No se ha enmendado ni derogado la ley de 15 de
abril de 1991 sobre relaciones de trabajo en las empresas del Estado
(SELRA). Esta ley se adoptó en la Asamblea Legislativa designada
por el Consejo Nacional de Mantenimiento de la Paz que era un consejo
militar ilegítimo.
La SELRA disolvió los sindicatos en las
empresas propiedad del Estado y los excluyó de la negociación
colectiva y de las huelgas, permitiendo solamente que se constituyeran
"asociaciones de empleados" con atribuciones consultivas
limitadas. Se denegó así la afiliación sindical
a más de 200.000 trabajadores (ahora 330.000) y la afiliación
sindical se redujo en 50 por ciento. Los bienes sindicales se transmitieron
a las asociaciones.
Las asociaciones no pueden constituir federaciones
nacionales o afiliarse a centrales sindicales de sindicatos del
sector privado. Sin embargo, establecieron un organismo de enlace,
la Confederación de Relaciones Laborales de las Empresas
del Estado, aunque ésta no pueda desempeñar las actividades
de un sindicato. Se requiere un número mínimo de trabajadores
muy elevado para constituir una asociación. Sólo una
asociación puede funcionar en cada sector.
[El comentario se refiere a las recomendaciones
del Comité de Libertad Sindical y a la larga historia parlamentaria
del proyecto de ley de reforma que se ha examinado y cuyo examen
se continúa en el Comité de Libertad Sindical dentro
del marco de la queja.]
Habida cuenta de lo que precede, creemos que no
hay voluntad política por parte de los gobiernos sucesivos
de Tailandia, incluido el actual, para reformar la legislación,
sobre todo en momentos en que la privatización progresa en
las empresas estatales de Tailandia. Muchos detalles técnicos
han impedido que la ley se modifique en los últimos años,
aunque centenares de otras leyes se hayan promulgado. Es muy aparente
que el Gobierno se escuda con el pretexto del procedimiento parlamentario
y de una modificación de la Constitución y que confía
en el Senado para hacerse cargo del proyecto de ley (sabía
muy bien en octubre de 1998 que el proyecto de ley se declararía
inconstitucional). La Confederación de Relaciones Laborales
de las Empresas del Estado (SERC) ha dicho que "la táctica
del Gobierno consistía en socavar el proyecto de ley y tratar
de antemano de escudarse echando la culpa al Parlamento".
[El comentario reviste aquí las características
de una reclamación relativa a un sindicalista.]
Por último, quisiéramos poner de
relieve otros aspectos de la legislación.
En el sector privado de Tailandia, si bien la legislación
protege a los trabajadores contra las prácticas de discriminación
antisindical no protege la posibilidad de que organicen nuevos sindicatos
que no han sido todavía oficialmente registrados. En la práctica,
los sindicalistas en las empresas privadas pueden ser objeto de
discriminación y de despido. Los empleadores pueden contratar
a nuevos trabajadores para sustituir a huelguistas.
El decreto núm. 54, también adoptado
por el Gobierno militar en 1991, obliga a los sindicatos del sector
privado a registrar a sus consejeros ante el Estado. Dispone que
cada sindicato puede tener dos consejeros que han de ser autorizados
por el Gobierno cada dos años. El Gobierno puede denegar
este reconocimiento, y toda persona que desempeña actividades
consultivas sin autorización se expone a un año de
cárcel.
El decreto también exigía un voto
de mayoría por votación secreta de todos los afiliados
sindicales a cada unidad de negociación para declarar una
huelga.
Los "servicios esenciales" se definen
en términos generales. Toda huelga ilícita constituye
un delito penal que puede sancionarse con una pena de cárcel
o una multa.
Se han establecido condiciones excesivas para la
constitución de una federación o de una confederación.
En virtud de la ley de 1975 sobre relaciones de
trabajo, todo dirigente sindical ha de tener un empleo a tiempo
completo en la fábrica en la que fue elegido, por lo cual
los sindicatos no pueden ocupar a tiempo completo a dirigentes elegidos.
La ley prohíbe que los funcionarios públicos se afilien
a sindicatos.
Sólo los nacionales de Tailandia gozan del
derecho de sindicación.
