Informe sobre el diálogo social 2022: La negociación colectiva para una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente

Permite a las partes adaptar las normas a sus circunstancias específicas y modificarlas cuando éstas cambian. Hace posible la “flexibilidad regulada” en relación a los salarios, el tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo.

Facilita la protección inclusiva de los trabajadores, tanto en la cobertura de las empresas como de los trabajadores (p. ej. trabajadores con contratos temporales, trabajadores migrantes) a través de convenios colectivos y la forma en que estos convenios abordan cuestiones como salarios, protección social y condiciones de empleo.

Contribuye a crear un entorno propicio para las empresas sostenibles, al promover la confianza, la cooperación y la estabilidad, así como la retención de las competencias desarrolladas en las empresas y la financiación conjunta de la protección social.

Refuerza el cumplimiento de las normas del trabajo legislativas o negociadas, reduciendo los recursos legales necesarios para supervisar y hacer cumplir las normas del trabajo.

Fortalece la resiliencia, al facilitar los compromisos necesarios para garantizar la continuación de las actividades y preservar los empleos y los ingresos durante una crisis y, a la vez, transformar las prácticas profesionales para un futuro basado en el trabajo decente.

La función representativa de las organizaciones empresariales y de empleadores (OE) y de los sindicatos – tanto en términos de número de afiliados como de la capacidad de integrar intereses diversos – es la base de un diálogo social efectivo, incluyendo la negociación colectiva.

Es vital invertir en estrategias de afiliación y retención, así como es indispensable desarrollar las competencias necesarias para en el futuro participar en diálogos sobre políticas y negociaciones colectivas inclusivas y efectivas, fundadas en datos empíricos.

La OIT ha reafirmado reiteradamente la naturaleza universal de los principios y derechos en el trabajo consagrados en el fundamental Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

Hacer realidad estos principios y derechos sólo es posible bajo un marco regulador más amplio que estimule y promueva el pleno desarrollo de negociaciones voluntarias realizadas en buena fe.

Ante la proliferación de modalidades de trabajo diversas en los últimos años, se hace necesario revisar los marcos regulatorios a nivel nacional a fin de garantizar que ofrezcan claridad y seguridad jurídicas, de manera que quienes necesitan protección estén cubiertos por las leyes del trabajo y otras leyes y normativas.

La negociación colectiva debe tener lugar en un marco reglamentario establecido por el Estado o, en algunos países, por las mismas partes.

Este marco debería promover el pleno desarrollo de las negociaciones voluntarias, incluso a través del suministro y el intercambio de información, la formación de los negociadores y la disponibilidad de mecanismos de resolución de conflictos para facilitar la negociación colectiva.

El diálogo social efectivo e inclusivo exige la participación constante en la política económica y social, con y entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores al más alto nivel, así como con los gobiernos.

Invertir en el diálogo social bipartito y tripartito puede proporcionar los medios institucionales que garanticen una recuperación centrada en las personas.

El diálogo social, incluida la negociación colectiva, pueden contribuir a la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Si bien, es evidente que el diálogo social es crucial para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 8 (sobre trabajo decente y crecimiento económico), también puede apoyar la realización de otros ODS a través de su contribución única a la gobernanza inclusiva y eficaz del trabajo.