Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Costa Rica (Ratificación : 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) recibidas el 31 de agosto de 2021. La Comisión toma nota igualmente de las respuestas del Gobierno a las mismas, recibidas el 26 de enero de 2022.

Partes I y II del Convenio.Mejoramiento del nivel de vida. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al informe análisis de los desafíos del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022. El objetivo principal del PNDIP se titula «Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad», y está vinculado a cinco metas nacionales relacionadas con producción, empleo, pobreza, desigualdad y descarbonización. Entre los desafíos a la implementación del PNDIP identificados en el informe figuran la reducción de los niveles de pobreza multidimensional y detener el crecimiento del nivel de desigualdad. En particular, el informe indica que, entre 2014 y 2019, la pobreza multidimensional se redujo en 5,1 puntos porcentuales mientras que el nivel de desigualdad aumentó del 0,512 al 0,508 del coeficiente de Gini. También señala que, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), los hogares que se encontraban en pobreza extrema se redujeron del 6,7 al 5,8 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, durante el mismo periodo, la pobreza en los hogares en los que las mujeres son jefas de hogar aumentó del 43,3 al 48,4 por ciento. Además, según el señalado informe, se implementó el Programa «Avancemos», con miras a reducir la pobreza en 2019, que entregó 200 923 transferencias económicas. Adicionalmente, en 2019, el Programa «Crecemos» otorgó 203 401 becas a estudiantes de primaria y 2 369 a madres adolescentes. El informe señala asimismo que, debido a los efectos negativos de la pandemia de COVID-19, la tasa de desempleo subió, alcanzando el 24 por ciento en el segundo trimestre del 2020. Además, entre 2014 y el 2019, la inversión social del país aumentó del 22,7 por ciento al 23,91 por ciento. La Comisión también toma nota de que, según datos de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de empleo informal aumentó del 46 al 47 por ciento entre el 2019 y el primer trimestre de 2020. Con respecto a las condiciones de vivienda del país, el informe indica que al 2019, de un total de 1 578 161 viviendas, 4 931 no contaban con servicio de electricidad, 67 271 viviendas no poseían servicio de agua, 6 416 no tenían tubería y 5 316 viviendas no contaban con tanque séptico. La Comisión toma nota también de la información proporcionada por el Gobierno en relación con una serie de intervenciones vinculadas con personas en situación de vulnerabilidad, realizadas en 2019, las cuales incluyen, entre otras, medidas relativas a la articulación de programas sociales selectivos para la atención básica e integral de los hogares en situación de pobreza y para la atención de adultos mayores; programas de equidad social para la educación pública; programas destinados a combatir el déficit habitacional de población de escasos recursos económicos; y medidas destinadas a la ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado de algunas la ciudades. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de la CTRN, en que sostiene que la información proporcionada por el Gobierno no representa la situación actual del país. La CTRN denuncia que la población se ha empobrecido, la salud se ha deteriorado, la brecha social se ha acrecentado y el desempleo ha crecido. La CTRN sostiene que, entre 2019 y 2020, los niveles de pobreza aumentaron del 21 por ciento al 30,4 por ciento, mientras que los niveles de pobreza extrema aumentaron del 5,8 por ciento al 11 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada, incluyendo estadísticas desagregadas por sexo y edad, sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas implementadas con miras a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población costarricense (artículo 2), especialmente en relación con los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como niños, mujeres, personas con discapacidades, comunidades indígenas y afrodescendientes, personas LGBTI y personas que viven con el HIV.

Artículo 4.Productores agrícolas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en 2019, el sector agropecuario aportó el 4,8 por ciento del PIB y que entre el 2017 y el primer trimestre del 2020, este sector ocupó el segundo lugar como generador de empleo. En lo que concierne a las personas productoras, el Gobierno informa que el 84,4 por ciento son hombres y 15,6 por ciento son mujeres. El Gobierno añade que el índice de pobreza en el ámbito rural disminuyó del 25,1 por ciento en 2018 al 24,2 por ciento en 2019. La Comisión toma nota no obstante, de que por su parte, la CTRN señala que, entre 2019 y 2020, el nivel de pobreza en las zonas rurales aumentó del 24,2 por ciento al 31,6 por ciento. El Gobierno informa de que el gasto presupuestario destinado al sector agropecuario en 2019 fue de 261 866,5 millones de colones costarricenses. El Gobierno asimismo se refiere a la ejecución entre 2019 y 2020 de una serie de proyectos con miras a mejorar el nivel de vida de los productores agrícolas, que incluyen medidas relativas al aumento de la capacidad de producción, tales como la creación de nuevas infraestructuras, crédito rural, seguridad alimentaria y capacitaciones virtuales. Por último, el Gobierno se refiere a la implementación de una serie de políticas en el marco del PNDIP, con el objeto de guiar la institucionalidad agropecuaria, entre ellas: Lineamientos de Política 20192022 para el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural; Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030; Política Nacional de Semillas; Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial Costarricense (PEDRT) 2015-2030; Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada, incluyendo estadísticas desglosadas por sexo y edad, sobre las medidas adoptadas para aumentar la capacidad de producción y mejorar el nivel de vida de los productores agrícolas, así como sobre el resultado de las mismas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre los resultados alcanzados por laspolíticasimplementadas en el marco del PNDIP, con el objeto de guiar la institucionalidad agropecuaria.

Parte III.Trabajadores migrantes. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que enviara información sobre las medidas adoptadas con miras a garantizar que las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares tuvieran en cuenta sus necesidades familiares normales. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que no ha tomado ninguna acción al respecto y que no se han celebrado acuerdos entre empleadores y trabajadores para conciliar las responsabilidades profesionales y familiares. El Gobierno añade que el artículo 38 del Código del Trabajo prevé que el patrono deberá pagar diariamente los gastos razonables de ida y retorno del trabajador, siempre que haya diez o más kilómetros de separación entre su residencia habitual y su lugar de trabajo, lo cual cubre al trabajador migrante. Por otra parte, en su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que enviara información sobre el impacto de las medidas adoptadas en relación con los trabajadores empleados en las plantaciones de bananas y piñas, particularmente aquellos trabajadores procedentes de las comunidades indígenas Ngäbe y Buglé. En este sentido, el Gobierno indica que, en el marco del proyecto «Implementando una Cultura de Cumplimiento Laboral en el Sector Agroexportador de Costa Rica», 11 inspectores de trabajo fueron capacitados para aprender la lengua de la comunidad Ngäbe Buglé en 2021, a fin de que, en el ámbito de sus funciones, consulten a los trabajadores indígenas sobre su horario de trabajo, tiempos de almuerzo, seguros, pólizas, condiciones en las que habitan, entre otros. Asimismo, estos inspectores llevaron a cabo diversas medidas de difusión en español como en Ngäbere. El Gobierno también se refiere a la sistematización, entre 2014 y 2018, de centros de atención integral que proporcionan alimentación a más de 600 niños en todo el país que pertenecen a familias indígenas, migrantes y trabajadores de plantaciones agrícolas, instaladas en fincas de café privadas. La iniciativa surgió en 2014, con el objeto de proteger los derechos de las niños/as indígenas Ngäbe y Buglé. El Gobierno también se refiere al Protocolo para la implementación de los lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante en el marco de la pandemia de COVID-19, que tiene por objeto la prevención y mitigación de contagios del virus, específicamente en las fincas y productores de café que reciben mano de obra migrante e indígenas NgäbeBuglé. Por otro lado, la Comisión toma nota de que, según la Dirección General de Migración y Extranjería, entre el 1.º de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 6 638 trabajadores nicaragüenses entraron en Costa Rica, de los cuales, solo 451 presentaron documentación. Entre el 20 de agosto de 2020 y el 15 de enero de 2021, 6 510 trabajadores indígenas Ngäbe y Buglé entraron al país, de los cuales 6 026 presentaron documentación. Dichos trabajadores entraron al país con el objeto de trabajar en las plantaciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no cuenta con estadísticas desagregadas por sexo y edad para esta categoría de trabajadores. Por último, con respecto a la solicitud anterior de la Comisión, relativa al impacto de la cooperación en materia de migración laboral entre las autoridades del Gobierno de Panamá, en relación con los migrantes de las comunidades indígenas Ngäbe y Buglé, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que a la fecha no se ha llevado a cabo ningún estudio sobre el impacto de dicha cooperación.

La Comisión toma nota con preocupación de que, en sus observaciones, la CTRN denuncia violaciones en materia de tiempo de trabajo, salarios, condiciones de trabajo, protección social y derechos sindicales que sufren los trabajadores, mayoritariamente migrantes e indígenas, que trabajan en plantaciones de banana, de piña, caña de azúcar, entre otras. También se refieren a la falta de inspecciones en el sector y de una mejor planificación de las mismas. Asimismo, la Comisión toma de que la CTRN sostiene que los niños, niñas y adolescentes migrantes e indígenas se ven obligados frecuentemente a trabajar para aumentar sus ingresos familiares debido a su condición de vulnerabilidad y marginalidad. A este respecto, la Comisión se refiere a su HYPERLINK "https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4118022,102599" solicitud directa de 2021 relativa a la aplicación del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), en los que tomó nota de las observaciones de la CTRN, que sostenían que el trabajo doméstico infantil se realiza a menudo sin remuneración económica a cambio y que está compuesto en gran medida por niños y niñas migrantes. Además, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus conclusiones finales del 4 de marzo de 2020, en lo concerniente al nivel de vida de los niños, expresó su preocupación que, según la Encuesta Nacional de Hogares 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 34 por ciento de los niños en Costa Rica viven en una situación de pobreza y el 12 por ciento en la extrema pobreza. El Comité también observó con preocupación las privaciones que sufren los niños migrantes y los niños con discapacidad que viven en zonas rurales, costeras y fronterizas (documento CRC/C/CRI/CO/5-6, párrafo 39). La CTRN concluye que, dada la gravedad de los hechos denunciados, solicita que se envíe una misión técnica y/o de contactos directos, para que constate in situ la violación e inobservancia del convenio. A la luz de las preocupaciones expresadas por la CTRN, la Comisión recuerda al Gobierno que la existencia del trabajo infantil es incompatible con el objeto del Convenio, que es el bienestar y el mejoramiento del nivel de vida de la población (artículos 1 y 2). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar las condiciones de trabajo y un nivel mínimo de vida de los trabajadores migrantes, en particular de aquellos que trabajan en plantaciones de banana, piña y caña de azúcar, y que envíe información detallada y actualizada al respecto. Asimismo, pide al Gobierno que continue enviando información sobre el impacto de las medidas adoptadas en relación con los trabajadores procedentes de las comunidades indígenas Ngäbe y Buglé. Además, la Comisión pide al Gobierno que continue enviando información estadística, desagregada por sexo y edad sobre el número de trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares. Por último, la Comisión pide al Gobierno una vez más que envíe información actualizada y detallada sobre el impacto de la cooperación en materia de migración laboral entre las autoridades del Gobierno de Panamá, en relación con los migrantes de las comunidades indígenas Ngäbe y Buglé (artículo 8 del Convenio).