El principio de la libertad de asociación y la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva está claramente reconocido en Mauritania, en la Constitución del 20 de julio de 1991 y en las disposiciones de la ley núm. 93038 que instauran el pluralismo sindical. Todas las categorías de empleadores y de trabajadores pueden organizarse salvo las categorías militares y paramilitares. No existe ninguna autorización previa para la existencia de un sindicato profesional, sea cual fuere éste. No obstante, toda organización profesional, para tener una existencia reglamentaria, debe presentar sus textos fundamentales y hacer que el ministerio público verifique su conformidad con la legislación vigente (véase el artículo 9, libro 3 del Código del Trabajo). El Gobierno no interviene nunca en el funcionamiento de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Ninguna categoría de empleadores o de trabajadores está excluida de los eventuales sistemas/procedimientos existentes para asegurar el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Los convenios colectivos o sectoriales son celebrados entre los interlocutores sociales y bajo el patrocinio del Gobierno. No obstante, la presencia del Estado cumple más una función de caución del acuerdo al que los interlocutores pueden llegar y de garantía de que esos acuerdos no infringen la legislación social en vigor.

Los medios de aplicación del principio de la libertad de asociación y la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva son de orden administrativo y financiero, en particular, a través de las subvenciones otorgadas a las diferentes organizaciones de trabajadores. También son de carácter jurídico, mediante el constante mejoramiento de la legislación. Asimismo, se otorgan ventajas a las organizaciones de empleadores, por ejemplo desgravaciones fiscales, aprobaciones del régimen de las empresas prioritarias del código de inversiones, etc.

Existen tres centrales sindicales de trabajadores (UTM, CGTM, CLTM) y una multitud de sindicatos profesionales no afiliados. Existen también tres organizaciones de empleadores (CGEM, AJEM, AJPM). Todas esas organizaciones ejercen libremente sus actividades y asisten, a expensas del Estado, a todos los foros subregionales, regionales e internacionales relativos al trabajo y la seguridad social. Son también objeto de consultas por las más altas autoridades del país sobre las cuestiones de las grandes reformas relativas a la educación o al desarrollo del país.

Desde 1991, el Estado no ha escatimado ningún esfuerzo por asegurar la promoción de la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Los esfuerzos se han materializado, en el plano jurídico, con la garantía de esos derechos a través de la Constitución del país y con la adopción de leyes y, en el plano material, con la atribución de subvenciones y facilidades de todo tipo. Los objetivos de nuestro Gobierno con miras a promover la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva consisten en activar las estructuras de concertación tripartita y, en particular, el Consejo Nacional del Trabajo y en reforzar y desarrollar las estructuras de educación obrera. Por ello, en el marco de la cooperación técnica con la OIT, deseamos un apoyo para esta nueva dinamización a través del programa PRODIAF (Proyecto de promoción del diálogo social en Africa de habla francesa) o cualquier otra estructura capaz de intervenir en ese ámbito.

Se ha transmitido una copia de la presente memoria a las organizaciones más representativas (UTM, CGEM).

No se han recibido comentarios de esas organizaciones.