La integración de los problemas de los pueblos indígenas en la política de desarrollo se ajusta a los principios establecidos en el Tratado de Maastricht, en su artículo 130u, en el que la Comunidad establece cuatro esferas prioritarias para la cooperación al desarrollo: el desarrollo económico y social duradero, la inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la economía mundial, la lucha contra la pobreza y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el desarrollo de la democracia y del Estado de derecho. Desde 1995, el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el estado de derecho tienen que incluirse como cláusula esencial en todos los acuerdos entre la Comunidad y terceros países. esa cláusula se considera un compromiso conjunto para respetar y promover esos valores y da también la posibilidad de adoptar las medidas adecuadas, en caso de que sean violados.

El reconocimiento de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo y su papel crucial para la conservación de la biodiversidad vincula la cuestión del desarrollo sostenible y de la reducción de la pobreza al tema global de los derechos humanos y del desarrollo de la democracia.

El Reglamento del Consejo sobre la cooperación con los países de Asia y de América Latina establece que las comunidades locales o tradicionales son elegibles para la asistencia técnica y financiera y la cooperación económica, y que la dimensión cultural del desarrollo tiene que permanecer como objetivo constante en todas las actividades y los programas. Además, se subraya que las minorías étnicas presten especial atención con medidas concebidas para mejorar sus condiciones de vida respetando al mismo tiempo su identidad cultural (Reglamento del Consejo Nº 443/92).

El Cuarto Convenio de Lomé hace especial hincapié en la necesidad de garantizar la participación de las comunidades de base en las operaciones de desarrollo y de integrar y potenciar el patrimonio cultural local, sus sistemas de valores, modos de vida, modalidades de pensamiento y técnicas, materiales y estilos, y el reforzamiento de las capacidades y estructuras para el autodesarrollo (Lomé IV, 1990-2000).

En su Comunicación La Unión Europea y la Dimensión Exterior de la Política de Derechos Humanos, 1995, la Comisión Europea establece que: « La Comunidad Europea desempeña su función en la acción internacional para promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, dando su apoyo a los proyectos prácticos innovativos que se llevan a cabo en asociación con las autoridades locales con objeto de mejorar las capacidades organizativas de las comunidades indígenas y, en caso necesario, de consolidar la demarcación de sus territorios » (COM(95)567).

En el Documento Básico sobre las Relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe (1994) se declara que la asistencia de la Unión Europea « debería beneficiar, sobre todo, a los grupos sociales más pobres y en situación más desventajosa, incluidos los pueblos indígenas, y debería aumentar su capacidad para preservar su identidad cultural y mejorar su situación económica y social.

El Reglamento del Consejo sobre las operaciones destinadas a la conservación y el desarrollo sostenible de las zonas de bosques tropicales (1995) menciona a los pueblos de la selva como potenciales beneficiarios de la ayuda y socios en la cooperación. El Reglamento subraya la importancia de suministrar información previa a las poblaciones de la selva, seguida de su apoyo para la identificación, la planificación y la implementación de las acciones (Reglamento del Consejo Nº 3062/95).

El Reglamento del Consejo sobre medidas medioambientales en los países en desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible (1997) menciona que "habrá que prestar especial atención a los proyectos relativos a las comunidades indígenas y su participación y apoyo para identificar, planificar e implementar proyectos (Reglamento del Consejo 772/97).

El Parlamento Europeo en numerosas Resoluciones ha exigido que se actúe y se preste atención a la crítica situación de los pueblos indígenas en todo el mundo. El Parlamento ha expresado repetidamente su apoyo a la labor que realiza el sistema de la Naciones Unidas definiendo los derechos de los pueblos indígenas , y ha apelado al Consejo y a la Comisión para que tomen en consideración las preocupaciones de los indígenas. Un ejemplo de ello es la Resolución A3-0059/93, de 1994, en la que el Parlamento pide que se establezcan criterios para la financiación de proyectos comunitarios a la luz de los derechos de los pueblos indígenas, para que esos pueblos puedan participar directamente en proyectos que les conciernan y que a los funcionarios europeos se les imparta una formación especial y se les asignen tareas de seguimiento de los problemas de los pueblos indígenas.

La Comisión Europea ya está cooperando con los pueblos indígenas y prestándoles apoyo mediante una amplia gama de proyectos. Algunos de esos proyectos se ocupan directamente del elemento indígena, de manera más explícita en América Latina, mientras que otros proyectos se refieren a los pueblos indígenas o les prestan apoyo pero sin tener en cuenta su situación especial. En un estudio realizado para la Comisión Europea en 1995 por la alianza Europea con los Pueblos Indígenas, se analizan 23 proyectos que afectan de manera directa a las comunidades indígenas, aunque la lista no está completa y se han ido añadiendo más proyectos desde 1995.

La línea presupuestaria para actuaciones en el ámbito de los bosques tropicales, B7-6201, ha sido un instrumento importante de apoyo a los pueblos indígenas, pues se han financiado numerosos proyectos destinados, por ejemplo, a demarcación de territorios indígenas, conservación y gestión de recursos a partir de las comunidades, creación de capacidades, cursos prácticos y seminarios.

La línea presupuestaria B7-310, para la cooperación financiera y técnica con América Latina, está financiando una serie de proyectos a nivel nacional y regional, cuyo objetivo explícito es empoderar y apoyar a los pueblos indígenas y fortalecer sus estructuras y sus organizaciones.

La línea presupuestaria B7-8110, sobre actividades internacionales en materia de medio ambiente, finanzas, entre otras cosas, proyectos para promover los derechos territoriales de los pueblos indígenas , sus prácticas tradicionales de gestión de los bosques y la inclusión de esas cuestiones dentro de los planes de desarrollo nacionales.

La línea presupuestaria B7-7020, sobre derechos humanos y democracia en los países en desarrollo, hace mención especial a los pueblos indígenas y se han financiado algunos proyectos para formación y creación de capacidades.

La línea presupuestaria B7-6200 sobre medidas medioambientales en los países en desarrollo contribuye a integrar la dimensión medioambiental dentro del proceso de desarrollo. La línea presupuestaria financia acciones piloto de naturaleza innovadora, algunas de ellas relativas a los pueblos indígenas.

Un gran número de proyectos que atañen a los pueblos indígenas se financian a través de la línea presupuestaria para la cofinanciación con las ONG. Un estudio sobre los proyectos de las ONG 1995-97 puso de manifiesto 114 proyectos en los que se mencionaba específicamente a los pueblos indígenas como grupo-objetivo.

Ya se han lanzado varias iniciativas dentro de la Comisión Europea para preparar un enfoque más amplio respecto a los pueblos indígenas. Entre las más importantes, están los estudios realizados por la Alianza Europea con los Pueblos Indígenas (1995), y el de Häkansson and Bussmann (1997). Ambos estudios denuncian que la negligencia frente a la situación especial de los pueblos indígenas pone en perjudica al rendimiento y el resultado de los proyectos. La Alianza proporciona varios ejemplos de proyectos puestos en entredicho, que han resultado conflictivos o que no han alcanzado sus objetivos, y subraya la necesidad de que se establezca una política coherente con respecto a los pueblos indígenas. El estudio recomienda que se instauren procedimientos adecuados de consulta y de participación que consideren las supervisiones y evaluaciones de impacto como herramientas importantes para los organismos de desarrollo y propone una guía de principios rectores para esos procedimientos.

Es difícil despejar tendencias y recomendaciones claras de las experiencias con los pueblos indígenas en la cooperación al desarrollo, pues no han sido evaluadas sistemáticamente ni se ha aplicado una orientación temática global. Pero del resultado de varios cursos prácticos, debates y publicaciones recientes se desprenden algunos rasgos generales:

Las acciones de desarrollo que no tienen debidamente en cuenta la situación, las aspiraciones y las prioridades de los pueblos indígenas pueden tener un impacto imprevisto o incluso negativo con respecto a ellos. Hay ejemplos de medidas de conservación del medio ambiente que han dado lugar al reasentamiento de comunidades o en que la enseñanza en un idioma dominante ha causado la pérdida de una lengua vernácula. La experiencia demuestra que sólo se consigue la sostenibilidad a largo plazo y cierto sentido de propiedad local cuando los pueblos indígenas participan activamente en la concepción y la implementación de programas y proyectos como ha ocurrido con varios proyectos medioambientales sobre gestión sostenible de las comunidades indígenas y utilización de los recursos biológicos.

Varía en gran medida la extensión en la que se reconoce en las legislaciones y políticas nacionales la presencia y los derechos de los pueblos indígenas. El reconocimiento básico de los pueblos indígenas y su derecho a la tierra son las condiciones previas esenciales para que estas poblaciones participen en los procesos de desarrollo de manera significativa. El nivel de reconocimiento en la legislación nacional determina las posibilidades para solucionar las necesidades especiales de los pueblos indígenas en los enfoques sectoriales, por ejemplo por lo que se refiere a la enseñanza y la atención sanitaria.

Hay muy pocas experiencias de integración de los problemas de los pueblos indígenas en el diálogo político con los países receptores y a nivel no de proyectos, es decir, en la asistencia con programas sectoriales y las estrategias específicas por país. Por eso hay que seguir con especial interés las recientes iniciativas, por ejemplo en Bolivia y Guatemala, donde los pueblos indígenas son el objetivo central de la asistencia sectorial del programa DANIDA.

A medida que se definen y promueven mecanismos para un "comercio ético" están surgiendo nuevas oportunidades de mercado basadas en un desarrollo medioambiental y social sostenible. Esto puede resultar muy importante para los pueblos indígenas, que podrían beneficiarse de esas nuevas oportunidades comercializando productos obtenidos mediante una gestión sostenible del territorio. Todavía queda mucho por hacer, pero probablemente esta cuestión irá adquiriendo importancia e impacto durante los años venideros a medida que se van discutiendo y definiendo medidas incentivadoras.

A nivel de proyecto, hay un número cada vez mayor de proyectos que se ocupan de manera explícita de los pueblos indígenas. Muchos de ellos se han canalizado a través de ONG, pero muchas organizaciones indígenas exigen actualmente una relación más directa con los donantes internacionales. La fuerza y las experiencias de esas organizaciones varían considerablemente dentro de los contextos nacionales y regionales. Muchas de ellas se enfrentan al problema de satisfacer las exigencias de los donantes en los aspectos administrativos y técnicos.

La participación de los indígenas tiene que ser parte integrante de cualquier intento de ocuparse de esos pueblos. Pero la participación es una cuestión que se complica por el hecho de que los pueblos indígenas no tienen un marco institucional único para identificar o legitimar a la autoridad. Las capas de instituciones diferentes y superpuestas hace difícil identificar a la autoridad incuestionable dentro de las sociedades indígenas. La identificación y el grado de representatividad de las organizaciones indígenas seguirá siendo un tema de discusión permanente. Las distintas capas de instituciones diferentes, que a menudo se solapan, hace difícil identificar una autoridad incuestionable dentro de las sociedades indígenas. Debido a ello, la identificación de los asociados y la participación indígena en el ciclo del proyecto resulta una cuestión compleja y que los donantes deben manejar con gran delicadeza.

Aunque muchos donantes principales han adoptado políticas y estrategias específicas para esta cuestión, hay todavía una falta de conocimiento y de experiencia y no se han establecido aún mecanismos de coordinación, lo que afecta el rendimiento de los proyectos y los programas a todos los niveles e impide que se de un enfoque temático adecuado y que se evalúen debidamente las experiencias. Lo limitado de los recursos humanos y la rigidez de los procedimientos y de los presupuestos en las organizaciones donantes pueden constituir un obstáculo para que los pueblos indígenas accedan a los recursos y puede impedir la flexibilidad necesaria en el proceso de desarrollo.

No existen modelos ya hechos para la implementación de las propias estrategias de desarrollo de los pueblos indígenas por lo que respecta a la sanidad, la enseñanza, la economía, etc. Esas estrategias implican la articulación de los conocimientos, tecnologías, recursos y objetivos políticos, culturales y sociales de los indígenas y de los no indígenas. Es muy necesario seguir investigando, establecer proyectos piloto e intercambiar experiencias, entre los donantes y entre los pueblos indígenas, por lo que respecta a esos complicados procesos.