En el marco de la pandemia de la COVID-19, los distintos niveles de gobierno en Argentina han dispuesto que las trabajadoras de casas particulares que integran el "grupo de riesgo" (mayores de 60 años, embarazadas y aquellas con patologías crónicas) están exceptuadas de ir a trabajar y tienen derecho a cobrar su salario habitual completo y los aportes, durante el tiempo que rige la normativa vigente.
Es ilegal obligar a ir a trabajar a alguien que está exceptuado de hacerlo. Estas trabajadoras podrán reintegrarse al finalizar estas excepciones dispuestas por el gobierno. Ante el incumplimiento de este derecho, se sugiere en primera instancia buscar asesoramiento legal, al cual se puede acceder mediante los sindicatos del sector.

En líneas generales, los empleadores deben proveer a las trabajadoras domésticas alcohol en gel, tapabocas, antiparras o máscara, guantes para limpieza y en caso de realizar tareas de cuidado además guantes descartables. A estos elementos se suma la ropa para trabajar y los productos de limpieza y desinfección del hogar.
De acuerdo al lugar de la Argentina en donde se desarrolla la relación de trabajo, se recomienda consultar las disposiciones provinciales que habilitan la actividad debido a que ellas incluyen -en la misma normativa o en protocolos anexos- las medidas de bioseguridad que debe adoptar el sector y los elementos que deben facilitar los empleadores para evitar contagios.

Toda trabajadora doméstica registrada cuenta con una ART, la cual se encarga de reparar los daños económicos en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que sufran las trabajadoras. Si una trabajadora sufriera un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la ART se hace cargo de su atención médica inmediata, el pago del sueldo mientras está en tratamiento y de pagarle las indemnizaciones que correspondan.
En cuanto a la COVID-19, las ART deben cubrir a las trabajadoras que demuestren haberse contagiado durante y en ocasión del ejercicio de sus labores. Por lo que solamente cubrirán a todas las trabajadoras que están habilitadas para trabajar.
Podrás conocer en cuál ART está afiliada una trabajadora doméstica, ingresando en la página de la Superintendencia de ART y/o consultando el recibo de sueldo.

Todas las trabajadoras domésticas, estén o no registradas, deben cobrar su remuneración normal y habitual, aún durante el tiempo que no hayan ido a trabajar debido a las restricciones en la movilidad dispuestas por los distintos niveles de gobierno en el marco del aislamiento preventivo por la COVID-19. Lo mismo aplica para el aguinaldo. Los empleadores tienen también la obligación de continuar pagando la totalidad de los aportes a la AFIP.
No está permitido descontar los días no trabajados debido a la cuarentena, ni ponerlos a cuenta de vacaciones. Tampoco se permite realizar reducciones salariales a las trabajadoras domésticas. Por último, cabe aclarar que ninguna prestación a cargo del Estado (IFE o similares) puede ser descontada del sueldo de la trabajadora.

Dentro del trabajo doméstico, existen distintas categorías en las cuales las trabajadoras están inscriptas de acuerdo a las tareas que realizan. Si en el marco del aislamiento se cambió la categoría de la trabajadora doméstica puede haber dos alternativas:
Siempre realizó tareas distintas a su categoría y estaba mal anotada. Por ejemplo, cuidaba personas pero no estaba en la categoría 5. Si este fuera el caso, el empleador debe abonar a la trabajadora domésticas las diferencias de categorías, hasta 2 años atrás.
No realiza las tareas de esta nueva categoría, pero se hace el cambio para poder generar permisos de trabajo en ciertos contextos donde no todas las categorías estaban autorizadas a trabajar. En este caso hay un fraude laboral y deben hacerse los reclamos y denuncias correspondientes. Se sugiere en primera instancia buscar asesoramiento legal, al cual se puede acceder mediante los sindicatos del sector.

El salario de las trabajadoras domésticas se acuerda en una negociación paritaria de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares. De este colectivo participan distintos sindicatos representando a las trabajadoras y a los empleadores; también hay representantes de los Ministerios de Trabajo, de Economía y de Desarrollo Social.
Esta Comisión se reúne periódicamente y allí fijan sueldos mínimos para cada categoría del trabajo doméstico, que sí o sí deben cumplirse. Estos incrementos son luego difundidos por AFIP y por los principales sindicatos del sector. En este enlace se pueden consultar los últimos valores actualizados.

Ante el incumplimiento de alguna obligación de sus empleadores, las trabajadoras domésticas cuentan con 2 años para realizar algún reclamo. Esto aplica para quienes están registradas, como las que no.
Se sugiere en primera instancia buscar asesoramiento legal, al cual se puede acceder mediante los sindicatos del sector.

En el marco de la pandemia, el gobierno nacional ha establecido la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Además, se amplió el plazo por el cual se establece la doble indemnización con el objetivo de impedir los despidos indirectos y proteger los puestos de trabajo.
Es por eso que, durante la vigencia de esta prohibición, no se puede despedir a una trabajadora doméstica, aunque no esté registrada. Tampoco, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, se puede obligar a una trabajadora doméstica a renunciar a su trabajo.
Ante el incumplimiento de este derecho, se sugiere en primera instancia buscar asesoramiento legal, al cual se puede acceder mediante los sindicatos del sector.

Un empleador no puede cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo de la trabajadora doméstica. Esto incluye que, independientemente del período del aislamiento, no se pueden reducir la jornada laboral ni el salario de manera unilateral.