Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Legislación. La Comisión acoge con agrado la adopción del nuevo Código del Trabajo, ley núm. 09.004 de 29 de enero de 2009, cuyo artículo 300 dispone entre otras cosas, que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud deberán adoptar un reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo en consulta con el Consejo Nacional para la Prevención de los Riesgos Profesionales. La Comisión toma nota de que esta disposición allana el camino para la adopción de la legislación requerida para aplicar las disposiciones del presente Convenio. Sin embargo, la memoria no dice nada sobre si se ha preparado dicho reglamento. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que pidió al Gobierno que transmitiese copias de los siguientes textos legislativos: decreto núm. 05.006 de 12 de enero de 2005 sobre la organización y funcionamiento del Ministerio de la Función Pública, Trabajo, Seguridad Social e Integración Profesional de los Jóvenes y que establece las responsabilidades del ministro; el decreto núm. 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP de 11 de julio de 1994 sobre el establecimiento y funcionamiento de los comités de seguridad y salud en la República Centroafricana; el decreto núm. 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE de 26 de junio de 1986 sobre las medidas generales de seguridad y salud aplicables en las empresas agrícolas, forestales, industriales y comerciales así como en empresas públicas y para-públicas similares, y la ordenanza general núm. 3758, de 25 de noviembre de 1954 sobre las medidas generales de seguridad y salud aplicables en las empresas agrícolas, forestales, industriales y comerciales así como en establecimientos administrativos similares en el África Ecuatorial Francesa, así como todos los demás textos legislativos pertinentes. A fin de poder examinar cómo se da efecto a las disposiciones del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que junto con su próxima memoria transmita copias de los textos antes mencionados.

Artículos 4, 7 y 8 del Convenio. Obligación de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. La Comisión toma nota de que el recientemente creado Departamento de Medicina del Trabajo está formulando una política nacional coherente sobre seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente de trabajo en base a las necesidades del país, y que también tiene en cuenta la situación económica del país y su desarrollo. La Comisión recuerda que este trabajo se lleva a cabo en estrecha colaboración con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores del país, y que estas organizaciones también deberán participar en el proceso de reexamen periódico de esta política teniendo en cuenta los progresos realizados, los cambios de la sociedad y los cambios tecnológicos. Además, la Comisión insta al Gobierno a garantizar que la política es coherente y que tiene por objetivo prevenir los accidentes y lesiones derivados del trabajo, relacionados con éste y que ocurran durante su ejecución. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos que se realicen en relación con la formulación, puesta en práctica y reexamen periódico de una política que esté de conformidad con el artículo 4 del Convenio.

Artículos 13 y 19, f). Derecho a interrumpir el trabajo. La Comisión toma nota de que según el Gobierno no existen disposiciones legislativas que garanticen la protección que ofrecen estos artículos. La Comisión quiere señalar que los artículos 13 y 19, f), son disposiciones complementarias y ambos se refieren a situaciones en las que los trabajadores juzgan necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para proteger a los trabajadores de las consecuencias injustificadas de tomar esta decisión, de conformidad con el artículo 13, y que indique las disposiciones que se han tomado para garantizar que ningún empleador pueda exigir al trabajador que reanude una situación de trabajo en la que exista con carácter continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud, tal como dispone el artículo 19, f).

Artículo 14. Medidas para la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de formación. La Comisión toma nota de la información según la cual las medidas previstas en este artículo están dentro del ámbito de competencias del Departamento de Medicina del Trabajo de acuerdo con las disposiciones del decreto antes mencionado núm. 05006 de 12 de enero de 2005. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre la forma en la que se da efecto a esta disposición, en particular, acerca de las medidas adoptadas para promover, de manera conforme a las condiciones y a la práctica nacionales, la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de formación, incluidos los de la enseñanza superior técnica, médica y profesional, con objeto de satisfacer las necesidades de formación de todos los trabajadores.

Artículo 15. Medidas para garantizar la coordinación entre las diversas actividades y los diversos organismos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las obligaciones que prevé éste artículo han sido asignadas al Departamento de Medicina del Trabajo en virtud de las disposiciones del decreto núm. 05006 de 12 de enero de 2005. Solicita al Gobierno que indique qué instituciones y estructuras institucionales existen para garantizar la coordinación necesaria entre las autoridades nacionales competentes y los organismos responsables de dar efecto al Convenio y que también indique la fase en la que se consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.

Aplicación en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que transmita una valoración general de la forma en la que el Convenio se aplica en el país y que adjunte extractos de los informes de inspección y, si existe, información sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación, el número y la naturaleza de las infracciones constatadas, el número, la naturaleza y las causas de los accidentes notificados, etc.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.