En Guinea-Bissau está reconocido el principio de la abolición efectiva del trabajo infantil en la ley núm. 2/86 de 5 de abril; capítulo VIII, artículo 146 y siguientes, publicación núm. 2, suplemento del Diario Oficial núm. 14/86.

La legislación existente prevé que la edad mínima de admisión en el empleo se sitúa alrededor de los 14 años, después de haber finalizado la escolaridad obligatoria, excepto en el caso de la formación profesional.

La edad mínima para la admisión de menores en trabajos considerados peligrosos es de 18 años. Se considera peligroso cualquier trabajo que comprometa el desarrollo físico o mental del niño, en particular cuando se realiza sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad. No existe una lista específica de los trabajos considerados peligrosos.

Categorías de empleos o trabajos realizados dentro de la familia, cuando el niño no ejerce una actividad remunerada.

Existen trabajos leves que se pueden realizar entre los 13 y los 15 años de edad, como lavar automóviles, vender productos alimenticios, etc.

Cualquier violación de esas disposiciones acarrea sanciones penales previa visita de la Inspección de Trabajo a los establecimientos laborales. No obstante, es sumamente difícil para los inspectores efectuar inspecciones en el sector no estructurado donde se utiliza una mano de obra infantil barata. No existe un tribunal específico de menores, pero el Tribunal de la Familia soluciona todos los problemas relacionados con los niños.

No hay datos estadísticos concretos en relación con la mano de obra infantil en los diferentes sectores de actividad. Sin embargo, se concentra principalmente en el sector no estructurado. Durante el conflicto armado, las instituciones escolares y la economía del país quedaron prácticamente paralizadas, con el consiguiente aumento del número de niños en las calles, de la prostitución, del tráfico de drogas e incluso de la utilización de los niños en los conflictos armados. Guinea-Bissau no tiene ninguna escuela de formación profesional de alcance regional.

La nueva ley general del trabajo, aún no aprobada, insiste en la problemática del trabajo infantil. El Convenio núm. 138 de la OIT ya fue sometido a las autoridades competentes para su ratificación ulterior.

En el ámbito de la educación, el apoyo de las instituciones religiosas ha sido fundamental, sobre todo el de las iglesias católicas, que han participado activamente en la enseñanza, proporcionando servicios escolares básicos.

Las ONG nacionales han contribuido a hallar soluciones para mejorar la situación de los niños, incluidas las víctimas del conflicto armado — ADPP, CIFAP, AMIC, SOS (infancia), Cininbira, etc., cuentan con el apoyo de las ONG extranjeras, como por ejemplo Radda Barnem.

También se ha creado una Comisión de Trabajo para luchar contra las prácticas perjudiciales para el niño, integrada por representantes de los diversos ministerios competentes en los problemas sociales, como el Ministerio de Salud Pública, de Educación, de Trabajo, etc. Esta Comisión despliega esfuerzos mancomunados para eliminar todos los factores susceptibles de perjudicar a la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Por último, contamos con el apoyo de la OIT en los siguientes ámbitos:

Se ha previsto celebrar una reunión tripartita para examinar los medios de abolir el trabajo infantil de conformidad con los principios de la nueva ley general del trabajo.