En 1989, todos los sindicatos democráticos
fueron abolidos cuando el régimen militar fundamentalista
tomó el poder a través de un golpe de Estado. Sólo
puede existir la Federación Sindical de Trabajadores de Sudán
(SWTUF), que figuran en la legislación.
La mayoría de los dirigentes sindicales
fueron despedidos o detenidos cuando los sindicatos y las asociaciones
profesionales fueron disueltas después del golpe. Todos los
asuntos sindicales quedaron en manos de comités directivos
controlados por el Gobierno hasta 1992, cuando se introdujo una
nueva ley sindical.
La ley sindical de 1992 impuso un sistema de sindicato
único. Esta ley:
n
dio carta blanca al Ministro de Justicia
para definir los sectores, industrias y empresas en los que pueden
existir sindicatos;
n
negó los derechos sindicales a
determinados funcionarios públicos;
n
interfirió extensamente en los
asuntos internos y las elecciones sindicales;
n
concedió a las autoridades el poder
de suspender o disolver las organizaciones sindicales; y
n
no protegía a los trabajadores
contra actos de discriminación antisindical.
Los dirigentes sindicales de la SWTUF que existía
antes del golpe se exiliaron y crearon la Federación Sindical
Legítima de Trabajadores de Sudán (SW(L)TUF) que también
trabaja clandestinamente en Sudán.
Después de manipular las elecciones sindicales
hacia finales de 1992 y fusionar los 107 sindicatos sectoriales
o de empresas en 26 sindicatos, el régimen patrocinó
un congreso sindical en 1993, para establecer la SWTUF como la central
sindical nacional. Los objetivos de la SWTUF son "movilizar
las masas en favor de la producción y defender la autenticidad
del Estado islámico". En 1996, tuvo lugar otra fusión
que redujo el número de sindicatos a 13.
La mayor parte de los salarios son fijados por
un organismo controlado y designado por el régimen. Hay muy
poca negociación colectiva. El Ministro de Trabajo tiene
amplios poderes para remitir un conflicto al arbitraje obligatorio.
Las huelgas están prohibidas.
El trato a los marinos sudaneses ha empeorado de
manera significativa desde 1989. El régimen controla la industria
marítima sudanesa a través de Sudan Shipping Line,
que es de su propiedad. Los marinos son obligados a trabajar en
buques que navegan en zonas de guerra y en zonas en las que hay
epidemias y a las que no iría otro buque. Los marinos se
ponen en contacto con la Federación Internacional de Trabajadores
del Transporte para quejarse acerca de los salarios y las condiciones
de trabajo, y pueden ser detenidos y torturados a su retorno a Sudán.
Los antiguos afiliados al sindicato de marinos que existía
antes del golpe de Estado han sufrido represalias.
En 1998 tuvieron lugar huelgas y protestas contra
la privatización de los servicios públicos y las grandes
compañías que provocan pérdidas masivas de
empleo. Los docentes, los trabajadores del textil y de otras industrias
hicieron huelga debido a que no se les pagaba sus salarios desde
hacía 13 meses.
La SW(L)TUF afirmó que la nueva Constitución
nacional aprobada por el régimen parece permitir un pequeño
margen de libertad.
[Se hace referencia a informaciones de naturaleza
similar a una queja en relación con el arresto y detención
de dirigentes y afiliados sindicales.]