La inseguridad del mercado laboral ha empeorado drásticamente tal como lo han demostrado las encuestas del Programa y los estudios conexos. Entre 1990 y 1999, el empleo global ha disminuido de cerca de un tercio - en el sector agrícola y en la industria se redujo en un 40 por ciento - , mientras que el sector de los servicios creció en un 15 por ciento. Ucrania es tal vez el único país en el mundo que emplea a más mujeres que hombres. Lamentablemente, esta situación se debe a que la esperanza de vida de los hombres disminuyó tanto en los años noventa que las mujeres constituyen hoy la mayoría de la población, en particular, en las franjas de edad media y de más edad. En efecto, la tasa de participación de la mano de obra femenina es notablemente elevada (63, 4 por ciento por comparación con 73,3 por ciento para los hombres, entre 16 y 64 años de edad), un legado de la era soviética.

Una gran parte del desempleo ha sido disimulado bajo la forma de " licencia administrativa ". Ha pasado de niveles insignificantes a principios y mediados de los años 1990 a más del 12 por ciento actualmente. La tasa de desempleo de las mujeres (11,6 por ciento) ha sido levemente inferior a la de los hombres, si bien las mujeres han representado el 62 por ciento de todos los desempleados registrados en las agencias públicas de colocaciones. La tasa de desempleo de los jóvenes, entre 16 y 24 años, alcanza el 13,1 por ciento, lo cual indica posiblemente que los jóvenes con estudios tienen buenas oportunidades de empleo. En los últimos cinco años del decenio, se ha multiplicado por diez el número de desocupados de larga duración; en ese período la duración media del desempleo pasó de seis a once meses.

El hecho de que prácticamente la misma cantidad de trabajadores estuvieran con licencia administrativa (2.633.100) llama aún más la atención que las cifras de desempleo. Si se consideraran como desempleados, la tasa total de desempleo sería de 23,8 por ciento. Esta es probablemente una cifra más realista que la tasa de desempleo estandard. Si se añade la proporción de los que se definen a sí mismos como " desalentados ", o sea, los que están fuera de la fuerza de trabajo pero que quieren y están disponibles para trabajar, esta cifra alcanzaría el 26,2 por ciento. Nos proponemos convertir estos datos en una estimación de la subutilización de la fuerza de trabajo equivalente de tiempo completo, pero aún no disponemos de los datos necesarios. Esta estimación se comunicará posteriormente. Resulta más difícil tomar en cuenta a aquellos que no forman parte de la fuerza de trabajo por haber sido encarcelados, puesto que se sabe que los trabajadores desempleados y marginados comprenden una gran proporción de los que han sido penados por delitos leves. En los años 1990, el número de presos se multiplicó por dos. Al final del decenio, ascendía a cerca de 216.000, de los cuales 93,5 por ciento eran hombres.

Si bien el Programa sobre Seguridad Socioeconómica ha analizado los cambios que se observan en la seguridad del empleo por medio de las encuestas sobre flexibilidad laboral y seguridad en las empresas (ELFS), no hay estadísticas nacionales sobre la extensión de las formas de empleo flexible y precario. Alentamos a la Oficina Nacional de Estadísticas a recopilar esos datos. La rotación de personal sigue siendo alta, en especial en cuanto a los hombres. Es interesante observar que, en menos de un decenio, se ha pasado de un país en el que el empleo se concentraba en grandes establecimientos a un país en el que la mayoría de las empresas tienen hoy menos de diez empleados. En lo referente a la protección formal, la reglamentación estipula que los trabajadores en exceso deben recibir un preaviso de despido de dos meses ; esta disposición se aplica tanto a los temporeros y los jóvenes como a los demás trabajadores. La indemnización por despido debe pagarse por lo menos durante dos semanas.

En términos de seguridad ocupacional, la legislación prohibe la discriminación al empleo y de remuneraciones respecto de la mujer, o por motivos de raza, religión o discapacidad. En principio, esto abarca la contratación, los salarios y el ascenso. Asimismo, existen organismos y sindicatos profesionales que protegen a los trabajadores en lo que se refiere a cuestiones de empleo. Ninguna ley prohibe la discriminación en el empleo de los trabajadores con VIH/SIDA.

Conforme a las normas internacionales, las mujeres tienen importantes derechos de licencia por maternidad. Se les garantiza una licencia por maternidad si han trabajado durante un mes, o más ; pueden tomarse la licencia durante 156 semanas (tres años). Las mujeres tienen derecho, por ley, a reintegrar el mismo puesto después de la licencia por maternidad. Existe también licencia parental para ambos padres.

En lo que respecta al desarrollo de las calificaciones profesionales, o la seguridad de la reproducción de las calificaciones, la situación es compleja. No existe analfabetismo. El 93 por ciento de la población de 25 años y más edad ha completado estudios secundarios. La escolaridad dura en promedio 12 años ; es obligatoria hasta los 17 años. Cerca del 80 por ciento de los estudiantes que terminan la escuela secundaria siguen estudios; una proporción creciente de estudiantes del ciclo terciario se dedican a las ciencias y la tecnología (40 por ciento). Todas estas cifras son impresionantes. Su interpretación es difícil. Las estadísticas oficiales clasifican a las personas como calificadas o no calificadas en función del nivel alcanzado en el sistema educativo; con este criterio, en 1999, cerca del 85 por ciento de los trabajadores eran calificados. Sin embargo, las estadísticas en materia de formación en el lugar de trabajo pueden dar otra visión de la situación. Para comenzar, el número de aprendices ha disminuido mucho, en cerca de 50 por ciento entre 1995 y 1999. Y, si bien, entre 1990 y 1999, el número de estudiantes que sigue la enseñanza superior aumentó en un 8,4 por ciento, la proporción de estudiantes que termina una formación técnica o profesional disminuyó en un 30 por ciento.

Como índice de calidad de una enseñanza moderna, utilizamos la proporción de ordenadores por alumno en la escuela secundaria. En 1990, había 162 alumnos por ordenador ; en 1999, 72 alumnos tenían que compartir un ordenador. Esto no es muy adecuado, y demuestra lo difícil que resulta mantener la calidad de la educación en un período de tensión económica.

Las tendencias de la seguridad en el trabajo son también difíciles de determinar. La tasa de absentismo diario es muy alta (20 por ciento), si bien es ligeramente más baja que la de 1990 (21,7 por ciento). La tasa de accidentes de trabajo (número de accidentes vinculadas con el trabajo por 1000 trabajadores) también ha disminuido en más de 50 por ciento desde 1990. Esto da cuenta de la importante reducción de la producción industrial y del receso de la minería. También ha disminuido el número de días de trabajo perdidos : de 140 a 87,4 días por 1000 días de trabajo. Las muertes debidas a accidentes del trabajo también han disminuido. Es preocupante el escaso número de inspectores del trabajo en el país, a penas 117 en 1999.

El número de discapacitados registrado es relativamente importante, si bien existe una ley que prevé prestaciones por discapacidad, financiadas por contribuciones de las empresas.

La legislación en materia de tiempo de trabajo sigue siendo bastante protectora. Hay doce días festivos por año. Los trabajadores asalariados tienen derecho a 24 días de licencia remunerada por año. La edad de la jubilación sigue siendo 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, si bien los derechos de jubilación han disminuido. Actualmente para tener derecho a recibir una jubilación, es necesario contribuir durante 25 años , en el caso de un hombre, y 20, en el caso de una mujer. La jubilación media es baja (69 UHA en 1999).

La seguridad de representación es seguramente muy inferior a lo que sugieren las estadísticas oficiales. La tasa oficial de sindicalización es engañosa y no hay duda alguna de que la afiliación sindical ha fuertemente disminuido en los años 1990, si bien las cifras suministradas por la Federación Sindical Nacional siguen siendo altas. La ley autoriza todo tipo de sindicato, siendo los sindicatos sectoriales los principales. Dos cifras deben ser investigadas. Según el Ministerio de Justicia, responsable del registro de los sindicatos, su número ha aumentado pasando de 42 en 1990 a 72 en 1999. Asimismo, se observa que la proporción de trabajadores amparados por convenios colectivos aumentó en la segunda mitad del decenio de 1990.

Formalmente, existe un órgano nacional tripartito, denominado Consejo Nacional de Asociación Social, que depende de la oficina del Presidente y que está compuesto por 66 miembros, 22 del gobierno, y otros tantos de los sindicatos y los empleadores. Hay también un Comité Permanente de Empleo y un Comité de Seguridad en el Trabajo.

Se observa un aumento de las huelgas entre 1990 y 1999, con 327 huelgas el año pasado. Se prohiben las huelgas en los servicios públicos "esenciales".

La seguridad del ingreso prácticamente nunca ha existido para la gran mayoría de la población desde que el país es independiente. Si bien oficialmente no se ha determinado una línea de pobreza, en 1999 se introdujo una norma jurídica de "línea de ingreso bajo". Según esta modesta norma, se consideró que el 37 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Un índice del nivel de vida es el salario medio, el cual a fines del decenio ascendía a cerca de 40$ mensuales. Existe un salario nacional mínimo que, en 1999, correspondía al 41 por ciento del salario medio, lo que era muy inferior a lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Se estima que cerca del 15 por ciento de los asalariados reciben menos que el salario mínimo.

Las estadísticas oficiales en materia de ingresos indican que, conforme a las normas internacionales, las desigualdades de ingreso siguen siendo muy bajas con un Gini de 0,28 para la distribución del ingreso personal. Sin embargo, hay motivos para pensar que se trata de una subestimación. Se ha procedido a varias formas de redistribución. Los diferenciales de salarios según el género parecen haber aumentado y, según el Boletín de Estadística Anual de Ucrania, la parte del PIB atribuida al trabajo ha pasado de 53 por ciento en 1990 a 46 por ciento en 1999.

En lo que respecta a las transferencias del Estado, se estima que los gastos del Estado en materia de protección social corresponden al 5,9 por ciento del PIB y que el 76 por ciento de la población económicamente activa está cubierta por la seguridad social nacional, lo que es inferior al nivel estimado para 1990 que era del 90 por ciento. Los costos no salariales siguen siendo importantes, y aparentemente son superiores a los costos salariales si se tienen en cuenta los costos de producción.

Las prestaciones de desempleo existen desde hace varios años. Según los datos oficiales, el 52,8 por ciento de los desempleados reciben dichas prestaciones. En principio, un desempleado tiene derecho a recibirlas durante un año. Para recibir la prestación, la persona debe registrarse en una oficina de empleo, y no puede rechazar más de dos propuestas de trabajo que la oficina de empleo considere "convenientes". También pueden recibirse prestaciones familiares o subsidios de vivienda. Además del seguro de desempleo, hay un sistema de asistencia a los desempleados en función de su ingreso.

En términos más generales, existe un sistema de ingreso mínimo para la familias de bajos recursos. En la práctica, se trata de una cuestión compleja, puesto que consiste en once tipos de prestaciones, cada una de las cuales supone distintas condiciones para tener derecho a ellas. Los expertos locales consideran que el 80 por ciento de las personas que tienen derecho a recibir asistencia social la reciben efectivamente. Esta cifra debería interpretarse con suma cautela, pues es probablemente demasiado alta.