La Constitución señala:

Artículo 75, inciso 17: "Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

La Constitución señala:

Tit. Preliminar: Disposiciones Generales.

Art. 1: Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.

Parte II: El Estado Boliviano. Tit. III. Poder Judicial. Cap. 1: Disposiciones generales.

Art.116: (…) El Poder Judicial es responsable de proveer defensa legal gratuita a los indigentes así como servicios de traducción cuando su lengua materna no sea el castellano.

Parte III: Régimenes Especiales. Tit. III: Régimen agrario y campesino.

Art. 171: Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el Territorio Nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.

El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas de las asociaciones y sindicatos campesinos

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado.

Parte III: Régimenes Especiales Tit. VI: Régimen municipal. 

Art. 200. El Gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá Agentes Municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción.

La Constitución señala:

Se reconoce a los indios su organización social, sus derechos originarios sobre la tierra que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes. Asimismo señala:

• Las características de las tierras ocupadas tradicionalmente por los indios,
• que además de la posesión, tendrán el usufructo de sus bienes,
• que el aprovechamiento de los recursos indígenas solo podrá realizarse con autorización del Congreso Nacional,
• las tierras son inalienables, intransferibles e imprescriptibles,
• se prohibe la transferencia de comunidades indígenas, y
• se declaran nulos los actos que tengan por objeto el dominio, ocupación o exploración de tierras indígenas.

Nota: El 28 de junio de 1994 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Estatuto de Sociedades Indígenas que reglamente el Capítulo VIII, Titulo VIII referente a los indios en el se establece:

a) La protección de las obras y los conocimientos indígenas (derechos autorales y propiedad intelectual indígena).

b) La protección al ambiente a través de normas aplicables a tierras indígenas.

c) Las condiciones para la exploración de recursos naturales en tierras indígenas.

d) los procedimientos administrativos para la demarcación de tierras indígenas.

e) Las acciones del Estado respecto a salud, educación y actividades productivas.

f) Las normas penales que definen los tipos de delitos contra los indios. 

Tít. VIII: Da orden social. Cap. VIII: Dos indios

Art. 231: So reconhecidos aos indios sua organizacáo social, costumes, línguas, rencas e tradicónes, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo á Uniáo demarcár-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

1o. Sáo terras tradicionalmente ocupadas pelos indios as por eles habitadas em carácter permenente, as utilizadas para suas atividades productiva, as imprescindíveis á preservacáo dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reproducáo física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradicóes. Brasil (1988)

2o. As terras tradicionalmente ocupadas pelos indios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-Ihes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

3o. O aproveitamento dos recuros hídricos, incluídos os petenciaís energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorizacáo do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-Ihes asegurada participacáo nos resultados de lavra, na forma da lei. Brasil (1988).

4o. As terras de que trata este artigo sáo inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

5o. E vedada a remocáo dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que pnha em risco sua populacáo, ou no interesse da soberania do País, após deliberacáo do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 

6o. Sáo nulos e extintos, náo produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupacáo, o dominio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploracáo das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da Uniáo, segundo o que dispuser lei complementar, náo gerando a nulidade e a extincáo direito a indemnizacáo ou a acóes contra a Uniáo, salvo, na forma da Iei, quanto as benfeitorias derivadas da ocupacáo de boa fé.

7o: Náo se aplica ás terras indígenas o disposto no artigo 174, 3o. 4o. (*).

(*). Art. 174: (...) 3o. O Estado favorecerá a organizacáo da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a protecáo do meio ambiente e a promocáo económico-social dos garimpeiros. 4o. As cooeprativas a que se refere o parágrafo anteiror teráo prioridade na autorizacáo ou concessáo para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando. e naquelas.

La Constitución señala:

Tit. 1: De los principios fundamentales.

Art. 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Art. 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Art. 10: El Castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

Título II: De los derechos, las garantías y los deberes. Cap. 1: De los derechos fundamentales.

Art. 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Art. 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni competido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

Art. 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

Art. 37: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de ese derecho.

Art. 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

Art. 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Construir partidos. Movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

Cap II: De los derechos sociales. económicos y culturales.

Art. 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de salud.

Art. 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

Art. 68: (...) Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. (...)

Art. 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Art. 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Tit. III: De los habitantes y del territorio. Cap. 1. De la nacionalidad.

Art. 96: Son nacionales colombianos (...)

c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.(...)

Tit VI: De la rama legislativa. Cap. 4: Del Senado

Art. 171: El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional especial.

Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en la elecciones para el Senado de la República.

La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.

Tit. VIII: De la rama judicial. Cap V: De las jurisdicciones especiales.

Art. 246: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Tit. Xl: De la organización territorial. Cap. 1: De las disposiciones generales.

Art. 286: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas (...).

Art. 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

Art. 288: La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (...).

Cap. IV: Del régimen especial.

Art. 329: La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá la relación y las coordinaciones de estas entidades con aquellas de las cuales forman parte.

Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o más, departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.

Art. 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 

La Constitución señala:

La Ley Indígena señala:

inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria;

Contiene una sección especial para las comunidades indígenas. Se reconoce la composición del país por diversos grupos étnicos de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos; es protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas. Las comunidades mantendrán el sistema tradicional sobre las tierras que históricamente les pertenecen. Los trabajadores indígenas migrantes recibirán protección social especial que impida la desintegración de esas comunidades y, en general, todo trato discriminatorio. Ofrece la promulgación de una ley reglamentaria:

Titulo II: Derechos Humanos. Cap. II: Derechos Sociales. Sec. II: Cultura.

Art. 59: Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.

Sec. III: Comunidades indígenas.

Art. 66: Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

Art. 67: Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.

Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

Art. 68: Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.

Incluye las nuevas disposiciones constitucionales de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua (1 de febrero de 1995).

(3er párrafo) El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomiía en la presente Constitución. (…)

Art. 8: El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana. (…)

Art. 11: El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.

Art. 107. La reforma agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará prioritariamente con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios ociosos afecte a propietarios privados, se hará cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 44 de esta Constitución. La reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley d ela materia.

Art. 89: Las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.

Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Título VII, Capítulo Único "Educación y Cultura"

Art. 121. El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones volutanrias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excuido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo con la ley.

Art. 141.5: (...) Cada Circuito Electoral tendrá un máximo de cuarenta mil habitantes y un mínimo de veinte mil habitantes, pero la Ley podrá crear Circuitos Electorales que excedan el máximo o reduzcan el mínimo anteriores, para tomar en cuenta las divisiones políticas actuales, la proximidad electoral, la concentración de la población indígena, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los factores históricos y culturales, como criterios básicos para el agrupamiento de la población en Circuitos Electorales. (...)

Art. 181. El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener, entre otras normas las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.
Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica, deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente.

Los miembros de los consejo regionales autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.

Disposiciones Finales y Transitorias

Art. 20. Se establecen las siguientes disposiciones finales y transitorias de la presente Reforma Parcial de la Constitución Política de la República de Nicaragua: (...)

v) Mientras no se dicte la ley del régimen de autonomía a que se refiere el artículo 181 de esta Constitución, continuará viegente la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, en lo que no se oponga a la Constitución Política. (…)

La Constitución señala:

Parte I: De las declaraciones fundamentales, de los derechos, de los deberes y de las garantías. Tit. II: De los derechos, de los deberes y de las garantías. Cap. V: De los pueblos indígenas.

Art. 62: De los pueblos indígenas y grupos étnicos. Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo.

Art 63: De la entidad étnica. Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat.

Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente su sistema de organización poiltica, social, económica, cultural y religiosa, al igual que a la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.

Art. 64: De la propiedad comunitaria. Los pueblos indgenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no suceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.

Se prohibe la remoción o el traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Art. 65: Del derecho de participación. Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales.

Asimismo, reconoce el derecho a la educación y enseñanza en lengua materna reconociendo el guaraní como idioma oficial.

Art. 66: De la educación y de la asistencia. El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.

Art. 77: De la enseñanza en la lengua materna. La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales.

En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales.

Parte II: Del ordenamiento político de la República. Tít. I: De la Nación y del Estado. Cap. I: De las declaraciones generales. Paraguay (1992).

Art. 140: De los idiomas. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe.

Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro.

La Constitución señala:

Tít. I: De la Persona y de la Sociedad. Cap. I: Derechos Fundamentales de la Persona.

Art. 2: Toda persona tiene derechoa: (…)

19o. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protégé la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Tít. II: Del Estado y la Nación. Cap. I: Del Estado, la Nación y el Territorio.

Art. 48: Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, aimará y las demás lenguas aborígenes, según la ley. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

Art. 88: El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculariedades de cada zona.

Las tierras, abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Art. 89: Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 27 (...) "VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarios para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras, y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al cinco por ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV (*).

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria".

Se han reformado algunas constituciones estatales en el mismo sentido que el artículo cuarto constitucional, por ejemplo las de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.