De conformidad con la Constitución de Mauritania todos los ciudadanos son libres e iguales ante la ley. El artículo 78 del libro I del Código del Trabajo y el artículo 37 del convenio colectivo general del trabajo disponen claramente que "a trabajo igual, salario igual. Para condiciones de trabajo y de rendimiento iguales, la clasificación y el sueldo son iguales para todos los trabajadores, sea cual fuere su origen, su sexo, su edad y su condición jurídica".

La Inspección del Trabajo tiene a su cargo la aplicación de las disposiciones mencionadas supra. Toda violación señalada a esa inspección o comprobada por ella, se reprime por medio de multas establecidas directamente por el inspector del trabajo. Toda práctica discriminatoria acarrea también para el establecimiento la prohibición de ser beneficiario de un contrato público. Esto no comprende la acción de demanda penal que la víctima pueda iniciar contra su empleador.

Las medidas previstas por el Gobierno de Mauritania consisten en reforzar el arsenal jurídico que reprime ese tipo de prácticas que, es necesario, precisarlo no son corrientes en nuestro país. Esas medidas se materializarán a través de la adopción de un nuevo código del trabajo. No obstante, la inspección del trabajo encargada de la aplicación de esas disposiciones legales en la materia no dispone de los recursos humanos y financieros suficientes para cumplir su misión. A fin de asimilarla, resulta absolutamente indispensable la asistencia de la OIT encaminada a reforzar las capacidades de la Inspección del Trabajo.

En ese marco, la OIT en 1993 realizó un plan para volver a dinamizar y reforzar sus capacidades. Al día de hoy, no hubo ninguna evolución relativa a la obtención de la financiación necesaria para la aplicación de ese plan. Es necesario reactualizar ese estudio.

Se transmitió una copia de la presente memoria a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores (UTM, CGEM).

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