobierno a la recesión más profunda que se haya registrado en varias generaciones. Los objetivos del Plan de Acción para la Economía del Canadá eran los siguientes: i) ofrecer a los particulares desgravaciones importantes y permanentes sobre el impuesto de la renta, y a las empresas un tipo impositivo global sobre inversiones en nuevas actividades económicas inferior al de todas las grandes economías industrializadas; ii) ayudar a los desempleados mediante seguros de empleo y programas de formación más eficaces; iii) evitar los despidos mediante la mejora del programa de seguro de empleo mediante trabajo compartido; iv) crear puestos de trabajo mediante una inyección masiva de dinero para el gasto en infraestructuras; v) ayudar a crear la economía del futuro mediante la mejora de la infraestructura de las escuelas técnicas y universidades, y el apoyo a la investigación y el desarrollo; vi) apoyar a las industrias y las comunidades más afectadas por la recesión mundial, y vii) mejorar el acceso a la financiación para hogares y empresas canadienses, así como su disponibilidad.
24. 305. Aunque la economía canadiense se ha comportado relativamente bien en comparación con otros países industrializados, los efectos de la crisis financiera de 2007-2009 no han desaparecido todavía. Puesto que se trata de una economía comercial, su recuperación depende en gran medida de que se produzca una recuperación sostenible de la economía mundial, en particular de la economía de los Estados Unidos. Se prevé que las economías avanzadas como el Canadá sólo registren un crecimiento del 2,5 por ciento.
25. 306. El Gobierno hace notar que la situación económica en el momento de la interrupción del trabajo era todavía muy preocupante, y menciona una serie de fuentes que afirman que ni el PIB ni el crecimiento del empleo se han recuperado todavía de las pérdidas registradas durante la recesión de 2008-2009 (se ha recuperado menos de una quinta parte de los daños causados por la contracción económica).
26. 307. En consecuencia, el Gobierno del Canadá tenía que actuar con mucha cautela, y sopesar cuidadosamente el derecho legal de las partes de llevar a cabo una huelga o un cierre patronal frente a la delicada situación económica del país y el impacto de dichas acciones en el público en general. Se calculó que el cese de actividades en la Empresa de Correos del Canadá en 2011 hubiera causado pérdidas para la economía canadiense de entre 9 y 31 millones de dólares canadienses semanales, y que los costos de funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (6,8 millones de trabajadores, es decir el 64 por ciento de los trabajadores del sector privado) aumentarían 250 dólares canadiense diarios debido a la pérdida de ingresos y a la necesidad de encontrar otros medios para el envío de sus productos.
27. 308. En vista de la recuperación económica que el Gobierno del Canadá está intentando promover y fomentar mediante medidas políticas y legislativas, el Gobierno considera que su decisión de introducir el proyecto de ley constituyó una respuesta lógica y apropiada ante el estancamiento de las negociaciones; con ello no sólo se abordaban el conflicto entre la CUPW y la Empresa de Correos del Canadá sino también las realidades económicas y los obstáculos con que tropezaban los canadienses.
28. 309. En cuanto al impacto de la interrupción del trabajo en la Empresa de Correos del Canadá, el Gobierno señala que la empresa tiene obligaciones internacionales que tienen que ver con el reparto del correo en el país, ya que sólo mediante un servicio nacional puede darse cumplimiento a la obligación impuesta por un convenio internacional de observar las normas sobre prestación de servicios postales básicos establecidas por la Unión Postal Universal.
29. 310. Además, según la Ley sobre la Empresa de Correos del Canadá, la empresa tiene la obligación de prestar un servicio postal universal; esta obligación constituye un aspecto central de la labor del servicio postal y se halla implícita en el compromiso constante del Gobierno con una empresa postal de la Corona. La empresa tiene que ser autosuficiente desde el punto de vista financiero, pagar dividendos anuales y prestar al mismo tiempo un servicio postal universal. La empresa no recibe fondos gubernamentales para cumplir los compromisos que se derivan de la obligación de prestar un servicio postal universal. Para financiar sus operaciones normales y las inversiones que pueda necesitar deberá contar exclusivamente con los ingresos netos que generan sus operaciones. Si la empresa no puede generar ingresos ni tener acceso a la financiación a largo plazo que necesita, su capacidad para prestar un servicio postal universal de forma sistemática será cada vez más reducida. Por otra parte, la empresa puso en marcha una iniciativa de modernización cuyo objetivo es sustituir los equipos obsoletos. Para financiar esta iniciativa ya ha solicitado un préstamo de 1 000 millones de dólares canadienses. Si las pérdidas ocasionadas por la interrupción del trabajo ponen en peligro la situación financiera de la empresa, ésta podría verse en dificultades para pagar el préstamo y seguir adelante con la iniciativa de transformación de los servicios postales.
30. 311. La Empresa de Correos del Canadá invierte cerca de 3 000 millones de dólares canadienses anuales en bienes y servicios, de lo que dependen 30 000 puestos de trabajo adicionales de la economía canadiense. Asimismo, apoya más de 100 000 empleos directos e indirectos, y aporta 6 600 millones de dólares canadienses al PIB del país. Antes de que se produjera la interrupción del trabajo la empresa había calculado que el costo de esa acción ascendería a 100 millones de dólares canadienses semanales, y que los usuarios podrían tomar la decisión de utilizar de forma permanente otros mecanismos electrónicos de distribución. Aunque el impacto real de la interrupción del trabajo de junio de 2011 aún no se conoce, la Empresa de Correos del Canadá calculó que la interrupción del trabajo había tenido en 2011 un inmediato impacto financiero y competitivo de 200 millones de dólares canadienses o más.
31. 312. El Gobierno describe a continuación el efecto de la interrupción del trabajo en las personas vulnerables. Para ello se remite a una serie de datos estadísticos que indican que, en 2010, las personas de 65 años o más representaban el 14,1 por ciento de la población canadiense (más de 4 800 000 personas), y que aproximadamente el 60 por ciento de estas personas no utilizaban Internet y, por consiguiente, dependían del servicio postal para el suministro de algunos artículos de vital importancia. El servicio de correos también es un mecanismo de suma importancia para las personas con discapacidades que dependen de apoyos relacionados con las discapacidades, así como para las personas que habitan en zonas rurales y remotas. La compra en línea y la compra por catálogo son mecanismos alternativos que las personas con discapacidades y los habitantes de las zonas rurales pueden utilizar para adquirir los artículos que necesitan, de ahí que dependan del servicio postal para la entrega de esos artículos. Además, la Empresa de Correos del Canadá ofrece un servicio gratuito de envío de materiales para personas con discapacidad visual (por ejemplo audiolibros). Así pues, este grupo de población se ve particularmente afectado por cualquier interrupción de los servicios postales.
32. 313. El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales dependen de los servicios postales para la distribución de los cheques de asistencia social, como por ejemplo la prestación fiscal de la infancia para las familias de bajos ingresos. En el marco de los programas de seguro de empleo y de planes de pensión solamente el Gobierno federal envía cada año aproximadamente 32 054 000 de cheques. Los gobiernos provinciales y territoriales también distribuyen por correo cheques de asistencia (bienestar) social y cheques de prestaciones por discapacidad. Si bien se tomaron medidas en este sentido al iniciar la huelga y el cierre patronal, se informó que en algunas regiones del país no se habían respetado los acuerdos a que habían llegado la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW en relación con la distribución de los cheques de pensiones y de asistencia social.
33. 314. La mayoría de los ciudadanos cuentan con medios alternativos que pueden emplear en lugar de los servicios de la Empresa de Correos del Canadá, por ejemplo el uso del correo electrónico o el recurso a empresas de distribución privadas. Sin embargo, para la entrega de paquetes en zonas rurales remotas o aisladas estas empresas dependen a su vez de los servicios que ofrece la Empresa de Correos del Canadá. Ahora bien, durante el cierre patronal no fue posible clasificar el correo ni llevarlo de los centros de tratamiento a las oficinas de correos rurales, incluidos los envíos privados. El resultado fue una paralización casi completa de todos los servicios postales en todo el país, pese a que los carteros rurales no eran parte en el conflicto de la negociación colectiva entre la CUPW y la Empresa de Correos del Canadá. Así pues, en realidad no había otra alternativa para la distribución de artículos tales como los medicamentos con receta, los lentes, las dentaduras postizas o los documentos legales que requieren la firma de las personas que residen en esas zonas del país.
34. 315. Es evidente que la salud y la seguridad de un segmento de la población canadiense estaban en peligro. Como el acuerdo para distribuir los cheques de asistencia social no se respetaba cabalmente en todas las regiones algunas personas no podían adquirir los artículos de primera necesidad. Además, otras personas no estaban recibiendo los medicamentos con receta necesarios para su salud. El Ministerio de Trabajo recibió cerca de 19 000 cartas relacionadas con la interrupción del trabajo. Gran parte de esas cartas provenían de ciudadanos, trabajadores de la Empresa de Correos del Canadá y organizaciones caritativas e instituciones que pedían al Gobierno que interviniera para poner fin al cese de actividades de la empresa. El sindicato ejerció su derecho de huelga y posteriormente el empleador impuso un cierre patronal a sus trabajadores. La interrupción del trabajo había tenido un efecto considerable tanto en la débil recuperación de la economía canadiense como en los ciudadanos, sobre todo en la población vulnerable, y por ello había que impedir que la situación se prolongara indefinidamente.
35. 316. En opinión del Gobierno, la mejor manera de solucionar estos conflictos es concluyendo un convenio colectivo mediante un proceso de libre negociación colectiva. Sin embargo, cuando este proceso fracasa y las partes son incapaces de llegar a un acuerdo y recurren a una huelga o un cierre patronal que puede tener importantes consecuencias en la economía nacional o en el interés público, el derecho de los empleadores y de los sindicatos a resolver sus diferencias mediante huelgas y cierres patronales tiene que sopesarse teniendo en cuenta el interés público. El Gobierno del Canadá estima que la intervención legislativa era necesaria en vista de la difícil situación económica, y que las medidas adoptadas eran compatibles con los principios establecidos por la OIT.
36. 317. El proyecto de ley ha sido una medida adoptada como último recurso después de haber agotado todas las demás posibilidades. Al aplicar este recurso legislativo en la peculiar situación en que se hallaban ambas partes el Gobierno amplió la validez del convenio colectivo anterior a fin de garantizar que la Empresa de Correos del Canadá y el sindicato se rigieran por el último convenio que habían negociado. Así pues, los trabajadores contaban con las protecciones previstas, incluido el acceso a los procedimientos de formulación de quejas y arbitraje.
37. 318. En relación con el caso núm. 2821, el Gobierno sugiere que el Comité reconozca que, cuando un Gobierno considera que la tasa de los salarios no puede fijarse libremente mediante negociaciones colectivas por razones imperiosas relacionadas con el interés económico nacional y en el marco de su política de estabilización, tal restricción debería aplicarse como medida de excepción, limitarse a lo necesario, no exceder de un período razonable e ir acompañada de garantías apropiadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores. En opinión del Gobierno, la intervención legislativa se limitaba a la ronda de negociación colectiva de 2010, estaba adaptaba y dirigida a las dos partes en el conflicto, así como a las circunstancias específicas que condujeron al punto muerto entre esas partes exclusivamente, y protegía el nivel de vida de los trabajadores estableciendo un límite máximo para los aumentos salariales en lugar de congelar los salarios o reducir los puestos de trabajo (los miembros de la CUPW se beneficiaron de un aumento salarial superior a la tasa de inflación durante ese período).
38. 319. El proceso de arbitraje se consideró la mejor alternativa a la infructuosa negociación colectiva, ya que este es el proceso al que suele recurrirse para resolver dificultades sin solución aparente en la negociación colectiva y porque además ha dado buenos resultados en ocasiones anteriores. El proyecto de ley prevé que dicho proceso se base en un arbitraje sobre propuestas finales. Este mecanismo obliga a que las peticiones formuladas ante el árbitro sean razonables y garantiza que se emita una decisión sobre el conflicto. El Gobierno también formuló una serie de principios rectores que sirven de guía al árbitro en el proceso de toma de decisiones y permiten iniciar un proceso transparente basado en supuestos conocidos por las partes en el conflicto.
39. 320. Al promulgar el proyecto de ley el Gobierno hizo lo posible por asegurarse de que las dos partes tuvieran la posibilidad de retomar la negociación colectiva y concluir un convenio colectivo con el que ambas partes estuvieran de acuerdo. De ahí que el proyecto de ley prevea que, en caso de que las partes concluyan un convenio colectivo negociado antes de que el árbitro se pronuncie, el convenio negociado será lo que rija. El 19 de julio de 2012 los empleadores presentaron otra propuesta al sindicato. El 24 de agosto de 2012 el sindicato informó que ambas partes habían acordado celebrar discusiones. El Gobierno siguió animando a las dos partes a que negociaran y concluyan un convenio colectivo. En sus comunicaciones de fechas 23 y 31 de enero de 2013 el Gobierno informa que, el 20 de diciembre de 2012, los afiliados de la CUPW ratificaron los nuevos convenios colectivos con la Empresa de Correos del Canadá relativos a los trabajadores de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas por una parte y a los carteros rurales y sub-urbanos por otra. Los nuevos convenios colectivos entraron en vigor el 21 de diciembre de 2012 y tienen vigencia hasta el 2016. Las funciones que el árbitro desempeñaba en virtud de la ley cesaron el día en el que entraron en vigor los nuevos convenios colectivos.
40. 321. En conclusión, el Gobierno reitera su compromiso con los principios de libertad sindical y de negociación colectiva de la OIT. Subraya que ha hecho todo lo posible para apoyar y prestar asistencia a las partes en la negociación colectiva dentro del sólido marco legislativo de la parte primera del Código del Trabajo del Canadá, lo que incluye: ofrecer los servicios de un conciliador y un mediador, que se han reunido con las partes en más de 100 ocasiones, incluidas reuniones casi todos los días en los meses de abril y mayo de 2011; e intervenciones y tentativas de la propia Ministra de Trabajo para facilitar la conclusión de un convenio negociado entre la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW. Es evidente que el Gobierno quería dar prioridad a la negociación colectiva al celebrar consultas con la CUPW y la Empresa de Correos del Canadá.
41. 322. En los últimos cuatro años, el 94 por ciento de los procesos de negociación colectiva en los que han participado conciliadores y/o mediadores nombrados por el Gobierno consiguieron concluir un convenio colectivo sin una interrupción del trabajo. El Gobierno no recurre sin causa justificada a la legislación que ordena la reanudación de la actividad laboral, y en los últimos 12 años sólo en cuatro ocasiones ha adoptado esta medida de forma excepcional. En el mismo período han tenido lugar 34 cierres patronales y 122 huelgas legales en la jurisdicción federal.
42. 323. El Gobierno reitera su compromiso con el principio de prestar apoyo a los trabajadores y a la dirección en sus esfuerzos de cooperación para establecer buenas relaciones y prácticas constructivas de negociación colectiva, ampliando a tal efecto la prestación de servicios de mediación preventiva. En primer lugar, mediante una inversión de 1 millón de dólares canadienses durante dos años con cargo al presupuesto de 2011 y, en segundo lugar, asegurándose de que esta inversión siga haciéndose como parte de la Ley de Asignaciones. Esta nueva inversión permitirá que muchos empleadores y sindicatos sigan beneficiándose de este servicio de carácter voluntario.
43. 324. Los servicios de mediación preventiva ofrecen una gama de servicios cuya finalidad es mejorar las relaciones entre empleadores y sindicatos, así como mantener abiertos los canales de comunicación entre unos y otros. Para lograrlo se organizan talleres de formación sobre establecimiento de relaciones de colaboración a partir de relaciones de confrontación, negociación colectiva y solución conjunta de conflictos. Estos servicios también ayudan a empleadores y sindicatos a impedir el deterioro de sus relaciones de trabajo o a mejorar unas relaciones de trabajo tensas que puedan conducir a paros de la actividad laboral. Los servicios se ofrecen conjuntamente a empleadores y sindicatos a través de mediadores con una amplia experiencia tanto en los enfoques tradicionales como en los enfoques alternativos para abordar las relaciones de trabajo. Los servicios de mediación preventiva son gratuitos y pueden adaptarse de forma que respondan a las necesidades de un determinado lugar de trabajo.
44. 325. En el pasado se han prestado servicios de mediación preventiva a la Empresa de Correos del Canadá, los cuales siguen estando a disposición de la empresa estatal y de sus trabajadores representados por la CUPW. El Gobierno sabe que en este momento las partes están centrando sus esfuerzos en el proceso de arbitraje, y en el momento oportuno entrará en contacto con ellas para ofrecerles los servicios de mediación preventiva. El Gobierno estará entonces en condiciones de realizar un diagnóstico de las necesidades de las partes y de presentar un plan para la mejora de sus relaciones.
45. 326. El Gobierno tiene la firme convicción de que todas las partes que participan en la negociación colectiva deberían tener la posibilidad de solucionar sus conflictos de forma consensuada, y que no debería recurrirse sin causa justificada a la legislación que ordena la reanudación de la actividad laboral sino sólo en circunstancias excepcionales. El Gobierno sigue firmemente comprometido con el proceso de libre negociación colectiva, que considera el método más idóneo para concluir un convenio colectivo. De hecho, la inmensa mayoría de los convenios colectivos concluidos en la jurisdicción federal se renuevan mediante procesos de libre negociación colectiva. Por ejemplo, en 2011 se celebraron aproximadamente 407 negociaciones colectivas en los lugares de trabajo sujetos a normativas federales, y en la mayoría de los casos las partes pudieron concluir las negociaciones y llegar a un acuerdo. El proyecto de ley núm. C-6, por el que se dispone la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales, fue la única medida legislativa adoptada para resolver un conflicto laboral en 2011.
46. 327. Tras el estancamiento total de las negociaciones, y frente a la falta de acuerdo entre las partes, el Gobierno no podía permitir que las graves consecuencias de esta interrupción del trabajo siguieran afectando negativamente a la economía del país y a sus ciudadanos, incluidos los grupos de población más vulnerables. Ante la disyuntiva de intervenir o aceptar un paro laboral prolongado con importantes efectos en la débil recuperación de la economía nacional y en las personas vulnerables, el Gobierno optó por una respuesta prudente, comedida y aplicable durante un período razonable que ofrecía a las partes la posibilidad de presentar sus propuestas ante un árbitro independiente. El proyecto de ley núm. C-6 prevé la ampliación de la protección del convenio colectivo negociado previamente; está redactado de forma que se respete el proceso de negociación colectiva, y no impide que el empleador y el sindicato concluyan un nuevo convenio colectivo antes de que el árbitro se pronuncie. Dieciocho meses después de la promulgación del proyecto de ley núm. C-6 las partes finalmente lograron concluir y firmar un nuevo convenio colectivo.
47. 328. Habida cuenta de la índole excepcional de la situación en que se encontraban las dos partes en el conflicto, el Gobierno solicita respetuosamente que se desestime la queja presentada.

C. Conclusiones del Comité

1. 329. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante alega que al promulgar el proyecto de ley por el que se dispone la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales y se pone fin a la huelga (proyecto de ley núm. C-6), el Gobierno federal interrumpió la negociación colectiva entre la Unión Canadiense de Trabajadores de los Servicios Postales (CUPW-STTP) y la Empresa de Correos del Canadá y remitió el conflicto a un arbitraje obligatorio y vinculante, violando con ello el ejercicio de la libertad sindical y estableciendo un precedente peligroso de intervención prematura del Gobierno en conflictos laborales que no atañen a las industrias de servicios esenciales.
2. 330. El Comité toma nota de que, en opinión de la organización querellante, el Gobierno del Canadá ha violado el Convenio núm. 87 al promulgar el proyecto de ley núm. C-6, pues con ello se impidió a los trabajadores de los servicios postales de la Empresa de Correos del Canadá, representados por la CUPW-STTP, participar en negociaciones colectivas libres y ejercer su derecho a la huelga, imponiendo en su lugar un arbitraje obligatorio sobre propuestas finales y poniendo fin a la huelga, aun cuando las partes habían fijado una serie de protocolos sobre servicios esenciales. En particular, el Comité toma nota de la indicación de la organización querellante de que el proyecto de ley núm. C-6: i) restablecía el convenio colectivo que había expirado hasta cuando se definiera un nuevo convenio; ii) imponía por vía legislativa aumentos salariales muy por debajo de la última oferta del empleador, lo que, según la organización querellante, representaba un robo de 35 millones de dólares canadienses a los trabajadores de los servicios postales y sus familias, y iii) preveía que el nuevo convenio colectivo fuera determinado por un árbitro nombrado por el Gobierno mediante un arbitraje sobre propuestas finales (cada una de las partes debería presentar un proyecto de convenio colectivo y el árbitro se encargaría de escoger uno en su totalidad).
3. 331. La Comisión toma nota de la breve cronología presentada por la organización querellante, en particular de los siguientes eventos: en torno al 21 de octubre de 2010 el sindicato y la empresa iniciaron las negociaciones con miras al convenio colectivo de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas. El 21 de enero de 2011 el sindicato solicitó un procedimiento de conciliación. El 31 de enero expiró el convenio colectivo. El 11 de abril el sindicato anunció una votación del 94,5 por ciento en favor de la huelga. El proceso de conciliación se amplió hasta el 3 de mayo, y el 4 de mayo se puso en marcha el proceso de mediación. El sindicato envió el aviso de huelga el 30 de mayo. El mismo día la empresa anunció que el convenio colectivo de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas ya no estaba en vigor, y que la atención odontológica, otológica y oftalmológica, así como los planes para ampliar la atención médica se detenían de inmediato. La empresa también comenzó el despido de trabajadores temporales. El sindicato inició una serie de huelgas rotatorias a las 23.59 horas. El 10 de junio el sindicato ofreció reanudar el trabajo si la empresa restablecía el convenio colectivo que acababa de expirar pero la empresa rechazó el ofrecimiento. El 14 de junio, aproximadamente a las 23.30 horas, la empresa anunció un cierre patronal en todo el país y la dirección supervisó la salida de los trabajadores de las oficinas de correos de todo el país fuera de los lugares de trabajo. Los afiliados al sindicato comenzaron a organizar piquetes en todos los lugares donde trabajaban miembros del grupo de negociación de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas en el momento en que se impuso el cierre patronal. El 15 de junio de 2011 por la mañana la Ministra de Trabajo manifestó que había recibido muy pocas quejas relacionadas con el conflicto laboral. La Ministra anunció por la tarde que se iba a aplicar la legislación que ordena la reanudación de la actividad laboral. El sindicato seguía celebrando reuniones con la empresa y el mediador a fin de lograr un nuevo convenio colectivo de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas. El 20 de junio el Gobierno federal presentó ante el Parlamento el proyecto de ley núm. C-6. El sindicato siguió haciendo grandes esfuerzos para solucionar el conflicto laboral. El 25 de junio el Parlamento aprobó el proyecto de ley núm. C-6 y el 26 del mismo mes lo hizo el Senado. Los afiliados al sindicato comenzaron a reanudar la actividad laboral el 27 de junio de 2011 por la tarde.
4. 332. El Comité toma nota de que el Gobierno disiente de los alegatos formulados y pide con todo respeto que se desestime la queja. Toma nota de la declaración general del Gobierno, según la cual: i) la Empresa de Correos del Canadá, una empresa estatal sujeta a la legislación federal sobre relaciones laborales, es de vital importancia para las personas de edad o con discapacidades que viven en zonas rurales y remotas a efectos de la distribución de artículos necesarios y de importancia capital, como medicamentos con receta y cheques de bienestar social, cheques de pensión y otros cheques de asistencia que el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales envían por correo; ii) la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW tienen una larga y enconada historia de negociaciones colectivas que a menudo ha conducido a un cese de las actividades; iii) la situación económica en el momento de la interrupción del trabajo era muy preocupante, ya que los efectos de la crisis económica y financiera mundial aún no habían desaparecido, y iv) el Gobierno reitera su compromiso de respetar los principios de libertad sindical y de negociación colectiva de la OIT.
5. 333. El Comité toma nota asimismo del resumen que presenta el Gobierno de la historia de la ronda de negociaciones de 2011 entre la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW, en particular de los siguientes eventos: en octubre de 2010 las partes entablaron negociaciones directas con miras a la renovación del convenio colectivo (cuya expiración estaba prevista para el 31 de enero de 2011). Tras haber llegado a un punto muerto en las negociaciones directas, el 21 de enero de 2011 se recibió una notificación de conflicto. El 31 de enero el Ministerio de Trabajo nombró un conciliador que se reunió con las partes los días 2, 9 y 10, del 22 al 25 y el 28 de febrero de 2011, y todos los días desde el 1.º al 15 de marzo, del 21 al 24 y del 28 al 31 de marzo de 2011. El 11 de marzo la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW firmaron un acuerdo sobre el tratamiento y distribución de los cheques del Gobierno en caso de interrupción de los servicios postales a consecuencia de una huelga o cierre patronal (adjunto a la queja). El 18 de abril la CUPW anunció que el 94,5 por ciento de sus afiliados habían votado en favor de la huelga. El proceso de conciliación, que estaba previsto concluyera el 31 de marzo de 2011, fue ampliado por el Ministerio de Trabajo hasta el 3 de mayo. El conciliador se reunió de nuevo con las partes de forma continua los días 1.º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 21 y 25 a 29 de abril y los días 2 y 3 de mayo de 2011, tras lo cual concluyó el proceso de conciliación sin ningún resultado. Más adelante, el 5 de mayo, el Ministerio de Trabajo nombró un mediador, que se reunió con las partes todos los días desde el 5 al 31 de mayo de 2011. En el curso de estas negociaciones se intercambiaron numerosas propuestas y contrapropuestas que sumaron 11 en total. Las partes no llegaron a un acuerdo y sus posiciones seguían estando muy alejadas en numerosos puntos. El 2 de junio el sindicato inició una acción de huelga mediante huelgas rotatorias en varias ciudades, las cuales comenzaron a afectar a personas vulnerables y empresas comerciales que dependen de la Empresa de Correos del Canadá. El 15 de junio la Empresa de Correos del Canadá declaró un cierre patronal en todo el país con arreglo a lo dispuesto en el Código del Trabajo. En ese momento la Ministra de Trabajo celebró varias reuniones con cada una de las partes (el 31 de mayo y los días 1.º, 2 y 10 de junio de 2011). El 20 de junio de 2011 el Ministerio de Trabajo presentó el proyecto de ley núm. C-6, por el que se disponía la reanudación y el mantenimiento de los servicios postales. Las partes tuvieron cinco días entre la presentación del proyecto y la sanción real de dicho proyecto para intentar solucionar el conflicto. Con la ayuda del mediador, las partes se reunieron con la Ministra, el director general del FMCS y otros altos funcionarios, y prosiguieron con las negociaciones y discusiones en torno a las condiciones del acuerdo. Desafortunadamente las partes no pudieron llegar a un acuerdo, lo que puso de manifiesto que el conflicto no podría solucionarse sin el recurso a una medida legislativa. El proyecto de ley, aprobado pocas horas después por la Cámara de los Comunes, se remitió al Senado. El proyecto recibió la sanción real el 26 de junio de 2011 y entró en vigor al día siguiente. Los miembros de la CUPW comenzaron a reintegrarse gradualmente a sus puestos de trabajo a partir del 27 de junio de 2011.
6. 334. Además, el Comité toma nota de las explicaciones del Gobierno según las cuales: i) éste sigue firmemente comprometido con el proceso de libre negociación colectiva, que considera el método más idóneo para concluir un convenio colectivo, y no recurre sin causa justificada a la legislación que ordena la reanudación de la actividad labora sino sólo en circunstancias excepcionales; sin embargo, hacia el 15 de junio las partes habían estado negociando en vano durante nueve meses, incluso mientras se desarrollaban las acciones de huelga, y habían recibido la asistencia de un funcionario de conciliación y mediación nombrado por el Ministerio sin que ello reportara ningún resultado positivo, y las propuestas de las partes en relación con los salarios seguían estando muy alejadas entre sí; el proyecto de ley había sido una medida adoptada como último recurso después de haber agotado todas las demás posibilidades; ii) se calculaba que el cese de actividades en la Empresa de Correos del Canadá en 2011 hubiera causado pérdidas para la economía canadiense de entre 9 y 31 millones de dólares canadienses semanales; iii) aunque el impacto real de la interrupción del trabajo de junio de 2011 aún no se conocía, la Empresa de Correos del Canadá había calculado que la interrupción del trabajo había tenido en 2011 un inmediato impacto financiero y competitivo de 200 millones de dólares canadienses o más; iv) el impacto del cese de actividades en las personas vulnerables, como las personas de edad, las personas con discapacidades, las personas que habitan en zonas rurales y remotas y las familias de bajos ingresos también era considerable. Durante el cierre patronal no había sido posible clasificar el correo ni llevarlo de los centros de tratamiento a las oficinas de correos rurales, de modo que en realidad no había otra alternativa distinta a la Empresa de Correos del Canadá, por ejemplo las empresas de distribución privadas, para la distribución de artículos como medicamentos con receta, lentes, dentaduras o documentos legales que requieran la firma de las personas que residen en esas zonas del país, etc. Si bien se habían tomado medidas en este sentido al iniciar la huelga y el cierre patronal, se informó que en algunas regiones del país no se habían respetado los acuerdos a que habían llegado la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW sobre la distribución de los cheques de pensiones y de asistencia social, lo que había dado lugar a que muchas personas no pudieran adquirir los artículos de primera necesidad. Era evidente que la salud y la seguridad de un segmento de la población canadiense estaban en peligro; v) la intervención legislativa, que amplió la validez del colectivo negociado previamente para garantizar la protección de los trabajadores (incluido el acceso a los procedimientos de formulación de quejas y arbitraje), se limitaba a la ronda de negociación colectiva de 2010, estaba adaptaba y dirigida a las dos partes en el conflicto, así como a las circunstancias específicas que habían conducido al punto muerto entre esas partes exclusivamente, y protegía el nivel de vida de los trabajadores estableciendo un límite máximo para los aumentos salariales en lugar de congelar los salarios o reducir los puestos de trabajo (los miembros de la CUPW se habían beneficiado de un aumento salarial superior a la tasa de inflación durante ese período), y vi) el proyecto de ley preveía que, en caso de que las partes concluyeran un convenio colectivo negociado antes de que el árbitro se pronunciara, el convenio negociado era lo que iba a regir, garantizando de este modo que las dos partes tendrían la posibilidad de retomar la negociación colectiva y concluir un convenio colectivo con el que ambas partes estuvieran de acuerdo; 18 meses después de la promulgación del proyecto de ley en 2011 las partes habían concluido dos convenios colectivos. El Comité toma nota asimismo de que el Gobierno entrará en contacto con las partes en el momento oportuno para ofrecerles los servicios de mediación preventiva, con lo que estará en condiciones de realizar un diagnóstico de las necesidades de las partes, así como de presentar un plan para la mejora de sus relaciones.
7. 335. En cuanto al efecto del proyecto de ley núm. C-6 de ordenar a los trabajadores de los servicios postales a reiniciar sus labores y, por tanto, a poner fin a la huelga que se estaba llevando a cabo, el Comité tiene que recordar que siempre ha reconocido el derecho de huelga como un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales, y que el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse: 1) en la función pública sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 521 y 576]. A este respecto, el Comité recuerda que siempre ha considerado que los servicios postales no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término.
8. 336. Además, el Comité ya tuvo que examinar quejas relativas a la continuación obligatoria de los servicios postales en detrimento del legítimo ejercicio del derecho de huelga. En ambas ocasiones, relativas a Canadá, el Comité ha concluido que es difícil conceder que estas interrupciones del trabajo puedan tener las consecuencias que caracterizan a los servicios esenciales en el sentido estricto del término (véase el caso núm. 1451 (Canadá), 268.º informe, párrafo 98; y el caso núm. 1985 (Canadá), 316.º informe, párrafo 321). Aunque siempre ha tenido en cuenta el hecho de que una interrupción prolongada de los servicios postales puede afectar a terceros totalmente ajenos a los conflictos que oponen a las partes interesadas, por ejemplo podría tener graves repercusiones en las empresas o afectar directamente a las personas (sobre todo a los beneficiarios de prestaciones de desempleo o de asistencia social y a las personas de edad que dependan de ellos para el pago de sus pensiones), el Comité ha considerado sin embargo que, en cualquier caso, y por lamentables que sean esas consecuencias, ello no justifica una restricción del derecho fundamental de libertad sindical, salvo si su gravedad es de tal magnitud que ponen en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (véase el caso núm. 1985 (Canadá), 316.º informe, párrafo 322).
9. 337. El Comité toma nota con preocupación de los efectos en terceros descritos por el Gobierno, como en las personas de edad que requieren medicamentos con receta, las personas con discapacidades que requieren determinados artículos, o las personas que viven en zonas rurales o remotas. Para abordar esta cuestión, el Comité recomendó en un caso anterior que el Gobierno, de común acuerdo con el sindicato interesado, contemple la posibilidad de establecer unos servicios mínimos (véase el caso núm. 1985 (Canadá), 316.º informe, párrafo 324). El Comité acoge con satisfacción las medidas que se han adoptado desde entonces con miras a establecer un protocolo de servicios mínimos acordado por las partes mediante un protocolo elaborado por el sindicato, el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales con el objeto de permitir el tratamiento y distribución de los cheques sociales y económicos (una cuestión que se había examinado en el caso anterior). Puesto que el protocolo de servicios mínimos había sido negociado por el sindicato y la Empresa de Correos de la que es propietaria el Gobierno del Canadá precisamente con el objeto de prevenir efectos negativos en terceros y garantizar que las necesidades básicas de los usuarios vulnerables quedaran cubiertas en caso de huelga, el Comité expresa su preocupación por la decisión del Gobierno de emitir una orden de reanudación total del trabajo, en lugar de haber tomado, de forma más limitada, las medidas necesarias para garantizar el respeto pleno del protocolo de servicios mínimos.
10. 338. El Comité toma nota a este respecto de la afirmación de la organización querellante de que había cumplido el protocolo. En su respuesta el Gobierno señala que el acuerdo a que habían llegado la Empresa de Correos del Canadá y la CUPW sobre la distribución de los cheques de pensiones y de asistencia social no se había respetado en algunas regiones del país, sin dar mayores detalles o precisar de qué manera se había violado el protocolo. El Comité observa que tras la huelga se produjo un cierre patronal total. Observando que el cierre patronal total y generalizado — que implicó el cierre de todos los centros de tratamiento y oficinas de correo — tuvo que haber dificultado el respeto del protocolo de servicios mínimos, el Comité, recordando que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen para promover y defender sus intereses profesionales, considera que el Gobierno tendría que haber limitado su intervención a garantizar el cumplimiento del protocolo de servicios mínimos que se había negociado.
11. 339. En cuanto a la indicación del Gobierno de que, a raíz de la crisis económica y financiera mundial, la frágil situación de la economía canadiense y de la Empresa de Correos del Canadá en particular, habían registrado pérdidas importantes durante el cese de actividades, el Comité ha observado en otras ocasiones que no se pueden invocar razones económicas para justificar las restricciones del derecho de huelga; no obstante, recuerda una vez más que en caso de paralización de un servicio no esencial en el sentido estricto del término de un sector de muy alta importancia del país se puede justificar la imposición de un servicio mínimo (véase el caso núm. 2841, 362.º informe, párrafo 1041). En vista de lo que antecede, el Comité pide una vez más al Gobierno que en el futuro no escatime esfuerzos para evitar tener que recurrir a una legislación que ordene la reanudación de la actividad laboral en el sector de los servicios postales y limite sus intervenciones a garantizar el cumplimiento del protocolo de servicios mínimos que se haya convenido.
12. 340. En cuanto al efecto del proyecto de ley núm. C-6 de imponer un mediador nombrado por el Gobierno, que se encargaría de tomar una decisión sobre el nuevo convenio colectivo mediante un arbitraje sobre propuestas finales, el Comité desea ante todo reconocer los considerables esfuerzos desplegados por el Gobierno para apoyar y prestar asistencia a las partes en la solución del conflicto, incluidos los servicios de un conciliador y un mediador nombrados por el Gobierno, que se reunieron con las partes en más de 100 ocasiones (incluidas reuniones casi todos los días en los meses de abril y mayo de 2011) y las intervenciones y tentativas de la propia Ministra de Trabajo para facilitar la conclusión de un convenio negociado. Con la excepción de los casos que afectan a servicios esenciales, el Comité recuerda que el arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto laboral colectivo y a una huelga sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas en el conflicto o en los casos en que la huelga puede ser limitada o incluso prohibida, es decir, en los casos de conflicto dentro de la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (a saber, servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población). Considera que un sistema de arbitraje obligatorio por la autoridad del trabajo, cuando un conflicto no se ha solucionado por otros medios, puede tener por resultado restringir considerablemente el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades e incluso imponer indirectamente una prohibición absoluta de la huelga, en contra de los principios de la libertad sindical. Además, el Comité subraya que las disposiciones que establecen que a falta de acuerdo entre las partes los puntos en litigio de la negociación colectiva serán decididos por arbitraje de la autoridad no están en conformidad con el principio de negociación voluntaria [véase Recopilación, op. cit., párrafos 564, 568 y 993].
13. 341. El Comité entiende que el procedimiento de arbitraje impuesto por vía legislativa se ha dilatado debido a que los dos nombramientos del Gobierno para la función de árbitro han sido anulados por la Corte Federal mediante dos decisiones, la primera de fecha 27 de enero de 2012 por causa de calificaciones insuficientes, y la segunda de fecha 8 de agosto de 2012 por dudas en cuanto a la imparcialidad. A este respecto, el Comité desea recordar que en conflictos colectivos, lo esencial es que todos los miembros de los órganos encargados de esas funciones no sólo sean estrictamente imparciales, sino que también lo parezcan, tanto a los empleadores como a los trabajadores interesados para obtener y conservar la confianza de ambas partes, de lo cual depende realmente el funcionamiento eficaz del arbitraje, aun cuando sea obligatorio [véase Recopilación, op. cit., párrafo 598]. El Comité sugiere al Gobierno y a los interlocutores sociales que consideren la posibilidad de discutir una lista de posibles árbitros que gocen de la confianza de las partes en caso de que en el futuro haya que recurrir a un proceso de arbitraje.
14. 342. Por otra parte, el Comité aprecia que, como señala el Gobierno, el artículo 13, 1), del proyecto de ley disponga que nada en dicho proyecto impide que el empleador y el sindicato concluyan un nuevo convenio colectivo antes de que el árbitro se pronuncie, y que las funciones del árbitro cesan tan pronto se concluya un nuevo convenio. El Comité también desea reconocer el compromiso del Gobierno con el proceso de negociación colectiva, que considera la mejor manera de concluir un nuevo convenio colectivo, así como la voluntad que ha demostrado y los esfuerzos que ha desplegado tras la adopción del proyecto de ley para alentar a las partes a retomar las negociaciones y concluir un convenio colectivo con el que ambas partes estén de acuerdo antes de llegar al arbitraje sobre propuestas finales. Al mismo tiempo que lamenta que el Gobierno se haya sentido obligado a recurrir al procedimiento de arbitraje obligatorio en este conflicto, que podría haber limitado el derecho de negociación colectiva como medio para reglamentar las condiciones de empleo en un servicio no esencial, el Comité toma nota de que, entretanto, tras intensas negociaciones entre las partes desde agosto hasta octubre de 2012, el 20 de diciembre se haya concluido y firmado dos nuevos convenios colectivos para los trabajadores de la Unidad Postal de Operaciones Urbanas y para los carteros rurales y sub-urbanos. El Comité toma nota de este hecho pero sigue estando firmemente convencido de que, a fin de establecer un clima de relaciones laborales armónico, sería más adecuado que el Gobierno en el futuro evitara realizar intervenciones legislativas de este tipo, y que en su lugar fomentara procesos de negociación colectiva verdaderamente libres y voluntarios, que no se llevaran a cabo bajo la amenaza de imponer el convenio mediante un arbitraje sobre propuestas finales obligatorio, y alentara someter los conflictos laborales a un arbitraje imparcial e independiente que pudiera solucionarlos de manera satisfactoria para las partes interesadas.
15. 343. En cuanto al efecto del proyecto de ley núm. C-6 de imponer condiciones de empleo (incrementos salariales), hecho que no deja de tener importancia pese a la conclusión de convenios colectivos entre las partes (artículo 13, 3), del proyecto de ley), el Comité toma debida nota de la indicación del Gobierno en el sentido de que la intervención legislativa había sido necesaria en razón de que la situación de la economía canadiense, que apenas estaba mostrando indicios de recuperación de la recesión desencadenada tras la crisis económica y financiera mundial, todavía era preocupante en el momento en que ocurrieron los hechos. El Comité ha reconocido con anterioridad que, si en virtud de una política de estabilización un gobierno considerara que las tasas de salarios no pueden fijarse libremente por negociación colectiva, tal restricción debería aplicarse como medida de excepción, limitarse a lo necesario, no exceder de un período razonable e ir acompañada de garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores [véase Recopilación, op. cit., párrafo 1024]. Además, a pesar de que los hechos de cada caso deben ser considerados, siempre ha subrayado que un período de tres años de limitación del derecho de negociación colectiva en materia de remuneraciones en el marco de una política de estabilización económica, constituye una restricción considerable, y la legislación que la impone debería dejar de tener efecto como máximo en las fechas previstas en la ley, o incluso antes si mejora la situación fiscal y económica [véase Recopilación, op. cit., párrafo 1025]. Por otra parte, puesto que en el pasado ha considerado excesiva una duración de las restricciones a la negociación colectiva de tres años y nueve meses (véase 330.º informe, caso núm. 2166, párrafo 293), el Comité observa que, en el presente caso, el aumento salarial, presuntamente inferior al indicado en la última oferta de negociación del empleador pero superior a la tasa de inflación pertinente, se han impuesto por vía legislativa para 2011, 2012, 2013 y 2014. Aunque toma nota de que el proyecto de ley busca proteger el nivel de vida de los trabajadores, el Comité considera en este caso que los incrementos salariales impuestos por vía legislativa para un período de cuatro años limita de forma excesiva el derecho de negociación colectiva en materia de remuneraciones y, por tanto, la autonomía de las partes en la negociación. Así pues, el Comité insta encarecidamente al Gobierno a que promueva la negociación colectiva entre las partes en lo tocante a los incrementos salariales impuestos unilateralmente por vía legislativa, de ser necesario con la ayuda de una conciliación o arbitraje voluntarios bajo la autoridad de personas que cuenten con la confianza de las partes interesadas. El Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación a este respecto.
16. 344. De manera más general, el Comité acoge con agrado la indicación de que el Gobierno ha ampliado la prestación de servicios de mediación preventiva, su promesa de entrar en contacto con las partes en el momento oportuno para ofrecerles estos servicios, realizar un diagnóstico de las necesidades de las partes y presentar un plan para la mejora de sus relaciones, y confía en que se adopten en breve estas medidas encaminadas a la promoción general de la negociación colectiva entre las partes. El Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación a este respecto.

Recomendaciones del Comité

1. 345. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
   • a) el Comité pide al Gobierno que en el futuro no escatime esfuerzos para evitar tener que recurrir a una legislación que ordene la reanudación de la actividad laboral en el sector de los servicios postales y limite sus intervenciones a garantizar el cumplimiento del protocolo de servicios mínimos que se haya convenido;
   • b) el Comité urge al Gobierno a que haga esfuerzos adicionales para promover la negociación colectiva entre las partes en lo tocante a los incrementos salariales impuestos unilateralmente por vía legislativa, de ser necesario con la ayuda de una conciliación o arbitraje voluntarios bajo la autoridad de personas que cuenten con la confianza de las partes interesadas. El Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación a este respecto, y
   • c) en general, el Comité acoge con agrado la indicación de que el Gobierno ha ampliado la prestación de servicios de mediación preventiva, su promesa de entrar en contacto con las partes en el momento oportuno para ofrecerles estos servicios, realizar un diagnóstico de las necesidades de las partes y presentar un plan para la mejora de sus relaciones, y confía en que se adopten en breve estas medidas encaminadas a la promoción general de la negociación colectiva entre las partes. El Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación a este respecto.