El principio de la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio está claramente reconocido en los Estados Unidos.

En el siglo XIX, los Estados Unidos se enzarzaron en una guerra civil muy sangrienta, cuyo principal punto de conflicto era si debía existir la esclavitud en los Estados Unidos. A raíz de esta guerra, los Estados Unidos enmendaron su Constitución para incorporar a ella la Enmienda Trece.

La Enmienda Trece de los Estados Unidos es la principal disposición constitucional sobre el trabajo forzoso u obligatorio en los Estados Unidos. La Enmienda Trece pone específicamente fuera de la ley la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto como castigo para una persona debidamente convicta de un crimen. La Enmienda dice así:

La Enmienda Trece tiene efectos inmediatos, por lo que no es necesaria legislación auxiliar para abolir la esclavitud (véase: Civil Rights Cases, 109 US 3,20 (1883)). Sin embargo, de conformidad con los poderes de ejecución concedidos al Congreso por el artículo 2 de la Enmienda Trece, se ha promulgado legislación para prestar asistencia a la ejecución de la Enmienda Trece. Lo dispuesto en 42 USC, párrafo 1994 suprime la servidumbre y prohíbe mantener o arrestar a una persona y devolverla a la servidumbre o ser causa o cómplice del arresto o de la vuelta de una persona a la servidumbre (véase: Clyatt v. United States, 1997 US 207 (1905); United States v. Gaskin, 320 US 527 (1944)). Lo dispuesto en 18 USC, párrafos 1581-1588 contempla sanciones penales en relación con estas prácticas y otras afines.

El lenguaje de la Enmienda Trece, que prohíbe la esclavitud o la servidumbre involuntaria "ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar que esté sujeto a su jurisdicción" prohíbe estas prácticas por parte del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados federales y de los territorios sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Además, a diferencia de la mayor parte de las demás disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos, que estatuyen los poderes y limitaciones del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados federales, la Enmienda Trece se aplica directamente a las acciones de los individuos. Por supuesto, en la medida en que el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos establece que la Constitución y las demás leyes federales constituyen la legislación suprema del país, las prohibiciones de la Enmienda Trece superan cualquier acción en contrario, ya sea judicial, legislativa o ejecutiva.

La protección adicional de los derechos abarcados por la Enmienda Trece contra la infracción de los estados federados, la brinda la "cláusula de igual protección" de la Enmienda Catorce, que dispone que ningún Estado denegará a persona alguna dentro de su jurisdicción una protección igual por parte de la ley". Por lo tanto, ningún organismo del Estado ni funcionarios o agentes por medio de los cuales estos poderes se ejerzan puede negar la protección de la Enmienda Catorce a ninguna persona dentro de su jurisdicción, basándose en la raza, color o nacionalidad de la misma (véase: Yick Wo v. Hopkins, 118 US 356, 369 (1886); Levy v. Louisiana, 391 US 68, 70 (1968); Graham v. Richardson, 403 US 365, 371 (1971)).

Más allá de la protección constitucional antes descrita, los Estados Unidos disponen de una legislación federal específica que exige "a todo empleador" que pague "a cada uno de sus empleados" un salario mínimo (29 USC, párrafo 206). Este sistema de salarios mínimos es celosamente urgido por el Gobierno Federal. Toda persona que infrinja lo dispuesto en las leyes federales puede quedar sometida a sanciones, multas o penas de prisión (29 USC, párrafo 216). Este sistema de normas salariales mínimas es tan útil como las demás disposiciones constitucionales para dotar a los Estados Unidos de un sistema laboral plenamente libre y equilibrado. Además, los Estados Unidos tienen una legislación específica que exige el pago de las horas extraordinarias (29 USC, párrafo 207) así como prohibiciones contra el trabajo infantil (29 USC, párrafo 212) y la discriminación en el empleo (42 USC, párrafo 2000e). Todas estas disposiciones ayudan también a establecer y mantener el sistema laboral libre y equilibrado del país.

Como los Estados Unidos han informado a la OIT en informes anteriores, los tribunales de los Estados Unidos suelen definir términos legislativos o constitucionales en sus decisiones. En los casos judiciales de los Estados Unidos, las palabras "servidumbre involuntaria" tienen desde hace mucho tiempo un sentido mucho más amplio que la esclavitud propiamente dicha. En Plessey v. Ferguson, 163 US 537 (1896), la Corte Suprema definía la servidumbre involuntaria de modo que significase el control del trabajo y servicios de un hombre en beneficio de otro y en ausencia de derechos legítimos para disponer de la propia persona, propiedad de sus servicios. Además, la prohibición de la "servidumbre involuntaria" por parte de la Enmienda Trece ha sido determinada por la Corte Suprema para abolir la práctica del peonaje, que se define ampliamente como "un servicio obligatorio en pago de una deuda". Baily v. Alabama, 219 US 219, 242 (1911). Véase también Peonage Cases, 123 F. 671 (DC Ala. 1903).

La Enmienda Trece tiene un ámbito muy amplio. La Corte Suprema ha observado que su objeto no era sólo poner fin a la esclavitud a raíz de la Guerra Civil de los Estados Unidos, sino mantener un sistema de trabajo completamente voluntario (Pollock v. Williams, 322 US 4, 17 (1944)). Además, una decisión anterior de la Corte Suprema observaba que la Enmienda Trece prohíbe toda esclavitud y no sólo la esclavitud en relación con los negros (Slaughter House Cases, 83 US 36, 69-72 (1872)).

De hecho, la Enmienda Trece ha sido estructurada de manera tan amplia que prohíbe "todas las prácticas" que supongan cualquier forma de sujeción que tenga incidentes de esclavitud "ya sea directamente por el uso que el Estado hace de su poder para devolver al servidor a su dueño... o indirectamente, sometiendo a una persona que haya abandonado el servicio de su empleador a sanciones penales". (United States v. Shackney, 333 F.2d 475 y 485 (2d Cir. 1964)).

La OIT ha manifestado su preocupación ante la tendencia que existe en ciertos países industrializados, como los Estados Unidos, a la privatización de la administración de las cárceles y a la subcontratación exterior del trabajo carcelario a las empresas privadas. Como resultado de ello, la OIT ha requerido a todos los gobiernos que indiquen cuáles son su legislación y prácticas actuales en relación con estas cuestiones. Los Estados Unidos seguirán suministrando a la OIT informaciones adicionales sobre su legislación y sus prácticas y cómo están buscando maneras para evaluar la evolución actual en estos ámbitos.

Muchas jurisdicciones de los Estados Unidos han establecido cárceles privadas y han permitido la contratación exterior de los trabajos carcelarios. En las pasadas dos décadas, las prácticas de las prisiones privadas y la subcontratación exterior de los trabajaos carcelarios se han incrementado en los Estados Unidos, como también en otros varios países desarrollados. Por ejemplo, aproximadamente 77.000 individuos están encarcelados en servicios estatales y locales que son propiedad o están administrados por empresas con fines de lucro. Esto representa cerca de un 4 por ciento del total de la población interna en los Estados Unidos. Los Estados Unidos han incluido entre los anexos a sus previos informes la décima edición del Censo de Prisiones Privadas (Private Adult Correctional Facility Census). Este censo está preparado por un proyecto (Private Corrections Projet) del Centro de Estudios Criminológicos y Jurídicos de la Universidad de Florida, y describe con gran detalle el estado de los servicios correccionales privados para adultos en los Estados Unidos y en otros lugares. El censo describe también el aumento de la utilización de cárceles privadas, particularmente durante el decenio pasado.

Las cárceles que dependen de las administraciones locales y de los estados federados también han visto aumentar la práctica de subcontratar a sus internos para que trabajen para empresas privadas. Según las cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 30 estados federados han legalizado la contratación exterior del trabajo carcelario desde 1990.

En los Estados Unidos, el sistema federal de prisiones no permite actualmente las prisiones privadas, ni que los presos sean puestos a disposición de empresas privadas para trabajar en ellas. Sin embargo, las prisiones federales tienen servicios dentro de estas cárceles que producen mercancías para el Gobierno Federal (véase: 28 CFR, párrafos 345.10-345.84).

Además, conviene explicar determinados aspectos de las prisiones privadas en los Estados Unidos. En primer lugar, la decisión de si se permite o no mantener prisiones privadas en un estado o localidad corresponde a los elegidos de dicho estado o localidad. En segundo lugar, el gobierno mantiene un control de supervisión sobre la actuación de la institución privada. Este control se suele llevar a cabo por medio de la imposición a las prisiones privadas de varias normas mínimas y servicios correccionales. Estas normas mínimas se contienen en los estatutos o en el contrato que la empresa privada firma con el gobierno para construir o dirigir una cárcel.

Del mismo modo y en relación con la práctica de contratar el exterior el trabajo carcelario, el gobierno mantiene una supervisión y control considerables a través de la legislación y de los acuerdos contractuales. En general, la práctica ha sido tratar de aligerar los costos de una población carcelaria en rápido crecimiento. Además, se piensa que los presos que trabajan cuando están en la cárcel desarrollarán las necesarias destrezas y hábitos de trabajo para aumentar sus oportunidades de trabajo cuando salgan de la cárcel y tengan que desenvolverse fuera de ella.

Como se ha explicado antes, la Enmienda Trece se dirige a suministrar a los Estados Unidos un sistema de trabajo completamente voluntario (Pollack v. Williams, 322 US 4 (1944)). No hay categorías de empleos o trabajos o sectores excluidos u omitidos de la aplicación de la Enmienda Trece.

Aunque, como se ha dicho antes la Enmienda Trece es de efectos inmediatos de conformidad con las facultades de ejecución que la sección 2 de la Enmienda Trece otorga al Congreso, se ha promulgado legislación para reforzar las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, lo dispuesto en 18 USC, párrafo 241, que son de aplicación tanto para los individuos privados como para los funcionarios públicos y lo dispuesto en 18 USC, párrafo 242, que sólo es aplicable a los funcionarios públicos, contemplan sanciones penales en caso de exacción de trabajo forzoso en violación de la Enmienda Trece. Las secciones 241 y 242 prohíben la privación de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y, en la parte correspondiente, disponen específicamente lo siguiente:

Además, lo dispuesto en 42 USC, párrafo 1994 (que se aplica tanto a las actividades públicas como privadas) suprime el llamado "peonaje", que es una forma de servidumbre involuntaria basada en deudas reales o supuestas. Lo dispuesto en 18 USC, párrafos 1581-1588 estipula sanciones penales en relación con este peonaje y prácticas afines. El artículo 1581 dispone los siguiente:

En 42 USC, párrafos 1983 y 1985 figuran más medidas de protección contra la privación de derechos, de conformidad con la Constitución o las leyes de los Estados Unidos. Lo dispuesto en 42 USC, párrafo 1983 permite en general el derecho de acción privada contra las personas que, so capa de la legislación del estado federado, priven a otras personas de los derechos que les otorgan la Constitución o las leyes de los Estados Unidos. Lo dispuesto en 42 USC, párrafo 1985 permite el derecho privado de acción contra las personas que conspiren para privar a los demás de sus derechos civiles, comprendidos los derechos de igual protección.

Conviene advertir que en los Estados Unidos la ejecución de la prohibición de trabajo forzoso que se deriva de la Enmienda Trece no suele llevarse a cabo por las inspecciones regulares del Gobierno. Las personas agraviadas tienen derecho privado de acción en el tribunal federal de distrito por violación de sus derechos civiles (entre los que se incluye el trabajo forzoso ilegal) en virtud de la Enmienda Trece.

Además, los funcionarios públicos que hayan violado la Enmienda Trece o las personas que hayan violado las disposiciones sobre el peonaje podrán ser perseguidas en virtud de las provisiones ejecutivas antes descritas (véase: 18 USC, párrafos 241-242 y 18 USC, párrafo 1581).

Como se ha dicho antes, los Estados Unidos mantienen un sistema de empleo en el que cada trabajador ha de recibir un salario mínimo, una retribución por horas extraordinarias y que contiene prohibiciones contra el trabajo infantil. La aplicación de estas disposiciones corresponde al Secretario de Trabajo de los Estados Unidos.

Se han remitido ejemplares de este informe al Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB) y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Además, el proyecto de informe fue revisado por miembros del Consejo Consultivo Tripartito sobre las normas internacionales del trabajo, un subgrupo del Comité Presidencial para la OIT, en el que hay representantes del USCIB y de la AFL-CIO.